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La Universidad de La Laguna desarrollará un protocolo para la evaluación de menores con necesidades especiales

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La consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y la Fundación de la Universidad de La Laguna han firmado un convenio para la investigación sobre psicomotricidad y atención temprana en menores que presentan necesidades especiales o con dificultades de adaptación e integración social.

Infancia y la institución docente firman un convenio para la Investigación en psicomotricidad y atención temprana en niños y niñas que presentan necesidades especiales y/o dificultades de adaptación e integración social

Entre los objetivos específicos del convenio se incluye el desarrollo de un protocolo propio de evaluación basado en la observación de los parámetros de la expresividad psicomotriz, que tiene en cuenta la relación del niño con el espacio, los materiales, los otros y consigo mismo, lo que permite valorar sus competencias cognitivas, motoras, comunicativas, afectivas y relacionales. A partir de estos indicadores se aplican las escalas o pruebas específicas que permitan categorizar sus características.

Cristina Valido, consejera de Políticas Sociales indicó la importancia del diagnóstico ya que » si un niño o niña presenta algún tipo de trastorno en su desarrollo y no recibe una propuesta de intervención que facilite a la familia y a la escuela una respuesta ajustada a sus necesidades lo más probable es que presente dificultades más graves para poder llevar una vida normalizada e incluso el trastorno podría progresar negativamente». «El tratamiento es fundamental pero, también lo es un buen dictamen» -expuso Valido-, «y este convenio permite la derivación de casos desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia al Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna para su análisis, diagnóstico y propuesta de intervención».

El convenio tiene una dotación económica de 42.450,48 y se tiene previsto realizar el diagnóstico a 25 menores.

La Fundación Universidad también se compromete a realizar un estudio estadístico sobre las dificultades de los niños y niñas evaluados, la edad en la que se detectan signos de alarma en el desarrollo y los profesionales que realizan esta detección. También se detectarán cuales son las demandas y necesidades que se presentan en el ámbito familiar de los niños y niñas sujetos de esta investigación y sugerir pautas de intervención.

Protocolo de evaluación

Las sesiones de evaluación incluyen protocolos de valoración en función de las necesidades del caso como pueden ser pruebas de detección del autismo, escalas de desarrollo, análisis de los procesos vinculares, mantenimiento de la atención, pensamiento secuencial, técnicas proyectivas a través del dibujo y la caja de arena, etc. además de la utilización de los parámetros para la evaluación psicomotriz.

El Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna también se encargará de apoyar a las familias mediante entrevistas, tomando como referencia señales de alerta referidas a la presencia de trastornos generalizados del desarrollo, trastornos vinculares, hiperactividad y déficit de atención o retraso madurativo.

En este proceso se elaborará un informe de evaluación psicomotriz para cada caso, y una propuesta de intervención que facilite a la familia y a la escuela una respuesta ajustada a las necesidades detectadas.

Por último, se confeccionará un informa final que recoja la evolución del niño o la niña, las pautas de intervención realizada, así como como sugerencias para su posterior desarrollo cuando se haga necesario, remitiendo a la la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia propuestas de seguimiento, intervención o medidas administrativas a adoptar.

Infancia recoge las demandas del Colegio de Abogados para mejorar los recursos para menores en Lanzarote

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La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, y el decano del Colegio de Abogados, Carlos Viñas, se han reunido hoy en Arrecife para analizar las necesidades de mejorar las infraestructuras y recursos en materia de menores en la Isla.

Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia y la Familia , y Carlos Viñas, decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, se reúnen para avanzar en las infraestructuras que tiene que ver con las políticas de menores

Carmen Morales puso en valor la labor de Carlos Viñas al frente del Colegio y juntos vieron las necesidades de ampliar los recursos debido a que «la población de Lanzarote se ha incrementado notablemente, sobre todo en lo que se refiere a la población flotante, con más de tres millones de turistas, por lo que sería conveniente la creación de un Juzgado de Menores, así como una nueva plaza para un forense que pueda mejorar la cobertura en cuanto a las pruebas óseas de los menores extranjeros no acompañados».

Morales lleva también tiempo trabajando en la necesidad de la puesta en marcha de un nuevo Centro de Menores bajo medidas judiciales para que los chicos de Lanzarote puedan cumplir sus medidas en la isla y no en Tenerife o Gran Canaria y «sobre todo para que los técnicos y técnicos puedan trabajar con mayores garantías y conjuntamente tanto con los chicos y chicas como con sus familias y estas puedan visitarlos con mayor regularidad, como así lo hacen en las dos islas capitalinas».

En estos momentos, la red de recursos para jóvenes bajo medidas judiciales en Lanzarote se centra en la libertad vigilada y prestaciones al servicio de la comunidad y la inclusión de «estos chicos en programas de formación y empleo para mejorar su capacidad profesional y por tanto la posibilidad de mejorar su empleabilidad» apuntó Morales.

Los proyectos Famara IV y Hervideros son programas programa mixto de Formación en Alternancia con el Empleo en la especialidad de Actividades Auxiliares en viveros ,jardines y Centros de Jardinería, el primero y el segundo Hervideros, con una duración de once meses, está ubicado en las instalaciones de la Residencia de la Escuela de Pesca, en Arrecife, y desarrolla las acciones de formación e inserción laboral en las especialidades de «Operaciones básicas de restaurante – bar y «Servicios de bar y cafetería» correspondientes a los niveles 1 y 2 de certificados de profesionalidad.

Infancia recoge las demandas del Colegio de Abogados para mejorar los recursos para menores en Lanzarote

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La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, y el decano del Colegio de Abogados, Carlos Viñas, se han reunido hoy en Arrecife para analizar las necesidades de mejorar las infraestructuras y recursos en materia de menores en la Isla.

Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia y la Familia , y Carlos Viñas, decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, se reúnen para avanzar en las infraestructuras que tiene que ver con las políticas de menores

Carmen Morales puso en valor la labor de Carlos Viñas al frente del Colegio y juntos vieron las necesidades de ampliar los recursos debido a que «la población de Lanzarote se ha incrementado notablemente, sobre todo en lo que se refiere a la población flotante, con más de tres millones de turistas, por lo que sería conveniente la creación de un Juzgado de Menores, así como una nueva plaza para un forense que pueda mejorar la cobertura en cuanto a las pruebas óseas de los menores extranjeros no acompañados».

Morales lleva también tiempo trabajando en la necesidad de la puesta en marcha de un nuevo Centro de Menores bajo medidas judiciales para que los chicos de Lanzarote puedan cumplir sus medidas en la isla y no en Tenerife o Gran Canaria y «sobre todo para que los técnicos y técnicos puedan trabajar con mayores garantías y conjuntamente tanto con los chicos y chicas como con sus familias y estas puedan visitarlos con mayor regularidad, como así lo hacen en las dos islas capitalinas».

En estos momentos, la red de recursos para jóvenes bajo medidas judiciales en Lanzarote se centra en la libertad vigilada y prestaciones al servicio de la comunidad y la inclusión de «estos chicos en programas de formación y empleo para mejorar su capacidad profesional y por tanto la posibilidad de mejorar su empleabilidad» apuntó Morales.

Los proyectos Famara IV y Hervideros son programas programa mixto de Formación en Alternancia con el Empleo en la especialidad de Actividades Auxiliares en viveros ,jardines y Centros de Jardinería, el primero y el segundo Hervideros, con una duración de once meses, está ubicado en las instalaciones de la Residencia de la Escuela de Pesca, en Arrecife, y desarrolla las acciones de formación e inserción laboral en las especialidades de «Operaciones básicas de restaurante – bar y «Servicios de bar y cafetería» correspondientes a los niveles 1 y 2 de certificados de profesionalidad.

Niños y niñas del Archipiélago confraternizan con sus familias acogentes y adoptantes

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Ocho niños y niñas de diferentes lugares del Archipiélago se reunirán este fin de semana en Icod de los Vinos, en Tenerife, para pasar unos días de convivencia con sus respectivas familias acogentes y adoptantes y seguir confraternizando, como suelen hacerlo por lo menos «dos o tres veces al años». Quién habla es Mari Fe de Lanzarote, madre de un niño de siete años que adoptó cuando tenía cinco meses y que primero vivió con una familia de acogida de la isla de El Hierro.

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, aboga por “perder el miedo a acoger porque el contacto, el amor y el cariño permanecerá toda la vida”

Esta gran familia , aunque no los unan lazos de parentesco, procede de de Lanzarote, Gran Canaria, El Hierro y Tenerife, aunque «todavía no estamos todos, mañana vendrán algunos que faltan» comenta Mari Fe que resalta que el objetivo es «seguir manteniendo el contacto y que los niños y niñas sepan que tiene el apoyo de todos y todas».

El Gobierno de Canarias impulsa desde hace unos años el programa de acogida de menores en familia ajena de forma temporal, «el objetivo es que ningún niño de cero a seis años ingrese en un centro u hogar de menores, a no ser que sea un grupo de hermanos en los que se prima que permanezcan unidos» explica la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales.

«Los niños y niñas viven con una familia de acogida, mientras se trabaja con la familia biológica y si esto no es posible, los menores podrán ser susceptibles de adopción con otra familia «.

«Es un programa complejo porque confluyen muchos sentimientos» -continúa Carmen Morales- «pero hay que perder el miedo a acoger porque el contacto, el amor y el cariño permanecerán toda la vida».

Mari Fe quiere dejar claro que las familias de acogida » forman parte de la vida de los niños y niñas para el resto de su vida y nosotros que adoptamos no somos nadie para privarlos del cariño de los padres y madres acogentes, de hecho el padrino de mi hijo es su padre de acogida».

«En todo este proceso»- continua- Mari Fe- «se van afianzando lazos, nuevas amistades, somos como una gran familia en la que los menores ven que su situación no es única y que hay otros niños que pasan por el mismo proceso, ellos se sienten muy muy queridos por mucha gente».

Mar Fe traslada que se trata «de otra forma de vida muy gratificantes para todos, los padres de acogida nos dan mucha seguridad y nos prestan su ayuda en los procesos de adopción, nos dicen que costumbres tienen los niños, si tienen problemas de sueño, que alimentación están llevando y cómo ha sido todo su evolución».

«Para ellos estos encuentros son muy importantes porque, si después de haber dedicado mucho tiempo de su vida a darles cariño si se perdiese el contacto sería muy triste, así que tenemos que quedar varias veces al año» comenta esta madre de adopción.

La finalidad de una familia de acogida no es la adopción, sino que los niños y niñas permanezcan en un hogar hasta encontrar una solución óptima y permanente ya sea con su familia biológica si es posible o con una familia en adopción.

«En muchos casos»- continúa Morales- «se produce lo que comúnmente se denomina el período de duelo, que surge en los miembros de la familia de acogida tras finalizar la convivencia efectiva con el menor».

Este sentimiento de ausencia ha de ser asumido como una parte más del acogimiento familiar y se

ha de superar de manera natural, «respetándose el tiempo que sea necesario para ello, pero siempre teniendo presente que han colaborado para la consecución del objetivo del acogimiento familiar y con el sentimiento del deber cumplido, pues sin duda han ayudado a que un menor, en un período muy duro de su vida, pueda haber convivido con una familia que le ha brindado con mucho cariño y amor todas las atenciones y cuidados que ha necesitado»

En el año 2017 se realizaron 45 adopciones nacionales de los cuales 27 procedían del programa de acogimiento familiar, de ellos 8 tenían características especiales, 21 de los niños y niñas tenían entre 0 y tres años y los otros seis entre 4 y siete años.

En lo que va de 2018 ya han formalizado 37 adopciones nacionales, en 17 de ellas los menores procedían del programa de acogimiento familiar y de esos 17 menores, 3 tenían características especiales. Dos de los menores tienen de de 0 a 3 años y 15 de de 4 a 7 años.

El Gobierno ha desarrollado una serie de campañas para invitar a formar parte del programa a las familias que estén dispuestas a acoger temporalmente a un niño y niña. La finalidad es que encuentren una familia que les proporcione el calor, la atención, la educación y los cuidados que necesitan, para que así puedan mejorar su vida presente, siempre con el objetivo encontrar una situación definitiva, sea esta la la reunificación familiar, una vez que sus padres solventen las circunstancias que produjeron la separación, o sea la adopción, como ha sido el caso de las familias que este fin de semana se reúnen en Icod.

A 31 de diciembre de 2017 en Canarias había 2005 niños y niñas en protección, 855 en acogimiento residencial y 1150 en acogimiento familiar. La mayor parte de los menores que viven en acogimiento familiar lo hacen con su familia extensa, tíos y abuelos principalmente. 142 de ellos vivían en familia de acogida extensa, 57 en Tenerife, 5 en La Palma, 71 en Gran Canaria, 3 en Fuerteventura, 3 en El Hierro y 3 en Lanzarote. 10 de ellos se hallaban en esa fecha en proceso de reintegración familiar.

Niños y niñas del Archipiélago confraternizan con sus familias acogentes y adoptantes

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Ocho niños y niñas de diferentes lugares del Archipiélago se reunirán este fin de semana en Icod de los Vinos, en Tenerife, para pasar unos días de convivencia con sus respectivas familias acogentes y adoptantes y seguir confraternizando, como suelen hacerlo por lo menos «dos o tres veces al años». Quién habla es Mari Fe de Lanzarote, madre de un niño de siete años que adoptó cuando tenía cinco meses y que primero vivió con una familia de acogida de la isla de El Hierro.

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, aboga por “perder el miedo a acoger porque el contacto, el amor y el cariño permanecerá toda la vida”

Esta gran familia , aunque no los unan lazos de parentesco, procede de de Lanzarote, Gran Canaria, El Hierro y Tenerife, aunque «todavía no estamos todos, mañana vendrán algunos que faltan» comenta Mari Fe que resalta que el objetivo es «seguir manteniendo el contacto y que los niños y niñas sepan que tiene el apoyo de todos y todas».

El Gobierno de Canarias impulsa desde hace unos años el programa de acogida de menores en familia ajena de forma temporal, «el objetivo es que ningún niño de cero a seis años ingrese en un centro u hogar de menores, a no ser que sea un grupo de hermanos en los que se prima que permanezcan unidos» explica la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales.

«Los niños y niñas viven con una familia de acogida, mientras se trabaja con la familia biológica y si esto no es posible, los menores podrán ser susceptibles de adopción con otra familia «.

«Es un programa complejo porque confluyen muchos sentimientos» -continúa Carmen Morales- «pero hay que perder el miedo a acoger porque el contacto, el amor y el cariño permanecerán toda la vida».

Mari Fe quiere dejar claro que las familias de acogida » forman parte de la vida de los niños y niñas para el resto de su vida y nosotros que adoptamos no somos nadie para privarlos del cariño de los padres y madres acogentes, de hecho el padrino de mi hijo es su padre de acogida».

«En todo este proceso»- continua- Mari Fe- «se van afianzando lazos, nuevas amistades, somos como una gran familia en la que los menores ven que su situación no es única y que hay otros niños que pasan por el mismo proceso, ellos se sienten muy muy queridos por mucha gente».

Mar Fe traslada que se trata «de otra forma de vida muy gratificantes para todos, los padres de acogida nos dan mucha seguridad y nos prestan su ayuda en los procesos de adopción, nos dicen que costumbres tienen los niños, si tienen problemas de sueño, que alimentación están llevando y cómo ha sido todo su evolución».

«Para ellos estos encuentros son muy importantes porque, si después de haber dedicado mucho tiempo de su vida a darles cariño si se perdiese el contacto sería muy triste, así que tenemos que quedar varias veces al año» comenta esta madre de adopción.

La finalidad de una familia de acogida no es la adopción, sino que los niños y niñas permanezcan en un hogar hasta encontrar una solución óptima y permanente ya sea con su familia biológica si es posible o con una familia en adopción.

«En muchos casos»- continúa Morales- «se produce lo que comúnmente se denomina el período de duelo, que surge en los miembros de la familia de acogida tras finalizar la convivencia efectiva con el menor».

Este sentimiento de ausencia ha de ser asumido como una parte más del acogimiento familiar y se

ha de superar de manera natural, «respetándose el tiempo que sea necesario para ello, pero siempre teniendo presente que han colaborado para la consecución del objetivo del acogimiento familiar y con el sentimiento del deber cumplido, pues sin duda han ayudado a que un menor, en un período muy duro de su vida, pueda haber convivido con una familia que le ha brindado con mucho cariño y amor todas las atenciones y cuidados que ha necesitado»

En el año 2017 se realizaron 45 adopciones nacionales de los cuales 27 procedían del programa de acogimiento familiar, de ellos 8 tenían características especiales, 21 de los niños y niñas tenían entre 0 y tres años y los otros seis entre 4 y siete años.

En lo que va de 2018 ya han formalizado 37 adopciones nacionales, en 17 de ellas los menores procedían del programa de acogimiento familiar y de esos 17 menores, 3 tenían características especiales. Dos de los menores tienen de de 0 a 3 años y 15 de de 4 a 7 años.

El Gobierno ha desarrollado una serie de campañas para invitar a formar parte del programa a las familias que estén dispuestas a acoger temporalmente a un niño y niña. La finalidad es que encuentren una familia que les proporcione el calor, la atención, la educación y los cuidados que necesitan, para que así puedan mejorar su vida presente, siempre con el objetivo encontrar una situación definitiva, sea esta la la reunificación familiar, una vez que sus padres solventen las circunstancias que produjeron la separación, o sea la adopción, como ha sido el caso de las familias que este fin de semana se reúnen en Icod.

A 31 de diciembre de 2017 en Canarias había 2005 niños y niñas en protección, 855 en acogimiento residencial y 1150 en acogimiento familiar. La mayor parte de los menores que viven en acogimiento familiar lo hacen con su familia extensa, tíos y abuelos principalmente. 142 de ellos vivían en familia de acogida extensa, 57 en Tenerife, 5 en La Palma, 71 en Gran Canaria, 3 en Fuerteventura, 3 en El Hierro y 3 en Lanzarote. 10 de ellos se hallaban en esa fecha en proceso de reintegración familiar.

Desciende el número de menores en riesgo en el Archipiélago

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Según el Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia, elaborado por las dos universidades canarias y coordinado por María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, en Canarias, en los últimos tres años, se ha reducido el número de menores declarados en situación de riesgo de 2957 niños y niñas en 2014, hasta 2552 en el año 2016 cifra que se mantuvo al cierre del ejercicio de 2017.

El Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia en Canarias, acredita que en 2014 había 2957 niños y niñas en riesgo, mientras que en 2017 la cifra se reduce hasta 2552

En términos absolutos «estamos hablando que en Canarias, a finales de 2017 había 405 niños y niñas menos en una situación de riesgo que a finales de 2014, lo que es un indicador de que se está trabajando adecuadamente con las familias con dificultades sociales», indicó Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia y la Familia.

Por islas, y según el último dato del Informe, en Lanzarote hay 87 menores en riegos; en Fuerteventura, 227; en Gran Canaria, 963; en El Hierro, 12; en La Gomera, 17; en La Palma, 165 y en Tenerife 1.081.

La protección al riesgo es una competencia municipal financiada por el Gobierno de Canarias. En la actualidad hay 78 equipos municipales especializados en todo el Archipiélago, «ya que algunos municipios están mancomunados por su escasa población infanto-juvenil», apunto Morales, que valoró positivamente «la labor que se hace desde los ayuntamientos que va desde la investigación y la verificación de las situaciones familiares, la elaboración de un diagnóstico especializado, las propuestas de medidas de prevención o los proyectos de intervención familiar, siempre en coordinación con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia».

Los equipos municipales especializado en infancia y familia «son un recurso básico de los servicios sociales comunitarios en los que, diferentes profesionales detectan los problemas, las carencias o las dificultades por las que atraviesan las familias que pueden afectar a los menores que viven en ellas y buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías», explicó Morales .

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda destinó para el presente año 5.134.870 € entre los municipios para la protección del riesgo, conforme a la distribución incluida en el protocolo de acuerdo marco firmado entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios.

Según la actual Ley de Protección Integral del Menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

Se trata pues, explicó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia «de un recurso preventivo prioritario en el que se establecen programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral».

El apoyo a la familia se desarrolla mediante la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores

Desciende el número de menores en riesgo en el Archipiélago

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Según el Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia, elaborado por las dos universidades canarias y coordinado por María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, en Canarias, en los últimos tres años, se ha reducido el número de menores declarados en situación de riesgo de 2957 niños y niñas en 2014, hasta 2552 en el año 2016 cifra que se mantuvo al cierre del ejercicio de 2017.

El Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia en Canarias, acredita que en 2014 había 2957 niños y niñas en riesgo, mientras que en 2017 la cifra se reduce hasta 2552

En términos absolutos «estamos hablando que en Canarias, a finales de 2017 había 405 niños y niñas menos en una situación de riesgo que a finales de 2014, lo que es un indicador de que se está trabajando adecuadamente con las familias con dificultades sociales», indicó Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia y la Familia.

Por islas, y según el último dato del Informe, en Lanzarote hay 87 menores en riegos; en Fuerteventura, 227; en Gran Canaria, 963; en El Hierro, 12; en La Gomera, 17; en La Palma, 165 y en Tenerife 1.081.

La protección al riesgo es una competencia municipal financiada por el Gobierno de Canarias. En la actualidad hay 78 equipos municipales especializados en todo el Archipiélago, «ya que algunos municipios están mancomunados por su escasa población infanto-juvenil», apunto Morales, que valoró positivamente «la labor que se hace desde los ayuntamientos que va desde la investigación y la verificación de las situaciones familiares, la elaboración de un diagnóstico especializado, las propuestas de medidas de prevención o los proyectos de intervención familiar, siempre en coordinación con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia».

Los equipos municipales especializado en infancia y familia «son un recurso básico de los servicios sociales comunitarios en los que, diferentes profesionales detectan los problemas, las carencias o las dificultades por las que atraviesan las familias que pueden afectar a los menores que viven en ellas y buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías», explicó Morales .

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda destinó para el presente año 5.134.870 € entre los municipios para la protección del riesgo, conforme a la distribución incluida en el protocolo de acuerdo marco firmado entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios.

Según la actual Ley de Protección Integral del Menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

Se trata pues, explicó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia «de un recurso preventivo prioritario en el que se establecen programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral».

El apoyo a la familia se desarrolla mediante la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores

Un equipo de expertos de las dos universidades canarias redactará el borrador de la Estrategia Canaria de Infancia y Familia

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha confiado la redacción del borrador de la Estrategia de Infancia y Familia a las dos universidades públicas canarias, como ya hiciera con el Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia que se presentó el pasado cuatro de abril y en el que, además de ofrecer un diagnóstico de la situación en el Archipiélago, se sentaba las bases para la Estrategia.

María José Rodrigo, catedrática de psicología evolutiva, quien ya dirigió el Informe sobre Infancia y Familia en Canarias, coordinará los trabajos de las dos instituciones públicas

En colaboración con los técnicos y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia que han elaborado las líneas estratégicas, Valido puso en valor la implicación de las dos universidades públicas con el Gobierno de Canarias en el ámbito de las políticas sociales «sumando talentos, con una metodología científica y a la vez pragmática que ayudará a establecer las medidas y acciones a desarrollar en el futuro».

Los trabajos estarán dirigidos por María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, conformando dos equipos, uno en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otro en la Universidad de La Laguna.

Una vez terminado este borrador, se abrirá un proceso participativo en el que las entidades de tercer sector especializadas en atención a la infancia, los colegios profesionales y las administraciones públicas podrán hacer sus aportaciones para trasladarlas a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia quien será quien redacte el documento definitivo que se elevará a Gobierno.

La Universidad de La Laguna será la encargada de la elaboración de cuatro de las siete líneas estratégicas: la línea uno, para el desarrollo de las políticas autonómicas, insulares y municipales que promuevan la parentalidad positiva, teniendo en cuenta la diversidad familiar y desde una perspectiva integral; la segunda línea que tratará sobre la necesidad de potenciar la participación activa de la infancia, adolescencia y de las familias en las políticas y acciones de su interés, así como la sensibilización de la sociedad; la tercera tendrá que ver con preservar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad y potenciar su desarrollo integral, impulsando la mejora del sistema de protección y de justicia juvenil y la cuarta el fortalecimiento, la coordinación interadministrativa e intersectorial así como las relaciones con el tercer sector, aprovechando las tecnologías de la comunicación. El equipo de trabajo de la Universidad de La Laguna está compuesto por los doctores y doctoras, Ramón Aciego de Mendoza y Lugo, Eduardo Martín Cabrera y Beatriz Triana Pérez bajo la coordinación de Josefa Rodrigo López.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria será la encargada de la elaboración de las otras tres de las siete líneas estratégicas: promover acciones preventivas en el ámbito educativo y de la salud dirigidas a la mejora del aprendizaje y la socialización de la infancia y la colaboración familiar; una segunda línea profundizará en promover acciones preventivas en el espacio digital y comunitario dirigidas a potenciar el desarrollo personal y social de la infancia y de las familias y por último, desarrollar programas de formación e investigación para que la acción política y la intervención profesional en el ámbito de la infancia y la familia se basen en evidencias. Equipo de trabajo lo forman los doctores y doctoras Rafael Santana Hernández, María Rosa Marchena Gómez y Josefa Rodrigo López coordinados por Juan Carlos Martín Quintana.

La metodología utilizada para la elaboración de este documento será colaborativa en el grupo de expertos y recabando información del Informe de la Situación de la Infancia y la familia en Canarias, así como de las recomendaciones finales en dicho informe.

En el texto se incluirán las conclusiones y aportaciones de los grupo de discusión donde se debatirá el contenido de las líneas estratégicas y la pertinencia y relevancia de los objetivos y las medidas y acciones propuestas.

Un equipo de expertos de las dos universidades canarias redactará el borrador de la Estrategia Canaria de Infancia y Familia

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha confiado la redacción del borrador de la Estrategia de Infancia y Familia a las dos universidades públicas canarias, como ya hiciera con el Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia que se presentó el pasado cuatro de abril y en el que, además de ofrecer un diagnóstico de la situación en el Archipiélago, se sentaba las bases para la Estrategia.

María José Rodrigo, catedrática de psicología evolutiva, quien ya dirigió el Informe sobre Infancia y Familia en Canarias, coordinará los trabajos de las dos instituciones públicas

En colaboración con los técnicos y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia que han elaborado las líneas estratégicas, Valido puso en valor la implicación de las dos universidades públicas con el Gobierno de Canarias en el ámbito de las políticas sociales «sumando talentos, con una metodología científica y a la vez pragmática que ayudará a establecer las medidas y acciones a desarrollar en el futuro».

Los trabajos estarán dirigidos por María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, conformando dos equipos, uno en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otro en la Universidad de La Laguna.

Una vez terminado este borrador, se abrirá un proceso participativo en el que las entidades de tercer sector especializadas en atención a la infancia, los colegios profesionales y las administraciones públicas podrán hacer sus aportaciones para trasladarlas a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia quien será quien redacte el documento definitivo que se elevará a Gobierno.

La Universidad de La Laguna será la encargada de la elaboración de cuatro de las siete líneas estratégicas: la línea uno, para el desarrollo de las políticas autonómicas, insulares y municipales que promuevan la parentalidad positiva, teniendo en cuenta la diversidad familiar y desde una perspectiva integral; la segunda línea que tratará sobre la necesidad de potenciar la participación activa de la infancia, adolescencia y de las familias en las políticas y acciones de su interés, así como la sensibilización de la sociedad; la tercera tendrá que ver con preservar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad y potenciar su desarrollo integral, impulsando la mejora del sistema de protección y de justicia juvenil y la cuarta el fortalecimiento, la coordinación interadministrativa e intersectorial así como las relaciones con el tercer sector, aprovechando las tecnologías de la comunicación. El equipo de trabajo de la Universidad de La Laguna está compuesto por los doctores y doctoras, Ramón Aciego de Mendoza y Lugo, Eduardo Martín Cabrera y Beatriz Triana Pérez bajo la coordinación de Josefa Rodrigo López.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria será la encargada de la elaboración de las otras tres de las siete líneas estratégicas: promover acciones preventivas en el ámbito educativo y de la salud dirigidas a la mejora del aprendizaje y la socialización de la infancia y la colaboración familiar; una segunda línea profundizará en promover acciones preventivas en el espacio digital y comunitario dirigidas a potenciar el desarrollo personal y social de la infancia y de las familias y por último, desarrollar programas de formación e investigación para que la acción política y la intervención profesional en el ámbito de la infancia y la familia se basen en evidencias. Equipo de trabajo lo forman los doctores y doctoras Rafael Santana Hernández, María Rosa Marchena Gómez y Josefa Rodrigo López coordinados por Juan Carlos Martín Quintana.

La metodología utilizada para la elaboración de este documento será colaborativa en el grupo de expertos y recabando información del Informe de la Situación de la Infancia y la familia en Canarias, así como de las recomendaciones finales en dicho informe.

En el texto se incluirán las conclusiones y aportaciones de los grupo de discusión donde se debatirá el contenido de las líneas estratégicas y la pertinencia y relevancia de los objetivos y las medidas y acciones propuestas.

Cristina Valido alaba la labor del centro de menores Matilde Téllez

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, visitó el centro de menores Matilde Téllez en el Fondillo, Tafira baja. Valido puso en valor la labor de la entidad que lleva casi cuarenta años atendiendo a niños y niñas en situación de desamparo, además de gestionar una escuela infantil para menores de cero a tres años.

La entidad acoge a niños y niñas en desamparo y gestiona una escuela infantil para menores de cero a tres años

En Gran Canaria, a finales de 2017 había 396 niños y niñas en acogimiento residencial en cuarenta centros ubicados en los distintos municipios de la isla. Se trata, según informa la consejera de Políticas Sociales, de pequeños hogares de no más de diez menores en los que se ofrece un ambiente familiar, «y quiero resaltar, que en el hogar Matilde Téllez se da mucho amor y cariño».

En Canarias, tan solo el 42 % de los niños y niñas en desamparo están acogidos en estos pequeños hogares residenciales, mientras que el 58 % vive con familias, «intentamos que todos los menores de cero a seis años vivan con una familia pero, a veces, debido a las características de los menores, esto no es posible, de ahí la importancia de que los centros sean lo más parecido a un hogar, como ocurre en este caso».

Desde el momento que tiene lugar el acogimiento residencial se diseña, para cada menor, un plan individual de protección o proyecto de intervención individualizada, que contiene, entre otros, la finalidad del acogimiento, los objetivos a conseguir y el plazo de ejecución, y acciones que se promueven desde el programa residencial. De igual modo, se diseña un proyecto de intervención familiar, con la finalidad de centrar la intervención y establecer la líneas de acción que den respuesta a las necesidades de la familia biológica del menor.

Con estas actuaciones se pretende reparar y recuperar a los niños, niñas y adolescentes del impacto que la situación de desprotección haya tenido tanto a nivel físico, como emocional o psicológico, a la vez que se interviene con su familia para potenciar sus fortalezas, disminuir los elementos de riesgo y favorecer con ello la reintegración familiar.