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Canarias acogerá la celebración de la sectorial de Igualdad el próximo 13 de julio

El acuerdo se ha establecido hoy miércoles en el transcurso de la reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria entre las representantes del Ministerio de Igualdad y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias

El próximo 13 de julio es la fecha acordada para celebrar en las Islas la próxima Sectorial de Igualdad que preside la ministra Irene Montero. El acuerdo se ha adoptado en la reunión mantenida esta mañana en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, y en la que han participado junto a la ministra, la delegada del Gobierno contra la violencia de Género, Vicky Rosell, la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, la viceconsejera de Igualdad, Sylvia Jaén, y la directora general de Juventud, Laura Fuentes.

«Canarias ha sido la primera comunidad autónoma en firmar el protocolo del Plan Corresponsables entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España” afirmó la ministra. “Por eso será un honor que el próximo 13 de julio, sea el lugar donde se celebre la Conferencia Sectorial de Igualdad con el resto de comunidades para consensuar entre todas cómo debemos continuar avanzando para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los territorios de España»

En líneas generales, las responsables de Canarias y el Estado aterrizaron a la realidad insular las políticas feministas que impulsa el Estado, como las propuestas de creación de centros de crisis de atención 24 horas a las víctimas de violencia sexual.

Como señaló la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, “este acuerdo vuelve a demostrar que Canarias está en el centro de las políticas de igualdad del Estado”

Los ayuntamientos tinerfeños contarán con 16 millones para servicios sociales comunitarios, 2,4 más que en 2021

La distribución de fondos para la isla en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 2022 supone un incremento del 18,61% con respecto a 2021

Los municipios de Tenerife recibirán este año en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables, un montante global que asciende a 15.833.225,04 euros, lo que supone un incremento con respecto a 2021 de 2.483.822,26 euros, un 18,61% más.

Del global de la partida, la capital, Santa Cruz de Tenerife, recibirá con 3.758.509,71 euros, 569.1119,53 euros más que en 2021, un incremento del 17,84%.

Para el resto de municipios, las partidas son las siguientes: Adeje, recibirá este año dentro del Plan concertado, 403.022,62 euros; Arafo, 151.808,48 euros; Arico, 353.597,38 euros; Arona, 619.155,51 euros; Buenavista, 194.775,08 euros; Candelaria, 338.858,73 euros; Fasnia, 126.497,57 euros; Garachico, 240.804,95 euros; Granadilla, 657.234,96 euros; La Guancha, 258.955,33 euros; Guía de Isora, 319.410,71 euros; Güimar, 378.060,19 euros; Icod de los Vinos, 605.112,22 euros; La Laguna, 2.389.300,1 euros; La Matanza, 300.930,94 euros; La Orotava, 892.654,33 euros; Puerto de la Cruz, 561.187,39 euros; Los Realejos, 758.013,89 euros; El Rosario, 281.421,43 euros; San Juan de la Rambla, 159.290,06 euros; San Miguel de Abona, 203.024,18 euros; Santa Úrsula, 281.091,53 euros; Santiago del Teide, 172.975,59 euros; El Sauzal, 169.744,51 euros; Los Silos, 146.219,31 euros; Tacoronte, 407.149,35 euros; El Tanque, 126.242,61 euros; Tegueste, 250.118,36 euros; La Victoria, 216.932,51 euros y Vilaflor, 111.125,51 euros.

El Plan Concertado, cuyo protocolo de reparto de fondos ha sido firmado recientemente entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), asciende este año a un global para todo el Archipiélago de 41.294.742 euros, 6.047.428 euros más que en 2021 y más del doble con respecto a 2019, cuando la inversión alcanzó los 20.182.927 euros.

Durante el acto de firma, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, recordó que “desde que asumimos esta Consejería en el Gobierno canario, hemos incrementado la cantidad destinada a los servicios sociales comunitarios cada año, aumentando en un 125% la financiación a este protocolo desde los 18 millones con los que contó en 2018 a los más de 41 millones de euros de 2022”.

A través de la firma del Protocolo de distribución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

La cobertura de la PCI alcanza un nuevo máximo histórico

El número de beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción alcanza las 10.868 familias en abril, lo que implica un aumento de más de 500 con respecto a marzo de 2022

“Estos incrementos son resultado de las cuatro reformas de la ley que regula la prestación social con el fin de ofrecer una mayor protección a la ciudadanía canaria”, asegura la consejera del área, Noemí Santana

“En abril, hemos registrado un nuevo récord histórico de familias protegidas por la PCI en Canarias, alcanzando las 10.868 familias, lo que supone 500 familias más que en marzo y casi el doble que desde el principio de la legislatura (en julio de 2019, eran 5.687 las familias beneficiarias)”, asegura la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

“Estas cifras no son producto de la casualidad, sino de las cuatro reformas de la ley que regula esta prestación económica, impulsadas por este Gobierno”, afirma Santana, quien recuerda que “nunca la Prestación Canaria de Inserción ha ofrecido tanta cobertura a las personas y familias en situación de vulnerabilidad social en nuestra tierra”.

Con este dato, sumado a las 20.000 familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital, en este momento en Canarias están protegidas más de 30.000 unidades de convivencia.

“Todo ello demuestra el esfuerzo que desde el departamento de Derechos Sociales del Gobierno canario, a través de su equipo técnico, se está realizando para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía canaria”, arguye Santana, quien recuerda que “este esfuerzo también se refleja en la reducción del tiempo de gestión de las solicitudes y de las renovaciones pendientes que se han reducido a la mitad de las de hace tres meses”.

En cuanto a financiación, hay que recordar que la financiación de la Prestación Canaria de Inserción alcanza este año una partida presupuestaria de 66,5 millones de euros, 30 millones más que en 2019, año cuya partida fue de 36 millones de euros. En 2020, la partida llegó a los 42 millones y en 2021, a los 51 millones de euros.

Los servicios sociales comunitarios de Lanzarote contarán este año con 306.000 euros más que en 2021

La financiación, en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 2022, supone dotar a los ayuntamientos de la isla con una partida de 1.998.469,94 euros, un 18,11% más que el año anterior

Lanzarote recibirá este año en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los municipios, una partida que asciende a 1.998.469,94 euros, un total de 306.452,5 euros más, lo que supone un incremento del 18,11% con respecto a 2021.

En concreto, de este montante, Arrecife, el municipio capitalino, contará con un montante de 804.314,3 euros, o que supone un incremento de 110.484,49 euros, un 15,92% más con respecto a 2021.

Por municipios, Haría recibirá en el marco de este Plan en 2022, un total de 157.923,44 euros; San Bartolomé, 199.623,67 euros; Teguise, 274.406,16 euros; Tías, 250.753,45 euros; Tinajo, 142.890,23 euros y Yaiza, 165.558,69 euros.

El Plan Concertado, cuyo protocolo de reparto de fondos ha sido firmado recientemente entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), asciende este año a un global para todo el Archipiélago de 41.294.742 euros, 6.047.428 euros más que en 2021 y más del doble con respecto a 2019, cuando la inversión alcanzó los 20.182.927 euros.

Durante el acto de firma, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, recordó que “desde que asumimos esta Consejería en el Gobierno canario, hemos incrementado la cantidad destinada a los servicios sociales comunitarios cada año, aumentando en un 125% la financiación a este protocolo desde los 18 millones con los que contó en 2018 a los más de 41 millones de euros de 2022”.

A través de la firma del Protocolo de distribución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

El Gobierno triplica en dos años el volumen de ayudas que se conceden a mujeres víctimas de violencia machista

Solo en estos primeros meses del año ya se han abonado 258.471,18 euros en ayudas a mujeres sin recursos y con orden de protección que contempla el artículo 27 de la ley estatal, casi tanto como en todo el año 2019 en el que se abonaron 265.906,86 euros

Desde 2019 se ha triplicado el volumen de ayudas que se conceden a mujeres víctimas de violencia de género en las islas de acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Hasta la fecha, en estos dos primeros meses y medio de 2022, ya se ha abonado 258.471,18 euros en ayudas, casi tanto como en todo el año 2019 en el que se abonaron 265.906,86 euros.

Estas ayudas van dirigidas a las víctimas de violencia de género con escasos recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo. Su objetivo es garantizar sus derechos económicos, facilitar su integración social y autonomía personal. Las ayudas consisten en un pago único que, con carácter general, es equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, pero esta cantidad puede aumentar hasta veinticuatro meses de subsidio por desempleo, dependiendo de los casos, cuando la víctima de violencia tenga responsabilidades familiares a su cargo.

De acuerdo a las cifras que maneja el Instituto Canario de Igualdad (ICI) que tramita las ayudas, en 2019 se abonó un total de 265.906,86 euros. En el año 2020, una cantidad de 699.619,02 euros y en el año 2021 aumentó hasta 877.752,45 euros.

A estas ayudas se suman las del Fondo Canario de Emergencia Social que financia el ICI y conceden los cabildos. En 2019 se invirtió un total de 469.621,13 euros y se concedieron 306 ayudas. En 2021 se ejecutó 796.290 euros y se concedieron 427 ayudas lo que supone un crecimiento en estos dos años de un 65% de la inversión y la concesión de un 40% más de ayudas. Van destinadas a cubrir gastos en situaciones de emergencia, como consecuencia de la violencia de género padecida.

La consejera de Derechos Sociales,Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, asegura que “el compromiso de este Gobierno contra la violencia machista es contundente y se traduce en más presupuesto, en más ayudas, más recursos en colaboración con cada unos de los cabildos y más atenciones a mujeres”.

Desde que comenzara la legislatura actual, el presupuesto total del ICI ha crecido un 30% y ha pasado de los 9.991.994 euros de 2019 a los 12.934.338 euros presupuestados para 2022. Es decir, un crecimiento cercano los tres millones de euros (2.942.344).

Las activaciones a los dispositivos de emergencia aumentaron un 30% en dos años

Más de 15.000 personas llamaron el año pasado al teléfono de emergencias del 1-1-2 que en Canarias mantiene el ICI para alertar o pedir información sobre situaciones de violencia de género. Casi la mitad de estas llamadas, 6.700, las hicieron las propias mujeres que estaban siendo víctimas. Del total de llamadas recibidas en 2021, 10.238 fueron de emergencia, es decir, llamadas en las que la víctima estaba en una situación de peligro inminente y este dato representa un 25% más que en 2019. En este mismo periodo, las activaciones que este servicio realiza a los dispositivos de emergencia de los cabildos (DEMA) cuando las situaciones lo requieren o alguna mujer necesita acogida con sus hijos e hijas, se incrementaron también en un 30%.

Este servicio de atención telefónica, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Dependencia duplica la cifra de resoluciones de grado en relación a 2019

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, explica que estas cifras son el resultado de los esfuerzos de mejora en la gestión en materia de dependencia en el Archipiélago

Canarias se encuentra al día en la inclusión de expedientes al sistema informático de datos e información en la atención a la dependencia

El área de Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias ha duplicado las resoluciones de grado en relación a 2019, pasando de las 362 en febrero del año 2019 a las 721 resoluciones de grado en febrero de 2022, lo que supone un incremento del 99,17%, según datos del departamento regional.

Igualmente, también se ha incremento la cifra de resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA), pasando de las 375 resoluciones gestionadas en febrero de 2019 las 646 resoluciones de PIA resueltas en febrero de 2022, es decir, un aumento del 72,2%.

“Estas cifras ponen de manifiesto que vamos por el buen camino y, sobre todo, ponen de relieve el esfuerzo realizado por el departamento de Derechos Sociales y, en concreto, de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad para mejorar y agilizar la gestión de expedientes en materia de dependencia en las Islas”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, quien señaló que, como muestra de ello, es que, “en la actualidad, no contamos con ningún expediente por incluir en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISSAD), mientras que en febrero de 2019, la cifra de expedientes por incluir era de unos 5.000, con lo cual hoy estamos al día”.

Santana hace alusión al esfuerzo e implicación para trabajar en la mejora de la gestión de la Dependencia en Canarias al incremento de personal técnico y profesional del área, ya que se ha pasado de contar 124 trabajadores de 2019 a los 192 profesionales y técnicos actuales, es decir, 68 personas más, lo que supone un incremento del 54 por ciento.

 

Gobierno y Cabildo de Lanzarote trazan una hoja de ruta para la creación de plazas para dependencia y discapacidad

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote sientan las bases de un plan de trabajo común para la creación de más plazas sociosanitarias con las que atender las demandas de la ciudadanía lanzaroteña.

La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemí Santana, mantuvo el miércoles, 5 de marzo, un encuentro virtual con la presidenta del Cabildo insular, María Dolores Corujo, en el que también participó la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, en el que abordaron la necesidad de trazar una hoja de ruta común en la creación de más plazas para la atención de personas en situación de dependencia y de discapacidad en la isla.

Durante el encuentro, Santana expresó la vocación del Gobierno regional en este proceso de trabajo compartido con el cabildo lanzaroteño. «El compromiso es claro: antes de que acabe la legislatura, Lanzarote contará con más plazas sociosanitarias», manifestó.

Por su parte, la presidenta del Cabildo lanzaroteño planteó la posibilidad de incluir el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia, con el fin de que sea cofinanciado por el Gobierno de Canarias. “Necesitamos imperiosamente un cambio en el modelo de cuidados, fortaleciendo el sistema de atención a la dependencia. Nuestro objetivo es promover un cambio de modelo de atención residencial, para hacer de los centros residenciales entornos amables, cercanos y próximos a la comunidad donde las personas mayores han vivido y quieren seguir viviendo”, aseguró.

Tanto la consejera regional de Derechos Sociales como la directora general de Dependencia han valorado positivamente las propuestas planteadas por el Cabildo de Lanzarote y se han comprometido a estudiar las opciones más eficaces para integrar el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia.

Dependencia destina casi 650.000 euros a reducir la lista de personas que esperan por un servicio o prestación

Derechos Sociales ha encargado a la entidad pública Fundación Tutelar Canaria la elaboración de los programas individuales de Atención (PIA)

La Dirección general de Dependencia y Discapacidad ha encargado a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, entidad pública dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, la elaboración de informes sociales, trámites de consulta y propuestas de Programa Individual de Atención, con el fin de reducir la actual lista de espera de personas dependientes que ya tienen reconocido su grado de dependencia.

“Esta medida es un instrumento más para reducir las listas de espera, junto a las 50 personas que han iniciado su labor en el mes de enero en la Dirección General de Dependencia. Será un refuerzo al importante trabajo que está desarrollando el personal del área”, asegura la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

“De hecho, destacó Santana, el refuerzo de personal en el área de Dependencia ha empezado a ofrecer resultados, mejorando en datos como en la resolución de 634 altas en el mes de febrero en el PIA, cifra que triplica las resueltas en febrero del pasado año”.

Por su parte, la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, explica que el objetivo de este encargo, para lo cual se ha destinado una partida de 647.487,60 euros, es “disminuir la lista de espera de las personas solicitantes a las que se ha reconocido grado de dependencia pero no están siendo atendidas a través de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias”.

“El objetivo prioritario de esta Dirección general es dar respuesta a las personas que se encuentran a la espera de ser atendidas a través de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para lo cual se ha procedido a adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación y reducir la actual lista de espera existente en materia de atención a la Dependencia en las Islas”, matiza la directora general.

En concreto, se ha optado por contratar a un total de 18 trabajadores sociales y 6 auxiliares administrativos que trabajarán en la reducción del número de expedientes en los que ya consta resolución de reconocimiento de grado pero se encuentran pendientes de la elaboración del correspondiente Programa Individual de Atención (PIA).

“Es decir, se trata de reducir la lista de personas a las que ya ha sido reconocida su situación de dependencia y que no están siendo atendidas”, aclara la responsable de Dependencia quien puso en énfasis la necesidad por parte del Ejecutivo de adoptar medidas organizativas y de reforzamiento de los recursos humanos que participan en los procesos de gestión y de valoración de grado y de elaboración de los Programas Individuales de Atención.

Con este fin, desde Dependencia se ha hecho el encargo a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, entidad pública dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, para la elaboración de informes sociales, trámites de consulta y propuestas de Programa Individual de Atención, con el objetivo de disminuir la lista de espera de las personas solicitantes a las que se ha reconocido grado de dependencia pero no están siendo atendidas a través de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias.

La Prestación Canaria de Inserción alcanza la mayor cobertura de su historia

La nómina del mes de marzo se cierra con 10.337 familias beneficiarias, la cifra más alta desde que el Gobierno de Canarias ofrece esta prestación

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que “este hecho histórico se ha logrado gracias a las cuatro modificaciones realizadas esta legislatura”

La Prestación Canaria de Inserción (PCI) alcanza la mayor cobertura desde que el Gobierno de Canarias ofrece esta prestación, con 10.337 familias beneficiarias al cierre de la nómina del mes de marzo. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo regional alcanza el mayor grado de implantación de esta medida después de efectuar cuatro modificaciones durante la presente legislatura, cambios que han facilitado el acceso de la ciudadanía a la misma además de hacerla menos restrictiva en los plazos en los que se percibe.

La consejera del área, Noemí Santana, manifestó su satisfacción por los datos relativos a la prestación y que cumplen con el objetivo trazado por la Consejería de superar las 10.000 familias protegidas en el primer trimestre del presente año. “Es un hecho histórico que se produce gracias a las cuatro modificaciones que hemos hecho por decreto ley de esta herramienta, cambios que nos han permitido llegar a más gente haciendo más ágil la resolución de los expedientes y que nos ha permitido elevar las cuantías que perciben las familias”, señaló.

Mejorar la cobertura de la Prestación Canaria de Inserción fue uno de los objetivos principales del actual equipo de la Consejería, ya que en julio de 2019 el dato de beneficiarios era de 5.687.

La Prestación Canaria de Inserción, a su vez, cuenta este año con una partida presupuestaria de 66,5 millones de euros, tras ejecutar 36 millones en 2019, 42 en 2020 y 51 en 2021. Además, ha aumentado la partida que se le entrega a los ayuntamientos para dotar de personal las áreas municipales destinadas a este objeto.

Las mejora en la prestación, entre las que se encuentran complementos para familias con hijos a cargo o la extensión del plazo máximo de dos años para su percepción que la limitaba, son medidas tomadas por el área de Derechos Sociales para acercar a sus perceptores a la mejor cobertura que les ofrecerá la Renta Ciudadana. “Estas medidas las hemos tomado mientras llega nuestro objetivo fundamental, que es poner en funcionamiento la Renta Ciudadana. En breve empieza su debate en el Parlamento por lo que ya queda muy poco tiempo para que sea una realidad en nuestra tierra”, expuso la consejera.

Santana, a su vez, quiere agradecer el esfuerzo realizado por el personal del departamento de Derechos Sociales. “Hemos logrado alcanzar la cifra más alta de la historia gracias a la dedicación del personal, tanto de la dirección general como de los ayuntamientos”, concluyó.

Derechos Sociales ha destinado un millón de euros a los Bancos de Alimentos para la atención de familias exclusión

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitó las instalaciones del Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria para reconocer el trabajo que la entidad realiza en la atención a las personas en precaria situación socioeconómica

“A lo largo de la pandemia que ha hecho que se agravara la situación económica y social de la población más desfavorecida, el papel de entidades sociales como son los Bancos de Alimentos ha resultado crucial para atender a las familias y personas que peor lo están pasando”, afirmó hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que realizó hoy vienes, 4 de marzo, al Banco de Alimentos, en Las Palmas de Gran Canaria, para conocer más de cerca la labor que realiza esta entidad social.

Durante la visita, Santana recordó que su departamento aportó el pasado año 500.000 euros a través de los Fondos contra la pobreza a los Bancos de Alimentos canarios y que este año, desde su departamento, se ha aportado otros 500.000 euros subvenciones a los Bancos de Alimentos de Las Palmas y de Tenerife (250.000 euros a cada Banco de Alimentos) con el fin de hacer frente a los programas que impulsan desde estas entidades sociales para atender las necesidades básicas de las familias en situación de vulnerabilidad social. A través de estos programas, se logra asegurar el acceso a la alimentación y a productos básicos de aseo personal de 66.000 personas en el Archipiélago.

Visita al Banco de Alimentos de Las Palmas

“Las entidades del Tercer Sector son fundamentales para la conformación de una sociedad implicada que contribuya en la toma de decisiones políticas dirigidas a cubrir las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad social” aseguró Santana quien señaló que “la situación de desempleo y de crisis económica generada por la alerta sanitaria ha traído como consecuencia la pérdida de muchos empleos en el seno de las familias canarias muchas de las cuales han acudido a los Banco de Alimentos para dar cobertura a sus necesidades básicas, principalmente la alimentación y productos de higiene personal”.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, hizo alusión a la importancia de la solidaridad ciudadana y al apoyo institucional para llevar a cabo la tarea de la entidad “especialmente en momentos como los que hemos vivido, con el duro golpe que ha supuesto la pandemia para la economía de las familias”.

El Banco de Alimentos de Las Palmas realiza la entrega de alimentos a 130 entidades, públicas y/o privadas, de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a través de las cuales se atienden a más de 37.700 personas necesitadas con las que el Banco colabora y ayuda a cubrir parte de la necesidad de alimentación de aquella población que se encuentra en precaria situación socioeconómica.