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Canarias incrementa en 800 millones de euros los fondos europeos hasta 2020

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Los fondos estructurales europeos que recibirá Canarias hasta 2020 ascenderán a unos 2.400 millones de euros, lo que supone aumentar en más de 800 millones la anterior ficha financiera comunitaria para las Islas. Según informó hoy en sede parlamentaria el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la UE «ha sido un factor relevante en este incremento», circunstancia que el Ejecutivo autonómico pretende anclar durante la negociación del REF.

Pedro Ortega destaca en el Parlamento de Canarias que el reconocimiento de Bruselas a las singularidades canarias ha sido relevante en este incremento

Ortega destacó que el Gobierno de Canarias tiene como objetivo ese anclaje en el bloque constitucional español con el fin de que, como sucede con los presupuestos comunitarios, el Gobierno central también module sus políticas hacia las Islas en atención a sus singularidades y a sus inconvenientes derivados de la lejanía y la insularidad.

El aumento de fondos para las Islas, al mismo tiempo que desciende el presupuesto global europeo, se concreta en las dotaciones procedentes del Fondo Social Europeo (FSE), del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER), de los programas de cooperación territorial con los países vecinos y de los programas pluriregionales que gestiona el Estado.

Así, el programa FEDER cuenta con 998 millones de euros, de los cuales 514 se consignan por situarse Canarias como región con el PIB por debajo de la media europea y los 484 millones restantes como asignación adicional por su condición de RUP.

Esos fondos se dirigirán, principalmente, a mejorar la competitividad de las pymes; impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; mejorar el uso, calidad y acceso a las TICs; conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; avanzar en el transporte sostenible; e invertir en educación y formación para un aprendizaje permanente.

Por su parte, el FSE-Canarias se encuentra aún pendiente de aprobación por la Comisión Europea aunque la asignación financiera prevista es de 162 millones de euros. Este programa tiene como objetivos promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo así como favorecer la movilidad laboral; incentivar la inclusión social y luchar contra la pobreza; y mejorar las competencias profesionales mediante la cualificación.

En cuanto a los programas pluriregionales, cuya gestión compete exclusivamente al Gobierno de España, corresponde a Canarias un total de 727 millones de euros que se destinarán al crecimiento sostenible con cerca de 480 millones, al crecimiento inteligente con 216 millones, y a la Iniciativa Pyme con 27 millones.

A estas partidas hay que añadir la Iniciativa para el Empleo Juvenil dirigida a las regiones con niveles de desempleo por encima del 25% como es el caso de Canarias. De acuerdo con los criterios de reparto previstos, las Islas deberán recibir una aportación en torno a los 58 millones de euros.

Fondos de cooperación territorial

Además, el Archipiélago obtendrá fondos para la cooperación territorial, fundamentales para contribuir a la internacionalización de Canarias. En este ámbito, las regiones ultraperiféricas han conseguido importantes avances, según destacó Pedro Ortega.

Entre ellos destaca el programa Madeira-Azores-Canarias, dotado con 130 millones procedentes en un 85% de fondos europeos, y en el que por primera vez se integran los países africanos de Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Para el consejero Ortega este programa «supone una oportunidad para ampliar el área de influencia socioeconómica y cultural de las Islas».

María Teresa Lorenzo anuncia que se realizará un estudio riguroso y exhaustivo para conocer la situación real de la residencialización de las zonas turísticas

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, anunció esta mañana en el Parlamento que se realizará un estudio exhaustivo para conocer la situación real de la residencialización de las zonas turísticas. «Con el objetivo de poder abordar la solución y enfrentarse a este problema es urgente un conocimiento riguroso y exacto de su estado actual, elaborando registros que lo cuantifiquen y cualifiquen, con datos territorializados por núcleos turísticos, que nos permitan conocer su alcance real, estableciendo un diagnóstico que a día de hoy se desconoce en detalle»

La consejera de Turismo explicó en el Parlamento que “cualquiera de las soluciones posibles sólo se tomará siempre y cuando se haya alcanzado el consenso de las partes y agentes implicados”

«El carácter transversal de este problema y la gran cantidad de intereses y sectores que implica provocan que sólo se pueda abordar una renovación de este alcance desde el consenso, con la implicación de todo el sector turístico, de sus agentes públicos y privados, porque son procesos de mucha complejidad y calado», aseguró la consejera.

En este sentido, «todas las administraciones públicas implicadas (ayuntamientos, cabildos y Gobierno) tenemos que cooperar y trabajar codo con codo para buscar una solución que responda al interés general de Canarias. Y para no ponérselo más difícil aún a esas personas, sino al revés, pues deben contar con nuestro apoyo y lo último que necesitan son alarmas innecesarias. Ésta es una realidad con la que este Gobierno se encuentra y hay que abordarla: no podemos ni vamos a darle la espalda», añadió Lorenzo.

La consejera explicó ante la Cámara que «la residencialización en los núcleos turísticos es uno de los temas más difíciles que se pueden plantear en este momento ya que, en definitiva, es como preguntar por el problema de la rehabilitación urbana, acrecentado con la singularidad de la actividad turística, que en Canarias es de vital importancia al suponer su principal actividad económica y de generación de empleo».

Lorenzo recordó que «este problema no se resuelve tan sólo ni principalmente con marcos legales o instrumentos técnicos, sino que tiene un papel protagonista la necesidad de desarrollar la conciencia ciudadana en cuanto al deber de conservación y rehabilitación, además de incentivar un mejor conocimiento de nuestra principal actividad económica y su repercusión sobre el territorio y la convivencia; en definitiva, mejor y mayor información».

Consenso entre las partes

Lorenzo dejó claro que «cualquiera de las soluciones posibles que se establezcan sólo se tomarán tras el irrenunciable proceso de diálogo que se está impulsando desde desde este Gobierno y siempre y cuando se haya alcanzado el consenso de las partes y agentes implicados».

«El diálogo es la clave de este Gobierno y por lo tanto lo será también a la hora de solucionar este problema a través del consenso», recordó la consejera, que añadió: «En este sentido, y teniendo en cuenta lo expuesto, ya hemos empezado a escuchar a todas las partes implicadas y lo seguiremos haciendo».

La hoja de ruta ya se encuentra trazada, según explicó la consejera en la Cámara: «Procederemos a analizar y estudiar con detenimiento cuáles son las posibles soluciones. Se creará un equipo de trabajo entre las consejerías de Política Territorial y Turismo para abordar este asunto, y revisar la normativa si así se decide, pues estamos dispuestos a una modificación que atienda a la realidad existente de aquellas personas que residen allí como su única vivienda y al interés general de Canarias como destino turístico competitivo, sostenible y de calidad».

Para ello, las administraciones mantendrán una estrecha colaboración: «Ayuntamientos, cabildos y Gobierno trabajaremos juntos. Nada es inamovible y estamos dispuestos a reflexionar sobre el marco normativo actual y abrir el debate del modelo turístico que queremos para Canarias, escuchando a todas las partes», explicó Lorenzo.

Todo ello, tal y como concluyó la consejera, «sin olvidar un objetivo irrenunciable de esta Consejería, que es trabajar para mantener el liderazgo turístico de Canarias. Se debe avanzar en competitividad y mejorar la posición como destino de calidad, éxito y referencia internacional en un escenario cada vez más complejo y competitivo debido a los cambios en las exigencias y motivaciones del turista del siglo XXI. Debemos ser capaces de conjugar los legítimos derechos de los propietarios sin menoscabo del objetivo irrenunciable por parte de esta Consejería de mejorar la competitividad de nuestra oferta turística».