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El SCE subvenciona con nueve millones a los municipios para contratar a 1.330 personas paradas de larga duración

Elena Máñez

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias incrementa las ayudas para el desarrollo de proyectos con planes de formación durante 2020 en colaboración con las corporaciones locales

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por importe de nueve millones de euros para la contratación de alrededor de 1.330 personas desempleadas de larga duración junto a las corporaciones municipales mediante el desarrollo de proyectos con formación y práctica profesional a lo largo de 2020.

En pleno proceso de reactivación económica tras la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la resolución firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE supone un incremento de dos millones de euros con respecto a la convocatoria de 2019, cuando se contrató a 1.034 personas paradas con la concesión de ayudas por valor de 6,9 millones.

Mediante esta iniciativa en colaboración con los ayuntamientos, además, el departamento autonómico se apoya en la entidad administrativa más cercana a la ciudadanía en su apuesta por mejorar la empleabilidad de las personas con una mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo, al ofrecer la formación necesaria para adaptar sus capacidades a la oferta laboral junto a una remuneración mensual para afrontar los efectos de la actual crisis.

Publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado viernes, la convocatoria del SCE contempla la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las corporaciones locales o entidades dependientes de municipios isleños con más de 900 personas desempleadas para la contratación de aquellas paradas de larga duración durante un periodo máximo de ocho meses y medio para la realización de obras o prestación de servicios calificados de interés general y social.

Obras y servicios en cultura, medioambiente o dependencia

Durante los proyectos generadores de empleo se impartirá formación obligatoria en competencias clave durante el 40% de la jornada y se facilitará experiencia profesional con remuneración económica a lo largo del 60% restante, mediante la ejecución de obras y servicios de competencia municipal en áreas de utilidad colectiva, ocio, cultura y turismo, de promoción del medio ambiente, de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de actuaciones derivadas de la ley de dependencia.

Las actuaciones subvencionadas beneficiarán, principalmente, a las personas desempleadas con formación deficitaria, sin el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni certificado de profesionalidad, ya que se facilitará la adquisición de las competencias básicas o clave para el acceso a la obtención de las correspondientes acreditaciones.

A partir del 30 de mayo, las entidades municipales disponen de un plazo de quince días para presentar las oportunas solicitudes a través de la sede electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo), según concluye la resolución publicada en el BOC.

El Servicio Canario de Empleo impulsa la contratación de personas jóvenes desempleadas con 300.000 euros

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo convoca las subvenciones del programa de incentivos al empleo joven Incentívate en 2020-2021

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, anunció este miércoles la convocatoria de subvenciones por valor de 300.000 euros para la contratación de personas jóvenes paradas con cargo al programa de incentivos al empleo joven Incentívate del ejercicio 2020-2021, en el ámbito del Fondo Social Europeo.

Publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución firmada por la consejera Elena Máñez, como presidenta del SCE, contempla ayudas en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta para incentivar los contratos en la modalidad de prácticas o de formación y aprendizaje firmados entre abril de 2020 y marzo de 2021 por las empresas con centro de trabajo en las Islas a personas desempleadas de 16 a 30 años incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por importe de 180.000 euros para este año y 120.000 euros para el próximo ejercicio.

Actuación cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, con una tasa del 91,89%, las subvenciones Incentívate para la contratación durante un periodo superior a seis meses de personas jóvenes sin trabajo establecen cuatro plazos de presentación de solicitudes de acuerdo con el momento de la firma laboral, ya con el primer intervalo vigente y el documento modelo disponible tanto en la página web como en la sede electrónica del SCE (www.gobiernodecanarias.org/empleo y https://sede.gobcan.es/empleo).

Mediante el programa Incentívate e iniciativas similares, el SCE pretende mejorar la empleabilidad de la juventud al figurar entre los colectivos con peor comportamiento en el mercado laboral, tanto en Canarias como en toda España, con una tasa de paro de las personas menores de 25 años que duplica el índice de desocupación del total de la ciudadanía: 35,3% frente al 18,7% en la comunidad autónoma y 30,5% frente al 13,7% en el conjunto estatal, según la Encuesta de Población Activa (EPA) en el cuarto trimestre de 2019.

Elena Máñez expone las medidas a favor de las personas trabajadoras autónomas ante la crisis de la COVID-19

Reunión con UPTA

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias se reúne con las principales asociaciones del colectivo profesional en el Archipiélago

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, expuso este martes al secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de España, Eduardo Abad, y al coordinador del colectivo en Canarias, César García, el conjunto de medidas del Ejecutivo autonómico para impulsar la actividad empresarial de este colectivo en el escenario de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Las iniciativas se incluyen tanto en la estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y profesionales por cuenta propia que elabora el departamento dirigido por Máñez como en el Pacto para la Reactivación Social y Económica impulsado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que, afirmó la consejera, ponen de manifiesto que “este Gobierno no va a dejar caer a las personas trabajadoras autónomas”.

Con la participación de los viceconsejeros de Empleo, Gustavo Santana; y Economía e Internacionalización, Almudena Estévez; junto al director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, la reunión telemática completa la ronda mantenida con el colectivo en el Archipiélago tras el encuentro celebrado a principios de mayo con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Juan Carlos Arricivita.

La consejera señaló que la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización para los autónomos y autónomas que han cesado su actividad debido a la declaración del estado de alarma, cuyo plazo de solicitudes se abrió el 6 de mayo, “es la primera de estas medidas que se pone en marcha” y explicó que está orientada a “dar garantías durante la crisis a las personas de este colectivo con más dificultades, que son aquellas que han cesado completamente su actividad”.

Así, explicó que “esta primera ayuda vendrá seguida de otras medidas”, relativas a asesoramiento y formación, como la creación de un gabinete de información en el SCE para pymes y personas autónomas; mantenimiento del empleo, como la citada prestación adicional del 30% o incentivos a la contratación; apoyo a la actividad empresarial, con ayudas extraordinarias para la compensación de gastos corrientes fijos, entre ellos la cuota a la Seguridad Social; y medidas de liquidez para pymes y personas trabajadoras autónomas, con una línea de apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de los autónomos y autónomas de las Islas, así como instrumentos financieros en la forma de préstamos para la creación y desarrollo de pymes innovadoras, I+D+i y ahorro, eficiencia energética y renovables.

De hecho, algunas de ellas ya forman parte del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, junto a otras destinadas al aplazamiento tributario, a potenciar la participación de los autónomos y autónomas de las Islas en las líneas de financiación abiertas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o por el Banco Europeo de Inversiones, así como la puesta en marcha de mecanismos propios de financiación con instrumentos autonómicos, en especial a través de Aval Canarias. Algo que demuestra, a juicio de Máñez, “el compromiso incondicional del Gobierno autonómico con las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago”.

También se informó a ATA y UPTA del aumento hasta casi un millón de euros en 2020 de las subvenciones del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las patronales sectoriales, organizaciones sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El Consejo General de Empleo amplía su oferta formativa y se adapta al mercado laboral derivado de la COVID-19

Elena Máñez

El Servicio Canario de Empleo refuerza su programación un 12,5% con respecto a 2019 hasta ofrecer 2.084 acciones este año, con prioridad a las personas sin trabajo

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes un incremento del 12,5% en las acciones de formación profesional para 2020 y una adaptación de la oferta al mercado laboral derivado tanto de la pandemia de COVID-19 como del proceso de transición ecológica.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General del SCE emitió el informe preceptivo a favor de la actualización para este año de la oferta de formación profesional para el empleo correspondiente al periodo 2019-2021, a partir de las propuestas de los agentes socioeconómicos y del tratamiento de las especialidades de transición ecológica.

“Desde esta consejería seguimos trabajando en el diálogo social para buscar los mejores acuerdos posibles con sindicatos y patronales, porque en estos momentos necesitamos la unidad de acción para dar la mejor respuesta posible a la crisis excepcional que atravesamos”, destacó Máñez tras la reunión telemática del Consejo General de Empleo, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de las organizaciones sindicales y confederaciones empresariales con mayor representatividad

Dos centenares de acciones más

En concreto, el documento aprobado por el Consejo General del SCE contempla 233 acciones más en su oferta formativa, dirigida con prioridad a las personas desempleadas, al aumentar desde 1.851 en 2019 hasta 2.084 actuaciones para este año.

Además, la oferta del SCE incluye 145 especialidades consideradas de transición ecológica, programadas en 265 acciones a lo largo de 2020, como las nuevas cualificaciones en Huella de carbono de producto y organización o Modelos de negocio en la economía circular.

También se incorporan otras especialidades en respuesta a la actual demanda del mercado laboral, marcado por la crisis sanitaria a causa de la enfermedad por coronavirus, como Transformación logística en un entorno de industria 4.0, Gestión de llamadas de teleasistencia o Asistencia a la investigación de mercados.

Igualmente, la sesión extraordinaria del Consejo General de Empleo emitió un informe favorable al convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Gran Canaria para el inicio del plan de empleo en la isla derivado de la situación sobrevenida por la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

También informó a favor de otro acuerdo de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Tenerife para la coordinación de las actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), además de propuestas de adendas a los convenios con diversas entidades para los programas experimentales de la convocatoria 2018-2019.

Abierto el plazo para que los autónomos y autónomas sin actividad por la COVID-19 pidan la ayuda adicional del 30%

Elena Máñez

Las solicitudes se podrán presentar durante dos meses a partir de este miércoles y para ello es necesario tener ya concedida la prestación estatal del 70%, haber cesado la actividad a causa del estado de alarma y estar de alta como autónomo o autónoma a fecha de 14 de marzo

Elena Máñez afirma que la medida, impulsada desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias para que puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con mayores garantías”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), abre este miércoles, 6 de mayo, el plazo para la solicitud de la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar para las personas trabajadoras autónomas residentes en Canarias que hubieran cesado en su actividad debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19. La convocatoria, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html), está dotada con 11 millones de euros y pretende completar la prestación extraordinaria que concede el Estado hasta alcanzar el 100% de la base de cotización. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante dos meses, a través de la Sede Electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo).

Para optar a recibir la ayuda se deberá tener ya concedida la prestación extraordinaria del 70% que otorga el Gobierno de España, un trámite que se tiene que hacer en la mutua colaboradora de la Seguridad Social correspondiente. Este extremo se debe acreditar en el momento de presentar la solicitud, como también se comprobará, a través de la vida laboral, que el o la solicitante de la ayuda estaba en situación de alta en la Seguridad Social como persona trabajadora autónoma en el momento de la declaración del estado de alarma, así como la suspensión de su actividad por esta causa. Además, la actividad empresarial o profesional, así como el domicilio fiscal, deben estar fijados en Canarias.

Certificado digital

Para facilitar los trámites a aquellas personas que aún no tengan certificado digital, necesario para operar por la vía telemática, el Servicio Canario de Empleo ha activado un servicio de asistencia para la obtención del certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), mediante cita previa en el número de teléfono 922 924 070, donde se fijará una hora y un día para acudir presencialmente al organismo que corresponda, que será asignado por el SCE en función del municipio e isla de residencia. Antes de acudir a esta cita, los usuarios y usuarias deben obtener el código de solicitud del certificado en el sitio web de la FNMT, que les será requerido para acreditar su identidad junto con el documento de identidad o, en su defecto, el carné de conducir.

Esta convocatoria de subvenciones forma parte de las medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19 recogidas por el Gobierno de Canarias en el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril. Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, esta emergencia sanitaria “ha impactado con especial fuerza en el colectivo de personas trabajadoras autónomas, que junto a las pymes representan la base de nuestro tejido empresarial”. La consejera señala que la ayuda adicional del 30%, impulsada desde la consejería que dirige, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias que han cesado su actividad debido a la pandemia para que, a medida que vaya pasando la emergencia sanitaria, puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con garantías”.

La consejera recuerda que la estrategia de apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas en la crisis de la COVID-19 diseñada por la Consejería, que ya avanzó en su reciente intervención ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, contempla otras medidas para “acompañar en la vuelta a la normalidad a las personas trabajadoras por cuenta propia”, como las orientadas a la digitalización o la dotación de líneas de avales para impulsar su liquidez.

 

La Consejería de Economía anuncia a la Fecam un plan extraordinario de empleo por el impacto de la COVID-19

Elena Máñez y Dunnia Rodríguez

El Servicio Canario de Empleo y los ayuntamientos canarios reanudan las contrataciones paralizadas a causa del estado de alarma por la pandemia

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias anunció esta semana a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la próxima convocatoria por el Servicio Canario de Empleo (SCE) de un plan extraordinario para los ayuntamientos isleños con el objetivo de afrontar el impacto causado en el mercado laboral por la pandemia COVID-19.

La consejera de Economía, Elena Máñez, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, se reunieron este viernes por medios telemáticos con la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, y el responsable de su comisión de formación y empleo, Antonio Ramón Chinea, para coordinar las acciones entre el organismo autónomo y las corporaciones municipales.

No en vano, Máñez destacó que “los ayuntamientos representan una pieza clave en la estructura administrativa como entidad más cercana a la ciudadanía y los impactos de la actual crisis serán diferentes en cada municipio, por lo que debemos adaptar nuestras políticas activas de empleo a las 88 realidades del Archipiélago”.

“También comunicamos a la Fecam que ya estamos preparando con el Ministerio de Trabajo y Economía Social el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020, un PIEC COVID-19, por lo que también aguardamos las propuestas municipales de proyectos capaces de mitigar el impacto social y económico de la pandemia para consensuar las futuras acciones, porque ahora más que nunca debemos acertar en las medidas”, añadió la consejera de Economía.

Por su parte, María Concepción Brito valoró “muy positivamente” el encuentro y manifestó la disposición de la Fecam a “trabajar de manera conjunta con la Consejería y el SCE en propuestas para llevar a cabo acciones en materia de impulso del empleo”.

Selección de personal

De cara al desconfinamiento de la población, el SCE analizó con la Fecam la reciente reanudación de los trámites necesarios para continuar con las contrataciones y los programas adjudicados a los municipios canarios, después de la paralización de las actividades a mediados de marzo como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España por la crisis sanitaria.

Por tanto, los 88 ayuntamientos inician ahora la selección de las personas desempleadas para su próxima contratación en otros tantos proyectos a cargo del Plan de Empleo Social (PES), adjudicados desde el SCE por un importe total de 30 millones de euros para 2020, además de la implantación de las nuevas medidas de seguridad para el colectivo beneficiado correspondientes a cada actividad laboral para la prevención y contención de la enfermedad por coronavirus.

También trabajan el SCE y los ayuntamientos para reanudar a lo largo de las próximas semanas los programas de formación en alternancia con el empleo (Pfae) conforme permitan las medidas de desconfinamiento por la pandemia COVID-19.

Máñez avanza la hoja de ruta para la reactivación de las pymes y el trabajo autónomo durante la crisis del COVID-19

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia ante la Diputación Permanente el compromiso del Gobierno de España para transferir los fondos del Plan Integral de Empleo y afirma que Canarias contará con “un PIEC COVID-19”

Informa de que en unos días entrará en vigor la ayuda del 30% adicional para autónomos y autónomas y de que se lanzará un paquete de medidas por 20 millones que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, avanzó este martes la puesta en marcha de una estrategia canaria de apoyo a las pymes y el trabajo autónomo para su reactivación económica durante la crisis de la COVID-19, que incluye medidas como la ayuda autonómica extraordinaria del 30% adicional de la base de cotización para personas trabajadoras autónomas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo motivado por la emergencia de la COVID-19 -que adelantó que entrará en vigor “en los próximos días”- y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación, entre otras líneas de actuación. Asimismo, la consejera dio a conocer el compromiso del Gobierno de España para transferir a Canarias los fondos del Plan Integral de Empleo, dotado con 42 millones, que permitirá a la comunidad autónoma contar “con un PIEC COVID-19”, adaptado a la situación generada por esta emergencia sanitaria.

Máñez presentó la estrategia de su departamento durante la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para informar de la evolución de esta emergencia sanitaria, “una situación inédita en nuestra historia” y que ha supuesto “un reto global, de Canarias y del mundo, ante el que era necesaria una respuesta compartida”. Tras trasladar su pesar por las víctimas de la pandemia, así como reconocer la “inmensa labor, esfuerzo y dedicación” que llevan a cabo las personas que trabajan en el ámbito sanitario, la administración pública y en todos los sectores que garantizan el mantenimiento de los servicios básicos, la consejera explicó que el Gobierno de Canarias ha trabajado a partir “de la unidad de acción y del diálogo con todos los agentes implicados”.

En este sentido, agradeció “la colaboración permanente de las organizaciones sindicales y patronales, así como todas las propuestas que han hecho llegar los diferentes partidos políticos”. “Hemos mantenido más de cuarenta reuniones con patronales, sindicatos, colegios profesionales y con todos aquellos colectivos afectados por esta emergencia sanitaria”, relató Máñez.

La consejera señaló que, una vez avanzada la respuesta a la emergencia sanitaria, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se sitúa “en la segunda trinchera” de esta crisis para hacer frente a sus repercusiones en lo social, lo económico y en el empleo. Así, subrayó el “impacto diferencial” que la COVID-19 tendrá en un Archipiélago en el que el turismo, uno de los sectores económicos más afectados, representa el 35% del PIB y el 40% del empleo. Esta variable, junto al descenso del 66% registrado en marzo en la recaudación por IGIC respecto al mismo mes del año pasado, marca “un hecho diferencial que requiere medidas específicas para Canarias”.

En cuanto a la respuesta del Estado al parón económico motivado por la declaración del estado de alarma, flexibilizando los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para salvaguardar el empleo y a las empresas, además de garantizar las prestaciones a las personas afectadas, destacó que el Gobierno de Canarias ha liderado desde el principio esta propuesta, cuantificada solo en las Islas en “340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de prorrogar esta medida de flexibilización para el sector turístico después del estado de alarma, lo que supondría una inyección de otros 140 millones de euros.

Hoja de ruta en dos fases

Elena Máñez concretó la hoja de ruta puesta en marcha por su Consejería en dos líneas de actuación fundamentales: una primera centrada en gestionar el elevado número de ERTE presentados en Canarias, algo que ha supuesto “un enorme esfuerzo”, al pasarse de tramitar 80 de estos expedientes al año a más de 27.000 en apenas mes y medio; y una segunda fase consistente en una estrategia de apoyo a las pymes y personas trabajadoras autónomas de Canarias.

Sobre la primera, explicó que el volumen de expedientes presentados ha obligado a reforzar la Dirección General de Trabajo con 46 trabajadores y trabajadoras más para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados, aunque operara el silencio positivo tras un plazo de cinco días. Respecto a la segunda etapa, marcada por el apoyo a pymes y autónomos para su reactivación económica, la consejera explicó que se ha diseñado una estrategia que incluye un conjunto de actuaciones, entre ellas la ayuda autonómica del 30% a las personas autónomas y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye incentivos a la contratación y la digitalización de las pymes, entre otras medidas. Así, afirmó que la Consejería trabaja en la reestructuración de su presupuesto “para ponerlo al servicio de la lucha contra el COVID-19”.

Además, anticipó que la Consejería está trabajando en líneas de avales por un importe de más de 100 millones de euros para facilitar la liquidez de pymes y personas autónomas, entre ellas una línea a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de las personas emprendedoras, autónomas y pymes y un convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la concesión de préstamos a las pymes.

La consejera también destacó el trabajo llevado a cabo por el Servicio Canario de Empleo (SCE), que se evidencia en el aumento del 40% en el número de inscripciones realizadas. Asimismo, informó de que el SCE ha puesto a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) treinta trabajadores y trabajadoras para apoyar en los trámites que la entidad estatal determine.

El ITC produce 10.200 pantallas de protección

La consejera aprovechó también su intervención para “poner el valor el trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias, que ha recurrido a su base de conocimiento en tecnologías aplicadas a la salud para fabricar materiales de protección sanitaria”, actuando además como canal de recepción, entrega y distribución del material recibido de otras entidades colaboradoras externas. Hasta la fecha, el ITC ha producido más de 10.200 unidades de pantallas de protección facial.

“Ahora toca trabajar conjuntamente”, apuntó Máñez. Como dijo la consejera, esta crisis y su impacto singular en Canarias “requieren de un gran acuerdo social y económico en el que el Gobierno de Canarias se ha implicado desde el primer momento”. En este sentido, recordó que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “ya está en ello” y ha tendido la mano a todos los agentes implicados en la emergencia del COVID-19 para cerrar “el gran acuerdo de reconstrucción que Canarias necesita en estos momentos”, un pacto, subrayó, para el que “necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales”. “Nadie en la historia de Canarias se había enfrentado a una situación como esta; trabajemos juntos y juntas para superarla”, concluyó.

Canarias registra hasta el 10 de abril 26.267 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 195.183 personas afectadas

Gráficas ERTE

Las pymes de hasta 50 personas empleadas siguen concentrando la mayor parte de las solicitudes, con un 98,1% del total: solo las de entre 1 y 5 trabajadores y trabajadoras han registrado 19.448 expedientes, el 74,98% de todos los presentados

Máñez destaca la efectividad de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas, pero destaca la importancia de que se mantengan para el sector turístico cuando deje de estar vigente el estado de alarma

“El sector turístico no se va a reactivar de un día para otro, por lo que es necesario poner en marcha medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”, afirma

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas. El 98,1% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98% del total. Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, “la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas”, pues de no haberse aplicado “ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente”. Sin embargo, considera que ahora “hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico”. “Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma”, afirma.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15% y el 25,94% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81%); transporte y almacenamiento (6,76%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97%); construcción (3,58%); industria manufacturera (3,25%) y educación (3,13%). Por sectores económicos, los de hostelería (32,1%), comercio (25,9%) y resto de servicios (34,6%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08% personas físicas; un 6,22% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57% personas físicas extranjeras residentes y un 2,44% sociedades anónimas.

Medidas específicas para el sector turístico

Como detalla Máñez, las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico “concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor”, un sector que supone el 35% del PIB y un 40,4% del empleo del Archipiélago, lo que da cuenta “del especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las Islas”. Además, recuerda que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”.

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias ha liderado en el ámbito de la Conferencia de Presidentes la propuesta, «respaldada por un informe detallado, para extender la flexibilización y agilización de los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico más allá de la finalización del estado de alarma”. “Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del Archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio”, concluye.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo activa la modalidad no presencial en la formación para el empleo

Elena Mánez

La consejera, Elena Máñez, afirma que esta acción, incluida en el paquete de medidas extraordinarias puesto en marcha por el Gobierno, permitirá “garantizar la formación profesional para el empleo mientras dure la situación de estado de alarma”

“Queremos que una vez pase la emergencia, y esperamos que sea lo antes posible, los trabajadores y trabajadoras de Canarias puedan acceder al mercado laboral en las mejores condiciones posibles”, afirma.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha activado los mecanismos para iniciar la formación no presencial en aquellas actividades formativas bajo la gestión de este organismo, una iniciativa que forma parte del paquete de medidas extraordinarias del Gobierno de Canarias para hacer frente a la emergencia del COVID-19. Se trata, como explica la consejera, Elena Máñez, de “garantizar la formación para el empleo mientras permanezca la situación de estado de alarma”.  “Luchar contra el virus es ahora la prioridad, pero también proteger a las personas desempleadas”, de manera que “esta lucha que libramos no va a paralizar la formación profesional para el empleo en Canarias, clave para impulsar la capacitación y cualificación de nuestros trabajadores y trabajadoras”, afirma.

“Queremos que una vez pase la emergencia, y esperamos que sea lo antes posible, puedan acceder al mercado laboral en las mejores condiciones”, señala.

La medida responde a la suspensión temporal de la formación profesional para el empleo en modalidad presencial como consecuencia de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, a través del Real Decreto 463/2020, que establece la suspensión de la actividad educativa presencial a todos los niveles y llama a mantener las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y ‘online’ siempre que resulte posible.

Según se recoge en las instrucciones emitidas por la Consejería, el Servicio Canario de Empleo, a través de su Subdirección de Formación, analizará las propuestas formativas alternativas presentadas por las entidades de formación, habiéndose de garantizar en todos los casos “la transmisión del conocimiento y su evaluación para evitar la interrupción de la actividad”. Para ello, el SCE admitirá las solicitudes de formación no presencial siempre que estas hubieran comenzado antes del 13 de marzo de 2020 o tuviesen comunicación de inicio autorizada antes de esa fecha.

Declaración responsable

Asimismo, para acogerse a la metodología formativa alternativa, las entidades deberán elaborar una declaración responsable en la que garanticen la confirmación y acuerdo de disponibilidad de todas las personas del grupo al que va dirigida la acción de formación, así como los medios técnicos y didácticos suficientes que permitan su realización. Además, los usuarios y usuarias deberán disponer, como mínimo, de un número de teléfono y un correo electrónico de atención al que recurrir para resolver problemas o dudas funcionales.

Al terminar la suspensión cautelar de modalidad presencial, las entidades de formación deben proporcionar a las personas participantes que lo requieran la formación práctica relacionada con la formación teórica, así como las prácticas pertinentes. En este sentido, una vez pase el estado de alarma, las entidades de formación podrán ofrecer las prácticas no laborales en sus propias instalaciones, a efectos de que todas aquellas personas afectadas por su suspensión el 12 de marzo puedan finalizar su itinerario formativo.

También se proporcionarán horas de refuerzo presenciales para los alumnos y alumnas que no hayan podido superar las pruebas de evaluación o hubiesen tenido que abandonar la formación a través de medios digitales. En cualquier caso, las ausencias de alumnos y alumnas durante este periodo de suspensión serán consideradas como asistencia a efectos de la liquidación económica, sin que esto implique en ningún caso un aumento del importe de la subvención concedida.

El Consejo General de Empleo suma los cuatro mayores municipios a las ayudas para contratos en prácticas

Consejo General de Empleo

El programa Nuevas oportunidades de empleo incluye a los ayuntamientos de las dos capitales, Telde y La Laguna como beneficiarios aparte de los siete cabildos

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, emitió este lunes el informe preceptivo a favor de la ampliación de los potenciales beneficiarios del programa de subvenciones a la contratación laboral en prácticas de personas desempleadas, denominado Nuevas oportunidades de empleo (NOE) y hasta ahora destinado a los siete cabildos, mediante la incorporación de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo propuso la modificación de las bases reguladoras del programa NOE, con vigencia fijada hasta 2021 y beneficiarios limitados a las corporaciones insulares o sus entidades públicas dependientes en su redacción inicial el pasado año, después de acreditarse en la convocatoria 2019-2020 que el potencial número de receptores de las ayudas resulta insuficiente para conseguir en próximas ofertas una total asignación de los recursos públicos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

A través de la incorporación de los cuatro municipios con mayor población, el SCE permite el concurso de las corporaciones locales con necesidades más acuciantes en empleabilidad al presentar los principales índices de paro en el Archipiélago y, por tanto, un aumento de las personas sin ocupación beneficiarias de la iniciativa, según el informe emitido por el Consejo General de Empleo, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representatividad.

Con participación del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, la sesión ordinaria del órgano colegiado también informó a favor de la futura firma de un convenio entre el Gobierno de Canarias, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la aprobación del plan de actuación plurianual 2019-2022 del Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos (Tenerife), integrado desde el pasado año en la Red de Centros de Referencia Nacional.