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Cristina Valido nueva consejera del área de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

La nueva consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, asegura que «diálogo y mucho trabajo» serán las pautas diarias al frente del área. «Asumo la responsabilidad al frente de la Consejería desde una premisa básica: trabajar para, por y con las personas que más lo necesitan», manifiesta Valido que destaca que centrará sus esfuerzos en que «el acceso a un empleo digno y de calidad sea una realidad y las familias canarias tengan sus necesidades básicas cubiertas».

Valido enfatiza que su acción se centrará en «la búsqueda de soluciones factibles y realistas que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, siempre desde el consenso con el resto de administraciones, con los agentes sociales y económicos, y por supuesto, escuchando en todo momento a los colectivos afectados».

La nueva responsable del área, que juró su cargo el lunes, 9 de enero, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en las Palmas de Gran Canaria, era hasta la fecha vicepresidenta del Cabildo Insular de Tenerife y desde 2003 también presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna, cuenta con el título de Experto en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de La Laguna y la titulación de Técnico especialista en Administración y Gestión de Empresas.

Cuatro de cada diez contratos revisados por el Plan contra la Explotación Laboral eran fraudulentos

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El Plan contra la Explotación Laboral puesto en marcha por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias junto con la Inspección de Trabajo «ha sido un éxito, más incluso de lo esperado».

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, quien además ha concretado que el plan «ha permitido mejorar las condiciones de trabajo de cerca de 9.000 canarios» y recordó que a esta cifra habrá que sumarle el efecto inducido de los dos meses que ha durado el plan, compuesto por la actividad de los 32 inspectores de más y el efecto inducido de esa actividad.

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, explica que cerca de 9.000 trabajadores se han beneficiado de este plan al que aún hay que sumarle los datos del efecto inducido del mes de noviembre

De estos casi 9.000 contratos, 3.868 corresponden al número de contratos temporales convertidos en indefinidos en octubre de 2016 como parte del efecto inducido del plan y otros 2.900 son los beneficiados directamente por la acción de refuerzo de la Inspección de Trabajo en Canarias, a los que se suman las 2.195 altas de contratos indefinidos registrados en octubre de 2016 con respecto a 2015.

Contratos revisados

En total, en toda Canarias se han revisado por parte de la Inspección Laboral 6.920 contratos de trabajo, de los cuales casi el 40% estaba en situación de fraude contractual, es decir, uno de cada cuatro contratos inspeccionados presentaba algún tipo de irregularidad. De los 2.900 trabajadores que se han beneficiado de la mejora de sus condiciones laborales gracias a esta acción inspectora de forma directa, cabe destacar que 1.698 contratos temporales pasaron a ser indefinidos; en 1.006 se produjo un aumento de la jornada duplicando a la que tenían en el contrato y en otros 196 se regularizó la situación de trabajadores que estaban en las empresas sin contrato.

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha explicado que «llevamos un año diseñando este plan contra la explotación que tiene un objetivo claro: beneficiar a los trabajadores y trabajadoras canarias y a los empresarios que cumplen y que se someten a una competencia desleal porque otros pagan menos a sus trabajadores o no cotizan por ellos a la Seguridad Social», ha añadido para subrayar que se repetirá en 2017, una edición de la cual adelantó que ya se está trabajando en ella.

Hernández ha destacado el efecto inducido del plan. «Cuando nosotros dijimos que íbamos a ir -ha explicado-, muchos empresarios decidieron actuar antes y eso ha supuesto un incremento de la contratación indefinida en Canarias del 31,39% entre octubre de 2015 y octubre de 2016, que se traduce en 2.195 contrataciones indefinidas de diferencia entre un mes sin la acción inspectora de este plan y el de este año con los inspectores extra en las calles».

Finalizó su intervención con una advertencia. «El plan sigue, y vamos a seguir yendo donde sabemos que debemos ir. No piensen -ha dicho- que ahora cuando se vayan los inspectores van a poder cambiar los contratos y volver a la irregularidad. Si detectamos un incumplimiento posterior la sanción será mucho más elevada. Y créanme que lo vamos a detectar. Si cambia la situación laboral de los trabajadores, iremos, porque estaremos muy atentos a aquellos que se han beneficiado del plan y que su empresario cambió su relación contractual» y añadió «que sepan que los datos están ahí y que si después del plan les dan de baja, irá un inspector a la puerta de la empresa para sancionarles».

Hernández presenta un presupuesto social que crece más del doble que el resto de áreas del Gobierno

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Los presupuestos de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para 2017 aumentan en 56 millones con respecto al año anterior, y llegan a los 600’9 millones de euros. Así lo ha explicado hoy la vicepresidenta y consejera del área, Patricia Hernández, quien ha destacado que esta cifra supone un ascenso de más del doble que el resto de áreas del Ejecutivo regional.

El presupuesto de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias asciende a 600’9 millones

Hernández destacó durante su presentación del presupuesto en comisión parlamentaria, que estos presupuestos recuperan los derechos perdidos y los servicios a las y los ciudadanos. Al respecto recordó el cambio de tendencia del Sistema de la Dependencia que se viene produciendo desde el año pasado gracias al incremento presupuestario y la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que antes se eternizaba en el tiempo y se ha logrado acabar con la lista de espera.

Añadió que las partidas que crecen son las destinadas a las personas e hizo hincapié en la equidad para que la riqueza de nuestra tierra y sus gentes se reparta más y mejor.

Empleo

El presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE) para 2017 crece de una manera muy notable, al contar con 30,6 millones de euros más, lo que supone un incremento del 16,5% más con en relación con el presupuesto anterior. En total el área de Empleo dispondrá de 215.432.339 euros que, en su mayoría, se invertirán en mejorar la situación social y económica de las personas desempleadas.

Las partidas que más crecen son las destinadas a la inserción y reinserción de desempleados, que aumenta un 25% y supera los 145,2 millones de euros. Esta partida es la que concentra casi un 70% del presupuesto total del SCE. Además, los programas destinados a apoyar la actividad por cuenta propia y el emprendimiento dispondrán de 8,3 millones, experimentando un crecimiento del 416%, con 2,4 millones de euros más.

La consejera destacó la eficiencia en la gestión de los programas de empleo del SCE, algo que corroboran los indicadores oficiales, que revelan que un 42,7% de los desempleados finalizan los programas están contratados en el sector privado un año después. A ello se añade que el coste de inversión medio de las políticas activas de empleo es bastante reducido, en la medida que por cada 2.792,5 gastados se obtiene una inserción laboral.

Por otra parte, Patricia Hernández explicó que aún no se dispone de un marco claro en lo que se refiere a los recursos provenientes de la Conferencia Sectorial de Empleo, ya que los actuales presupuestos estatales se han prorrogado. La consejera recordó que Canarias continúa esperando a que el Estado ingrese los fondos para políticas de empleo correspondientes a este ejercicio, que suman un total de 111 millones de euros.

Hernández advirtió del elevado riesgo para la estabilidad financiera que supone que el Estado retrase hasta final de año la liberación de estos fondos, ya que es la Comunidad Autónoma la que los adelanta para poder poner en marcha los programas que permiten atender a las personas que carecen de empleo.

En cuanto a los fondos europeos, Patricia Hernández dijo que se prevé un ligero descenso para 2017, si bien se espera compensar mediante los proyectos planteados en el marco del FDCAN.

Trabajo

La Dirección General de Trabajo gestionará en 2017 un presupuesto de 3.903.748 euros y las prioridades para 2017 se concentran en la mejora de las condiciones de trabajo y en el impulso a la concertación social con el objetivo de propiciar un empleo digno y de calidad en las Islas.

Para ello se prevé reeditar el Plan de Lucha contra la Explotación Laboral, trabajando para conseguir un incremento de las 1.280 inspecciones y los 32 inspectores extra de este año.

Políticas Sociales

El presupuesto de políticas sociales alcanza los 272,3 millones de euros, aumentando casi 24 millones en un solo año, es decir, un 9,6%, lo que refleja una clara apuesta por las personas.

Por su parte, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se seguirá reforzando y contará con 52 millones de euros para 2017, lo que supone 7 millones de euros más con respecto al pasado año. La Consejería prevé que con esta dotación se llegue a doblar el número de personas beneficiadas respecto a 2014, pasando de 14.000 a 30.000 personas.

Además, se consolida y amplía la apuesta por atender a las personas mayores con el impulso del Plan contra la Soledad dotado con 1,3 millones de euros, lo que supone un aumento de más del doble con respecto al anterior.

Dependencia

El Sistema de la Dependencia contará con el mayor crecimiento de la historia de la dependencia canaria con un aumento de 16’3 millones, superando los 115 millones y duplicando el incremento del año anterior. Esta cantidad incluye 1,3 millones del plan de choque para la dependencia.

Infancia y familia

También se refuerza el presupuesto en materia de Infancia y Familia incorporando 1 millón de euros a los programas de prevención e intervención en el área del menor y la familia y a medidas judiciales de menores infractores.

Para el 2017 se impulsará un centro de protección específico para menores con problemas de conducta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se suma al ya existente en Gran Canaria.

Vivienda

El presupuesto destinado al área de Vivienda del Gobierno de Canarias se eleva a 64 millones y, entre otras acciones que se desarrollarán a través de los programas de Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU), destaca el compromiso de reforzar las actuaciones de compensación a los afectados por la hipoteca usada (0,7 millones de euros), a la vivienda joven (1,2 millones), a los adquirientes (1,7 millones) y a los promotores (1,2 millones). Otro de los puntos a destacar es el incremento de los recursos para las ayudas de alquiler social de viviendas protegidas, con un aumento de 3 millones de euros.

Hernández anuncia el comienzo de la segunda fase del Plan contra la Explotación Laboral

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, recuerda a los empresarios que esta semana ha comenzado la segunda fase del Plan de Lucha Contra la Explotación Laboral y ha destacado el «éxito» de la primera fase, cuyos datos dará a conocer al término de este plan el próximo 20 de noviembre. Hernández recuerda que este plan consiste en intensificar la actuación inspectora con el fin de promover la calidad en el empleo y vigilar que se cumplan las condiciones laborales que regula la normativa.

Recuerda que el plan busca defender a los trabajadores y trabajadoras de las situaciones de abuso laboral y hace hincapié en que “los inspectores saben bien a donde están yendo, hay un trabajo previo”.

El Plan contra la Explotación Laboral impulsado conjuntamente por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo ha permitido regularizar y mejorar ya la situación de muchos trabajadores y trabajadoras y en este sentido, Hernández, que se muestra satisfecha por cómo están funcionando las inspecciones, recuerda que el plan, que cuenta con un refuerzo de 32 inspectores adicionales, entra ya en su segunda fase.

La vicepresidenta puntualiza que se están llevando a cabo inspecciones en empresas de hostelería, comercio y servicios, donde se comprobará el alta en la Seguridad Social, el abuso de los contratos a tiempo parcial, y cualquier otra irregularidad en los contratos y en las condiciones de trabajo que puedan encontrarse durante las inspecciones.

Hernández señala que «en Canarias el 60% de las horas extra no se están pagando. Contra eso vamos a luchar. Defendemos y queremos proteger a los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de 2 horas pero en realidad trabajan 8».
«Este plan es un aliado de los trabajadores y es un aliado de las empresas. La explotación laboral fomenta la competencia desleal contra aquellas que sí cumplen».

Además, Hernández ha querido «recordar» a los empresarios que las inspecciones continúan.

Hernández se muestra satisfecha con que en esta primera fase se hayan ya revisado 4.325 contratos de trabajadores y trabajadoras, y se muestra confiada en que esta segunda fase se logre duplicar esa cifra, «estamos inspeccionando y aún nos queda la mitad».

Patricia Hernández recibe a los inspectores que mañana inician el Plan contra la Explotación Laboral

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, recibió hoy a los 32 inspectores de refuerzo llegados de la Península para llevar a cabo el Plan contra la Explotación Laboral, a través del que se realizarán unas 1.300 inspecciones en empresas, y que comienza mañana, martes.

La consejera recuerda que la iniciativa tiene como objetivo garantizar los derechos de los trabajadores

A través de este plan, que ha sido consensuado con sindicatos y empresarios, se intensificará la actuación inspectora con el fin de promover la calidad en el empleo y vigilar que se cumplan las jornadas laborales pactadas, que los trabajadores estén de alta en la Seguridad Social y detectar los falsos empleos a tiempo parcial.

Patricia Hernández señaló que el objetivo de estas acciones específicas es erradicar situaciones de injusticia laboral que se puedan estar produciendo y contribuir a su regularización. La vicepresidenta destacó que el departamento que dirige tiene como objetivo prioritario durante esta legislatura la mejora de las condiciones de seguridad y salud de las personas que trabajan en Canarias y la promoción de los espacios saludables.

De ahí que las actuaciones previstas vayan en la dirección de promover, divulgar, asesorar e investigar, velar por que las normas se cumplan y sancionar los incumplimientos.

Hernández recordó que la ejecución del Plan finalizará el próximo 20 de noviembre e insistió en que esta iniciativa no tiene afán recaudatorio, sino de regularización para garantizar los derechos de los trabajadores, aunque se sancionará a quienes no cumplan con la legalidad.

Comienza el Plan contra la explotación laboral con 32 inspectores extra

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció hoy el inicio del Plan contra la Explotación Laboral, a través del cual se intensificará la actuación inspectora con el fin de promover la calidad en el empleo y vigilar que se cumplan las jornadas laborales pactadas, que haya alta en la Seguridad Social, los falsos empleos a tiempo parcial y que los contratos eventuales que deben ser fijos se lleven a cabo. Hernández señaló que «a partir del próximo martes, 32 inspectores más que se incorporarán a los que ya están en las Islas, realizarán 1.284 actuaciones específicas que tienen como objetivo erradicar situaciones de injusticia laboral que se puedan estar produciendo y contribuir a su regularización».

Patricia Hernández anima a los empresarios a que regularicen las condiciones laborales en la que se encuentran muchos canarios

Así lo explicó la vicepresidenta a la salida de la reunión del Consejo Canario de relaciones Laborales, donde se presentó a los representantes empresariales y sindicales el citado plan y las actuaciones que se van a emprender.

El plan se ejecutará en dos fases, la primera ya empezó en agosto, y finalizará el próximo 20 de noviembre, por ello Hernández ha querido «avisar» a los empresarios que no cumplan «porque queremos que sepan que vamos a inspeccionar, y de esa forma darles margen para que regularicen las situaciones, porque nuestro afán no es recaudatorio sino todo lo contrario, el objetivo no es la sanción sino la regularización».

Hernández ha destacado el consenso «que he encontrado tanto en patronales como en sindicato a la hora de poner en marcha este plan» y recordó que «ya ha habido un trabajo previo, por tanto los inspectores saben dónde tienen que ir.».

El fin es acabar con situaciones de irregularidad laboral y garantizar los derechos de los trabajadores, al mismo tiempo que se vela por las empresas, evitando una competencia desleal que ejercen quienes no cumplen con sus obligaciones frente a la mayoría, que sí lo hace. Patricia Hernández insistió en que con este plan, «se fomenta la legalidad».

Se llevarán a cabo inspecciones en empresas de hostelería, comercio y servicios, donde se comprobará el alta en la Seguridad Social, el control del tiempo parcial y de la temporalidad de los contratos y las condiciones de trabajo.

Hernández señala que «en Canarias el 60% de las horas extra no se están pagando. Contra eso vamos a luchar, y contra el abuso de los contratos temporales, porque si bien es legal el contrato temporal, no lo es que se contrate a alguien por dos horas y trabaje ocho».

«Este plan es un aliado de los trabajadores y es un aliado de las empresas. La explotación laboral fomenta la competencia desleal contra aquellas que sí cumplen. Y sería injusto que penalicemos al empresario que es responsable y cumple con sus obligaciones».

A la reunión también acudieron, además de los representantes de las patronales y los sindicatos, la directora general de Trabajo, Ana Isabel Fernández, el director del Servicio Canario de Empleo, Alejandro Martín, y Francisco Guindín, director territorial de la Inspección de Trabajo.

El Gobierno retoma la concertación social con la calidad del empleo como eje prioritario

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, participó hoy junto al presidente del Ejecutivo regional en la reunión de la Mesa General de la Concertación Social con los agentes sociales y en la que se fijó como eje prioritario mejorar la calidad del empleo en las Islas, lo que se conseguirá, en buena parte, a través de las medidas que se vayan consensuando en las diferentes mesas técnicas que se establezcan.

La vicepresidenta y consejera de Empleo explica que el diálogo social es la única vía para avanzar en los asuntos que preocupan a los canarios, como la protección social o la generación de puestos de trabajo

«El diálogo social es la única vía para avanzar en materia de empleo, relaciones laborales o protección social y esto en Canarias lo tenemos muy claro. De ahí que activemos todos los recursos necesarios para canalizar la participación de los agentes sociales en los asuntos que más preocupan a los canarios», explicó Patricia Hernández.

La vicepresidenta añadió que «es especialmente importante que impulsemos el diálogo social en un contexto tan negativo como el actual, con un Gobierno de España que, literalmente, se ha cargado la negociación colectiva, con la reforma laboral y todo lo que conlleva, como el fin de la ultractividad de los convenios colectivos».

El objetivo principal de la reunión de hoy fue determinar las prioridades que deben abordar las mesas técnicas para elevar propuestas concretas de actuación en materias como el empleo y la protección social.

Desde que se iniciaron los VI Acuerdos de Concertación Social, en marzo de 2014, se han celebrado más de 40 reuniones entre la Administración regional y los agentes sociales, en las que se han abordado asuntos relativos a la garantía juvenil, la prevención de riesgos laborales, el emprendimiento o la formación.

Patricia Hernández y Pedro Sánchez guardan un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Bruselas

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han guardado hoy un minuto de silencio por las víctimas de los atentados ocurridos a primera hora de la mañana en Bruselas. Ambos han mostrado sus condolencias y han expresado su rechazo a todo tipo de violencia.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y el secretario general del PSOE expresan sus condolencias y muestran su rechazo a la violencia

Patricia Hernández y Pedro Sánchez han guardado este minuto de silencio durante la visita que han realizado al Centro de Adultos Hermano Pedro, en Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, han suspendido la agenda que tenían prevista para hoy.

El SCE destina 2,8 millones a 23 entidades para formar y dar prácticas a 322 desempleados en exclusión

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Un total de 23 entidades sin ánimo de lucro reciben financiación del Servicio Canario de Empleo (SCE) para llevar a cabo proyectos dentro del Programa Itinerarios Integrados de Inserción, a través de los cuales se ofrece formación, orientación laboral y prácticas a personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, personas con discapacidad y personas inmigrantes. El SCE destina 2.885.088 euros a estos proyectos, que beneficiarán a 322 personas, de las cuales al menos 108 se insertarán en el mercado laboral.

Del total de personas que participan en los proyectos del programa Itinerarios Integrados de Inserción, las 23 entidades beneficiarias insertarán a al menos 108

Si bien, el programa de Itinerarios Integrados de Inserción incluye entre los requisitos para participar que las entidades se comprometan a insertar a un 25% de los participantes, la inserción media propuesta por las organizaciones que han obtenido financiación para sus proyectos es del 33%, ya que hay algunas que prevén mejorar la cifra que plantea el SCE.

El objetivo principal de estos programas es mejorar la empleabilidad de los participantes y conseguir un grado de inserción laboral para estas personas, que parten de una situación de desventaja social importante, mejorando sus competencias y proporcionándoles un apoyo específico, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuadas que mejoren su capacitación profesional, favoreciendo así su inclusión sociolaboral.

Las actuaciones que integran estos proyectos pasan por la acogida y diagnóstico, acciones formativas orientadas a la consecución de certificados de profesionalidad, orientación laboral y realización de prácticas no laborales en empresas. Los proyectos tienen una duración de 12 meses y cada uno de ellos ofrece plazas para entre 10 y 15 participantes.

En cuanto a los compromisos de inserción, cada entidad debe asumir un mínimo del 25% del total de plazas que ofrece. Esta inserción se traduce en contrataciones preferentemente de carácter indefinido, con una duración no inferior a tres meses a jornada completa o de 6 meses a una jornada de, al menos, 18 horas semanales.

Trabajo impulsa con 236.000 euros actuaciones de seguridad laboral y contra la economía sumergida

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El BOC publica en su edición del jueves, 12 de noviembre, la resolución definitiva de dos convocatorias de subvenciones de la Dirección General de Trabajo, por un lado 96.218 euros para actuaciones dirigidas a entidades y asociaciones que desarrollen proyectos que mejoren las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y por otro, 140.000 euros para entidades que realizarán proyectos destinados a sensibilizar tanto al empresariado como a trabajadores sobre las consecuencias de la economía sumergida.

Son proyectos de sensibilización sobre las consecuencias negativas del empleo no regulado así como acciones dirigidas a reforzar la prevención y reducir la siniestralidad laboral

Para la directora general de Trabajo, Ana Isabel Fernández, este tipo de ayudas «permite a las entidades fomentar hábitos saludables en las empresas y desarrollar actuaciones de sensibilización sobre la prevención laboral y que eviten la contratación irregular». «Con la economía sumergida perdemos todos -asegura- no cotizar, o no hacerlo adecuadamente por todas las horas que se trabaja, supone estar totalmente desprotegido ante cualquier incidencia, renunciar a todos los derechos laborales».

Fernández considera que «un puesto de trabajo seguro y dentro de la legalidad redunda tanto en la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, como en beneficios a las propias empresas».

En cuanto a las ayudas destinadas a paliar la economía sumergida, se concederán 140.000 euros a un total de 10 entidades. En líneas generales los proyectos que emprenden o inician son la realización de campañas de sensibilización y acciones formativas sobre las consecuencias de la economía sumergida, a través de espacios on-line como las confederaciones de empresarios, que cuentan con una web donde a su vez reciben denuncias sobre situaciones irregulares en el trabajo.

También acciones formativas en los mismos ciclos de Formación profesional, para que el alumnado, antes de iniciarse en el trabajo, conozca los riesgos; Campañas informativas y de asesoramiento para facilitar la regularización en los sectores más proclives a entrar en la economía sumergida, en la atención a mayores en domicilio y en general en el ámbito de la dependencia, entre otros.

En materia de prevención de riesgos laborales, la Dirección General de Trabajo apoyará con 96.218 euros, los proyectos de siete entidades que desarrollarán acciones formativas e informativas con el objeto de potenciar la prevención en las empresas y favorecer un cambio de actitud.