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Torres subraya que el TSJC avala la limitación de personas en grupos, la medida más efectiva para Salud Pública

Torres subraya que el TSJC ha avalado la limitación de personas en reuniones, la medida que Salud Pública considera más relevante para el control de la pandemia

El presidente de Canarias insiste en que la máxima prioridad de su Gobierno es reducir los contagios y conciliar salud y economía, en pro de una recuperación ágil y potente

Torres considera fundamental la actualización de la estrategia de las RUP, que ya se abordará el 17 de este mes en un Consejo Europeo de Asuntos Generales

El jefe del Ejecutivo autonómico remarca que en 2020, pese a la pandemia, se ejecutaron 104 millones en obra pública, lo que contrasta con los 63 millones de 2018

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento regional, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló el pasado domingo y confirmó este lunes la medida regional de control de la pandemia por la COVID-19 más importante según los técnicos de Salud Pública; esta es, la limitación del número de personas en reuniones en función del nivel de alerta de cada isla.

Aunque el Ejecutivo canario haya acatado la eliminación del toque de queda, de la prohibición de entrar y salir en las islas en niveles 3 y 4 o las restricciones en eventos de culto en el exterior, Torres subrayó que el respaldo dado por el TSJC a la limitación del número máximo de personas no convivientes en reuniones (diez en el nivel 1, seis en el 2, cuatro en el 3 y dos en el 4) es un paso clave para seguir bajando las cifras de contagio y, junto a la creciente vacunación, poder conciliar salud y economía con la posibilidad de la máxima recuperación económica.

El jefe del Ejecutivo recordó que también están vigentes en las Islas otras restricciones fundamentales para la gestión óptima de la pandemia, como los controles en puertos y aeropuertos, el uso de mascarillas, los horarios de la restauración y comercios, o las limitaciones en ciertos espacios por los índices existentes, entre otras restricciones. No obstante, considera crucial ese aval del TSJC sobre las reuniones porque, “con o sin toque de queda, impide que pueda haber aglomeraciones. Además, Salud Pública dice que esa es la medida más importante”.

Según expuso el presidente Torres, Canarias siempre ha dado preponderancia máxima a las indicaciones de Salud Pública, “cuyos informes nos son prioritarios y vinculantes. Nosotros creemos que debemos cumplir con los consejos de los expertos sanitarios porque, por nuestra gran dependencia del exterior y del turismo, es la mejor forma para recuperar cuanto antes la economía y los visitantes desde los principales países de origen”.

El presidente también resaltó la relevancia de que, el próximo 17 de mayo, la UE ya afronte la actualización de la estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre otras cuestiones para tener en cuenta la pandemia de la COVID y los fondos europeos de recuperación. El último documento data de 2017 y en esta ocasión se quiere abordar la necesidad de un certificado digital que garantice viajes seguros en el continente, para así reimpulsar lo antes posible el principal sector económico de islas como las canarias. Según Torres, ese certificado debe aprobarse de forma urgente y ha de ser “unitario” y para toda la UE, con la inclusión además del Reino Unido.

Torres subraya que el TSJC ha avalado la limitación de personas en reuniones, la medida que Salud Pública considera más relevante para el control de la pandemia
Torres subraya que el TSJC ha avalado la limitación de personas en reuniones, la medida que Salud Pública considera más relevante para el control de la pandemia

Asimismo, según dijo el presidente, esa actualización tiene que reforzar los servicios sociales en las RUP por su lejanía; apostar por una transición ecológica “justa”; minimizar el impacto de las tasas aéreas en economías eminentemente turísticas y tan dependientes de la movilidad, y afrontar desde la solidaridad y con respuestas realistas, eficaces y cohesionadas el fenómeno de la migración irregular.

Torres también contrastó la gestión y adjudicación de obra pública en la presente legislatura frente a lo ocurrido con el Gobierno anterior. Así, remarcó que, en 2018, se ejecutaron 63 millones de euros, lo que supuso el 26% de la partida disponible, frente a los 104 millones en 2020, en plena pandemia. Esta última cifra representa el 60% y supone un claro salto.

El presidente subrayó que su Ejecutivo desbloqueó, adjudicó y está desarrollando los trabajos de la segunda fase de la carretera de La Aldea (en Gran Canaria: 13,4 millones de euros), aparte de dar un impulso presupuestario determinante a proyectos fundamentales, como el cierre del anillo insular de Tenerife (18 millones), la IV fase de la circunvalación de Las Palmas (10,5) o el enlace de Las Chafiras-Oroteanda (4,4), en el sur de Tenerife.

Además, se han reactivado otras iniciativas muy relevantes que no contaban con partida y que se han tenido presentes desde los presupuestos de 2020. Entre estos trabajos, destacan los 11,5 millones para la carretera Bajamar-Tajuya (Tenerife), los 6,1 para Puerto del Rosario-Caldereta (en Fuerteventura), los 5,3 para la vía LP-2, entre Los Llanos y Tazacorte (5,3 millones), o la de LP-1, entre Los Llanos y Tijarafe (3,6 millones).

El Gobierno de Canarias deberá recurrir la sentencia del TSJC contra el Decreto de Alquiler Vacacional

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El Gobierno de Canarias deberá recurrir la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a instancias de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y la Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia, impugnando el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado en el 2015.

Para los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en dicha sentencia se observan razonamientos jurídicos que no comparten y que conducen a un fallo anulatorio que consideran no ajustado plenamente a Derecho, lo que les lleva a recomendar la presentación del mencionado recurso; algo que, por otra parte, es práctica habitual de la administración pública cuando existen sentencias contrarias a sus disposiciones normativas.

Entre los argumentos que han dado lugar a dicha recomendación está la necesidad de intentar evitar inseguridad jurídica mientras no se ordene adecuadamente los diferentes modelos de explotación turística que eviten competencia desleal en el sector.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la competencia exclusiva sobre la promoción y la ordenación del turismo en el ámbito territorial de la propia Comunidad, y ejerce la potestad legislativa, tanto desde el punto de vista de la actividad como de los establecimientos donde se desarrolla la misma y para regular la oferta turística concibiendo Canarias como una ‘unidad de destino turístico’.

La CAC ha venido ponderando las razones de carácter general que deben prevalecer a la hora de definir su modelo turístico. Esas razones se refieren a la fragilidad de nuestro territorio, la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales, las de seguridad pública, íntimamente ligadas a la capacidad de carga en cada una de las zonas de nuestro territorio, y las de protección de los derechos de los consumidores.

La necesidad de garantizar el desarrollo turístico obliga a matizar, el razonamiento del TSJC que conduce a la más amplia liberalización de la actividad de vivienda vacacional, pudiéndose implantar, sin límites, en cualquier parte del territorio de Canarias.

El Gobierno de Canarias lleva tratando, hasta ahora sin éxito, de consensuar con los agentes turísticos mejoras en el Decreto que, asumidas por todas las partes, evitaran la sucesión de demandas y recursos.

No obstante, el Ejecutivo anuncia junto con la presentación del recurso, que seguirá tratando de lograr acuerdos que salven las principales discrepancias y permitan consolidar un modelo turístico sostenible y de calidad; en este sentido, convocará de manera inmediata cuantas reuniones sean necesarias para ello.

El presidente del TSJC clausura un curso en el Hospital de La Candelaria sobre prevención de riesgos

Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha clausurado este viernes la segunda edición del curso básico de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el ámbito sanitario, organizado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, adscrito a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Se trata de la segunda edición del curso básico de PRL organizado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del centro hospitalario de 50 horas de duración para mandos intermedios

El presidente del TSJC se dirigió a los responsables de servicios médicos, asistenciales y quirúrgicos, supervisores de enfermería, jefes de sección, subdirectores y delegados de prevención del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria para ofrecerles una conferencia dedicada a las responsabilidades de los profesionales del HUNSC en prevención de riesgos laborales en aras de fomentar la cultura de la prevención de riesgos para garantizar un entorno seguro tanto para trabajadores como para usuarios.

Este curso de formativo, de 50 horas de duración, dio comienzo el pasado mes de noviembre con la presencia de José Trasobares de Dios, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife y cuya coordinación ha corrido a cargo de la Dra. Cándida Pérez, jefa de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

Los contenidos abordados en este segundo curso han profundizado en los conocimientos necesarios para la gestión, organización, funciones y responsabilidades, así como las actuaciones a seguir en situaciones de emergencia, exposición laboral ante agentes químicos, biológicos y físicos, riesgos psicosociales y ergonómicos así como en su detección y protocolos para prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, agresiones, etc.