{"id":143722,"date":"2013-09-02T00:00:00","date_gmt":"2013-09-02T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/gobierno-canarias-recurre-ley-costas-tribunal-constitucional"},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-30T00:00:00","slug":"gobierno-canarias-recurre-ley-costas-tribunal-constitucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/gobierno-canarias-recurre-ley-costas-tribunal-constitucional\/","title":{"rendered":"El Gobierno de Canarias recurre la &quot;Ley de Costas&quot; ante el Tribunal Constitucional"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<p>&#8211; El consejero de Pol\u00edtica Territorial inform\u00f3 hoy al Consejo de Gobierno de la interposici\u00f3n del anunciado recurso contra la Ley 2\/2013, de 29 de mayo, de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1998, de 28 de julio, de costas<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>El consejero de Obras P\u00fablicas, Transportes y Pol\u00edtica Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la presentaci\u00f3n de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2\/2013, de 29 de mayo, de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1998, de 28 de julio, de costas.<\/strong><\/p>\n<p>Tal y como hab\u00eda ordenado el Gobierno, los servicios jur\u00eddicos de la comunidad aut\u00f3noma han interpuesto el citado recurso ante el Tribunal Constitucional, contra una Ley que invade competencias de otras administraciones e impulsa la desigualdad de trato de unos ciudadanos frente a otros.<\/p>\n<p>      En su recurso, el Gobierno de Canarias impugna determinados art\u00edculos y disposiciones de la Ley 2\/2013 por considerar que incurre en vicio de inconstitucionalidad por vulnerar el sistema de distribuci\u00f3n competencial, lesionando las que tiene atribuidas la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias. Adem\u00e1s, se invoca la vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda local y de los principios de igualdad, de seguridad jur\u00eddica, de interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales. <\/p>\n<p>\tEn cuanto a la invasi\u00f3n de competencias auton\u00f3micas, el recurso del Gobierno canario se basa en que la Ley atribuye a la Administraci\u00f3n del Estado el r\u00e9gimen de ocupaci\u00f3n y uso de las playas, cuando ya el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 149\/1991 dictada en relaci\u00f3n con la Ley de Costas de 1988 que ahora se modifica, sostuvo que el modo de llevar a cabo la ocupaci\u00f3n y uso de las playas es competencia de las CCAA. Por otro lado, la Ley regula los usos en las zonas de servicio portuaria de los bienes de dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre adscritos a las CCAA, lo cual contradice igualmente las competencias auton\u00f3micas en materia de puertos y la doctrina del Constitucional, que se\u00f1al\u00f3 en la sentencia citada que la Administraci\u00f3n del Estado no est\u00e1 autorizada para inmiscuirse en la gesti\u00f3n o explotaci\u00f3n de los servicios portuarios de las Autonom\u00edas, reservando a las Comunidades Aut\u00f3nomas la actividad de planificaci\u00f3n de los usos del suelo. <\/p>\n<p>\tEn materia de Medio Ambiente, la vulneraci\u00f3n se produce cuando la Ley reserva al Estado la funci\u00f3n de elaborar una estrategia para la adaptaci\u00f3n de la costa a los efectos del cambio clim\u00e1tico, desconociendo la necesaria coordinaci\u00f3n que debe existir entre las distintas Administraciones p\u00fablicas que ostentan competencias concurrentes sobre un mismo espacio f\u00edsico. Del mismo modo, se desconocen las competencias auton\u00f3micas cuando somete a la aprobaci\u00f3n estatal los planes que hayan de elaborar las CCAA en relaci\u00f3n con los bienes del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre que tengan adscritos.<\/p>\n<p>\tA esto se a\u00f1ade, en materia de urbanismo y ordenaci\u00f3n del territorio, la intromisi\u00f3n en las competencias auton\u00f3micas que se produce cuando, como r\u00e9gimen adicional, se atribuye el legislador estatal la determinaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas que debe contar un suelo para su consideraci\u00f3n como urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protecci\u00f3n de 100 a 20 metros de determinados n\u00facleos o \u00e1reas de poblaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se somete a un informe estatal a los n\u00facleos ya clasificados por el planeamiento cuando ya el instrumento de planeamiento mereci\u00f3 en su tramitaci\u00f3n el informe favorable de Costas, lo que supone vulneraci\u00f3n del principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, am\u00e9n de cuetsionar el leg\u00edtimo ejercicio de sus competencias por la Administraci\u00f3n urban\u00edstica. <\/p>\n<p>\tLa Ley, asimismo, lesiona el art\u00edculo 132.2 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola que define el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, al excluir del demanio natural los terrenos que sean inundados artificial y controladamente consecuencia de obras e instalaciones realizadas al efecto ( cultivos marinos, salinas) y una parte significativa de las dunas, que ya s\u00f3lo ser\u00e1n de dominio p\u00fablico en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa, utilizando conceptos jur\u00eddicos indeterminados, con vulneraci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica, cuya precisi\u00f3n queda en manos del poder ejecutivo, por lo que el Gobierno de Canarias entiende que se violenta la reserva legal que impone la Constituci\u00f3n. <\/p>\n<p>\tCon esta reducci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre se contrar\u00eda el art\u00edculo 132.2 de la Constituci\u00f3n, que incluye la zona mar\u00edtimo terrestre y las playas, sin excepci\u00f3n, dentro del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, ofreciendo el legislador estatal una arbitraria y artificiosa definici\u00f3n de estos bienes. Con esta reducci\u00f3n, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional,  se violentan adem\u00e1s otros principios que consagra el texto fundamental, como el deber de los poderes p\u00fablicos de preservar el medio ambiente del art\u00edculo 45.  Se posibilita la privatizaci\u00f3n de la costa, lo que lleva aparejado el riesgo de contaminaci\u00f3n y deterioro de las playas y de la zona mar\u00edtimo terrerstre, al quedar gran parte de lo que hasta ahora era dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre fuera del r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n que la Constituci\u00f3n impone dispensar a estos bienes. <\/p>\n<p>\tEl Gobierno auton\u00f3mico interpreta adem\u00e1s que no s\u00f3lo se violentan competencias auton\u00f3micas, sino tambi\u00e9n la autonom\u00eda local de los art\u00edculos 137 y 140 al permitir, de forma gen\u00e9rica, que el Delegado del Gobierno pueda suspender de forma autom\u00e1tica cualesquiera actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre o de la servidumbre de protecci\u00f3n. Se atribuye al Estado una posici\u00f3n de superioridad jer\u00e1rquica respecto de las entidades locales, contraria a su autonom\u00eda local, cuando la potestad de revisi\u00f3n de la legalidad de los actos y acuerdos de las Administraciones p\u00fablicas corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales. <\/p>\n<p>\tPor \u00faltimo, el recurso presentado desde Canarias refleja un trato discriminatorio, arbitrario y desigual a los ciudadanos en le Ley, cuando excluye del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre determinados n\u00facleos costeros del litoral peninsular, sin raz\u00f3n justificada (12 n\u00facleos incluidos en su Anexo) y cuando practica un especial deslinde en la isla de Formentera, en contra de la definici\u00f3n del dominio p\u00fablico que se contempla en la propia Ley.<\/p>\n<p>\tAdem\u00e1s, esta exclusi\u00f3n ad hoc vulnera los principios de igualdad ante la ley, seguridad jur\u00eddica e interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos. Se trata de un \u00abbeneficio\u00bb que se concede sin motivaci\u00f3n alguna a determinados n\u00facleos de poblaci\u00f3n de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren tambi\u00e9n en determinados n\u00facleos de las costas canarias. Y, dentro de las arbitrariedades recogidas en la norma, se vulneran las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y a la ejecuci\u00f3n de sentencias en sus propios t\u00e9rminos, cuando regula un r\u00e9gimen especial en relaci\u00f3n con instalaciones de depuradoras ubicadas en zona de dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre que cuentan con sentencia judicial firme, que las obliga a cambiar de localizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8211; El consejero de Pol\u00edtica Territorial inform\u00f3 hoy al Consejo de Gobierno de la interposici\u00f3n del anunciado recurso contra la Ley 2\/2013, de 29 de mayo, de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1998, de 28 de julio, de costas El consejero de Obras P\u00fablicas, Transportes y Pol\u00edtica Territorial [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143722"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=143722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=143722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=143722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=143722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}