{"id":144312,"date":"2013-07-11T00:00:00","date_gmt":"2013-07-11T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/gobierno-canarias-inicia-tramites-presentar-recurso-inconstitucionalidad-ley-costas"},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-30T00:00:00","slug":"gobierno-canarias-inicia-tramites-presentar-recurso-inconstitucionalidad-ley-costas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/gobierno-canarias-inicia-tramites-presentar-recurso-inconstitucionalidad-ley-costas\/","title":{"rendered":"El Gobierno de Canarias inicia los tr\u00e1mites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<p>&#8211; El Consejo de Gobierno acord\u00f3 en su sesi\u00f3n de hoy solicitar el dictamen del Consejo Consultivo, como paso previo a la interposici\u00f3n de un recurso contra la Ley 2\/2013, de 29 de mayo, de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1998, de 28 de julio, de costas<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>El Consejo de Gobierno ha analizado en su sesi\u00f3n de hoy el contenido de la Ley 2\/2013, de 29 de mayo, de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1998, de 28 de julio, de costas y entiende que existen motivos suficientes como para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, por lo que ha acordado solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, como paso previo a su interposici\u00f3n ante el Tribunal Constitucional.<\/strong><\/p>\n<p>  En concreto, el Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podr\u00edan ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna. En primer lugar, el apartado 38, del art\u00edculo primero de la norma supondr\u00eda una clara vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda local. El texto establece que \u00abla Administraci\u00f3n General del Estado podr\u00e1 suspender en v\u00eda administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre o de la servidumbre de protecci\u00f3n.\u00bb El Gobierno entiende que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde en nuestro ordenamiento jur\u00eddico s\u00f3lo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estar\u00eda otorgando a los Delegados y Delegadas del Gobierno un poder de decisi\u00f3n y control sobre la autonom\u00eda municipal que vulnerar\u00eda el actual reparto competencial. De hecho, el consejero de Obras P\u00fablicas del Gobierno auton\u00f3mico, Domingo Berriel, ha llegado a calificar esta parte del art\u00edculo como \u00abla de la vuelta de los Gobernadores Civiles de la etapa predemocr\u00e1tica\u00bb.<\/p>\n<p>Otro motivo, es que la Ley vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el trato diferenciado que hace de varios n\u00facleos peninsulares, sin la adecuada motivaci\u00f3n. El texto legislativo establece hasta doce n\u00facleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligaci\u00f3n que tiene el Estado para la protecci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre. En su disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima, la norma considera que \u00ablos terrenos en los que se asientan dichos n\u00facleos no son necesarios para la protecci\u00f3n o utilizaci\u00f3n del dominio p\u00fablico\u00bb y que \u00abse trata de \u00e1reas de viviendas hist\u00f3ricamente consolidadas y altamente antropizados\u00bb. El Gobierno de Canarias entiende que en esas circunstancias hay numerosos n\u00facleos en las islas que, adem\u00e1s, cuentan con un alto valor etnogr\u00e1fico y que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato discriminatorio e inconstitucional hacia las Islas.<\/p>\n<p>La norma, publicada en el Bolet\u00edn Oficial del Estado el pasado d\u00eda 30 de mayo, establece en el apartado 12 de ese mismo art\u00edculo primero que se desarrollar\u00e1 un reglamento con el r\u00e9gimen de ocupaci\u00f3n y uso de las playas y, m\u00e1s adelante, habla de que \u00abpodr\u00e1 autorizarse la celebraci\u00f3n de aquellos eventos de inter\u00e9s general con repercusi\u00f3n tur\u00edstica\u00bf\u00bb. A este respecto, el Consejo considera que supone un factor m\u00e1s para respaldar la presentaci\u00f3n del recurso de inconstitucionalidad por invasi\u00f3n de las competencias auton\u00f3micas, al arrogarse facultades de ordenaci\u00f3n en playas y zonas de servidumbre de protecci\u00f3n, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Aut\u00f3nomas, mientras que el Estado s\u00f3lo puede fijar unos m\u00e1ximos y m\u00ednimos para el uso de dichas zonas.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, la disposici\u00f3n transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificaci\u00f3n del suelo la obligaci\u00f3n de remitir en un plazo m\u00e1ximo de tres meses un informe en relaci\u00f3n a todos los n\u00facleos situados en zona de servidumbre de protecci\u00f3n y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988. Este hecho supone, de facto, la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya est\u00e1n clasificados como tales y dejar esa categorizaci\u00f3n a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente \u00bfeso s\u00ed, en un plazo de 18 meses, 6 veces m\u00e1s largo que el otorgado para presentar los informes-.<\/p>\n<p>El Gobierno considera que este \u00faltimo punto no s\u00f3lo es inconstitucional por su retroactividad, sino que adem\u00e1s tendr\u00e1 efectos nefastos y podr\u00eda incluso dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que n\u00facleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio p\u00fablico, no lo son en realidad, por lo que habr\u00eda que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8211; El Consejo de Gobierno acord\u00f3 en su sesi\u00f3n de hoy solicitar el dictamen del Consejo Consultivo, como paso previo a la interposici\u00f3n de un recurso contra la Ley 2\/2013, de 29 de mayo, de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1998, de 28 de julio, de costas El [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144312"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144312"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144312\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144312"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144312"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www3.gobiernodecanarias.org\/noticias\/hemeroteca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}