Este mes serán 61 unidades familiares con menores y sin rentas o ingresos inferiores al Iprem las que seguirán recibiendo la ayuda sin el límite de 24 meses, tal y como permite la Ley de Servicios Sociales

La consejera en funciones Cristina Valido destaca el camino iniciado hacia la nueva Renta Canaria de Inclusión, que atenderá a más de 30.000 unidades de convivencia en los próximos años y será una herramienta clave en la lucha contra la exclusión

Un total de 61 familias que llevan 24 meses recibiendo la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el tiempo máximo establecido hasta ahora, seguirán percibiéndola a partir del mes de junio, siempre que tengan menores a su cargo, no cuenten con rentas o estas sean inferiores al Iprem y cumplan con el resto de los requisitos exigidos para ser beneficiarios, gracias a la nueva Ley de Servicios Sociales, que elimina el límite temporal para que las familias sin recursos no se queden sin ningún tipo de ingresos.

A estas familias se sumarán cada mes todas aquellas que continúen en situación de vulnerabilidad y que hayan alcanzado los dos años -es decir, el tope- como perceptoras. Se trata del primer paso dado por el Ejecutivo regional en el camino hacia la implantación de la Renta Canaria de Inclusión establecida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y que, según los cálculos iniciales, atenderá a más de 30.000 unidades de convivencia en los próximos cuatro años. En esa transición a la Renta Canaria de Inclusión se ampliarán los perfiles a otros colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos y que se mantengan en el sistema educativo -se lucha así también contra el abandono escolar- o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.

La nueva Ley de Servicios Sociales en su disposición adicional sexta establece que en año y medio deberá aprobarse una nueva Ley de Renta Canaria de Inclusión en cumplimento del artículo 24 del Estatuto de Autonomía. La consejera en funciones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, recordó que los cambios legislativos en la nueva Ley de Servicios Sociales permiten atender ya al colectivo más vulnerable, evitando que los menores vivan en hogares sin recursos. “Este cambio legislativo es fundamental para dar cobertura a quienes peor lo están pasando y avanzar hacia la Renta Canaria de Inclusión que establece nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. Hemos entendido que era prioritario atender a los más vulnerables dentro de los vulnerables”, subrayó.

Asimismo, una novedad demandada desde hace años -y que se recogerá en la Renta Canaria de Inclusión- será la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media ronda en la actualidad los 650 euros. En este apartado también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.

La consejera destacó, además, como nuevo colectivo compatible con la futura renta a los trabajadores en precario, es decir, a aquellos que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM. De esta forma, “el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de esta crisis, la de los trabajadores en exclusión”.

“En definitiva, con esta modificación y esta transformación de la Prestación Canaria de Inserción en Renta Canaria de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará que no haya ausencia de ingresos si las circunstancias familiares o personales complicadas perduran; este es el gran cambio”.

La Ley de Servicios Sociales fue aprobada en el Parlamento de Canarias en el mes de marzo y se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 17 de mayo. Este documento, que contó con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sustituye a la norma anterior, que entró en vigor hace más de 30 años, y coloca a Canarias con la ley más actualizada en todo el territorio nacional.