Ambas instituciones han firmado un convenio por el que la entidad educativa confía la gestión ejecutiva de los créditos públicos impagados a la ATC

El objetivo es obtener mayor eficacia en la recaudación, reducir la morosidad y optimar los recursos públicos universitarios

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, acompañados de la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, han suscrito un convenio por el que el centro académico confía a la ATC la gestión ejecutiva de los créditos públicos impagados de la Universidad de La Laguna, garantizando una mayor eficacia en la recaudación, reduciendo la morosidad y optimizando los recursos públicos universitarios.

La Universidad de La Laguna tiene la potestad de dictar providencias de apremio sobre los derechos económicos, pero en la práctica, como la mayoría de las administraciones, no cuenta con los medios técnicos ni con la sistemática para ejercer este derecho de manera efectiva en lo concerniente a la gestión recaudatoria en vía ejecutiva. De tal manera, en el documento firmado se delega la prestación del servicio de gestión del cobro en estos casos a la Agencia Tributaria Canaria.

El convenio, promovido desde la gerencia de la institución docente, indica que la Universidad de La Laguna deberá resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones en periodo voluntario de las deudas que han de recaudarse, expedir los títulos ejecutivos, su providencia de apremio y resolver los recursos e incidencias relacionadas, así como resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en periodo ejecutivo, así como acordar la declaración de créditos incobrables.

Por su parte, la Agencia Tributaria Canaria se compromete, entre otros asuntos, a resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos de gestión recaudatoria, la ejecución de garantías, la adopción de medidas cautelares o proponer a la Universidad de La Laguna, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la ATC así lo determine.

En todo caso, tanto el rector como la consejera de Hacienda sostuvieron que el centro académico ofrecerá todas las posibilidades de pago fraccionado que sean necesarias, pero que es un deber ser rigurosos con el dinero público y la ejecución de las deudas.