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Las asociaciones de memoria histórica de Canarias se reúnen con el secretario de Estado de Memoria Democrática

En el encuentro, organizado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estuvo presente la Asociación de Memoria Histórica de Arucas en representación de las asociaciones de las Islas

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, mantuvieron este pasado lunes, en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro con la Asociación de Memoria Histórica de Arucas como representante de las asociaciones de memoria histórica de las Islas.

En la reunión estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; además de, por parte de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, su presidenta, Pino Sosa; su secretario, Gregorio Arencibia; y el vocal, Orlando Rodríguez; así como el director del Gabinete del secretario de Estado de Memoria Democrática, Alfonso Berlanga. También estaban convocadas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Palma y la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que excusaron su ausencia.

El secretario de Estado ha explicado el contenido del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, y que inicia ahora su trámite de audiencia pública. Según explicó, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática tiene la ambición de poner a las víctimas y su dignificación en el centro de la actuación pública. Con la nueva normativa se pretende la declaración de ilegitimidad de los tribunales de excepción y la nulidad de las resoluciones que dictaron, así como potenciar y reconocer la labor del movimiento memorialista, creando un órgano permanente de consulta.

Así mismo, en el anteproyecto se refleja que las labores de búsqueda, localización y exhumación de restos de personas desaparecidas son una responsabilidad del estado, por lo que se establecerá un plan cuatrienial de actuación y se crearán un banco de ADN nacional de víctimas, así como una fiscalía especial de Memoria Histórica y Derechos Humanos que garantice el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos durante GC y dictadura.

Los representantes de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas saludaron positivamente el contenido de la ley e insistieron en la importancia de su cumplimiento efectivo y de que se cuente con la imprescindible aportación que realizan las asociaciones memorialistas. En particular, indicaron la urgencia de proceder a la investigación, localización y exhumación de las fosas que aún quedan por intervenir en Canarias.

En la actualidad en Canarias está en marcha la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, que tuvo su primera reunión constitutiva el pasado 25 de septiembre. Su constitución no es más que un mandato de la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, y con ella se busca alcanzar una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática.

El dictamen de esta Comisión Técnica es necesario también para la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, así como, entre otras cuestiones, aprobar el catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, la actualización del mapa de fosas o la aprobación del protocolo de exhumaciones, siendo todas estas actividades en las que trabaja intensamente el Gobierno de Canarias.

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