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Santa Cruz de Tenerife, Arafo y La Orotava se unen a la Red de Gobierno Abierto Canaria

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, da cuenta al Gobierno de los acuerdos de adhesión

El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, con corporaciones locales de las islas, durante el tercer trimestre de 2022.

En dicho periodo, se firmaron tres adendas de adhesión al convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de La Orotava, Arafo y Santa Cruz de Tenerife.

Este convenio, firmado el pasado 18 de febrero, permite establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.

La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.

El artículo 16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias impone la obligación de dar cuenta al Gobierno de Canarias de los convenios de colaboración suscritos con las entidades locales por la Administración de la Comunidad Autónoma, e incluye los convenios de colaboración que impliquen obligaciones de contenido económico y que, en consecuencia, requieran previo acuerdo del Gobierno para su celebración (artículo 16.2 de la citada Ley 14/1990), así como aquellos que no precisan dicha autorización, como es el caso de las tres adendas formalizadas en el tercer trimestre de 2022.