La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino en el Parlamento para abordar la situación del Archipiélago
El Gobierno de Canarias ha reiterado hoy (martes 9) en sede parlamentaria que la gestión migratoria que afronta el Archipiélago constituye “el mayor reto humanitario, jurídico y político” al que se enfrenta la comunidad autónoma, y ha subrayado que se trata de una crisis estructural que solo puede abordarse desde “respuestas de Estado y respuestas europeas”.
Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para explicar la gestión migratoria. El Ejecutivo insistió en que la ruta canaria sigue siendo una de las más mortíferas del mundo, recordando que cada semana se registran llegadas con personas fallecidas y rescates en situaciones extremas. “No podemos normalizar estas tragedias. Detrás de cada cifra hay vidas, familias y proyectos truncados que nos interpelan como sociedad de acogida”, señaló Delgado.
A pesar de un descenso respecto al año anterior, 2024 cerró con más de 46.000 migrantes llegados a Canarias y, en lo que va de 2025, 16.824 personas han arribado al archipiélago, con un repunte significativo en las últimas semanas. Entre ellas, 2.280 menores no acompañados, una cifra superior al número de menores redistribuidos por el Estado hacia la Península.
En la actualidad, Canarias tutela 4.471 menores, “casi seis veces más que la capacidad ordinaria fijada por el propio Estado, lo que evidencia una situación insostenible sin una respuesta solidaria del conjunto del país”, indicó Candelaria Delgado.
La consejera de Bienestar Social detalló que el Gobierno ha destinado 190 millones de euros en 2025 a políticas migratorias, de los cuales 155,1 millones se dedican a la atención de menores no acompañados. La red autonómica cuenta con más de 80 centros y dispositivos, muchos de ellos abiertos en tiempo récord desde 2023, con equipos educativos, sanitarios y sociales que trabajan “al límite” para garantizar una atención digna. Asimismo, se han reforzado los equipos de tutela, tramitación de expedientes y coordinación con fiscalías, juzgados y fuerzas de seguridad para agilizar la documentación y mejorar la planificación.
Avances legislativos: nuevo régimen de contingencia migratoria
Candelaria Delgado destacó que Canarias “no solo ha pedido recursos”, sino que ha impulsado cambios normativos decisivos. Gracias a la presión política y técnica, el Estado aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, que establece un sistema obligatorio de reparto de menores entre comunidades cuando se triplica la capacidad ordinaria, algo que Canarias “multiplica por seis”.
Este marco fija dos obligaciones claras: el traslado de nuevas llegadas en un máximo de 15 días y la distribución del exceso acumulado en un plazo de un año (marzo de 2026). Estos avances fueron posibles gracias a un amplio consenso del Parlamento canario y subrayó que “no fue un regalo de nadie, sino una conquista de toda Canarias”.
Delgado recordó que el Tribunal Supremo, a instancias del Gobierno de Canarias, ha emitido diversos autos que obligan al Estado a asumir su responsabilidad en la protección internacional de menores, y mencionó también la Sentencia 43/2025 del Tribunal Constitucional, que confirma que la inmigración “excede la capacidad de gestión de una comunidad autónoma”.
A día de hoy, 578 menores con protección internacional se encuentran en recursos estatales ubicados en la Península y en Canarias, mientras continúan los traslados a otras comunidades. El Gobierno ha remitido ya 497 expedientes de menores sujetos a contingencia. No obstante, advirtió que persisten problemas en la ejecución del decreto, ya que los traslados avanzan a un ritmo insuficiente para aliviar la presión sobre el archipiélago.
Candelaria Delgado abogó por mantener una agenda canaria compartida, especialmente en torno a la defensa del reparto solidario de menores entre comunidades, la suficiencia de la financiación estatal y la prioridad de la ruta atlántica en Europa. “Cada vez que Canarias habla con una sola voz, nuestra influencia se multiplica”, señaló el Gobierno, que se comprometió a reforzar la información parlamentaria y asumir propuestas de todos los grupos.
Además, la consejera de Bienestar Social recordó que la migración “no se mide solo en plazas o expedientes”, sino en la protección de la infancia y en la gestión responsable del miedo social: “Somos tierra de emigración y de acogida. Enfrentamos un reto difícil, pero debemos hacerlo con firmeza, humanidad y cohesión. Canarias merece apoyo, respeto y solidaridad del Estado y de Europa”.
Durante su intervención, Delgado indicó que Canarias ha logrado situar la ruta atlántica como prioridad en la agenda europea y ha impulsado programas de cooperación como Tierra Firme en Senegal, Mauritania y Gambia, orientados a ofrecer formación y oportunidades a jóvenes para reducir la migración irregular.
Asimismo, destacó la implantación del programa Canarias Convive, que unifica la estrategia autonómica de gestión migratoria y promueve la convivencia intercultural. Asimismo, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se establece un protocolo estable de información para que los ayuntamientos reciban comunicación previa ante la apertura de recursos y dispongan de canales fluidos de participación.
