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Canarias y Navarra firman un compromiso por la justicia restaurativa para reparar el daño a las víctimas

Nieves Lady Barreto resalta el trabajo de la colaboración entre comunidades autónomas para unir esfuerzos en humanizar la justicia

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Amparo López Antelo, han firmado hoy la Declaración de las Islas Canarias por una Cultura Restaurativa, que sitúa en el centro de la respuesta penal la reparación del daño causado a la víctima, la reinserción de las personas infractoras y la participación de la comunidad.

Nieves Lady Barreto manifestó que hoy Canarias suscribe un compromiso con los principios y valores que sustentan la justicia restaurativa, y empieza a dar los primeros pasos para que se implante de manera efectiva, partiendo de la experiencia de Navarra en este ámbito.

En el marco de unas jornadas de trabajo y de intercambio de experiencias celebradas en Santa Cruz de Tenerife, la consejera apuntó que “una justicia moderna y eficaz requiere contar con medios que permitan el diálogo entre quienes han causado un daño y quienes lo han sufrido y Canarias trabajará con Navarra para seguir humanizando la justicia y favorecer una política pública de justicia restaurativa, que permita una reparación integral y moral”, dijo.

Por su parte, Amparo López, señaló que el Gobierno de Navarra lleva años trabajando en la justicia restaurativa y se mostró satisfecha por visibilizar la colaboración entre comunidades autónomas con la firma de este protocolo, “porque tenemos los mismos problemas, trabajamos en el mismo marco normativo y tenemos que aprender unas de otras, colaborar y avanzar juntas”.

Entre los principios de la justicia restaurativa está la participación voluntaria, la solidaridad, la reparación, la responsabilización y pacificación, siempre respetando los derechos humanos y procesales de las víctimas y de las personas investigadas o condenadas, utilizando técnicas como la mediación penal.

Por ello, ambos gobiernos se comprometen a continuar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en estas cuestiones para fomentar un aprendizaje mutuo que redunde en una mejora de las políticas públicas de justicia, seguridad y convivencia. También acuerdan promover la formación y sensibilización de los operadores jurídicos y de la sociedad en su conjunto para que conozcan los beneficios de la justicia restaurativa y, en concreto, su capacidad para lograr la reparación de las víctimas y la reinserción de las personas infractoras.

Por otra parte, Canarias y Navarra potenciarán servicios de justicia restaurativa estables, con formación y calidad, apoyados por las administraciones públicas, con financiación suficiente, supervisión y evaluación continua de resultados, además de impulsar el fomento de la prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias, definidas como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, así como por la promoción de la cohesión social, buscando generar condiciones colectivas de confianza, responsabilidad, respeto y cuidado, y potenciando una convivencia pacífica de nuestras comunidades.

Con esta declaración se clausuran unas jornadas de trabajo entre ambos gobiernos, con la asistencia de relevantes figuras de la judicatura, la fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Canarias, que fueron inauguradas por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y que ha contado con la ponencia del profesor de Derecho Penal y director de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democráticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Montesdeoca. Por parte del Gobierno de Navarra, han participado la directora general de Justicia, Maite Arenaza y el director del servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa, Jorge Ollero, entre otros expertos.

 

 

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La Policía Canaria investiga a tres menores por un supuesto caso de «bullying» en Tenerife

La Policía Canaria investiga a tres menores por un supuesto caso de "bullying" en Tenerife

Las actuaciones surgen a raíz de una intervención de miembros de la Unidad Operativa de Seguridad Ciudadana del CGPC en una pelea en la que estaban involucrados menores y en la que varios golpeaban a otro

La víctima sufría de ansiedad, no quería acudir al centro escolar, pasando de ser un niño hablador, risueño y con buenas notas, a ser un niño callado, triste y con malas calificaciones

La Unidad Operativa de Menores y Familia del CGPC está volcada en la persecución de este tipo de hechos y, para ello, cuenta con agentes especializados que facilitan la colaboración y que prestan la ayuda necesaria a las víctimas

La Unidad Operativa de Menores y Familia del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha investigado a tres menores de edad como presuntos autores, en distinto grado de autoría, de los delitos de lesiones, amenazas y coacciones en el ámbito escolar (bullying).

Las actuaciones tuvieron su origen a raíz de una intervención de miembros de la Unidad Operativa de Seguridad Ciudadana del mismo cuerpo policial, al ser requeridos por una ciudadana para acudir a una pelea en la que estaban involucrados menores y en la que varios (al menos tres) golpeaban a otro.

A partir de esta actuación, la Unidad de Menores se hizo cargo de la investigación, en la que se pudo comprobar que el menor agredido sufría de acoso escolar desde el mes de enero de este año, lo cual fue finalmente denunciado por la madre el pasado día 6 de marzo, al tener esta noticias de que su hijo, de 13 años, recibía, desde hacía tres meses, amenazas e insultos por dos hermanos del mismo instituto que su hijo, más un tercero de un centro escolar distinto.

Esta situación reiterada de maltrato tuvo su inicio en el entorno escolar, aunque continuó fuera de él a través de redes sociales.

Los investigadores han logrado identificar a dos menores relacionados con estos hechos, ambos de 14 años, así como un tercero que, por su corta edad, resulta inimputable penalmente (13 años).

La víctima sufría de ansiedad, no quería acudir al centro escolar, pasando de ser un niño hablador, risueño y con buenas notas, a ser un niño callado, triste y con malas calificaciones. Mostraba nerviosismo en clase y llegó incluso a ser expulsado, provocándolo para no acudir al centro.

Las diligencias correspondientes han sido remitidas a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección de Menores.

La Unidad Operativa de Menores y Familia está volcada en la persecución de este tipo de hechos. Para ello, cuenta con agentes especializados que facilitan la colaboración y que prestan la ayuda. necesaria a las víctimas, no dejando sin esclarecer ninguna actuación perseguida en este ámbito.

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Julio Pérez agradece al Juzgado de Violencia contra la Infancia su protección especial a más de 400 menores

Julio Pérez agradece al Juzgado de Violencia contra la Infancia su protección especial a más de 400 menores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su admiración por esta iniciativa que califica de importantísima porque demuestra que se puede humanizar la justicia envuelta tradicionalmente de aspereza

El presidente del TSJC espera que esta experiencia piloto, que cuenta con el refrendo de la sala de gobierno y el CGPJ, sea exportable a todos los partidos judiciales del archipiélago

Tomás Martín, impulsor del Juzgado, subraya que el objetivo es sacar a la víctima cuanto antes del proceso y reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha agradecido al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; a la letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, Ana Sola, y a todo su equipo, el trabajo desarrollado a lo largo del último año, que ha permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes.

Julio Pérez, que intervino ayer en la presentación de la Guía de Actuación del citado Juzgado –un detallado documento de 123 páginas–, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avelló, y el propio Tomás Martín, ha mostrado su admiración y respeto por la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha, gracias a la colaboración de su departamento, hace un año, tiempo en el que se ha atendido a 406 víctimas y registrado 365 causas.

También ha calificado de importantísima esta iniciativa porque demuestra que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho. Igualmente, ha hecho hincapié, citando el texto de la memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”.

Ha resaltado la disponibilidad de los trabajadores, que no han tenido ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en incorporarse antes y salir más tarde, para poder atender el incremento de la carga de trabajo, con un importante componente emocional, que ha supuesto la puesta en marcha de este proyecto piloto.

El consejero se ha referido a la incorporación de novedades técnicas y tecnológicas, que no es ajena a la justicia, a pesar de que a veces se cree lo contrario, y ha señalado la comunicación, para agilizar las pruebas periciales, e incluso la arquitectura, adaptada a las necesidades de las víctimas y con objeto de proteger al menor. “Todo esto es muy importante”, ha recalcado.

Julio Pérez ha manifestado su satisfacción doble, tanto por su papel de responsable de la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias como por la protección al menor, que le produce los resultados logrados por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto pionero en España.

Un referente y un verdadero orgullo

También el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido palabras de felicitación para Tomás Martín como impulsor del proyecto y por haber contagiado a los trabajadores de su juzgado, que se ha convertido en un referente y un verdadero orgullo, al proporcionar una especial protección y tutela a los menores que son víctimas de violencia. En este sentido, ha advertido de que “una sociedad que no cuida a sus niños y niñas no tiene futuro”.

El presidente del TSJC ha hecho énfasis en los resultados obtenidos en este primer año de funcionamiento del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, “concretos y tangibles”, y en la necesaria coordinación y cooperación de todas las partes implicadas para alcanzarlos. “Un proyecto que aglutina y motiva hace que todos arrimen el hombro”, ha explicado, a la vez que ha mostrado su deseo de que esta experiencia sea exportable a todos los partidos judiciales del Archipiélago, partiendo de que tiene el refrendo de la sala de gobierno del TSJC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tomás Martín, por su parte, ha manifestado su gratitud, en primer lugar, a sus compañeros, y después, al trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, cuya directora, María José Melián estaba presente, por el servicio de calidad y diferenciado que proporciona al Juzgado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también estaban representados, por su dedicación y disponibilidad, y a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por la dotación de recursos, tanto humanos como materiales, así como su impulso, para hacer realidad este proyecto.

Ha apuntado que los procedimientos que están aplicando en el Juzgado están siendo copiados en todo el mundo y ha subrayado que el objetivo principal es sacar a la víctima cuanto antes del proceso, reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días.

A la presentación de la guía asistieron, entre otros, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la fiscal jefe provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Sánchez; y el secretario coordinador de la sala de gobierno del TSJC, Carlos Rubio.

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