La Consejería ha contabilizado un total de 14 aportaciones por parte de particulares, cabildos insulares, organizaciones profesionales agrarias y colegios profesionales
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha valorado de forma positiva la alta participación en la consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario, orientado a corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.
Una finalizado en enero el plazo de exposición pública del proyecto, el departamento ha contabilizado un total de 14 aportaciones por parte de particulares, cabildos insulares, organizaciones profesionales agrarias y colegios profesionales. Estas sugerencias están siendo analizadas por el equipo técnico de la Consejería para valorar su viabilidad y posterior inclusión en el reglamento.
En una comparativa de estas 14 aportaciones con las 5 recibidas por las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario de Canarias en enero del 2018, se observa un incremento de la sensibilidad de la sociedad de las islas sobre los problemas que presentan los suelos agrarios y la actividad agraria que en ellos se desarrolla.
Vanoostende apuntó que “con este incremento de sugerencias por parte de la sociedad vamos a continuar y mejorar la campaña de divulgación de las DOSA y del reglamento y avances del Decreto Ley 15/2020, tanto a través de charlas como de talleres a lo largo del presente año”.
Cabe destacar que la Consejería ha optado por abordar la problemática de la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos a través de dos acciones fundamentales: las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y el impulso de un reglamento que aborde las cuestiones urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar, homogenizar y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad agrícola y ganadera de nuestras islas.
Esta norma pretende la regulación de las condiciones urbanísticas que afecten a los usos agrarios, ordinarios y específicos, así como de sus construcciones e instalaciones, con la explicación de los requisitos documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios que sean exigibles para su viabilidad. El Reglamento regulará también los parques agrarios, con especial atención a su formulación jurídica, así como a los procedimientos de creación de nuevos parques agrarios.