Entre 2017 y 2020, ambos ejercicios incluidos, la empresa pública aportará unos 10 millones de euros para acometer actuaciones de este tipo

La empresa pública Visocan destinó en 2018 cerca de 4 millones de euros a rehabilitar y mantener las viviendas de su parque público, ubicadas en los municipios de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Cruz de Tenerife.

Según la programación establecida en 2017, cuando el nuevo equipo llegó a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, desde ese año y hasta 2020, ambos incluidos, la inversión alcanzará los 10 millones de euros para este concepto. Esa apuesta está permitiendo transformar muchos bloques de vivienda y mejorar la calidad de vida de los inquilinos.

“Con este dinero estamos mejorando los inmuebles en los que viven muchas familias canarias, algo que antes no se hacía, porque Visocan no tenía músculo financiero para ello como consecuencia de la dura crisis y que empezamos a acometer desde que llegamos”, recalcó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido. “Nuestra política de vivienda se basa en promover el acceso a la vivienda en igualdad de oportunidades a todos los canarios, y eso pasa también por garantizar la rehabilitación”.

Cada una de las actuaciones llevadas a cabo o planificadas se han consensuado con las comunidades de vecinos, otorgando prioridad presupuestaria en función de las necesidades más urgentes que presenta cada bloque de viviendas. “El consenso es fundamental: los vecinos conocen perfectamente cuáles son las carencias que tienen sus casas o los espacios comunes”, explicó la responsable del área.

Las obras que se están llevando a cabo son en materia de impermeabilización, cubiertas, revestimiento de fachadas, accesibilidad o garajes.

Además de las obras realizadas este año o en marcha, la empresa pública ya ha iniciado el concurso para la redacción de los 46 proyectos de obra menor para la rehabilitación de nuevas promociones para continuar con la programación prevista. Una vez adjudicados los proyectos se realizarán visitas a las promociones con cada uno de los adjudicatarios y se aportarán los dados obrantes en los archivos de la empresa para la confección de los proyectos. Realizados estos, se licitarán las obras a lo largo de este año.

Además de estas acciones, Visocan también invirtió 114.150 euros en recuperar viviendas usadas para su readjudicación a familias vulnerables. En concreto, en Gran Canaria ha llevado a cabo actuaciones para readjudicar 22 viviendas por un importe de 29.379 euros, mientras que en Tenerife ha adecuado 54 viviendas con un presupuesto de 84.771 euros millones de euros.

Todas estas obras son licitadas, por imperativo legal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Las actuaciones de Visocan forman parte de la apuesta de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias por mejorar las políticas de vivienda en la Comunidad Autónoma.

El departamento que dirige Cristina Valido cuenta ya con un nuevo Plan de Vivienda para Canarias que permitirá construir alrededor de 4.000 viviendas nuevas en los próximos años. El Consejo de Gobierno envió hace unas semanas el documento al Consejo Económico y Social. Cuenta con una ficha financiera de más de 246 millones de euros y viene a cubrir una importante carencia, agravada por la crisis económica, que eliminó los fondos estatales y paralizó la construcción.

Los programas contenidos en el texto, consensuado por unanimidad por todos los integrantes de la Comisión de Vivienda, marcarán las líneas de actuación del área durante los próximos cuatro años.

Esta comisión es un órgano colegiado previsto en la Ley de Vivienda de Canarias que emite informes en materia de vivienda. Está compuesta por representantes de ayuntamientos y cabildos; de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP); de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO); de los colegios profesionales; de los sindicatos CCOO y UGT; de las entidades del Tercer Sector; y de las asociaciones de consumidores.