Consulta vinculante n° 2070
La entidad consultante tiene su domicilio social en Tenerife, y su objeto social es la realización de actuaciones de promoción inmobiliaria, construcción, comercialización, gestión y explotación de inmuebles destinados a fines turísticos
La entidad promociona la construcción de inmuebles destinados a alojamientos turísticos y comercializa su venta, principalmente, a personas físicas con residencia fuera de las Islas Canarias.
Los compradores adquieren los inmuebles a título de inversión, dado que, en el momento de formalizarse la compraventa, se firma adicionalmente un contrato de cesión de la explotación del bien como alojamiento turístico. Este contrato de cesión, puede ser firmado por los compradores, con la propia empresa promotora o con otra entidad con domicilio fiscal en Canarias, y dedicada a la explotación de alojamientos turísticos.
En cualquiera de los supuestos, son las entidades explotadoras las que disponen de los medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de esta actividad de arrendamiento turístico.
Por la cesión de explotación, los propietarios de los inmuebles perciben una renta mensual fija como contraprestación, la cual no está vinculada al tiempo que el inmueble ha estado arrendado a un tercero; en este sentido, es la entidad explotadora, no el propietario del inmueble, quien emite la factura al cliente final, esto es, al arrendatario del alojamiento turístico.
Teniendo en cuenta lo anterior se consulta:
1.- Si se considera que los compradores actúan mediante establecimiento permanente en Canarias.
2.- Si se considera que los compradores desarrollan la actividad económica de arrendamiento de alojamiento turístico.
3.- En el caso de que las dos primeras preguntas tengan respuesta en sentido afirmativo, cuáles serían las obligaciones censales de los compradores ante la Agencia Tributaria Canaria, así como las obligaciones tributarias en el IGIC.
4.- En el caso de que las dos primeras preguntas tengan respuesta en sentido negativo, si hay alguna obligación tributaria de los compradores ante dicha Agencia.
5.- En el caso de que las dos primeras preguntas tengan respuesta en sentido negativo, cuáles serían las vías para recuperar el IGIC soportado por los compradores en la compra de los inmuebles, tanto si son residentes en España (no Canarias), como si no lo son.
Respuesta vinculante
1.- Los propios inmuebles situados en Canarias cedidos en explotación tienen la consideración de establecimientos permanentes, por lo que las personas físicas que los adquieren para su cesión a una entidad explotadora que los destinará a alojamientos turísticos, estarán establecidas en el territorio de aplicación del IGIC.
2.- Las personas físicas que adquieren inmuebles situados en Canarias, que los ceden en explotación a otra empresa, tienen la consideración de empresarios o profesionales, a efectos del IGIC, estando la prestación de servicio de cesión sujeta al IGIC, sin que resulte de aplicación la exención prevista en el artículo 50.Uno. 23º de la Ley 4/2012. No obstante, estaría la prestación de servicio de cesión exenta, si la persona física cesionaria se encontrara acogida al REPEP y no hubiera renunciado expresa o tácitamente al mismo.
3.- El sujeto pasivo de la prestación de servicios sería, en todo caso, la persona física adquirente y cesionaria, estando obligada: a comunicar su situación censal de comienzo, modificación o cese (modelo 400); a la emisión de factura, por sí mismo o por un tercero autorizado, en los términos establecidos en el Reglamento de facturación; la conservación de las facturas recibidas, con la especialidad de la factura correspondiente a la adquisición de la edificación por su consideración de bien de inversión cuya cuota del IGIC soportada, de ser deducible, entra en un procedimiento de regularización; a la presentación trimestral de la autoliquidación (modelo 420); a la presentación de la declaración-resumen anual (modelo 425); a la llevanza de libros registros de facturas expedidas, de facturas recibidas y de bienes de inversión; y a la presentación, en su caso, de la declaración de operaciones económicas con tercera personas (modelo 415).
Las personas físicas cesionarias acogidas al REPEP, están obligadas a cumplir todas las obligaciones formales descritas, salvo la de presentación de autoliquidaciones periódicas. Ahora bien, tendrán obligación de presentar una declaración informativa sobre el volumen de operaciones. Esta declaración informativa se realizará a través de la declaración-resumen anual (modelo 425) y en el mismo plazo de presentación, debiendo cumplimentarse exclusivamente el apartado correspondiente al volumen de operaciones en el REPEP.
El artículo 57.7.c) del Reglamento de gestión prevé la posibilidad de autorizar la presentación conjunta, en un solo documento, de las autoliquidaciones correspondientes a diversos empresarios o profesionales, en los supuestos y con los requisitos que en cada autorización se establezcan. Esta autorización no abarcaría a la declaración-resumen anual que ha de presentarse de forma individual.
4.- La deducibilidad de la cuota del IGIC soportada por la compra de los inmuebles, objeto de cesión de uso posterior, solo se plantea respecto a los compradores personas físicas excluidas del REPEP o que han renunciado al mismo, pero no si son personas físicas acogidas a este régimen especial. Debiendo tener en cuenta, que no es posible la deducción si estos sujetos pasivos del IGIC tuvieran derecho a utilizar los inmuebles para necesidades privadas, aunque fuera de forma temporal.
5.- La edificación que adquiere la persona física dispondría de la consideración de bien de inversión, conforme al artículo 40.8 de la Ley 20/1991, por lo que la cuota de IGIC soportada deberá ser objeto de la regularización prevista en el artículo 40 y siguientes de la Ley 20/1991. En cualquier caso, no sería de aplicación este proceso de regularización, si la cuota soportada no fuera deducible porque la persona física adquirente tiene derecho a su uso para necesidades privadas.
Legislación
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Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias - Art. 4, 5, 7 , 17.Dos y 59
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Ley 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales - Art. 50.Uno.23º
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Decreto 268/2011, 4 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (vigente a 19 de mayo de 2025) -