Consulta vinculante n° 2095
La entidad consultante señala que derivado de un contrato verbal ha prestado servicios de telecomunicaciones a un Ayuntamiento habiendo emitido varias facturas por un importe total de 3.210 euros, correspondiendo 3.000 a la contraprestación del servicio prestado (base imponible) y 210 a las cuotas del IGIC devengadas y que se repercuten en las facturas.
La Intervención municipal emite informe en el que señala que no ha mediado la previa tramitación de un procedimiento abierto de contratación, que sería preceptivo, suponiendo una contratación de facto prescindiendo totalmente de procedimiento alguno. No obstante, indica el informe que los servicios se han prestado a satisfacción de la Administración, existiendo crédito presupuestario adecuado y suficiente para afrontar el abono de las facturas o, en caso, de revisión, para la indemnización por los daños sufridos.
Por resolución de la Alcaldía se inició un procedimiento de nulidad de pleno derecho. En la propuesta de resolución declara la nulidad de los contratos verbales con la entidad consultante por haberse contratado verbalmente fuera de los casos permitidos por el ordenamiento jurídico y prescindiendo de toda formalidad procedimental, aprobando una indemnización por importe de 3.000 euros al objeto de compensar a la entidad consultante por las prestaciones de servicios ejecutadas. No se computa en el importe de la compensación la cantidad de 210 euros correspondiente a las cuotas del IGIC repercutidas en las facturas.
Solicitado dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias, éste declara ajustado a Derecho la propuesta de resolución de la Alcaldía de nulidad pleno derecho del contrato y fija la cuantía de la indemnización en 3.000 euros. Estima improcedente incluir la cuantía de 210 euros en concepto de IGIC con la siguiente argumentación "En este supuesto, el IGIC es un impuesto que grava servicios, en este caso, de telefonía, mientras que el concepto por el que se indemniza es por daños patrimoniales ocasionados como consecuencia de la nulidad contractual. Es decir, la empresa no tendría que declarar ni liquidar el IGIC, puestos que esas indemnizaciones no están sujetas a ese impuesto."
Se consulta qué consideración tiene en el IGIC la indemnización acordada de 3.000 euros.
Caso de que disponga de la consideración de contraprestación de una operación sujeta, se consulta qué documento debe utilizar para repercutir el impuesto al Ayuntamiento.
Respuesta vinculante
- A efectos del IGIC la cuantía de 3.000 euros que el Ayuntamiento debe abonar en concepto de indemnización por daños patrimoniales ocasionados como consecuencia de la nulidad contractual, tiene la naturaleza y función de contraprestación de servicios de telecomunicaciones realizados por un empresario o profesional en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, sujeta y no exenta al IGIC, no resultando de aplicación el supuesto de no inclusión en la base imponible previsto en el artículo 22.3..a) de la Ley 20/1991.
La entidad consultante tiene la obligación de repercutir la cuota del IGIC correspondiente en factura, sirviendo, si se cumplen las condiciones y requisitos de la normativa sobre facturación, las emitidas en su día.
El Ayuntamiento está obligado a soportar la cuota del IGIC, siempre que la repercusión se ajuste a Derecho. En cualquier caso, la repercusión tiene naturaleza tributaria por lo que es susceptible de reclamación económico-administrativa.
- A pesar de que el contrato haya sido declarado nulo de pleno derecho, el supuesto de modificación de la base imponible previsto en el artículo 22.4 de la Ley 20/1991 no es aplicable cuando no cabe devolver las cosas intercambiadas por ser imposible su restitución, y el valor que está obligado el Ayuntamiento a abonar es la verdadera contraprestación de un acto de consumo efectuado por un empresario o profesional en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, dado que la operación no ha quedado sin efecto.