Consulta vinculante n° 60
La persona física consultante ha aceptado el
presupuesto ofrecido por un dentista, para someterse a un tratamiento
de ortodoncia integral, debido a sus problemas de mandíbula. El pago
puede realizarse, en efectivo o mediante tarjeta o transferencia
bancaria, ofreciendo la posibilidad de fraccionar parte del mismo
hasta en 2 años.
No obstante, también se puede pedir financiación a
una entidad, y pagar, todo o parte, al dentista, en función de sus
condiciones de pago durante el tiempo que dura el tratamiento. En
estos casos, hay que hacer un contrato con una entidad y conlleva
gastos de formalización y el abono de los correspondientes intereses
de demora, sin que la misma tenga relación con el
dentista.
Consulta, si la base y el límite de la deducción
autonómica en el IRPF por gastos de enfermedad, es el importe total
del presupuesto en el momento de la aceptación, independientemente de
si el pago completo se financia o se fracciona, o, por el contrario,
es el importe anual que se abona al dentista.
Respuesta vinculante
El artículo 16-ter del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2009, de 21 de abril, señala que la base sobre la que se
calcula la deducción, está integrada por las cantidades
"satisfechas", sin especificar nada sobre si han sido o no
financiadas o aplazadas, por lo que entendemos que esas cantidades,
las abonadas al dentista, son las que se han de tener en cuenta en el
cálculo anual.
En este sentido, el límite vinculado con el importe
máximo de la deducción anual, según sea tributación individual o
conjunta, y que tenga discapacidad el contribuyente, habrá que
aplicarlo en relación con el importe anual satisfecho en cada
ejercicio, y no con el importe total del tratamiento que consta en el
presupuesto o, en su caso, en la factura inicial, salvo que se haya
abonado todo al inicio.
Por lo que, en el caso planteado en la
consulta, el contribuyente podrá practicar esta deducción autonómica
de un 10 por cien sobre una base equivalente a los gastos abonados
anualmente, tanto en el año de empezar el tratamiento, como en los
años siguientes a los que se extiende el aplazamiento del pago
ofrecido por el profesional, siendo indiferente si el dinero se ha
obtenido de una entidad financiera, puesto que es ajena a la
prestación del servicio sanitario.