Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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1.560 consultas

Nº 2.317

18/05/2026

El colegio profesional consultante plantea varias cuestiones relativas a la opción excepcional de inclusión desde el día 1 de julio de 2026 en el régimen especial del pequeño empresario o profesional.

Nº 2.318

18/05/2026

La entidad consultante importa açaí en estado congelado. Para su venta al cliente se realiza el siguiente proceso:

- Se descongela.

- Seguidamente se vierte en una máquina de helado o similar, sin añadir ningún ingrediente adicional, con la finalidad de que alcance una temperatura y textura concreta, mediante el movimiento de las aspas de dicha máquina.

- El producto resultante se sirve en un vaso.

- Sobre dicho producto se añaden, a elección del cliente, diversos ingredientes adicionales (coberturas), tales como frutos secos, fruta fresca, granola u otros ingredientes análogos, normalmente en capas sobre la base del producto.

- El producto así servido se entrega al cliente listo para su consumo inmediato, sin necesidad de transformación posterior y sin la posibilidad de consumirlo en el establecimiento.

Se consulta:

- Si resulta aplicable a la entrega del producto el tipo superreducido del 3 por ciento por tratarse de un producto susceptible de ser utilizado habitual e idóneamente para la nutrición humana.

- Si resulta aplicable a la entrega el tipo general del 7 por ciento por disponer de la consideración de comida preparada.

- Si tendría la consideración de comerciante minorista dado que los adquirentes son consumidores finales, por lo que la entrega estaría exenta del IGIC.

Nº 2.320

10/06/2026

Se consulta el tipo impositivo en el IGIC aplicable a la importación de un vehículo Suzuki modelo Swift con un motor de combustión interna de 60,9 kw y un motor eléctrico de 02,19 kw, con emisiones de 106 g/km de de dióxido de carbono. Se aporta ficha técnica de dicho vehículo.

Nº 2.321

10/06/2026

La entidad consultante (en adelante, la entidad A) tiene como actividad principal la distribución, importación y exportación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Adquiere bebidas alcohólicas a su fabricante en la Península con destino a un depósito fiscal en Canarias, titular de la entidad C, que no tiene la consideración de depósito relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (depósito REF) y si de depósito fiscal a efectos del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas (IABD). Las bebidas enviadas a Canarias están incluidas en el ámbito objetivo del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM).

La entidad A vende dentro del depósito fiscal las bebidas alcohólicas a la entidad B que es la encargada de dar salida a tales bebidas del depósito, no teniendo como destino una fábrica, un depósito fiscal o la exportación.

Se consulta cuándo se devenga el AIEM por la importación de las bebidas alcohólicas, quién es el sujeto pasivo y si el IABD forma parte de la base imponible.

IGIC

AIEM

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Nº 2.323

14/07/2026

Una entidad mercantil proyecta desarrollar una actividad económica consistente en poner a disposición de usuarios individuales una flota de vehículos de movilidad personal eléctricos y bicicletas con pedaleo asistido. Los vehículos estarán físicamente situados en Tenerife y serán utilizados por los usuarios dentro de áreas operativas previamente delimitadas.

La contratación del servicio se realizará íntegramente mediante una aplicación móvil. A través de dicha aplicación el usuario podrá registrarse, aceptar las condiciones contractuales, localizar un vehículo disponible, desbloquearlo, utilizarlo durante el tiempo deseado y finalizar la utilización estacionándolo en una zona autorizada.

El precio se calculará principalmente en función del tiempo efectivo de utilización, normalmente por minutos. Adicionalmente podrán existir importes accesorios asociados a la operación principal, tales como tarifas de desbloqueo, apertura del vehículo, gastos derivados del incumplimiento de determinadas condiciones de uso u otros conceptos similares vinculados a la utilización del vehículo.

El usuario conducirá personalmente el vehículo durante todo el período de utilización. La entidad titular de la actividad no proporcionará conductor, no organizará itinerarios obligatorios, no asumirá la conducción ni prestará servicios de transporte de pasajeros. Tampoco asumirá obligación alguna de trasladar al usuario entre un punto de origen y un punto de destino determinados.

Se expone que la aplicación móvil utilizada para la contratación y gestión del servicio no constituye una prestación independiente para el usuario ni será objeto de facturación separada. Su función consiste exclusivamente en permitir la contratación, identificación del usuario, localización del vehículo, desbloqueo, registro del tiempo de utilización, finalización del alquiler y cobro del precio correspondiente.

Señala que la operación económica realizada frente al usuario consiste exclusivamente en la cesión temporal del derecho de uso de un vehículo concreto durante un período determinado y sin conductor.

Los vehículos de movilidad personal objeto de la actividad estarán propulsados exclusivamente mediante motores eléctricos y cumplirán los requisitos establecidos por la normativa vigente. Las bicicletas utilizadas dispondrán de pedales y de motor eléctrico auxiliar en los términos previstos por la normativa técnica aplicable a las bicicletas con pedaleo asistido.

Por último, los importes accesorios eventualmente facturados al usuario estarán directamente vinculados a la prestación principal de arrendamiento y carecerán de autonomía económica propia.

Con base en todo ello, textualmente se consulta lo siguiente:

¿Debe calificarse como arrendamiento sin conductor o cesión temporal de uso de vehículo por tiempo determinado la actividad consistente en el alquiler por minutos de vehículos de movilidad personal eléctricos y bicicletas con pedaleo asistido cuando el usuario conduce personalmente el vehículo y el titular de la actividad no presta servicios de transporte de pasajeros?

¿Resulta aplicable el tipo cero del IGIC previsto por la normativa vigente al arrendamiento por minutos de vehículos de movilidad personal eléctricos y bicicletas con pedaleo asistido en las condiciones descritas en la presente consulta?

¿Debe considerarse la aplicación móvil utilizada para la contratación, desbloqueo, control de utilización, finalización del alquiler y cobro del precio como un elemento meramente instrumental y accesorio respecto de la prestación principal de arrendamiento?

¿Deben tributar con el mismo tipo impositivo aplicable a la prestación principal los importes accesorios inseparables de la operación de arrendamiento, tales como tarifas de desbloqueo, apertura del vehículo u otros conceptos facturados conjuntamente con el tiempo de utilización?

Nº 2.324

15/07/2026

La asociación empresarial consulta si a los efectos de lo establecido en el artículo 12 bis de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, y como consecuencia de lo establecido en la disposición final decimocuarta de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, el transporte específico de auxilio-rescate en carretera, se considera una actividad exclusiva de transporte de mercancías por carretera, a los efectos de la aplicación de la devolución parcial del impuesto que grava el gasóleo o la gasolina profesional.

Combustibles

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Nº 2.330

31/07/2026

Se consulta la tributación en el IGIC de la prestación de servicios de comercialización y venta de capacidad disponible en las bodegas en aviones que realizan el transporte aéreo Canarias con Península. La empresa que presta dicho servicio no es la empresa que presta el servicio de transporte aéreo.

Nº 2.334

11/08/2026

Se consulta el tipo impositivo aplicable en el IGIC a la entrega o importación de los siguientes productos:

- Crema adhesiva fijadora para prótesis dentales.

- Tabletas y pastillas limpiadoras para prótesis dentales.

La entidad consultante aporta copia de certificados de marcado CE emitidos por el Organismo Notificado elegido por el fabricante y que ha intervenido en el proceso de evaluación de los citados productos. El marcado CE constituye, en si mismo, una declaración expresa de que el producto cumple con todos los requisitos para su consideración como producto sanitario, entiende por ello la entidad consultante que el tipo aplicable es el tipo superreducido del 3 por ciento.
 

Nº 2.338

31/08/2026

La entidad consultante que es una sociedad mercantil con domicilio fiscal en la Península y sin establecimiento permanente en Canarias, dedicada al ensamblaje y comercialización de equipos servidores e infraestructura informática, pretende entregar un lote de servidores a un cliente final establecido en la Península (una operadora de telecomunicaciones), siendo el lugar de entrega física de la mercancía un emplazamiento situado en una isla de las Islas Canarias.

El transporte de la mercancía con destino al cliente se inicia en el territorio peninsular. La entidad consultante expone que la operación se pacta bajo el incoterm DDP (Delivered Duty Paid), de modo que, señala, la consultante asume por cuenta propia los costes y riesgos del transporte, del despacho de importación en Canarias y de los tributos que graven dicha importación, hasta la puesta a disposición de la mercancía en el domicilio del cliente. En coherencia con el incoterm pactado, se expone en el escrito presentado, que la entidad consultante tiene intención de figurar como importadora de la mercancía en el Documento Único Administrativo (DUA) de importación en Canarias, soportando la cuota del IGIC correspondiente a dicha importación.

La entidad consultante no realiza en Canarias entregas de bienes o prestaciones de servicios distintas de la descrita. Su intención es emitir una única factura de venta directa al cliente final, sin repercusión de IGIC, y recuperar la cuota de IGIC soportada en la importación.

Cuestiones que se plantean

1. Localización de la entrega a efectos del IGIC. Dado que el transporte de la mercancía con destino al cliente se inicia en el territorio peninsular, ¿debe entenderse que la entrega de bienes efectuada por la consultante no se localiza en las Islas Canarias a efectos del IGIC (por aplicación de las reglas de localización del hecho imponible, en coherencia con el artículo 68 de la Ley 37/1992 del IVA), constituyendo por tanto una operación no sujeta al IGIC?

2. Naturaleza de la operación. En consecuencia con lo anterior, ¿se confirma que la operación no constituye una entrega interior en las Islas Canarias sujeta y no exenta al IGIC, y que la consultante no queda obligada a repercutir IGIC al cliente en su factura, ni por tanto a darse de alta censal (modelo 400) ni a presentar autoliquidaciones periódicas (modelo 420) por esta operación?

3. Efecto del incoterm DDP. ¿Se confirma que el hecho de haber pactado el incoterm DDP —que determina que la consultante asuma por cuenta propia los costes, riesgos y tributos de la importación hasta el domicilio del cliente— no altera la localización de la entrega ni convierte la operación en una entrega interior canaria, por tratarse de una cláusula relativa al reparto de costes y riesgos entre las partes y no de una regla de localización fiscal?

4. Sujeto que debe figurar como importador en el DUA. A efectos de que la cuota de IGIC soportada en la importación resulte recuperable, ¿quién debe figurar como importador en el Documento Único Administrativo (DUA): la consultante (vendedora peninsular que, en virtud del incoterm DDP, mantiene la propiedad y el riesgo de la mercancía hasta su puesta a disposición en el domicilio del cliente y asume el despacho de importación), el cliente final destinatario, o el transportista/representante aduanero? En particular, ¿se confirma que, siendo la consultante quien soporta efectivamente la cuota, debe ser ella quien figure como importadora en el DUA para poder ejercitar el derecho a su recuperación, y que no resulta admisible que dicha cuota sea recuperada por un tercero (cliente o representante aduanero) que no la haya soportado ni destine la mercancía a su propia actividad?

5. Vía de recuperación de la cuota de IGIC soportada en la importación. Siendo la consultante un empresario no establecido en el territorio de aplicación del IGIC que soporta la cuota del impuesto en la importación de bienes, ¿se confirma que la vía procedente para recuperar dicha cuota es la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos regulada en el artículo 48 de la Ley 20/1991 (modelo 414), y no la deducción a través de autoliquidación periódica (modelo 420)?

6. Requisitos de la devolución por el modelo 414. ¿Se confirma que la consultante cumple los requisitos del artículo 48 de la Ley 20/1991 y concordantes del Real Decreto 2538/1994, en particular el de no haber realizado en las Islas Canarias, durante el periodo de la solicitud, entregas de bienes o prestaciones de servicios distintas de las exceptuadas por dicho precepto, y que el documento acreditativo del pago del IGIC a la importación (DUA) es título suficiente para el ejercicio del derecho a la devolución?

Nº 16

21/06/2011

CUESTIÓN PLANTEADA: Se consulta si es aplicable la bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones derivada de las adquisiciones "mortis causa", creada por la Comunidad Autónoma de Canarias, si la causante, de nacionalidad alemana, era residente habitual en Canarias desde hace más de 5 años y su heredero, también residente, es el viudo.

Sucesiones y Donaciones

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Nº 17

21/06/2011

CUESTIÓN PLANTEADA: Se consulta sobre la aplicabilidad a la donación de participaciones de un ascendiente a su descendiente, de la bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones derivada de las adquisiciones "inter vivos", creada por la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta que son participaciones de una entidad radicada en el extranjero cuyo activo está formado indirecta y principalmente por bienes inmuebles radicados en Canarias. Y, además, sobre si puede formalizarse la donación ante un Notario extranjero y, en ese caso, cuál sería la fecha de inicio del cómputo del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto: si la del otorgamiento del documento o la de su apostilla.

Sucesiones y Donaciones

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Nº 25

31/05/2012

La Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, creó el ente público empresarial "Puertos Canarios", con personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, independiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituyendo una entidad de las previstas en el artículo 5.1.b) del la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, hoy sustituida por la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, que las incluye como parte del sector público autonómico según definición de la Ley 6/2006, de 17 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. El ente público entró en funcionamiento el pasado 10 de febrero A su vez, la Ley de Patrimonio define las entidades públicas empresariales en su Disposición Adicional Séptima, hasta tanto se lleve a cabo la actualización de su normativa reguladora, los organismos públicos creados bajo la dependencia de la Administración de la Comunidad Autónoma, a los que se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios, o la producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, rigiéndose por derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de potestades administrativas que tengan atribuidas, en la actividad contractual sujeta a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. En este sentido, la Ley de Puertos de Canarias atribuye al ente "Puertos Canarios", potestades administrativas. Así, su artículo 21 establece: "1. Se crea la entidad "Puertos Canarios" con personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, independiente del de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrita a la consejería competente en materia de puertos, constituyendo una entidad de las previstas en el artículo 5.1. b) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que realizará lás funciones y gestionará los servicios que, en materia de puertos, le sean atribuidas por esta Ley y por el ordenamiento jurídico que le resulte de aplicación. 2. La entidad "Puertos Canarios" ajustará sus actividades y régimen de funcionamiento al ordenamiento jurídico-pri vado, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuya, en especial las relativas a concesiones y régimen de utilización del dominio público portuario, procedimiento sancionador, medidas. de policía portuaria y, en general las referidas a las actividades de limitación, intervención y control, y se regirá por lo dispuesto én esta Ley, en la legislación reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como por lo establecido en las normas que las desarrollen y por cuantas otras le resulten de aplicación. 3. En la contratación y enajenaciones o adquisiciones patrimoniales habrá de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia y salvaguarda del interés público." En el uso de dichas potestades administrativas estimamos que las publicaciones en el Boletín Oficial de Canarias, qué sean exigidas por normas administrativas, tanto procedimentales de carácter general, como sectoriales, deben gozar de las exenciones que, el texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos, dispone en su artículo 48 dentro del apartado 1 e) "Las resoluciones, anuncios, requerimientos y escritos de todas clases, expedidos por órganos o autoridades competentes del Gobierno de Canarias,...; en cumplimiento de precepto legal o reglamentario que así lo prescriba." Esta redacción del artículo 48.1 e) del Decreto Legislativo 1/1994, plantea determinadas dudas en cuanto al alcance de dicha exención, concretamente si la expresión "... expedidos por órganos o autoridades competentes del Gobierno de Canarias...." se refiere exclusivamente a órganos de la Administración Pública del Gobierno de Canarias, o se pueden considerar comprendidos en la misma otros órganos o autoridades del sector público a que hace referencia el artículo 1 de la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Ley 12/2011, de 29 de diciembre). En este sentido, se solicita la confirmación de dicha exención a los efectos de publicación en el BOC de los distintos actos o anuncios de Puertos Canarios sujetos a derecho administrativo.

Nº 1.217

15/09/2008

La sociedad mercantil consultante, que tiene como único socio a un organismo público, se dedica a prestar el servicio de resonancia magnética. Este servicio tiene carácter médico, y, por eso, la sociedad entiende ¿así lo destaca en el texto de la consulta- que sus operaciones empresariales están exentas del IGIC. En el año 2005, una prioridad de la sociedad fue la construcción de un edificio para albergar la sede social y, también, la compra de una nueva máquina de resonancia magnética, la cual ha de colocar, por su aparatosidad, antes del tabicado de las instalaciones. A finales del año 2005 comenzaron las obras del edificio, y las primeras certificaciones de obra fueron de principios del año 2006, a las que la adjudicataria de la obra aplicó el IGIC. La sociedad precisa que, en esa fecha, cumplía todos los requisitos legales para la aplicación de la exención del IGIC del artículo 25 de la Ley 19/1994, pero que, sin embargo, no presentó la declaración que exige ese artículo, identificando el bien de inversión y manifestando la concurrencia de esos requisitos. A la vista de estos hechos, la consultante plantea dos cuestiones: 1º) Si el edificio y la máquina de resonancia magnética se pueden definir como dos bienes de inversión separados o, por el contrario, la máquina de resonancia forma parte inseparable del edificio. 2º) Si el valor del suelo estaría exento con la nueva normativa aplicable del artículo 25 de la Ley 19/1994. Por otra parte, la sociedad expone también que comoquiera que la Ley establece la obligación de la sociedad adquirente de entregar al empresario o profesional transmitente una declaración identificando los bienes de inversión o los elementos del inmovilizado material, objeto de transmisión, y teniendo en cuenta que esta declaración debe ser presentada con carácter previo o simultáneo a la entrega del bien o prestación del servicio, manifestando el cumplimiento de los requisitos para acogerse a la exención y, en especial, la condición de sujeto pasivo sin derecho a la deducción total del IGIC soportado, y dado que en esa fecha, aunque no se presentó la declaración, se cumplían los requisitos para la aplicación de la exención del artículo 25 de la Ley 19/1994, consulta: - Si los pagos anticipados (certificaciones de obra) realizados con anterioridad al año 2007, en los que se repercutió el IGIC por la empresa constructora, pueden regularizarse y rectificarse, igual que los deven-gados con posterioridad al 1 de enero de 2007, así como los que se devenguen en el futuro, incluida la entrega final del edificio.

Nº 1.219

15/09/2008

La sociedad mercantil consultante manifiesta tener, por actividad principal, la exportación de bienes, especialmente del orden naval, y en buena parte a través del suministro a buques extranjeros. Los bienes que constituyen su comercio son, a su vez, en su mayoría, importados. Menciona la sociedad consultante el artículo 60.1 del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio, en concreto, reproduce el contenido del párrafo tercero: "¿Serán también deducibles las cuotas del mismo Impuesto devengadas en dicho territorio y satisfechas a la Hacienda Pública por el sujeto pasivo en los supuestos siguientes: 1º En las importaciones de bienes. ¿" A continuación se argumenta que en las importaciones el impuesto es satisfecho por el agente de aduanas, si bien actuando en nombre y por cuenta del importador. A los pocos días de la importación, el Agente de Aduanas hace llegar una nota de adeudo al importador con el cargo del Impuesto. El Agente de Aduanas mantiene un Aval con la Administración, por lo que el Impuesto es pagado realmente a los 45 o 60 días. Se acompañan, en prueba de lo expuesto, cuatro documentos relativos a una importación, de los que se deduce que, aunque la factura del Agente de Aduanas llegó a los tres días del despacho de la mercancía, el justificante de pago no se recibió hasta casi dos meses después. A continuación la sociedad consultante reproduce textualmente parte del contenido del número 1 del artículo 31 de la Ley 20/1991, consultando cuando puede considerarse satisfecho el IGIC y proponiendo dos interpretaciones: - Cuando el agente de aduanas lo satisface a la aduana - Cuando el importador lo reintegra a su agente Directamente relacionado con lo anterior es la siguiente cuestión. La entidad contabiliza la compra en la fecha de factura y el devengo del IGIC en la fecha del documento aduanero, pero en el libro de IGIC soportado lo hace en la fecha del pago del mismo a la Administración. Es decir, no tienen por que concordar entre sí, a efectos de IGIC soportado, la contabilidad y el libro de IGIC, y que éste puede diferir de las fechas de los justificantes de pago. Se cuestiona si dicha afirmación es correcta y si puede simplificarse. Por último, se formula otra cuestión, haciendo referencia al artículo 60 de la Ley 20/1991, que establece la obligación de llevar en debida forma los libros registros que se establezcan reglamentariamente, mientras que el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre enumera los libros ¿ registro de facturas emitidas (que no hace al caso), de facturas recibidas y de bienes de inversión. No se hace, por lo tanto, ninguna especialidad para las importaciones, sean éstas de bienes corrientes, destinados a su reventa, o de bienes de inversión, es decir, que las importaciones y el IGIC que las grava deberán repartirse entre uno y otro registro, según su destino, sin tomar en cuenta, por lo tanto, su origen. Se consulta si dicha afirmación es correcta.

Nº 1.221

01/10/2008

Se consulta por la sujeción al IGIC y, en su caso, al AIEM, de las importaciones de varios recipientes de polipropileno.

AIEM

IGIC

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Nº 1.222

08/10/2008

La sociedad consultante forma parte de un Grupo dedicado a la distribución e integrado en el segmento de hipermercados, desarrollando su actividad en todo el territorio nacional. En Canarias dispone la sociedad de tres hipermercados situados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, que constituyen su patrimonio empresarial en el Archipiélago. La sociedad está planteándose realizar una operación mediante la cual se procedería a la transmisión de los tres hipermercados a otra sociedad que continuaría realizando la actividad del Grupo en el Archipiélago. A estos efectos, transmitiría todo el conjunto de bienes y derechos afectos al desarrollo de su actividad, enajenando, por consiguiente, todo su patrimonio social en Canarias, incluyendo el personal del que tiene en el Archipiélago. Con lo cual una vez realizada la operación, la consultante no dispondría de patrimonio alguno ni personal contratado en las Islas, si bien continuaría con su actividad en el resto del territorio español. Los "servicios centrales" que tiene la sociedad fuera del territorio de aplicación del IGIC, no serían aportados a la nueva sociedad. Únicamente, el patrimonio de Canarias. Esos servicios centrales, luego, los facturaría la sociedad consultante a la nueva sociedad. Supuesto esto, la sociedad consultante entiende que para analizar la tributación a efectos del IGIC de la transmisión de su patrimonio empresarial en Canarias, deben tenerse en cuenta exclusivamente las circunstancias existentes en el ámbito de aplicación del Impuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley del IGIC. De acuerdo con esto, dado que va a proceder a la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial localizado en Canarias a favor de un único adquirente, la operación estaría no sujeta al IGIC en virtud del artículo 9.1º.a) de la Ley del IGIC. Ya que por "totalidad del patrimonio empresarial o profesional", hay que entender el que se encuentra situado dentro del ámbito de aplicación del IGIC, con independencia de que éste sólo sea una parte de un patrimonio mayor que incluiría el situado en otros territorios distintos del Archipiélago Canario. De ahí que la consultante considere que la transmisión de la totalidad de su patrimonio empresarial localizado en Canarias a favor de un único adquirente que va a continuar desarrollando la misma actividad que el anterior titular, está dentro del supuesto de no sujeción del artículo 9.1º.a) de la Ley del IGIC. Por ello, consulta si es correcta la interpretación indicada de lo que debe entenderse por "totalidad del patrimonio empresarial", al referirlo únicamente a aquel localizado en el ámbito de aplicación del IGIC determinado conforme a lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley del IGIC, independientemente de que éste constituya sólo una parte de un patrimonio mayor localizado en diversas áreas geográficas distintas de las Islas Canarias. Y por tanto, si la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial situado en Canarias es una operación no sujeta al IGIC.

Nº 1.223

08/10/2008

El organismo autónomo consultante manifiesta realizar obras de rehabilitación de viviendas protegidas de promoción pública, destinadas al mantenimiento y conservación de viviendas del Parque Público. A estos efectos, tramitan distintos tipos de expedientes de contratación de obras en función de su importe: - Contratos menores de obras. - Contratos de obras mediante procedimientos negociados y abiertos. En el primer caso manifiesta que se aplica el 5 por 100 del IGIC en las correspondientes facturas, mientras en el segundo se aplica el tipo cero del IGIC de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.1.1º.f) de la Ley 20/1991, cuyo tenor literal se reproduce en el escrito presentado. Argumenta el consultante que el tipo cero del IGIC en el segundo tipo de contratos se viene efectuando en aplicación de lo referido en el artículo citado con anterioridad, y en concreto, con la referencia a "parte de la misma" por efectuar las actuaciones de conservación y rehabilitación en parte de la edificación A continuación cita el consultante el artículo 27.1.1º.h) de la Ley 20/1991 y plantea consulta respecto al tipo impositivo del IGIC aplicable en la obra denominada "Rehabilitación del Grupo 24 viviendas Garafía, Término municipal de Garafía, en la Isla de La Palma", de la que se adjunta copia del Pliego de Cláusulas Administrativas y Contrato.

Nº 1.226

22/10/2008

La sociedad mercantil consultante manifiesta tener, como actividad principal, la venta al por mayor de productos químicos destinados al consumo en hogares, principalmente: limpiadores, insecticidas y ambientadores. Dentro de su gama de productos se encuentran algunos que, además del recambio químico, incluyen aparatos eléctricos y electrónicos destinados al uso como ambientadores e insecticidas. Estos productos son comercializados con clientes situados en las Islas Canarias. Tal y como consta en el producto, se trata de difusores que van acompañados siempre de sus respectivos recambios; para el mejor conocimiento del producto, se adjuntan fotos de algunos modelos con una breve descripción de los mismos. En el Anexo 1.1.1º de la Ley 20/1991 se hace referencia a que se aplicará el tipo impositivo reducido del 2 por 100 del IGIC a los productos derivados de la industria química. Conforme a la información expuesta, se consulta si es de aplicación el tipo impositivo reducido del 2 por 100 del IGIC a los productos que incluyen, además de un recambio químico, un aparato que funciona con un enchufe eléctrico o una pila.

Nº 1.229

11/11/2008

La sociedad consultante, sociedad limitada profesional, manifiesta tener como actividad la prestación de servicios médicos (consulta médica) por lo que consulta por la obligación de repercutir IGIC y la presentación de autoliquidaciones trimestrales.

Nº 1.230

13/11/2008

La entidad consultante manifiesta que su actividad consiste en el servicio de instalación y arrendamiento de terminales de fichar, con el fin de permitir el control del cumplimiento horario de los trabajadores en las dependencias de sus clientes por vía telemática (empresas tanto públicas como privadas situadas en la Península y las Islas Canarias). Dichos terminales, propiedad de la consultante durante toda la duración del contrato, recogen todas las incidencias y a través del teléfono son enviadas a la central de la consultante, donde se procesa toda la información y, por último, se elabora un informe que se envía a las empresas. A cambio de ese servicio se cobra una cuota mensual, a la que aplican la correspondiente imposición indirecta, el 5 por 100 de IGIC. Se consulta por la sujeción al IGIC de las prestaciones de servicio realizadas por la consultante y, en su caso, el derecho a solicitar la devolución de las cuotas soportadas por no establecidos por parte de sus clientes.