Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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1.560 consultas

Nº 2.255

08/05/2025

Una persona física no residente en Canarias es propietaria de un apartamento en un complejo turístico, y ha cedido el mismo a una entidad operadora turística en unidad de explotación, mediante un contrato de cesión onerosa del derecho de explotación.

Teniendo en cuenta la consulta 2209 de 18 de marzo de 2024, plantea lo siguiente:

¿Es obligatorio que se produzca la inversión del sujeto pasivo? ¿Puede el propietario renunciar a esta inversión, pudiendo así darse de alta en el censo de empresarios o profesionales y realizar sus autoliquidaciones periódicas (Mod. 420 y 425)?

¿Se sigue el mismo criterio tanto para personas físicas no establecidas que residan en el extranjero, como para las personas físicas no establecidas que residan en la Península? (residentes en España, pero en la Península, no en las Islas Canarias).

En caso de que sea obligatoria la inversión del sujeto pasivo ¿cómo puede deducirse el no establecido el IGIC soportado? ¿Qué modelo? ¿Qué requisitos? ¿Qué documentación hay que aportar? ¿En qué plazo?

Nº 2.263

06/06/2025

La entidad consultante es una empresa española, perteneciente a un grupo multinacional, con domicilio fiscal en territorio peninsular y cuya actividad principal consiste en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos relacionados con el cuidado ocular (principalmente, productos oftalmológicos y productos quirúrgicos). Los clientes son generalmente profesionales médicos e instituciones públicas o privadas de salud que actúan en calidad de empresarios o profesionales a los efectos del IGIC.

La entidad consultante expone las diferentes líneas de negocio en Canarias y consulta si dispone o no de establecimiento permanente en Canarias, y la forma de recuperar las cuotas del IGIC soportadas.

Nº 2.267

20/06/2025

Se consulta sobre el ámbito territorial de aplicación del tipo cero del IGIC previsto en el artículo 4.Tres del Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

La persona física consultante estima que por la técnica jurídica utilizada en las sucesivas prórrogas del beneficio fiscal contenido en el citado artículo 4.Tres, en la que no se menciona si se prorroga la redacción inicial del artículo 4.Tres o la redacción modificada por la Ley 6/2021, puede reconocerse la existencia de ambigüedad suficiente para aceptar una aplicación extensiva del beneficio fiscal que permita disfrutar el tipo cero a todo el ámbito territorial de la isla de La Palma, como figura en la redacción original y no la restricción del ámbito territorial como figura en la redacción modificada por el Decreto ley 11/2022.

Conforme a todo ello, textualmente conulta lo siguiente:

¿Cuál es el ámbito territorial actual de aplicación del tipo cero del IGIC en virtud del artículo 4.Tres del Decreto ley 12/2021, conforme a su última prórroga por el Decreto ley 1/2025?

¿Se considera vigente la limitación territorial introducida por el Decreto ley 11/2022, o ha sido sustituida por la referencia al texto original del Decreto ley 12/2021?

Nº 2.268

20/06/2025

La entidad mercantil consultante, residente en Península y con actividad principal el servicio de ingeniería y consultoría en áreas de sistemas de gestión territorial, recursos naturales e ingeniería de datos en los sistemas de información y producción cartográfica, constituyó, con otra entidad mercantil, una Unión Temporal de Empresa (UTE) con el objeto de participar en el concurso de un proyecto que tiene entre otros propósitos los siguientes: servicios de investigación y desarrollo experimental; aeronaves sin piloto, vehículos aéreos no tripulados; inteligencia, vigilancia; servicios de extinción aérea de incendios forestales, etc. (en adelante, el proyecto).

La UTE tiene domicilio en Canarias y está participada por la entidad consultante en un 65 por ciento y por la otra entidad mercantil en un 35 por ciento.

Adjudicado el contrato a la UTE, ésta subcontrata todos los trabajos con los socios en función de los porcentajes de participación en la misma. Se manifiesta que la UTE no proporciona ni personal, ni material ni equipo a los socios partícipes para la ejecución del proyecto, de manera que cada socio aporta todos aquellos medios humanos y materiales que sean necesarios para al ejecución de las tareas que le ha subcontratado la UTE.

La ejecución de la subcontratación que le ha encargado la UTE a la entidad mercantil consultante, le obliga a tener personal propio en Canarias, lo que implica disponer de cuatro centros de trabajo en España: tres en la Península y uno en Canarias. A finales del año 2024 tenía 10 empleados en el centro de trabajo de Canarias, estimándose que a finales del presente año 2025 disponga de una plantilla de 14 empleados.

Dado el carácter multidisciplinar de la ejecución del proyecto subcontratado por la UTE, los trabajos se encuentran repartidos por los cuatro centros de trabajo que dispone en España la entidad consultante, siendo las tareas asignadas las siguientes:

- Madrid: dirección del proyecto, provisión de expertos en navegación aérea y sistemas informáticos, así como la relación comercial.

- Barcelona: dirección técnica, definición de la arquitectura del sistema y de los modelos de datos, desarrollo del software.

- Canarias: programadores, gestión local, sistemas informáticos locales.

La entidad consultante manifiesta que el proyecto tiene una fuerte aportación por parte de subcontratistas y socios, los cuales están gestionados en los centros de la Península.

Los trabajadores ubicados en Canarias ejecutan el proyecto bajo las directrices de personal de la entidad consultante ubicado en los centros de trabajo que la empresa cuenta en Península, por lo que todas las tareas de dirección e incluso una parte sustancial del trabajo de desarrollo se lleva a cabo fuera de las islas Canarias. No cuentan con poderes de representación para actuar en nombre de la entidad consultante, ni llevan a cabo ninguna tarea de dirección del proyecto, ni están encargados de cerrar nuevos contratos en Canarias en nombre de la entidad consultante.

Para la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo desde Canarias, la UTE ha firmado con el poder adjudicador la cesión del uso de un espacio de oficinas destinado única y exclusivamente a tareas relacionadas con la ejecución del proyecto. La UTE abonará los gastos derivados de consumos y suministros propios del espacio. En dicho espacio de oficinas se situarán el personal de la entidad mercantil consultante.

Los resultados que puedan obtenerse con el proyecto son todos intangibles, no dando lugar a ningún bien material que deba instalarse en Canarias de manera fija.

Una vez que el proyecto finalice y la UTE se extinga, los socios se repartirán la explotación y comercialización de los resultados del proyecto. Ambas partes han convenido a efectuar conjuntamente un plan de acción de marketing y comercial para establecer la estrategia de comercialización, promoción, comunicación, etc.

Por tanto, se señala, que existe dos fases en la duración de la relación contractual entre la partes:

- Una primera con la misma duración del contrato suscrito entre la UTE y el poder adjudicador.

- Una segunda fase en que las partes tendrán una relación de colaboración a largo plazo para la comercialización de los resultados obtenidos en la primera fase.

La cuestión planteada por la consultante es si podría entenderse que tiene o no un establecimiento permanente en Canarias, que implique obligaciones fiscales en el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario, como consecuencia de tener cierto personal contratado para la ejecución del proyecto ubicados en Canarias, distinguiéndose dos momentos temporales del proyecto:

- Período inicial de duración del proyecto 2024-2026 donde todos los costes del proyecto que asumen los socios de la UTE son refacturados a ésta.

- Período posterior al proyecto, que abarca, en principio, los ejercicios 2026-2028 donde se asumen por parte de los socios y de manera individualizada y desligada de la UTE ciertos compromisos relativos a la creación de puestos de trabajo en Canarias y a la continuidad de las actividades de I+D+i una vez el proyecto finalice, fortaleciendo la industria aeroespacial en la región.