Doctrina tributaria
Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.
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1.560 consultas
Nº 979
15/09/2004
El consultante expone que, en relación con el régimen especial de las agencias de viajes, regulado en la Ley 20/1991, de 7 de junio, plantea dudas sobre la aplicación de dicho régimen a operadores económicos que realizando prestaciones idénticas a las de las Agencias de Viajes, no tengan la clasificación de tales, de acuerdo con el Decreto 135/2000, de 10 de julio, que las regulan, en base a las siguientes consideraciones:
El régimen especial de las agencias de viajes, regulado en el artículo 54 de la mencionada Ley, es, de acuerdo con este precepto, de aplicación a las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuanto actúen en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales, definiéndose, a tal efecto, el concepto de viajes como los servicios de hospedaje o transporte prestados conjuntamente o por separado, y en su caso con otros de carácter accesorio o complementario. Asimismo le es de aplicación el mencionado régimen a las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos en los que concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior.
El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes, en su artículo 1.2, define a las mismas como empresas mercantiles que adopten la forma de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, que estando en posesión del título ¿licencia correspondiente, se dedique comercialmente y en exclusiva al ejercicio de actividades de mediación y/u organización de prestaciones o servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios para ello.
Sin embargo no es extraña la realización de todo tipo de intermediación en actividades de las que podríamos denominar, reservadas a las agencias de viajes, por otros operadores en el mercado, como por ejemplo hoteles, organizadores de eventos y congresos, etc., que puestos a contentar a su cliente, les facilitan servicios prestados por terceros, como alquiler de vehículos, excursiones, billetes de avión, hospedajes, etc.
En principio, en aplicación del mencionado Decreto 135/2000, estos operadores, por mas que realicen operaciones propias de su actividad, no serían agencias de viajes, y por tanto, de acuerdo con la redacción del artículo 54 de la Ley 20/1991, no les sería de aplicación el Régimen especial de las Agencias de Viajes.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 22 de octubre de 1998, sobre asuntos acumulados C-308/96 y C-94/97, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el asunto, y más concretamente en los apartados 20 al 23 de dicha sentencia señala:
¿20. En segundo lugar, debe señalarse que las razones subyacentes al régimen especial aplicable a las agencias de viajes y a los organizadores de circuitos turísticos son igualmente válidas en el supuesto en que el operador económico no sea una agencia de viajes o un organizador de circuitos turísticos en el sentido generalmente dado a estos términos, pero efectúen operaciones idénticas en el marco de otra actividad, como es la actividad hotelera.
21. En efecto, una interpretación que reserve la aplicación del artículo 26 de la Sexta Directiva únicamente a los operadores turísticos que sean agencias de viajes u organizadores de circuitos turísticos en el sentido generalmente dado a estos términos daría lugar a que prestaciones idénticas estuviesen comprendidas dentro del ámbito de aplicación de disposiciones diferentes según el estatuto formal del operador económico.
22 Por último, como señaló el Abogado General en el punto 32 de sus conclusiones, hacer depender la aplicación del régimen especial previsto en el artículo 26 de la Sexta Directiva de una calificación previa del operador sería contrario al objeto de esta disposición, crearía una distorsión de competencia entre los operadores y comprometería la aplicación uniforme de la Sexta Directiva.
23 Por tanto, procede señalar que el régimen del artículo 26 de la Sexta Directiva se aplica a los operadores económicos que organicen en su propio nombre viajes o circuitos turísticos y que, para suministrar las prestaciones de servicios generalmente vinculadas a este tipo de actividad, recurran a otros sujetos pasivos, aunque aquéllos no tengan formalmente el estatuto de agencia de viajes o de organizador de circuitos turísticos.¿
Por último, el consultante manifiesta que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda se ha pronunciado, en consulta nº 499/1999, de 12 de abril, sobre esta cuestión asumiendo los planteamientos de la sentencia mencionada.
Conforme a lo manifestado, se consulta si se deben considerar incluidas en el Régimen especial de las agencias de viajes, previsto en el artículo 54 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, las operaciones similares a las contempladas en el mencionado artículo, cuando éstas estén realizadas por operadores que no tienen la calificación legal de Agencias de Viajes, de acuerdo con el Decreto 135/2000, de 10 de julio, que las regula.
IGIC
Nº 981
16/02/2005
El instante manifiesta que una compañía naviera establecida en Canarias (en adelante, el ¿adquirente¿) va a proceder a la adquisición de un buque en proceso de construcción en territorio peninsular (en adelante, el ¿buque¿).
Por motivos financieros se instrumenta la adquisición mediante la suscripción de un con-trato de arrendamiento a casco desnudo (el ¿contrato de arrendamiento¿) con una Agrupación de Interés Económico domiciliada en Canarias (en adelante, el ¿transmitente¿) en el que adquirente y transmitente han pactado determinadas opciones de compra y venta, respectivamente (en adelante, las ¿opciones¿) que se ejercitarán en todo caso al finalizar el período de arrendamiento. El contra-to de arrendamiento a casco desnudo se ha pactado con un período de duración aproximado de tres (3) años.
No existe ninguna duda sobre el ejercicio de opción. Como garantía, el importe correspon-diente al precio de adquisición del buque en virtud de las opciones estará depositadas, con anterio-ridad a la fecha en que se devenguen tales cantidades, en un depósito bancario.
Asimismo, el adquirente ha dado instrucciones irrevocables al banco del transmitente para que proceda a cargar en el depósito mencionado el precio de adquisición correspondiente a las opciones.
En el momento en que haya finalizado el período de construcción del buque, el transmiten-te se lo entregará al adquirente en la Península, mediante un acta de entrega y aceptación del bu-que. Inmediatamente después de recibir el buque del transmitente, el adquirente lo pondrá en fun-cionamiento y lo importará en territorio canario.
Adicionalmente, el adquirente ampliará capital con carácter previo a la recepción del bu-que del transmitente en virtud del contrato de arrendamiento y cumplirá además todos los demás requisitos para que el buque tenga consideración de bien de inversión y los relativos a la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económi-co Fiscal de Canarias.
Conforme a lo manifestado se realizan las siguientes consultas:
1º. Si como consecuencia de la cesión en virtud del contrato de arrendamiento con opción de compra y compromiso ineludible de ejercicio de la misma se produce una entrega de bienes a los efectos del IGIC y, por lo tanto, pueden aplicarse las exenciones fiscales previstas en el artícu-lo 25 de la Ley 19/1994 a las adquisiciones de ¿bienes de inversión¿, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en la Ley.
2º Si, en particular, sería aplicable la exención del IGIC prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, al hecho imponible consistente en la importación del buque en Canarias como bien de inversión por parte del adquirente, una vez producida la entrega del mismo como consecuencia del contrato de arrendamiento con opción de compra garantizada.
Por motivos financieros se instrumenta la adquisición mediante la suscripción de un con-trato de arrendamiento a casco desnudo (el ¿contrato de arrendamiento¿) con una Agrupación de Interés Económico domiciliada en Canarias (en adelante, el ¿transmitente¿) en el que adquirente y transmitente han pactado determinadas opciones de compra y venta, respectivamente (en adelante, las ¿opciones¿) que se ejercitarán en todo caso al finalizar el período de arrendamiento. El contra-to de arrendamiento a casco desnudo se ha pactado con un período de duración aproximado de tres (3) años.
No existe ninguna duda sobre el ejercicio de opción. Como garantía, el importe correspon-diente al precio de adquisición del buque en virtud de las opciones estará depositadas, con anterio-ridad a la fecha en que se devenguen tales cantidades, en un depósito bancario.
Asimismo, el adquirente ha dado instrucciones irrevocables al banco del transmitente para que proceda a cargar en el depósito mencionado el precio de adquisición correspondiente a las opciones.
En el momento en que haya finalizado el período de construcción del buque, el transmiten-te se lo entregará al adquirente en la Península, mediante un acta de entrega y aceptación del bu-que. Inmediatamente después de recibir el buque del transmitente, el adquirente lo pondrá en fun-cionamiento y lo importará en territorio canario.
Adicionalmente, el adquirente ampliará capital con carácter previo a la recepción del bu-que del transmitente en virtud del contrato de arrendamiento y cumplirá además todos los demás requisitos para que el buque tenga consideración de bien de inversión y los relativos a la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económi-co Fiscal de Canarias.
Conforme a lo manifestado se realizan las siguientes consultas:
1º. Si como consecuencia de la cesión en virtud del contrato de arrendamiento con opción de compra y compromiso ineludible de ejercicio de la misma se produce una entrega de bienes a los efectos del IGIC y, por lo tanto, pueden aplicarse las exenciones fiscales previstas en el artícu-lo 25 de la Ley 19/1994 a las adquisiciones de ¿bienes de inversión¿, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en la Ley.
2º Si, en particular, sería aplicable la exención del IGIC prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, al hecho imponible consistente en la importación del buque en Canarias como bien de inversión por parte del adquirente, una vez producida la entrega del mismo como consecuencia del contrato de arrendamiento con opción de compra garantizada.
IGIC
Nº 982
10/09/2004
El consultante describe la siguiente operación:
Un Ayuntamiento de un municipio de la Isla de Tenerife firma un convenio con una sociedad anónima unipersonal, en el que el único socio es el propio Ayuntamiento.
En la exposición primera de dicho convenio se dice:
¿Este Ayuntamiento está interesado en encomendar a dicha sociedad municipal, los trabajos para llevar a cabo actuaciones de reposición, rehabilitación y/o demolición de viviendas, locales, jardines y, de cualquier otra obra siguiendo el referido estudio, en relación a la ejecución del proyecto de la Avenida X, 2º fase..¿
En la estipulación tercera se establece la remuneración de los servicios a prestar por la sociedad:
¿El precio a abonar por el Ayuntamiento a la sociedad por los trabajos a que se refiere el presente convenio asciende a la cantidad de ¿., correspondiendo ¿. a gastos por las actuaciones a llevar a cabo y la cantidad de ¿.. en concepto de; del ¿ % por gastos de gestión sobre dicha cantidad.¿
Es decir que la remuneración de la sociedad está establecida en un porcentaje sobre el total de gastos a incurrir por las distintas actuaciones.
En la ejecución del trabajo la sociedad puede optar por dos procedimientos:
a) Contratar directamente con las empresas actuantes, encargadas de la demolición, de la urbanización, de la rehabilitación, etc. La facturación de las empresas se hará con cargo a la sociedad y posteriormente; la sociedad traslada al Ayuntamiento con una factura propia los mismos gastos.
Por sus servicios de gestión la sociedad emitiría otra factura aplicando el porcentaje establecido.
b) Gestionar con las empresas actuantes. Estas emitirían factura a cargo del Ayuntamiento, limitándose la sociedad a abonar por cuenta del Ayuntamiento.
Por sus servicios de gestión la sociedad emitiría otra factura aplicando el porcentaje establecido, igual que el supuesto anterior.
Considerando que estas actuaciones podrían ser consideradas como equipamiento comunitario, se consulta si a las actuaciones descritas le son de aplicación algunos de los apartados e) y f) del artículo 27 de la Ley 20/1991 (tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario), concretamente si les son de aplicación el tipo cero del IGIC, en los dos supuestos planteados.
En caso afirmativo, si la aplicación del tipo cero alcanza a toda la operación o sólo la factura emitida por los contratistas ejecutores materiales de las obras. Es decir, la remuneración de la sociedad en concepto de gestión estaría gravada a un tipo distinto.
Un Ayuntamiento de un municipio de la Isla de Tenerife firma un convenio con una sociedad anónima unipersonal, en el que el único socio es el propio Ayuntamiento.
En la exposición primera de dicho convenio se dice:
¿Este Ayuntamiento está interesado en encomendar a dicha sociedad municipal, los trabajos para llevar a cabo actuaciones de reposición, rehabilitación y/o demolición de viviendas, locales, jardines y, de cualquier otra obra siguiendo el referido estudio, en relación a la ejecución del proyecto de la Avenida X, 2º fase..¿
En la estipulación tercera se establece la remuneración de los servicios a prestar por la sociedad:
¿El precio a abonar por el Ayuntamiento a la sociedad por los trabajos a que se refiere el presente convenio asciende a la cantidad de ¿., correspondiendo ¿. a gastos por las actuaciones a llevar a cabo y la cantidad de ¿.. en concepto de; del ¿ % por gastos de gestión sobre dicha cantidad.¿
Es decir que la remuneración de la sociedad está establecida en un porcentaje sobre el total de gastos a incurrir por las distintas actuaciones.
En la ejecución del trabajo la sociedad puede optar por dos procedimientos:
a) Contratar directamente con las empresas actuantes, encargadas de la demolición, de la urbanización, de la rehabilitación, etc. La facturación de las empresas se hará con cargo a la sociedad y posteriormente; la sociedad traslada al Ayuntamiento con una factura propia los mismos gastos.
Por sus servicios de gestión la sociedad emitiría otra factura aplicando el porcentaje establecido.
b) Gestionar con las empresas actuantes. Estas emitirían factura a cargo del Ayuntamiento, limitándose la sociedad a abonar por cuenta del Ayuntamiento.
Por sus servicios de gestión la sociedad emitiría otra factura aplicando el porcentaje establecido, igual que el supuesto anterior.
Considerando que estas actuaciones podrían ser consideradas como equipamiento comunitario, se consulta si a las actuaciones descritas le son de aplicación algunos de los apartados e) y f) del artículo 27 de la Ley 20/1991 (tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario), concretamente si les son de aplicación el tipo cero del IGIC, en los dos supuestos planteados.
En caso afirmativo, si la aplicación del tipo cero alcanza a toda la operación o sólo la factura emitida por los contratistas ejecutores materiales de las obras. Es decir, la remuneración de la sociedad en concepto de gestión estaría gravada a un tipo distinto.
IGIC
Nº 986
24/08/2004
Se consultan en relación al tipo impositivo aplicables en las importaciones y entregas de cartuchos de tinta para impresora, fundamentando la aplicación del tipo reducido del IGIC en la clasificación arancelaria de las importaciones de dichas mercancías en función de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto C-276/00).
IGIC