Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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1.560 consultas

Nº 1.217

15/09/2008

La sociedad mercantil consultante, que tiene como único socio a un organismo público, se dedica a prestar el servicio de resonancia magnética. Este servicio tiene carácter médico, y, por eso, la sociedad entiende ¿así lo destaca en el texto de la consulta- que sus operaciones empresariales están exentas del IGIC. En el año 2005, una prioridad de la sociedad fue la construcción de un edificio para albergar la sede social y, también, la compra de una nueva máquina de resonancia magnética, la cual ha de colocar, por su aparatosidad, antes del tabicado de las instalaciones. A finales del año 2005 comenzaron las obras del edificio, y las primeras certificaciones de obra fueron de principios del año 2006, a las que la adjudicataria de la obra aplicó el IGIC. La sociedad precisa que, en esa fecha, cumplía todos los requisitos legales para la aplicación de la exención del IGIC del artículo 25 de la Ley 19/1994, pero que, sin embargo, no presentó la declaración que exige ese artículo, identificando el bien de inversión y manifestando la concurrencia de esos requisitos. A la vista de estos hechos, la consultante plantea dos cuestiones: 1º) Si el edificio y la máquina de resonancia magnética se pueden definir como dos bienes de inversión separados o, por el contrario, la máquina de resonancia forma parte inseparable del edificio. 2º) Si el valor del suelo estaría exento con la nueva normativa aplicable del artículo 25 de la Ley 19/1994. Por otra parte, la sociedad expone también que comoquiera que la Ley establece la obligación de la sociedad adquirente de entregar al empresario o profesional transmitente una declaración identificando los bienes de inversión o los elementos del inmovilizado material, objeto de transmisión, y teniendo en cuenta que esta declaración debe ser presentada con carácter previo o simultáneo a la entrega del bien o prestación del servicio, manifestando el cumplimiento de los requisitos para acogerse a la exención y, en especial, la condición de sujeto pasivo sin derecho a la deducción total del IGIC soportado, y dado que en esa fecha, aunque no se presentó la declaración, se cumplían los requisitos para la aplicación de la exención del artículo 25 de la Ley 19/1994, consulta: - Si los pagos anticipados (certificaciones de obra) realizados con anterioridad al año 2007, en los que se repercutió el IGIC por la empresa constructora, pueden regularizarse y rectificarse, igual que los deven-gados con posterioridad al 1 de enero de 2007, así como los que se devenguen en el futuro, incluida la entrega final del edificio.

Nº 1.219

15/09/2008

La sociedad mercantil consultante manifiesta tener, por actividad principal, la exportación de bienes, especialmente del orden naval, y en buena parte a través del suministro a buques extranjeros. Los bienes que constituyen su comercio son, a su vez, en su mayoría, importados. Menciona la sociedad consultante el artículo 60.1 del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio, en concreto, reproduce el contenido del párrafo tercero: "¿Serán también deducibles las cuotas del mismo Impuesto devengadas en dicho territorio y satisfechas a la Hacienda Pública por el sujeto pasivo en los supuestos siguientes: 1º En las importaciones de bienes. ¿" A continuación se argumenta que en las importaciones el impuesto es satisfecho por el agente de aduanas, si bien actuando en nombre y por cuenta del importador. A los pocos días de la importación, el Agente de Aduanas hace llegar una nota de adeudo al importador con el cargo del Impuesto. El Agente de Aduanas mantiene un Aval con la Administración, por lo que el Impuesto es pagado realmente a los 45 o 60 días. Se acompañan, en prueba de lo expuesto, cuatro documentos relativos a una importación, de los que se deduce que, aunque la factura del Agente de Aduanas llegó a los tres días del despacho de la mercancía, el justificante de pago no se recibió hasta casi dos meses después. A continuación la sociedad consultante reproduce textualmente parte del contenido del número 1 del artículo 31 de la Ley 20/1991, consultando cuando puede considerarse satisfecho el IGIC y proponiendo dos interpretaciones: - Cuando el agente de aduanas lo satisface a la aduana - Cuando el importador lo reintegra a su agente Directamente relacionado con lo anterior es la siguiente cuestión. La entidad contabiliza la compra en la fecha de factura y el devengo del IGIC en la fecha del documento aduanero, pero en el libro de IGIC soportado lo hace en la fecha del pago del mismo a la Administración. Es decir, no tienen por que concordar entre sí, a efectos de IGIC soportado, la contabilidad y el libro de IGIC, y que éste puede diferir de las fechas de los justificantes de pago. Se cuestiona si dicha afirmación es correcta y si puede simplificarse. Por último, se formula otra cuestión, haciendo referencia al artículo 60 de la Ley 20/1991, que establece la obligación de llevar en debida forma los libros registros que se establezcan reglamentariamente, mientras que el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre enumera los libros ¿ registro de facturas emitidas (que no hace al caso), de facturas recibidas y de bienes de inversión. No se hace, por lo tanto, ninguna especialidad para las importaciones, sean éstas de bienes corrientes, destinados a su reventa, o de bienes de inversión, es decir, que las importaciones y el IGIC que las grava deberán repartirse entre uno y otro registro, según su destino, sin tomar en cuenta, por lo tanto, su origen. Se consulta si dicha afirmación es correcta.

Nº 1.221

01/10/2008

Se consulta por la sujeción al IGIC y, en su caso, al AIEM, de las importaciones de varios recipientes de polipropileno.

AIEM

IGIC

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Nº 1.222

08/10/2008

La sociedad consultante forma parte de un Grupo dedicado a la distribución e integrado en el segmento de hipermercados, desarrollando su actividad en todo el territorio nacional. En Canarias dispone la sociedad de tres hipermercados situados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, que constituyen su patrimonio empresarial en el Archipiélago. La sociedad está planteándose realizar una operación mediante la cual se procedería a la transmisión de los tres hipermercados a otra sociedad que continuaría realizando la actividad del Grupo en el Archipiélago. A estos efectos, transmitiría todo el conjunto de bienes y derechos afectos al desarrollo de su actividad, enajenando, por consiguiente, todo su patrimonio social en Canarias, incluyendo el personal del que tiene en el Archipiélago. Con lo cual una vez realizada la operación, la consultante no dispondría de patrimonio alguno ni personal contratado en las Islas, si bien continuaría con su actividad en el resto del territorio español. Los "servicios centrales" que tiene la sociedad fuera del territorio de aplicación del IGIC, no serían aportados a la nueva sociedad. Únicamente, el patrimonio de Canarias. Esos servicios centrales, luego, los facturaría la sociedad consultante a la nueva sociedad. Supuesto esto, la sociedad consultante entiende que para analizar la tributación a efectos del IGIC de la transmisión de su patrimonio empresarial en Canarias, deben tenerse en cuenta exclusivamente las circunstancias existentes en el ámbito de aplicación del Impuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley del IGIC. De acuerdo con esto, dado que va a proceder a la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial localizado en Canarias a favor de un único adquirente, la operación estaría no sujeta al IGIC en virtud del artículo 9.1º.a) de la Ley del IGIC. Ya que por "totalidad del patrimonio empresarial o profesional", hay que entender el que se encuentra situado dentro del ámbito de aplicación del IGIC, con independencia de que éste sólo sea una parte de un patrimonio mayor que incluiría el situado en otros territorios distintos del Archipiélago Canario. De ahí que la consultante considere que la transmisión de la totalidad de su patrimonio empresarial localizado en Canarias a favor de un único adquirente que va a continuar desarrollando la misma actividad que el anterior titular, está dentro del supuesto de no sujeción del artículo 9.1º.a) de la Ley del IGIC. Por ello, consulta si es correcta la interpretación indicada de lo que debe entenderse por "totalidad del patrimonio empresarial", al referirlo únicamente a aquel localizado en el ámbito de aplicación del IGIC determinado conforme a lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley del IGIC, independientemente de que éste constituya sólo una parte de un patrimonio mayor localizado en diversas áreas geográficas distintas de las Islas Canarias. Y por tanto, si la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial situado en Canarias es una operación no sujeta al IGIC.