El Cabildo consultante, a través de la Consejería de Medio Ambiente,
manifiesta que pretende responder a la necesidad de mejorar la oferta
ambiental de la isla a través de las distintas infraestructuras
existentes, con un producto basado en la calidad tanto de instalaciones
como de servicios, siendo el nexo de unión con el desarrollo económico
de la zona en la que se encuentran ubicadas estas infraestructuras. A
tal efecto, se pretende llevar a cabo la contratación, mediante
arrendamiento, de la explotación de diversas infraestructuras de
carácter medioambiental, tales como fondas, albergues, miradores-centros
de interpretación, etc. Dichas infraestructuras figuran registradas en
el Inventario de Bienes del Cabildo como Bienes Patrimoniales de
Propios. Afirma el Cabildo consultante que todas las contrataciones que
se promueven, se tipifican como Contratos Privados de conformidad a lo
estipulado por el artículo 4.1, p) del vigente Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). Por tanto,
estos negocios están excluidos del ámbito de aplicación del TRLCSP, y se
regularán por sus normas especiales (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1373/2009, de
28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 1372/1986), aplicándose los principios del referido TRLCSP para
resolver las dudas y lagunas que se pudieran presentar. En algunos
casos, dado el mal estado de algunas de estas infraestructuras, será
necesario acometer obras de acondicionamiento y mejora, instalaciones
varias, decoración, equipamiento, etc. Dado que se ha previsto que estas
inversiones sean llevadas a cabo por los arrendatarios, se plantea la
necesidad de compensar a partir de una determinada cantidad de
inversión, en un determinado porcentaje de renta o canon de
arrendamiento establecido, cuestión en la que no existe uniformidad de
criterio entre los diferentes órganos del Cabildo consultante.
Igualmente se consulta en relación a la sujeción o exención del IGIC en
los cánones de arrendamiento de este tipo de contratos, manifestando que
el criterio del Órgano de Contabilidad y Presupuestos del Cabildo
consultante es la exención del IGIC con sustento en los artículos
10.1.31) y 7.2º de la Ley 20/1991. Se adjunta copia de los Pliegos, de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato de arrendamiento de la Fonda Doramas para su adjudicación por
el sistema de concurso, procedimiento abierto, actualmente vigente, en
cuyo contrato se incluyó la posibilidad de compensación por parte del
arrendatario de la inversión inicial a través de la renta (Cláusula 3ª 4).