La sociedad consultante manifiesta que su actividad consiste,
principalmente, en el arrendamiento de vehículos sin conductor a largo
plazo (añade que dicha actividad comúnmente se denomina
"renting" de vehículos), siendo sus principales clientes
empresas de arrendamiento a corto plazo que arriendan a la consultante
flotas de vehículos para destinarlas a su actividad. En el marco de la
mencionada actividad, la consultante se plantea implantar en territorio
insular la siguiente operativa, que ya viene utilizando en la Península
hace tiempo: - La consultante adquirirá vehículos a motor (turismos) con
la finalidad de cederlos en arrendamiento a sus clientes por un período
de seis meses. - Los vehículos adquiridos en el marco de operaciones de
compra globales a las principales marcas del sector serán introducidos
en territorio canario por el transmitente, quien liquidará, en ese
momento, en la aduana, los aranceles que, en su caso procedan y el IGIC
devengado en la importación. - La consultante no dispone en la
actualidad ni dispondrá de infraestructura alguna en territorio canario,
teniendo en cuenta que la misma no resulta en absoluto necesaria para su
actividad, que se desarrollará, como ocurre hasta el momento, desde su
sede social. - Los clientes de la consultante, arrendadores de vehículos
a corto plazo (añade el consultante que se trata de los comúnmente
denominados "rent a car"), son entidades establecidas en
Canarias a efectos del IGIC. A continuación el consultante realiza un
análisis sobre la sujeción al IGIC de la entrega de los vehículos,
describiendo que serán importados por el fabricante/distribuidor de los
mismos, que se hará cargo de la totalidad de las gestiones relativas a
la expedición de los mismos desde la Península y su introducción en las
Islas, liquidando en este último momento los aranceles, tasas e
impuestos que se devenguen en tal momento. De acuerdo con lo anterior ¿
afirma el consultante ¿ el IGIC devengado a la importación será
satisfecho por el transmitente de los vehículos. Consecuentemente, la
entrega de los vehículos se efectuaría por el proveedor
(fabricante/distribuidor) a la consultante en territorio canario. A
continuación se mencionan los artículos 3.1 y 16.2 de la Ley 20/1991, de
acuerdo con los cuales, a juicio del consultante, nos encontraríamos en
una entrega interior de bienes, realizada por el importador de los
bienes en territorio canario, que son puestos a disposición del
adquirente en dicho territorio y que debieran ser localizados, conforme
a lo anterior, en Canarias a efectos de IGIC y, consecuentemente,
sujetas a dicho tributo. En relación a la situación del consultante a
efectos del IGIC debe tenerse en cuenta que su único vínculo con dicho
territorio y la única actividad relacionada con el mismo será la del
mencionado arrendamiento de flotas a compañías dedicadas a la actividad
del "rent-a-car" establecidas en dicho territorio. De
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 20/1991, en
ausencia de norma específica en relación con los servicios de
arrendamiento de vehículos (y encontrándose, de hecho, específicamente
excluidos de la norma relativa al arrendamiento de bienes muebles
corporales, que se localizan en sede de destinatario, según el artículo
17.2.5º.j), afirma el consultante que cabe concluir que, a tales
servicios, les resultará de aplicación la norma general de localización
de servicios contenida en el mencionado artículo 17.1, el cual reproduce
textualmente en el escrito de consulta. Sobre la base de la definición
de establecimiento permanente, y en ausencia de cualquier tipo de
infraestructura del consultante en territorio canario, por resultar
absolutamente innecesario para el desarrollo de su actividad, manifiesta
el consultante que debe tenerse en cuenta que la suscripción de los
contratos debe en su sede social, sita en territorio peninsular sin
requerirse para ello ninguna sede en Canarias, por lo que se afirma que
la consultante tendría la consideración de no establecida en territorio
canario. De acuerdo con todo lo anterior, y teniendo en cuenta que, como
se ha mencionado, la consultante tendría, a su juicio, la consideración
de no establecida en territorio canario en aplicación de la mencionada
regla general de localización, los servicios de arrendamiento de
vehículos prestados por la consultante debieran considerarse localizados
en el territorio en el que se ubica su sede, es decir, en territorio
peninsular y sujetos, en consecuencia, al Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) A continuación, la consultante cita una contestación de
esta Dirección General de Tributos a consulta tributaria de fecha 23 de
junio de 2006 (sic) (se refiere el consultante a la consulta, número
823, de fecha 23 de junio de 2003), en la que se manifestó lo siguiente:
"Respecto a los demás supuestos planteados en la consulta, el
servicio de intermediación ¿ ya sea en nombre y por cuenta ajena, o en
nombre propio y por cuenta ajena- realizada por una entidad mercantil
radicada en Canarias respecto a servicios de alquiler de vehículos
automóviles, se localiza, en ambos casos, donde se entienda prestado el
mencionado servicio de alquiler de vehículos. Al servicio de alquiler de
vehículos le es aplicable la regla general de localización pre-vista en
el artículo 17.1 de la Ley 20/1991, es decir, donde esté situada la sede
de la actividad económica de quien los preste, o donde radique el
establecimiento permanente desde el que preste en servicio, si
dispusiese de varios, tanto en territorio de aplicación del Impuesto,
como fuera de éste. Por ello, el servicio de intermediación, -tanto en
nombre y por cuenta ajena, al vin-cularse la localización de esta
intermediación a la localización de la prestación del servicio
prin-cipal de alquiler, como el efectuado en nombre propio, al
entenderse este servicio como directa-mente prestado por el
intermediario-, realizada por una entidad mercantil radicada en Canarias
respecto al servicio de alquiler de vehículos automóviles se entenderá
localizada en Canarias, y por tanto sujeta al IGIC, cuando la prestación
de servicios de alquiler de vehículos se preste des-de una sede del
prestador en Canarias. (¿). Si la prestación de servicios de alquiler de
vehículos automóviles se presta desde una sede del prestador situado
fuera de Canarias, el servicio de in-termediación ¿tanto en nombre y por
cuenta ajena, como en nombre propio- está no sujeto al IGIC. "
Sobre la base de todo lo anterior, se afirma en el escrito presentado
que la entrega de los vehículos adquiridos por la entidad consultante se
encontraría sujeta a IGIC, por lo que la entidad soportaría, con motivo
de tal adquisición, las cuotas correspondientes por tal tributo, sin que
la recuperación de tales importes resulte posible mediante su
compensación con IGIC repercutido alguno, a través de las
autoliquidaciones periódicas, pues, en su calidad de no establecido en
dicho territorio, no repercutirá IGIC alguno ni presentará,
consecuentemente, autoliquidaciones periódicas. Teniendo en cuenta que
tales importes serán soportados por la consultante como consecuencia del
desarrollo de su actividad empresarial de arrendamiento de vehículos sin
conductor, actividad a la que se afectarán totalmente los vehículos
adquiridos ¿ lógicamente-, entiende la consultante que el procedimiento
de recuperación del IGIC soportado debiera ser el establecido en el
artículo 48, por el que se regulan las devoluciones a personas no
establecidas en las Islas Canarias. De conformidad con el mencionado
artículo, la devolución resultará procedente, en la medida en que,
presupuesta la afectación de los bienes a la actividad empresarial, se
cumplan los siguientes requisitos¿ (se reproduce textualmente a
continuación el artículo 48.2 de la Ley 20/1991). Termina la consultante
su escrito haciendo las siguientes consideraciones: - la consultante es
una entidad establecida en la Península - la consultante desarrolla en
Península actividades empresariales sujetas a IVA. - la consultante no
realizará en territorio canario ninguna operación sujeta al IGIC. De
acuerdo con lo anterior, afirma la consultante que parecería que resulta
procedente la devolución de cuotas soportadas en Canarias mediante el
procedimiento establecido en el artículo 48 de la Ley 20/1991 para
personas no establecidas. La anterior afirmación resulta ser el objeto
de la consulta tributaria vinculante presentada por la consultante,
quién consulta lo siguiente: ¿Resulta procedente la devolución del IGIC
soportado por la consultante mediante el procedimiento previsto para no
establecidos en el artículo 48 de la Ley 20/1991?