Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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Nº 968

15/02/2005

El consultante manifiesta, en relación a un nuevo producto a comercializar, del cual adjunta muestra, que el mismo se encuentra en la partida arancelaria 4909 con el 15 % de AIEM y el 5 % de IGIC. Sin embargo, afirma que dicho artículo es diferente a lo normal por las siguientes razones:
- En Canarias no se fabrica ningún tipo de tarjeta similar a la mía.
- La tarjeta tiene fijado un muñeco
- El coste de la tarjeta es mucho mayor que la tarjeta clásica, por lo que si le incluimos un 15 % de AIEM no se hace competitiva.
;;;;;;;;;; Con base en lo expuesto consulta el tipo impositivo aplicable en el AIEM y en el IGIC a la entrega e importación del bien cuya muestra aporta.

AIEM

IGIC

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Nº 969

31/08/2004

La entidad mercantil consultante desarrolla la actividad de comercio al por menor de material y aparatos electrodomésticos, y conforme al volumen de entregas realizados en el año natural anterior a otros empresarios o profesionales no tiene en el año 2004 la consideración de comerciante minorista. Conforme a ello se desea saber si dado que el volumen de venta a otros empresarios o profesionales superó el 70 por 100 el año anterior, si su actividad comercial está sujeta al IGIC. Y de estar sujeta cuál es el tipo impositivo a aplicar a las entregas que efectúe.;

Nº 971

09/02/2006

El consultante manifiesta que ha cesado en la actividad profesional que ha venido desarrollando en los últimos años, habiendo presentado los correspondientes modelos 036 y 400. al igual que en el IRPF, en sus declaraciones tributarias por el IGIC ha utilizado el criterio de cobros y pagos.
Por haber superado en el año 2004 la cuantía de ingresos señalada legalmente, en el año 2005 ha repercutido a sus clientes el 5 por 100 de IGIC, y ha presentado los correspondientes modelos 420.
Al cese de su actividad, existen algunos clientes que le adeudan honorarios por trabajos ya realizados y, aunque cree que no, pudiera resultar que tuviese que satisfacer aún algún gasto ocasionado por la actividad profesional desempeñada.
Conforme a lo manifestado, se consulta como ha de proceder en relación al IGIC respecto a los ingresos y, en su caso, a los gastos que tienen su origen en la actividad profesional en la cual ha cesado y que se hicieran efectivos a partir del día del cese.

Nº 976

18/05/2005

Se consulta sobre  la clasificación y régimen tributario aplicable al siguiente supuesto:

Los servicios jurídicos prestados a particulares por designación de oficio, pagados por la comisión de Justicia Gratuita de la Dirección General de Relaciones con la Administración  de Justicia del Gobierno de Canarias, cuando el profesional que los presta realiza operaciones sujetas al IGIC que en su conjunto superan los 25.000 euros y no se encuentran en el supuesto de la exención personal por volumen de operaciones.

Nº 979

15/09/2004

El consultante expone que, en relación con el régimen especial de las agencias de viajes, regulado en la Ley 20/1991, de 7 de junio, plantea dudas sobre la aplicación de dicho régimen a operadores económicos que realizando prestaciones idénticas a las de las Agencias de Viajes, no tengan la clasificación de tales, de acuerdo con el Decreto 135/2000, de 10 de julio, que las regulan, en base a las siguientes consideraciones: El régimen especial de las agencias de viajes, regulado en el artículo 54 de la mencionada Ley, es, de acuerdo con este precepto, de aplicación a las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuanto actúen en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales, definiéndose, a tal efecto, el concepto de viajes como los servicios de hospedaje o transporte prestados conjuntamente o por separado, y en su caso con otros de carácter accesorio o complementario. Asimismo le es de aplicación el mencionado régimen a las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos en los que concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior. El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes, en su artículo 1.2, define a las mismas como empresas mercantiles que adopten la forma de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, que estando en posesión del título ¿licencia correspondiente, se dedique comercialmente y en exclusiva al ejercicio de actividades de mediación y/u organización de prestaciones o servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios para ello. Sin embargo no es extraña la realización de todo tipo de intermediación en actividades de las que podríamos denominar, reservadas a las agencias de viajes, por otros operadores en el mercado, como por ejemplo hoteles, organizadores de eventos y congresos, etc., que puestos a contentar a su cliente, les facilitan servicios prestados por terceros, como alquiler de vehículos, excursiones, billetes de avión, hospedajes, etc. En principio, en aplicación del mencionado Decreto 135/2000, estos operadores, por mas que realicen operaciones propias de su actividad, no serían agencias de viajes, y por tanto, de acuerdo con la redacción del artículo 54 de la Ley 20/1991, no les sería de aplicación el Régimen especial de las Agencias de Viajes. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 22 de octubre de 1998, sobre asuntos acumulados C-308/96 y C-94/97, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el asunto, y más concretamente en los apartados 20 al 23 de dicha sentencia señala: ¿20. En segundo lugar, debe señalarse que las razones subyacentes al régimen especial aplicable a las agencias de viajes y a los organizadores de circuitos turísticos son igualmente válidas en el supuesto en que el operador económico no sea una agencia de viajes o un organizador de circuitos turísticos en el sentido generalmente dado a estos términos, pero efectúen operaciones idénticas en el marco de otra actividad, como es la actividad hotelera. 21. En efecto, una interpretación que reserve la aplicación del artículo 26 de la Sexta Directiva únicamente a los operadores turísticos que sean agencias de viajes u organizadores de circuitos turísticos en el sentido generalmente dado a estos términos daría lugar a que prestaciones idénticas estuviesen comprendidas dentro del ámbito de aplicación de disposiciones diferentes según el estatuto formal del operador económico. 22 Por último, como señaló el Abogado General en el punto 32 de sus conclusiones, hacer depender la aplicación del régimen especial previsto en el artículo 26 de la Sexta Directiva de una calificación previa del operador sería contrario al objeto de esta disposición, crearía una distorsión de competencia entre los operadores y comprometería la aplicación uniforme de la Sexta Directiva. 23 Por tanto, procede señalar que el régimen del artículo 26 de la Sexta Directiva se aplica a los operadores económicos que organicen en su propio nombre viajes o circuitos turísticos y que, para suministrar las prestaciones de servicios generalmente vinculadas a este tipo de actividad, recurran a otros sujetos pasivos, aunque aquéllos no tengan formalmente el estatuto de agencia de viajes o de organizador de circuitos turísticos.¿ Por último, el consultante manifiesta que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda se ha pronunciado, en consulta nº 499/1999, de 12 de abril, sobre esta cuestión asumiendo los planteamientos de la sentencia mencionada. Conforme a lo manifestado, se consulta si se deben considerar incluidas en el Régimen especial de las agencias de viajes, previsto en el artículo 54 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, las operaciones similares a las contempladas en el mencionado artículo, cuando éstas estén realizadas por operadores que no tienen la calificación legal de Agencias de Viajes, de acuerdo con el Decreto 135/2000, de 10 de julio, que las regula.

Nº 981

16/02/2005

El instante manifiesta que una compañía naviera establecida en Canarias (en adelante, el ¿adquirente¿) va a proceder a la adquisición de un buque en proceso de construcción en territorio peninsular (en adelante, el ¿buque¿).
Por motivos financieros se instrumenta la adquisición mediante la suscripción de un con-trato de arrendamiento a casco desnudo (el ¿contrato de arrendamiento¿) con una Agrupación de Interés Económico domiciliada en Canarias (en adelante, el ¿transmitente¿) en el que adquirente y transmitente han pactado determinadas opciones de compra y venta, respectivamente (en adelante, las ¿opciones¿) que se ejercitarán en todo caso al finalizar el período de arrendamiento. El contra-to de arrendamiento a casco desnudo se ha pactado con un período de duración aproximado de tres (3) años.
No existe ninguna duda sobre el ejercicio de opción. Como garantía, el importe correspon-diente al precio de adquisición del buque en virtud de las opciones estará depositadas, con anterio-ridad a la fecha en que se devenguen tales cantidades, en un depósito bancario.
Asimismo, el adquirente ha dado instrucciones irrevocables al banco del transmitente para que proceda a cargar en el depósito mencionado el precio de adquisición correspondiente a las opciones.
En el momento en que haya finalizado el período de construcción del buque, el transmiten-te se lo entregará al adquirente en la Península, mediante un acta de entrega y aceptación del bu-que. Inmediatamente después de recibir el buque del transmitente, el adquirente lo pondrá en fun-cionamiento y lo importará en territorio canario.
Adicionalmente, el adquirente ampliará capital con carácter previo a la recepción del bu-que del transmitente en virtud del contrato de arrendamiento y cumplirá además todos los demás requisitos para que el buque tenga consideración de bien de inversión y los relativos a la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económi-co Fiscal de Canarias.
Conforme a lo manifestado se realizan las siguientes consultas:
1º. Si como consecuencia de la cesión en virtud del contrato de arrendamiento con opción de compra y compromiso ineludible de ejercicio de la misma se produce una entrega de bienes a los efectos del IGIC y, por lo tanto, pueden aplicarse las exenciones fiscales previstas en el artícu-lo 25 de la Ley 19/1994 a las adquisiciones de ¿bienes de inversión¿, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en la Ley.
2º Si, en particular, sería aplicable la exención del IGIC prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, al hecho imponible consistente en la importación del buque en Canarias como bien de inversión por parte del adquirente, una vez producida la entrega del mismo como consecuencia del contrato de arrendamiento con opción de compra garantizada.