Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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1.560 consultas

Nº 2.309

10/04/2026

Un cabildo insular presenta una consulta cuyo contenido textual es el siguiente:

“El Cabildo de (...) contrata la celebración de actos culturales de diversa naturaleza (actuaciones musicales, teatro, etc.). La naturaleza de esos contratos está definida en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público como contratos de servicios de carácter privado.

El precio de estos contratos está determinado por el caché, o sea, la cantidad total que se paga a un artista por su actuación al que debe sumarse el importe del IGIC correspondiente para obtener el precio del contrato.

El abono de ese caché ofrece diversas alternativas:

- Considerar el caché una retribución fija que abona la Administración con recursos propios sin tener en cuenta la posible recaudación de la taquilla.

- Considerar el caché la retribución máxima a la que puede aspirar el contratista si bien el importe final a percibir estará en función del importe de la recaudación de la taquilla. Esta opción admite una variante consistente en que el caché a abonar este integrado por una parte fija (que la Administración abona con fondos propios) y una parte variable que está sujeta al importe de la recaudación por taquilla, de modo que el contratista cobrará la totalidad del caché si se venden todas las entradas, percibiendo, en cualquier caso, el importe de la recaudación lo que puede dar lugar a que el precio final del contrato sea inferior al cache fijado inicialmente.

Además, cabe considerar que la recaudación la realice la Administración (y se ingrese en su cuenta corriente) o bien que esa recaudación la realice directamente el contratista de modo que percibe inmediatamente el precio.

Estimamos que si el abono del precio lo realiza la Administración con fondos propios (sin tener en cuenta la recaudación por taquilla) consideramos que tipo de IGIC aplicable es del 7%. Si el contratista tiene residencia fiscal en Canarias, será éste el responsable de liquidar el impuesto.

Sin embargo, si el contratista tiene su domicilio fiscal fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias se produce la inversión del sujeto pasivo correspondiendo al Cabildo la liquidación del impuesto.

Sin embargo, nos surgen las siguientes dudas cuando el precio del contrato se abona (todo o en parte) con cargo a la recaudación de la taquilla:

1º) La venta de entradas está gravada con el 3% de IGIC.

En este caso, ¿si la Administración destina el importe de la recaudación de la taquilla a abonar el caché (el precio del contrato) puede minorar el tipo impositivo del 7% para evitar gravar dos veces el mismo importe o bien debe considerar que el contrato artístico y la venta de entradas son hechos imponibles distintos e independientes de modo que cada uno debe soportar su correspondiente tipo impositivo?

2ª) El contrato artístico prevé que la venta de entradas y la recaudación la gestione directamente el contratista de modo que percibe directamente su importe (mediante la venta de entradas de los consumidores finales) sin intervención de la Administración; en ese caso:

¿Debe el contratista facturar a la Administración una factura acreditativa del cobro del importe de la parte correspondiente a la recaudación efectuada, aun cuando el IGIC lo ha soportado los consumidores?

¿Es el contratista el único responsable de liquidar el IGIC, o en el caso de un contratista con domicilio fiscal fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias se mantiene la inversión del sujeto pasivo a efectos de liquidación del impuesto y corresponde, por tanto, esa obligación a la Administración, aun cuando el precio se ha abonado directamente con la venta de las entradas por los consumidores finales?

Nº 2.311

05/05/2026

La entidad mercantil consultante imparte un máster universitario de título propio (no oficial) amparado por una universidad que reconoce el programa como título propio no oficial. La formación es impartida íntegramente por la entidad consultante bajo un contrato formal de colaboración con la citada universidad. El título que obtiene los alumnos lo emite la universidad, pero la docencia, tutorías y evaluación los realiza la entidad consultante.

El contenido del máster está recogido en planes oficiales tanto del Grado de Trabajo Social como del Grado en Psicología. La enseñanza se presta íntegramente de forma telemática mediante clases en directo a través de la plataforma zoom, en la que interviene 4 tutores principales y más de 20 docentes, no existiendo contenidos formativos pregrabados ni materiales didácticos autónomos puesto a disposición con carácter principal. Expone la entidad consultante que, además, la formación incluye tutorías personalizadas, con interacción constante entre docentes y alumnos y evaluación académica.

Se consulta si resulta aplicable la exención en el IGIC prevista en el artículo 15 del texto refundido REF.

Nº 2.312

11/05/2026

La persona física consultante tiene residencia habitual en Canarias y en el año 2023 adquirió una vivienda que constituye su vivienda habitual, suscribiendo un préstamo hipotecario. Durante 2023, 2024 y 2025, ha satisfecho las cuotas periódicas de dicho préstamo integrados por amortización del capital e intereses, además de otros gastos inherentes a la financiación.

Consulta si habiendo adquirido la vivienda con posterioridad al año 2013, resulta aplicable la deducción en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por inversión en la vivienda habitual prevista en el artículo 14 del texto refundido. Caso de respuesta positiva, se consulta si para la determinación de la base de la deducción puede incluirse las cantidades destinadas a la amortización del capital e intereses, además de otros gastos inherentes a la financiación, y si el criterio interpretativo sería de aplicación a todos los ejercicios fiscales no prescritos en lo que el consultante haya satisfecho cantidades por los conceptos mencionados.

Nº 2.313

14/05/2026

El consultante, residente fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias, adquirió su vivienda habitual en el año 2021, financiando dicha adquisición mediante préstamo hipotecario.

En sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha venido aplicando la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 14 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril.

Dicho precepto establece que la deducción se aplicará en los mismos términos y siempre que concurran los mismos requisitos exigidos en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, según redacción vigente a 1 de enero de 2012.

Consulta sobre si la remisión contenida en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2009 a la normativa estatal vigente a 1 de enero de 2012 implica:

a) La aplicación íntegra del régimen jurídico de la deducción estatal por inversión en vivienda habitual, incluyendo los requisitos temporales derivados de su régimen transitorio (adquisición anterior a 1 de enero de 2013), o bien

b) Únicamente la aplicación de los aspectos técnicos de la deducción (concepto de vivienda habitual, base de deducción, gastos deducibles, etc), permitiendo la aplicación de la deducción autonómica con independencia de la fecha de adquisición de la vivienda.

Asimismo, se solicita confirmación expresa sobre si un contribuyente que adquirió su vivienda habitual en 2021 puede aplicar válidamente la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual en Canarias.

Nº 2.314

14/05/2026

Se consulta el tipo impositivo en el IGIC aplicable a la importación de un vehículo Suzuki modelo Swift con un motor de combustión interna de 60,9 kw y un motor eléctrico de 02,19 kw. Se aporta ficha técnica de dicho vehículo.

Nº 2.319

18/05/2026

La entidad consultante elabora pan, pan especial y dulces para su consumo inmediato y no requiere de una transformación posterior para su consumo. Los vende en el propio establecimiento donde se elaboran y no pueden ser consumidos en dicho lugar. Una parte de los panes y dulces elaborados se entregan a otros empresarios, básicamente dedicados a la restauración y hostelería, y el resto a consumidores finales.

Consulta si los panes y dulces elaborados tienen la consideración de comida preparada. Caso de respuesta positiva qué tipo impositivo resulta aplicable a su entrega.