Doctrina tributaria
Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.
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Nº 2.267
20/06/2025
Se consulta sobre el ámbito territorial de aplicación del tipo cero del IGIC previsto en el artículo 4.Tres del Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.
La persona física consultante estima que por la técnica jurídica utilizada en las sucesivas prórrogas del beneficio fiscal contenido en el citado artículo 4.Tres, en la que no se menciona si se prorroga la redacción inicial del artículo 4.Tres o la redacción modificada por la Ley 6/2021, puede reconocerse la existencia de ambigüedad suficiente para aceptar una aplicación extensiva del beneficio fiscal que permita disfrutar el tipo cero a todo el ámbito territorial de la isla de La Palma, como figura en la redacción original y no la restricción del ámbito territorial como figura en la redacción modificada por el Decreto ley 11/2022.
Conforme a todo ello, textualmente conulta lo siguiente:
¿Cuál es el ámbito territorial actual de aplicación del tipo cero del IGIC en virtud del artículo 4.Tres del Decreto ley 12/2021, conforme a su última prórroga por el Decreto ley 1/2025?
¿Se considera vigente la limitación territorial introducida por el Decreto ley 11/2022, o ha sido sustituida por la referencia al texto original del Decreto ley 12/2021?
IGIC
Nº 2.268
20/06/2025
La entidad mercantil consultante, residente en Península y con actividad principal el servicio de ingeniería y consultoría en áreas de sistemas de gestión territorial, recursos naturales e ingeniería de datos en los sistemas de información y producción cartográfica, constituyó, con otra entidad mercantil, una Unión Temporal de Empresa (UTE) con el objeto de participar en el concurso de un proyecto que tiene entre otros propósitos los siguientes: servicios de investigación y desarrollo experimental; aeronaves sin piloto, vehículos aéreos no tripulados; inteligencia, vigilancia; servicios de extinción aérea de incendios forestales, etc. (en adelante, el proyecto).
La UTE tiene domicilio en Canarias y está participada por la entidad consultante en un 65 por ciento y por la otra entidad mercantil en un 35 por ciento.
Adjudicado el contrato a la UTE, ésta subcontrata todos los trabajos con los socios en función de los porcentajes de participación en la misma. Se manifiesta que la UTE no proporciona ni personal, ni material ni equipo a los socios partícipes para la ejecución del proyecto, de manera que cada socio aporta todos aquellos medios humanos y materiales que sean necesarios para al ejecución de las tareas que le ha subcontratado la UTE.
La ejecución de la subcontratación que le ha encargado la UTE a la entidad mercantil consultante, le obliga a tener personal propio en Canarias, lo que implica disponer de cuatro centros de trabajo en España: tres en la Península y uno en Canarias. A finales del año 2024 tenía 10 empleados en el centro de trabajo de Canarias, estimándose que a finales del presente año 2025 disponga de una plantilla de 14 empleados.
Dado el carácter multidisciplinar de la ejecución del proyecto subcontratado por la UTE, los trabajos se encuentran repartidos por los cuatro centros de trabajo que dispone en España la entidad consultante, siendo las tareas asignadas las siguientes:
- Madrid: dirección del proyecto, provisión de expertos en navegación aérea y sistemas informáticos, así como la relación comercial.
- Barcelona: dirección técnica, definición de la arquitectura del sistema y de los modelos de datos, desarrollo del software.
- Canarias: programadores, gestión local, sistemas informáticos locales.
La entidad consultante manifiesta que el proyecto tiene una fuerte aportación por parte de subcontratistas y socios, los cuales están gestionados en los centros de la Península.
Los trabajadores ubicados en Canarias ejecutan el proyecto bajo las directrices de personal de la entidad consultante ubicado en los centros de trabajo que la empresa cuenta en Península, por lo que todas las tareas de dirección e incluso una parte sustancial del trabajo de desarrollo se lleva a cabo fuera de las islas Canarias. No cuentan con poderes de representación para actuar en nombre de la entidad consultante, ni llevan a cabo ninguna tarea de dirección del proyecto, ni están encargados de cerrar nuevos contratos en Canarias en nombre de la entidad consultante.
Para la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo desde Canarias, la UTE ha firmado con el poder adjudicador la cesión del uso de un espacio de oficinas destinado única y exclusivamente a tareas relacionadas con la ejecución del proyecto. La UTE abonará los gastos derivados de consumos y suministros propios del espacio. En dicho espacio de oficinas se situarán el personal de la entidad mercantil consultante.
Los resultados que puedan obtenerse con el proyecto son todos intangibles, no dando lugar a ningún bien material que deba instalarse en Canarias de manera fija.
Una vez que el proyecto finalice y la UTE se extinga, los socios se repartirán la explotación y comercialización de los resultados del proyecto. Ambas partes han convenido a efectuar conjuntamente un plan de acción de marketing y comercial para establecer la estrategia de comercialización, promoción, comunicación, etc.
Por tanto, se señala, que existe dos fases en la duración de la relación contractual entre la partes:
- Una primera con la misma duración del contrato suscrito entre la UTE y el poder adjudicador.
- Una segunda fase en que las partes tendrán una relación de colaboración a largo plazo para la comercialización de los resultados obtenidos en la primera fase.
La cuestión planteada por la consultante es si podría entenderse que tiene o no un establecimiento permanente en Canarias, que implique obligaciones fiscales en el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario, como consecuencia de tener cierto personal contratado para la ejecución del proyecto ubicados en Canarias, distinguiéndose dos momentos temporales del proyecto:
- Período inicial de duración del proyecto 2024-2026 donde todos los costes del proyecto que asumen los socios de la UTE son refacturados a ésta.
- Período posterior al proyecto, que abarca, en principio, los ejercicios 2026-2028 donde se asumen por parte de los socios y de manera individualizada y desligada de la UTE ciertos compromisos relativos a la creación de puestos de trabajo en Canarias y a la continuidad de las actividades de I+D+i una vez el proyecto finalice, fortaleciendo la industria aeroespacial en la región.
IGIC
Nº 2.269
02/07/2025
Se consulta si las operaciones que expone realizadas por una entidad o establecimiento cultural privado de carácter social (en lo sucesivo, la entidad cultural) reúnen los requisitos establecidos para la aplicación de exenciones del IGIC recogidas en el artículo 50.Uno de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. También consulta si para aplicar dichas exenciones se debe estar en posesión de resolución estimatoria del reconocimiento de entidad o establecimiento privado de carácter social en el ámbito de lo dispuesto en artículo 50 de la citada Ley 4/2012, por cumplir los requisitos exigidos para ello por el artículo 50.Dos de dicha Ley y demás normativa aplicable.
Para el desarrollo de su actividad la entidad cultural cuenta con:
• Instrumentos musicales en propiedad.
• Directores/as musicales contratados laboralmente o en régimen de arrendamiento de prestación de servicios profesionales.
• Profesorado de música contratado laboralmente o en régimen de arrendamiento de prestación de servicios profesionales.
• Miembros de la entidad cultural que realizan interpretaciones musicales tras una formación musical y una vez alcanzado un nivel de conocimiento adecuado. Las relaciones entre ambas partes se regulan bajo el régimen jurídico recogido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Las operaciones realizadas por la entidad cultural son las siguientes:
1. Formación musical dirigida a sus asociados mediante contraprestación económica distinta a las cotizaciones fijadas en los estatutos y a las cuotas ordinarias necesarias para cubrir el presupuesto y que han sido aprobadas por la asamblea de asociados.
2. Formación musical dirigida a personas distintas de sus asociados mediante contraprestación económica.
3. Representaciones musicales organizadas por la entidad cultural y realizadas con sus propios medios, entendidas como la mera ejecución de conciertos de los que obtienen ingresos provenientes del acceso del público mediante el pago de una entrada (contraprestaciones económicas por parte de los espectadores) así como los procedentes de las entradas denominadas “fila cero”, es decir, cuyo pago del espectáculo es realizado por quienes no van a acudir. La emisión de las facturas y su cobro pueden realizarse directamente por la entidad cultural o por medio de terceros, tales como auditorios.
4. Representaciones musicales organizadas por instituciones o entes públicos municipales o insulares, integradas en sus programas culturales. En este caso, la entidad cultural recibe una contraprestación económica de estas instituciones o entes públicos, con la consiguiente emisión de factura.
5. Representaciones musicales organizadas por la propia entidad cultural e integradas en programas culturales municipales o insulares. En este caso, la entidad cultural recibe una contraprestación económica de estas instituciones o entes públicos, con la consiguiente emisión de factura.
6. Representaciones musicales que forman parte de eventos culturales o lúdicos organizados por entidades públicas o privadas, mercantiles o no, con quienes la entidad cultural pacta una contraprestación económica con la consiguiente emisión de factura.
7. Producciones de representaciones musicales por parte de la entidad cultural, para lo cual contrata, entre otros servicios necesarios para su ejecución, la adopción del plan de seguridad, colocación y retirada de sillas para acomodar a los asistentes, coordinación y contratación de servicios y recursos, tales como escenario, carpas, sonido e iluminación. Al público asistente se le emite la factura y es quien paga su entrada; pudiéndose realizar este servicio directamente por la entidad cultural o por medio de terceros.
8. Representaciones musicales realizada por la entidad cultural con sus instrumentos y músicos, incluida en un evento producido por terceros -empresa, institución u otras entidad cultural - realizando exclusivamente el concierto dentro de esta producción. La entidad cultural recibe una contraprestación económica de los terceros, con la consiguiente emisión de la factura.
9. Representaciones de eventos musicales públicos por parte de las entidad cultural con motivo de celebraciones por las que no obtiene contraprestaciones económicas por parte de los espectadores. Estas representaciones están contempladas como obligaciones que deben cumplir las entidad cultural por el hecho de recibir ayudas o subvenciones destinadas a cubrir sus gastos corrientes o inventariables concedidas por la administración local, insular o autonómica.
IGIC
Nº 2.277
25/08/2025
Una persona física con residencia fiscal en Tenerife lleva viviendo de alquiler en la misma casa desde hace 8 años, estando empadronada en ella; el contrato de arrendamiento es anual y de temporada, y cada año el arrendador lo renueva.
Se pregunta si cabe aplicar la deducción autonómica en la cuota del IRPF por alquiler de vivienda habitual.
IRPF
Nº 2.278
03/10/2025
La persona física consultante tiene domicilio fiscal en la Península y es propietaria de un inmueble situado en un complejo turístico de Canarias, únicamente susceptible de ser explotada en régimen de unidad de explotación para uso turístico por una sociedad mercantil.
Entre dicha sociedad y la consultante existe un contrato de cesión de explotación de dicho inmueble donde se incluye la delegación en el operador turístico la adopción de decisiones referentes a la administración, gestión y mantenimiento de usos comunes. En contraprestación a la cesión del bien inmueble, la consulante percibe una retribución dineraria fija mensual.
Consulta sus obligaciones formales respecto a la obligación de presentar autoliquidaciones periódicas, de presentar el modelo 400 de declaración censal, el modelo 425 de declaración-resumen anual, el modelo 415 de declaración de oepraciones económicas con terceras personas y la obligación de emitir factura.
IGIC
Nº 2.281
06/10/2025
Una comunidad de regantes, con el objeto de abaratar costes del consumo de energía eléctrica, va a promover la construcción de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo de 1.750 kWh de potencia nominal con excedentes y de 2.290 kWh de almacenamiento en baterías, con el objetivo de producir energía eléctrica que será destinada a la desalación de agua de mar y al bombeo de suministro de agua de riego a los comuneros (se incluye la energía destinada a mantener las instalaciones de la comunidad tales como oficinas, alumbrado de noche, etc.). El excedente de dicha producción de energía se almacenará en las baterías, y en el caso de que éstas estén completamente cargadas y la producción de energía sea mayor que el consumo de la desaladora y el bombeo de agua de riego, verterá energía a la red mediante contraprestación.
La comunidad de regantes contratará directamente la totalidad de la construcción la instalación bajo la modalidad de “llave en mano”, es decir la empresa contratista entregará la instalación a la comunidad de regantes una vez totalmente terminada, siendo de cuenta de esta última la totalidad de los materiales necesarios para la construcción de la instalación así como la mano de obra.
La empresa contratista irá emitiendo facturas conforme vaya ejecutando la obra siendo abonadas las mismas con posterioridad a la emisión de las mismas. En el caso de que se realicen pagos anticipados se harán en pago de la factura emitida por dicho concepto.
En cuanto a la financiación de las obras se realizará mediante fondos propios y mediante una subvención cuyas bases están publicadas en la Orden TED/448/2023, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para el programa de concesión de ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica en las islas, a partir de fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, que está publicado en el BOE del 5/mayo/2023 numero 107. Se adjunta dicha orden.
Se consulta:
1.- Si a la operación descrita le es de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto en el artículo 19.1.2.h) de la Ley 20/1991.
2.- Dado que la instalación va a estar destinada a la producción industrial del agua, consistente en la desalación de agua de mar (artículo 5 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas) para su posterior suministro a los comuneros que destinarán al riego de sus explotaciones, qué tipo del IGIC, de acuerdo con la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, resulta aplicable a la operación descrita.
3.- Si el hecho de que exista excedente de producción de energía, y dicho excedente pudiera transmitirse a terceros mediante contraprestación, tiene incidencia en el tipo de IGIC aplicable a la construcción de la instalación, y en este caso cual sería el tipo de IGIC aplicable.
4.- Que incidencia tiene la subvención percibida en la deducción de la cuota del IGIC, en su caso, soportada por la comunidad de regantes por la construcción de la instalación.
IGIC