Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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1.560 consultas

Nº 2.330

31/07/2026

Se consulta la tributación en el IGIC de la prestación de servicios de comercialización y venta de capacidad disponible en las bodegas en aviones que realizan el transporte aéreo Canarias con Península. La empresa que presta dicho servicio no es la empresa que presta el servicio de transporte aéreo.

Nº 2.334

11/08/2026

Se consulta el tipo impositivo aplicable en el IGIC a la entrega o importación de los siguientes productos:

- Crema adhesiva fijadora para prótesis dentales.

- Tabletas y pastillas limpiadoras para prótesis dentales.

La entidad consultante aporta copia de certificados de marcado CE emitidos por el Organismo Notificado elegido por el fabricante y que ha intervenido en el proceso de evaluación de los citados productos. El marcado CE constituye, en si mismo, una declaración expresa de que el producto cumple con todos los requisitos para su consideración como producto sanitario, entiende por ello la entidad consultante que el tipo aplicable es el tipo superreducido del 3 por ciento.
 

Nº 2.338

31/08/2026

La entidad consultante que es una sociedad mercantil con domicilio fiscal en la Península y sin establecimiento permanente en Canarias, dedicada al ensamblaje y comercialización de equipos servidores e infraestructura informática, pretende entregar un lote de servidores a un cliente final establecido en la Península (una operadora de telecomunicaciones), siendo el lugar de entrega física de la mercancía un emplazamiento situado en una isla de las Islas Canarias.

El transporte de la mercancía con destino al cliente se inicia en el territorio peninsular. La entidad consultante expone que la operación se pacta bajo el incoterm DDP (Delivered Duty Paid), de modo que, señala, la consultante asume por cuenta propia los costes y riesgos del transporte, del despacho de importación en Canarias y de los tributos que graven dicha importación, hasta la puesta a disposición de la mercancía en el domicilio del cliente. En coherencia con el incoterm pactado, se expone en el escrito presentado, que la entidad consultante tiene intención de figurar como importadora de la mercancía en el Documento Único Administrativo (DUA) de importación en Canarias, soportando la cuota del IGIC correspondiente a dicha importación.

La entidad consultante no realiza en Canarias entregas de bienes o prestaciones de servicios distintas de la descrita. Su intención es emitir una única factura de venta directa al cliente final, sin repercusión de IGIC, y recuperar la cuota de IGIC soportada en la importación.

Cuestiones que se plantean

1. Localización de la entrega a efectos del IGIC. Dado que el transporte de la mercancía con destino al cliente se inicia en el territorio peninsular, ¿debe entenderse que la entrega de bienes efectuada por la consultante no se localiza en las Islas Canarias a efectos del IGIC (por aplicación de las reglas de localización del hecho imponible, en coherencia con el artículo 68 de la Ley 37/1992 del IVA), constituyendo por tanto una operación no sujeta al IGIC?

2. Naturaleza de la operación. En consecuencia con lo anterior, ¿se confirma que la operación no constituye una entrega interior en las Islas Canarias sujeta y no exenta al IGIC, y que la consultante no queda obligada a repercutir IGIC al cliente en su factura, ni por tanto a darse de alta censal (modelo 400) ni a presentar autoliquidaciones periódicas (modelo 420) por esta operación?

3. Efecto del incoterm DDP. ¿Se confirma que el hecho de haber pactado el incoterm DDP —que determina que la consultante asuma por cuenta propia los costes, riesgos y tributos de la importación hasta el domicilio del cliente— no altera la localización de la entrega ni convierte la operación en una entrega interior canaria, por tratarse de una cláusula relativa al reparto de costes y riesgos entre las partes y no de una regla de localización fiscal?

4. Sujeto que debe figurar como importador en el DUA. A efectos de que la cuota de IGIC soportada en la importación resulte recuperable, ¿quién debe figurar como importador en el Documento Único Administrativo (DUA): la consultante (vendedora peninsular que, en virtud del incoterm DDP, mantiene la propiedad y el riesgo de la mercancía hasta su puesta a disposición en el domicilio del cliente y asume el despacho de importación), el cliente final destinatario, o el transportista/representante aduanero? En particular, ¿se confirma que, siendo la consultante quien soporta efectivamente la cuota, debe ser ella quien figure como importadora en el DUA para poder ejercitar el derecho a su recuperación, y que no resulta admisible que dicha cuota sea recuperada por un tercero (cliente o representante aduanero) que no la haya soportado ni destine la mercancía a su propia actividad?

5. Vía de recuperación de la cuota de IGIC soportada en la importación. Siendo la consultante un empresario no establecido en el territorio de aplicación del IGIC que soporta la cuota del impuesto en la importación de bienes, ¿se confirma que la vía procedente para recuperar dicha cuota es la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos regulada en el artículo 48 de la Ley 20/1991 (modelo 414), y no la deducción a través de autoliquidación periódica (modelo 420)?

6. Requisitos de la devolución por el modelo 414. ¿Se confirma que la consultante cumple los requisitos del artículo 48 de la Ley 20/1991 y concordantes del Real Decreto 2538/1994, en particular el de no haber realizado en las Islas Canarias, durante el periodo de la solicitud, entregas de bienes o prestaciones de servicios distintas de las exceptuadas por dicho precepto, y que el documento acreditativo del pago del IGIC a la importación (DUA) es título suficiente para el ejercicio del derecho a la devolución?

Nº 16

21/06/2011

CUESTIÓN PLANTEADA: Se consulta si es aplicable la bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones derivada de las adquisiciones "mortis causa", creada por la Comunidad Autónoma de Canarias, si la causante, de nacionalidad alemana, era residente habitual en Canarias desde hace más de 5 años y su heredero, también residente, es el viudo.

Sucesiones y Donaciones

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Nº 17

21/06/2011

CUESTIÓN PLANTEADA: Se consulta sobre la aplicabilidad a la donación de participaciones de un ascendiente a su descendiente, de la bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones derivada de las adquisiciones "inter vivos", creada por la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta que son participaciones de una entidad radicada en el extranjero cuyo activo está formado indirecta y principalmente por bienes inmuebles radicados en Canarias. Y, además, sobre si puede formalizarse la donación ante un Notario extranjero y, en ese caso, cuál sería la fecha de inicio del cómputo del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto: si la del otorgamiento del documento o la de su apostilla.

Sucesiones y Donaciones

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Nº 25

31/05/2012

La Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, creó el ente público empresarial "Puertos Canarios", con personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, independiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituyendo una entidad de las previstas en el artículo 5.1.b) del la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, hoy sustituida por la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, que las incluye como parte del sector público autonómico según definición de la Ley 6/2006, de 17 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. El ente público entró en funcionamiento el pasado 10 de febrero A su vez, la Ley de Patrimonio define las entidades públicas empresariales en su Disposición Adicional Séptima, hasta tanto se lleve a cabo la actualización de su normativa reguladora, los organismos públicos creados bajo la dependencia de la Administración de la Comunidad Autónoma, a los que se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios, o la producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, rigiéndose por derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de potestades administrativas que tengan atribuidas, en la actividad contractual sujeta a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. En este sentido, la Ley de Puertos de Canarias atribuye al ente "Puertos Canarios", potestades administrativas. Así, su artículo 21 establece: "1. Se crea la entidad "Puertos Canarios" con personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, independiente del de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrita a la consejería competente en materia de puertos, constituyendo una entidad de las previstas en el artículo 5.1. b) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que realizará lás funciones y gestionará los servicios que, en materia de puertos, le sean atribuidas por esta Ley y por el ordenamiento jurídico que le resulte de aplicación. 2. La entidad "Puertos Canarios" ajustará sus actividades y régimen de funcionamiento al ordenamiento jurídico-pri vado, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuya, en especial las relativas a concesiones y régimen de utilización del dominio público portuario, procedimiento sancionador, medidas. de policía portuaria y, en general las referidas a las actividades de limitación, intervención y control, y se regirá por lo dispuesto én esta Ley, en la legislación reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como por lo establecido en las normas que las desarrollen y por cuantas otras le resulten de aplicación. 3. En la contratación y enajenaciones o adquisiciones patrimoniales habrá de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia y salvaguarda del interés público." En el uso de dichas potestades administrativas estimamos que las publicaciones en el Boletín Oficial de Canarias, qué sean exigidas por normas administrativas, tanto procedimentales de carácter general, como sectoriales, deben gozar de las exenciones que, el texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos, dispone en su artículo 48 dentro del apartado 1 e) "Las resoluciones, anuncios, requerimientos y escritos de todas clases, expedidos por órganos o autoridades competentes del Gobierno de Canarias,...; en cumplimiento de precepto legal o reglamentario que así lo prescriba." Esta redacción del artículo 48.1 e) del Decreto Legislativo 1/1994, plantea determinadas dudas en cuanto al alcance de dicha exención, concretamente si la expresión "... expedidos por órganos o autoridades competentes del Gobierno de Canarias...." se refiere exclusivamente a órganos de la Administración Pública del Gobierno de Canarias, o se pueden considerar comprendidos en la misma otros órganos o autoridades del sector público a que hace referencia el artículo 1 de la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Ley 12/2011, de 29 de diciembre). En este sentido, se solicita la confirmación de dicha exención a los efectos de publicación en el BOC de los distintos actos o anuncios de Puertos Canarios sujetos a derecho administrativo.