Doctrina tributaria
Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.
Recomendaciones para obtener el máximo rendimiento del buscador y mejorar la calidad de los resultados obtenidos:
→ Guía de uso del buscador de contestaciones tributarias vinculantes
1.560 consultas
Nº 939
09/09/2005
La sociedad mercantil consultante es propietaria de las tarjetas CEPSA. Actúa como comisionista de compra, que interviene en nombre propio y por cuenta del titular de la tarjeta en las transacciones que se realicen mediante su uso. Su actividad se describe como sigue:
Cuando los titulares de las tarjetas consumen carburante y otros productos en las estaciones de servicios, la explotadora de la estación factura y vende lo pagado mediante el uso de tarjeta a la consultante, la cual a su vez, vende y factura al titular de la tarjeta dichos consumos.
Al menos una vez al mes, la sociedad consultante emite una factura recapitulativa de todos los suministros efectuados por el titular de la tarjeta desde el cierre de la facturación anterior, separando la base y el tipo de impuesto. Asimismo factura una comisión o contraprestación por servicios prestados a la explotadora de la estación por los suministros pagados mediante el uso de tarjeta CEPSA en sus establecimientos.
La sociedad consultante quiere operar en Canarias, por ello plantea las siguientes consultas:
1.- SOBRE LOS REQUISITOS PARA EMPEZAR A OPERAR EN CANARIAS.
a) Entiende la consultante que debe darse de alta en el modelo 400, dentro del régimen minorista del IGIC. Comprará dentro del régimen minorista a la explotadora de la estación los litros consumidos por los titulares de las tarjetas y facturará a los mismos en el régimen minorista. Sin embargo quiere conocer si debe cumplir algún requisito legal adicional antes de la puesta en marcha de sus operaciones, teniendo en cuenta las comisiones que va a facturar por sus servicios.
b) ¿Seria posible, ya que esta sociedad no va a tener ningún establecimiento en Canarias, que pudiese operar desde la Península sin tener que darse de alta, es decir facturando desde su sede social que está en Madrid a los titulares de la tarjeta, generalmente residentes Canarios, sin tener que darse de alta como empresa operativa en Canarias?. Y si esto fuese posible:
c) ¿la sociedad explotadora de la estación, tendría que facturar a la sociedad consultante como exportación de carburantes por las ventas que le realiza?
2.- SOBRE LA OPERATIVA DEL REGIMEN MINORISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS CON LOS QUE QUIERE OPERAR LA SOCIEDAD.
a) La sociedad consultante entiende que en tanto en cuanto la sociedad explotadora de la estación no supere el 30% de la facturación a empresarios y profesionales situados en Canarias (considera que el % no se aplica a las ventas que esta sociedad efectúa en Península), el régimen en el que la consultante debe recibir la factura es el de minorista. ¿Sería correcta dicha apreciación? ¿Cómo se operaría en caso de que la sociedad explotadora facturarse más de un 30% del volumen de las entregas en Canarias a la consultante?
b) Asimismo se plantea la cuestión de las comisiones que por los suministros pagados con tarjeta factura la consultante a la sociedad explotadora de la estación, entendiendo que dicha prestación de servicios es una actividad a la que no le afecta el régimen minorista y que se gravará a un tipo del 5% de IGIC, consultando si dicho tipo será deducible en la sociedad explotadora (que tributa en régimen minorista en Canarias) ya que se refiere a servicios y no a mercancías.
c) Otros de los bienes o servicios por los que la sociedad consultante, podría recibir facturas serían por, operaciones en talleres, así como en centros de engrase y lavado de coches, pudiendo ser titular de los mismos la sociedad explotadora de la estación o empresarios independientes, siendo la cuestión a consultar la siguiente: ¿en caso que dichos servicios estuviesen sujetos al 5% de IGIC, tanto la explotadora de la estación como los otros empresarios deberían facturar dicho IGIC a la consultante, y ésta podría deducírselo, a la vez que cuando facture a los titulares de la tarjeta por los mismos servicios deberá repercutirles el 5 % de IGIC?.
¿Deben ir estos servicios en factura separada al consumo de carburante, ya que son dos actividades reguladas por un régimen distinto, o se pueden emitir en la misma factura indicando que son servicios y que su tipo es del 5%?.
d) En caso de que por los servicios de lavado y engrase la sociedad consultante cobrase una comisión, ¿la operativa en el IGIC sería la misma que para las comisiones de carburantes?.
e) ¿Es correcta y estaría admitida según el Decreto de facturación vigente la emisión de una factura mensual a los titulares de las tarjetas, o se necesita autorización especifica en Canarias para ello?.
f) ¿Como se tratarían los intereses de demora cobrados a los clientes por retrasos en el pago de las facturas?. ¿Se facturarían exentos de IGIC?.
g) En las facturas emitidas por operaciones tanto de compra como de venta de carburantes, que están exentas de IGIC, así como por los intereses de demora que entiende la consultante que también están exentos, o por descuentos aplicados por cuenta de la estación de servicio, ¿debe ponerse alguna indicación de exento de IGIC o a tipo cero, o no se pondría nada al respecto en dicha factura?.
h) En el caso de que una sociedad no establecida en Canarias quisiera dar un descuento a través de la tarjeta, en ventas de carburantes efectuadas en Canarias, la sociedad consultante tendría que facturar con IGIC o con IVA ese descuento que se aplicaría a los consumos con tarjeta, por cuenta de la sociedad no establecida?.
Se adjunta diferentes modelos de facturas con objeto de que se indiquen si son conformes y cumplen los requisitos legales y fiscales para las operaciones descritas y si la repercusión del IGIC sería la correcta. Estas facturas son:
Factura 1: Factura de los establecimientos adheridos, autoemitida por la sociedad consultante por los suministros de bienes pagados con tarjeta CEPSA. ( se factura carburantes a tipo cero de IGIC)
Factura 2: Factura de los establecimientos adheridos, autoemitida por la sociedad consultante por los suministros de servicios pagados con tarjeta CEPSA. (Se facturan servicios en talleres al 5% de IGIC ).
Factura 3: Factura emitida por la consultante a los establecimientos adheridos por descuentos aplicados por su cuenta a titulares de tarjetas. ( Se facturan los descuentos aplicados sobre carburantes a tipo cero de IGIC ).
Factura 4: Factura emitida por la sociedad consultante a los establecimientos adheridos por servicios de utilización del sistema de tarjetas. ( Se factura dicho servicio al 5% de IGIC).
Factura 5: Factura emitida por la sociedad consultante a los titulares de tarjeta por sus consumos de bienes en Canarias. ( Se factura el consumo de carburantes a los titulares de tarjeta al tipo cero de IGIC).
Factura 6: Factura emitida por la sociedad consultante a los titulares de tarjeta por sus consumos de servicios en Canarias. (Se facturan los servicios en talleres a los titulares de tarjeta al 5% de IGIC).
IGIC
Nº 944
01/07/2005
La sociedad mercantil consultante manifiesta su intención de adquirir determinadas viviendas, las cuales va a proceder a explotar en régimen de arrendamiento a través de su puesta en común con otras del mismo inmueble constituyendo de dicha forma una comunidad de bienes.
Por tanto, los propietarios interesados en dicha explotación procederán a la puesta en común de sus propiedades bajo el régimen de comunidad de bienes, la cual será la que realizará la citada actividad de arrendamiento de viviendas.
Para llevar a cabo la citada actividad de arrendamiento inmobiliario, la llamada ¿comunidad de explotación¿ contará con un local y un empleado a jornada completa destinados en exclusiva a la realización de la misma, cumpliendo así con los requisitos exigidos por el artículo 25 de la Ley 19/1994 para la aplicación de la exención regulada por dicho artículo a la adquisición de los bienes de inversión que se afecten a tal actividad.
La sociedad consultante, por último, manifiesta que cumple con los requisitos necesarios para que la adquisición de las propiedades inmobiliarias que va a realizar pueda quedar exenta, por aplicación del mencionado artículo 25 de la Ley 19/1994, del Impuesto General Indirecto Canario o, en su caso, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, salvo el indicado requisito de contar con un local y un empleado a jornada completa afectos en exclusiva a la actividad de arrendamiento inmobiliario, requisito que es cumplido, como se ha expuesto, por la Comunidad de Bienes aludida anteriormente.
Conforme a lo expuesto, se consulta si es aplicable la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994 en la adquisición de las propiedades inmobiliarias realizada por la sociedad mercantil consultante, que serán explotadas en arrendamiento mediante su puesta en común con otras del mismo inmueble en una comunidad de bienes que contará con un local y un empleado a jornada completa destinados en exclusiva a dicha actividad.
Por tanto, los propietarios interesados en dicha explotación procederán a la puesta en común de sus propiedades bajo el régimen de comunidad de bienes, la cual será la que realizará la citada actividad de arrendamiento de viviendas.
Para llevar a cabo la citada actividad de arrendamiento inmobiliario, la llamada ¿comunidad de explotación¿ contará con un local y un empleado a jornada completa destinados en exclusiva a la realización de la misma, cumpliendo así con los requisitos exigidos por el artículo 25 de la Ley 19/1994 para la aplicación de la exención regulada por dicho artículo a la adquisición de los bienes de inversión que se afecten a tal actividad.
La sociedad consultante, por último, manifiesta que cumple con los requisitos necesarios para que la adquisición de las propiedades inmobiliarias que va a realizar pueda quedar exenta, por aplicación del mencionado artículo 25 de la Ley 19/1994, del Impuesto General Indirecto Canario o, en su caso, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, salvo el indicado requisito de contar con un local y un empleado a jornada completa afectos en exclusiva a la actividad de arrendamiento inmobiliario, requisito que es cumplido, como se ha expuesto, por la Comunidad de Bienes aludida anteriormente.
Conforme a lo expuesto, se consulta si es aplicable la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994 en la adquisición de las propiedades inmobiliarias realizada por la sociedad mercantil consultante, que serán explotadas en arrendamiento mediante su puesta en común con otras del mismo inmueble en una comunidad de bienes que contará con un local y un empleado a jornada completa destinados en exclusiva a dicha actividad.
IGIC
Nº 946
18/07/2005
La organización consultante, Cuartel General militar internacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha adquirido combustible para automoción, gasóleo A, en las maniobras militares desarrolladas en las Islas Canarias.
Se manifiesta que el combustible consumido en las mencionadas maniobras ha tenido como destino exclusivo su uso oficial en interés de la defensa común.
Entre los antecedentes jurídicos expuestos por el consultante se citan las exenciones contenidas en los artículos IX y X del Convenio relativo al Estatuto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de los representantes nacionales y del personal internacional, de 20 de septiembre de 1951, al que se adhirió España por Instrumento de 17 de julio de 1987 (Boletín Oficial del Estado de 10 de septiembre). De acuerdo con el primero de los preceptos citados, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus bienes ¿estarán exentos de todos los derechos de aduana¿, el segundo, por su parte, se refiere a los beneficios fiscales aplicables para el caso de las ¿compras importantes¿ efectuadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte para su uso oficial.
El artículo 8 del Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales militares Internacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, de 28 de agosto de 1952, al que se adhirió España mediante Instrumento de 26 de julio de 1995 (Boletín Oficial del Estado de 23 de septiembre), que se refiere a los beneficios fiscales aplicables a los Cuarteles Generales Aliados. En particular su apartado 1 señala que a esos Cuarteles ¿se les eximirá, en la medida de lo posible, de los derechos e impuestos relativos a los gastos hechos por ellos en interés de la defensa común y para su beneficio oficial exclusivo.¿
Finalmente, el artículo XI del Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas, hecho en Londres el 19 de junio de 1951, al que se adhirió España por Instrumento de 15 de marzo de 1983 (Boletín Oficial del Estado de 29 de mayo), dispone la exención de derechos e impuestos indirectos de las importaciones y suministros de combustibles, aceites y lubricantes destinados a ser utilizados en los vehículos terrestres, aeronaves y navíos oficiales de una fuerza o de un elemento civil de un Estado parte del Tratado del Atlántico Norte.
El Cuartel General Aliado, así como las fuerzas intervinientes en las maniobras ¿NOBLE JAVELIN 2005¿, vienen definidos respectivamente en el párrafo c) del artículo 1 del Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares Internacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, de 28 de agosto de 1952 y en el artículo1 del Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas, de 19 de junio de 1951.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se consulta si están exentas del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del Petróleo las entregas de gasóleo A a las fuerzas de la OTAN, en desarrollo de maniobras realizadas en interés de la defensa común y como destino exclusivo su uso oficial, basándose en los múltiples Tratados Internacionales suscritos por España y que han entrado en vigor en su ordenamiento jurídico interno tras su aprobación por los órganos legislativos y su publicación oficial.
Se manifiesta que el combustible consumido en las mencionadas maniobras ha tenido como destino exclusivo su uso oficial en interés de la defensa común.
Entre los antecedentes jurídicos expuestos por el consultante se citan las exenciones contenidas en los artículos IX y X del Convenio relativo al Estatuto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de los representantes nacionales y del personal internacional, de 20 de septiembre de 1951, al que se adhirió España por Instrumento de 17 de julio de 1987 (Boletín Oficial del Estado de 10 de septiembre). De acuerdo con el primero de los preceptos citados, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus bienes ¿estarán exentos de todos los derechos de aduana¿, el segundo, por su parte, se refiere a los beneficios fiscales aplicables para el caso de las ¿compras importantes¿ efectuadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte para su uso oficial.
El artículo 8 del Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales militares Internacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, de 28 de agosto de 1952, al que se adhirió España mediante Instrumento de 26 de julio de 1995 (Boletín Oficial del Estado de 23 de septiembre), que se refiere a los beneficios fiscales aplicables a los Cuarteles Generales Aliados. En particular su apartado 1 señala que a esos Cuarteles ¿se les eximirá, en la medida de lo posible, de los derechos e impuestos relativos a los gastos hechos por ellos en interés de la defensa común y para su beneficio oficial exclusivo.¿
Finalmente, el artículo XI del Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas, hecho en Londres el 19 de junio de 1951, al que se adhirió España por Instrumento de 15 de marzo de 1983 (Boletín Oficial del Estado de 29 de mayo), dispone la exención de derechos e impuestos indirectos de las importaciones y suministros de combustibles, aceites y lubricantes destinados a ser utilizados en los vehículos terrestres, aeronaves y navíos oficiales de una fuerza o de un elemento civil de un Estado parte del Tratado del Atlántico Norte.
El Cuartel General Aliado, así como las fuerzas intervinientes en las maniobras ¿NOBLE JAVELIN 2005¿, vienen definidos respectivamente en el párrafo c) del artículo 1 del Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares Internacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, de 28 de agosto de 1952 y en el artículo1 del Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas, de 19 de junio de 1951.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se consulta si están exentas del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del Petróleo las entregas de gasóleo A a las fuerzas de la OTAN, en desarrollo de maniobras realizadas en interés de la defensa común y como destino exclusivo su uso oficial, basándose en los múltiples Tratados Internacionales suscritos por España y que han entrado en vigor en su ordenamiento jurídico interno tras su aprobación por los órganos legislativos y su publicación oficial.
Combustibles
Nº 952
20/05/2005
La Administración Pública instante consulta en relación a la procedencia de la aplicación del IGIC en el pago del saldo de la liquidación de un contrato de ¿Asistencia técnica para la redacción de los Proyectos de deslindes en tramitación en la Isla de Gran Canaria, t.m. de Gran Canaria, Mogán y Artenara¿, y si en la factura a aportar por la sociedad mercantil adjudicataria del contrato ha de aportarse sin desglosar el IGIC, al considerar que, de acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 20/1991, la Administración se convierte en el sujeto pasivo del Impuesto por recibir un servicio por parte de una empresa que no está establecida en Canarias y con un coste de cero euros para la Administración. Se manifiesta igualmente que no es de aplicación el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Conforme a lo manifestado, se consulta sobre si procede la aplicación del IGIC en el supuesto de ejecución de contratos de asistencia técnica a favor de la Administración General del Estado en las Islas Canarias por empresas establecidas en la Península.
Conforme a lo manifestado, se consulta sobre si procede la aplicación del IGIC en el supuesto de ejecución de contratos de asistencia técnica a favor de la Administración General del Estado en las Islas Canarias por empresas establecidas en la Península.
IGIC
Nº 953
22/06/2005
El consultante aporta muestras y fotografías de diversos productos, manifestando que se trata de ¿envases o bandejas¿ de poliestireno con la finalidad de envasado y trasporte de productos alimenticios. Para que estos lleguen en las óptimas condiciones sanitarias al consumidor final, deben de ser cubiertos correctamente, ya sea con film alimentario o tapa sin dejar de ser, por ello, una ¿bandeja¿.
Estas ¿bandejas¿ sufren variaciones en su composición polimérica dependiendo de los alimentos que se vayan a envasar en ellas. Generalmente son de PS (Poliestireno) para el caso de alimentos que exigen temperaturas entre los -20º C y + 60º C. Si los alimentos a envasar se destinaran a congelación, el polímero empleado sería PET (Etilén Tereftalato) que soporta entre ¿ 40º C y 70º C y, finalmente, si precisan soportar temperaturas superiores a los 100º C, el polímero que se emplea es el PP (Polipropileno). En todos los casos, el proceso de fabricación es el mismo, compuesto por dos fases industriales. La primera, consiste en la COEXTRUCCIÓN: proceso de transformación de la materia prima (granza) en lámina o película. La segunda fase, TERMOFORMACIÓN; proceso por el cual, la lámina o película que se adquiere en la primera fase se transforma en cualquiera de las ¿bandejas¿ descritas anteriormente; sin tapas unas, con tapa separada otras o bien con tapa bisagra el resto, tal y como se puede apreciar en las muestras adjuntas.
Conforme a lo anteriormente manifestado, se consulta la partida arancelaria y el tipo impositivo a efectos del AIEM.
Estas ¿bandejas¿ sufren variaciones en su composición polimérica dependiendo de los alimentos que se vayan a envasar en ellas. Generalmente son de PS (Poliestireno) para el caso de alimentos que exigen temperaturas entre los -20º C y + 60º C. Si los alimentos a envasar se destinaran a congelación, el polímero empleado sería PET (Etilén Tereftalato) que soporta entre ¿ 40º C y 70º C y, finalmente, si precisan soportar temperaturas superiores a los 100º C, el polímero que se emplea es el PP (Polipropileno). En todos los casos, el proceso de fabricación es el mismo, compuesto por dos fases industriales. La primera, consiste en la COEXTRUCCIÓN: proceso de transformación de la materia prima (granza) en lámina o película. La segunda fase, TERMOFORMACIÓN; proceso por el cual, la lámina o película que se adquiere en la primera fase se transforma en cualquiera de las ¿bandejas¿ descritas anteriormente; sin tapas unas, con tapa separada otras o bien con tapa bisagra el resto, tal y como se puede apreciar en las muestras adjuntas.
Conforme a lo anteriormente manifestado, se consulta la partida arancelaria y el tipo impositivo a efectos del AIEM.
AIEM
Nº 956
21/02/2006
La sociedad consultante expone el siguiente detalle de operaciones:
Una entidad (A) es propietaria de unos terrenos donde se va a promocionar y construir un complejo comercial en Canarias. Para el estudio, seguimiento y ejecución del proyecto, una compañía mercantil (B), que en principio no está establecida en Canarias y que es uno de los socios de (A) contrata con la consultante. Para la realización de este encargo, empleados de la consultante tienen que ir a Canarias entre una y dos veces a la semana, dependiendo de la fase de ejecución del proyecto. Además, para la supervisión de los trabajos de construcción, la consultante subcontrata con un empresario individual (D) con domicilio en Madrid y sin establecimiento en Canarias.
Partiendo del supuesto de que la sociedad (B) no estuviera establecida en las Islas Canarias, se consulta si la sociedad consultante debe repercutir el IGIC a la sociedad (B) y, en caso afirmativo, cuáles son las obligaciones censales de la consultante, a través de que modelo de autoliquidación declararía las cuotas de IGIC repercutidas y, al ser la consultante sujeto pasivo del IGIC, en los servicios prestados por el empresario (D) ¿se tendría que repercutir IGIC o se produciría la inversión del sujeto pasivo por considerar a la consultante establecida?.
Por el contrario, en el supuesto de que la sociedad (B) estuviera establecida en Canarias, se consulta si la consultante repercutiría igualmente el IGIC a la entidad (B) o se produciría la inversión del sujeto pasivo en la entidad (B). De producirse la inversión del sujeto pasivo la consultante seguiría siendo entidad no establecida y no sería sujeto pasivo del IGIC. Siendo así, ¿tendría que soportar las cuotas de IGIC repercutidas por el empresario? En caso afirmativo ¿tendría la consultante derecho a la deducción de esas cuotas? Si lo tuviera, ¿cuáles serían las obligaciones censales de la consultante? ¿ a través de que modelo de declaración solicitaría la devolución y en qué plazos?
Una entidad (A) es propietaria de unos terrenos donde se va a promocionar y construir un complejo comercial en Canarias. Para el estudio, seguimiento y ejecución del proyecto, una compañía mercantil (B), que en principio no está establecida en Canarias y que es uno de los socios de (A) contrata con la consultante. Para la realización de este encargo, empleados de la consultante tienen que ir a Canarias entre una y dos veces a la semana, dependiendo de la fase de ejecución del proyecto. Además, para la supervisión de los trabajos de construcción, la consultante subcontrata con un empresario individual (D) con domicilio en Madrid y sin establecimiento en Canarias.
Partiendo del supuesto de que la sociedad (B) no estuviera establecida en las Islas Canarias, se consulta si la sociedad consultante debe repercutir el IGIC a la sociedad (B) y, en caso afirmativo, cuáles son las obligaciones censales de la consultante, a través de que modelo de autoliquidación declararía las cuotas de IGIC repercutidas y, al ser la consultante sujeto pasivo del IGIC, en los servicios prestados por el empresario (D) ¿se tendría que repercutir IGIC o se produciría la inversión del sujeto pasivo por considerar a la consultante establecida?.
Por el contrario, en el supuesto de que la sociedad (B) estuviera establecida en Canarias, se consulta si la consultante repercutiría igualmente el IGIC a la entidad (B) o se produciría la inversión del sujeto pasivo en la entidad (B). De producirse la inversión del sujeto pasivo la consultante seguiría siendo entidad no establecida y no sería sujeto pasivo del IGIC. Siendo así, ¿tendría que soportar las cuotas de IGIC repercutidas por el empresario? En caso afirmativo ¿tendría la consultante derecho a la deducción de esas cuotas? Si lo tuviera, ¿cuáles serían las obligaciones censales de la consultante? ¿ a través de que modelo de declaración solicitaría la devolución y en qué plazos?
IGIC