Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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1.560 consultas

Nº 1.381

29/11/2010

La sociedad mercantil consultante es adjudicataria del contrato de Proyecto de Obra "Centro Multiusos de Santa Cruz de La Palma". En el pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la contratación de la obra se establece en su disposición general 1.1 como Objeto del contrato lo siguiente: "El objeto del contrato será la ejecución de las obras necesarias para dar por concluido el "Centro Multiusos de Santa Cruz de La Palma" Isla de La Palma". De acuerdo con el apartado de antecedentes de la naturaleza de la obra dentro del apartado de los Datos del Proyecto de Memoria se indica que: "La obra data de un proyecto encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a los Arquitectos¿ Las obras llevan ejecutadas 11 fases, desde 1995 año de inicio de las obras, por la empresa¿ La obra se ha desarrollado por el proyecto original y aprobado por el Ayuntamiento. A fecha de Junio de 2008, sólo faltaría rematar el anexo, acerado exterior, equipamiento, Media tensión, Baja Tensión- Contraincendios. Dada la imperiosa necesidad de contar con este importante equipamiento, el Ayuntamiento ha decidido acondicionarlo con una funcionalidad mayor como Centro Multiusos, y por lo tanto pasamos a describir la memoria de proyecto de acondicionamiento y terminación como tal Centro Multiusos Municipal." En el apartado 1.5 Programa de necesidades de las obras necesarias para concluir el Centro multiusos se establece que "las obras necesarias para concluirlo, de forma general, son las siguientes: 1. Acerado exterior 2. Pavimento parqué cancha grande 3. Revestimiento exterior 4. Revestimiento interior 5. Instalación de MT, BT, luminarias y contra incendios, tod el recinto incluido el anexo: pyto BT." En el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en su disposición 28.2 se especifica que "Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidas todas las tasas e impuestos, directos o indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado pro la Administración que se indicará como partida independiente." En el mismo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en su disposición 6.1, al hablar del Presupuesto de licitación, se indica que "El tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido a soportar por la Administración es del 0% y la cantidad a pagar de 0 euros, al tratarse de un edificio público de carácter demanial", y entiende el consultante que se refiere al IGIC y no al IVA. Manifiesta el consultante a continuación que, con fecha 30 de junio de 2009, se firmó con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias un contrato de ejecución de obra, en el que su cláusula segunda se establece el precio del contrato "¿ siendo el importe del IGIC a repercutir a la Administración de CERO EUROS (O,00 €), al aplicarse a la obra un IGIC del tipo 0, por ser un bien público de naturaleza demanial¿".

Nº 1.382

29/11/2010

El consultante manifiesta que se dedica a la actividad de guardería infantil. Según una resolución de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de la que se adjunta copia, se le autoriza su conversión como Centro Privado de Educación Infantil para impartir el primer ciclo de educación infantil. A continuación el consultante reproduce el contenido del artículo 10.1.10º de la Ley 20/1991, tras lo cual consulta si los servicios que presta se encuentran exentos de IGIC.

Nº 1.384

02/12/2010

La sociedad mercantil consultante se dedica a la fabricación, distribución y venta de tabaco. En la actualidad, la citada sociedad se está planteando establecer la siguiente operativa de distribución de tabaco: a) En primer lugar, la sociedad mercantil consultante procedería a vender tabaco (sin desplazamiento de mercancía de la fábrica) a una sociedad de nacionalidad de un país ajeno a la Unión Europea, identificada como sociedad A, perteneciente al grupo y con establecimiento permanente en Canarias a efectos del IGIC. b) Posteriormente, la sociedad A procedería a revender ese mismo tabaco (sin desplazamiento de mercancía de la fábrica) a otra sociedad no residente, la sociedad B, y sin establecimiento permanente en Canarias a efectos del IGIC. c) Finalmente, sería la sociedad B la que procedería a revender el tabaco previamente adquirido a la sociedad A, a los distribuidores ubicados en las áreas exentas en Canarias, realizándose la expedición o transporte desde la fábrica hasta las áreas exentas. Teniendo en cuenta los citados antecedentes, la sociedad mercantil consultante plantea las siguientes cuestiones: a) Si es posible aplicar la exención relativa a las áreas exentas, prevista en el artículo 13 de la Ley 20/1991, así como en los artículos 14 y 16 del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, Real Decreto 2538/1994), a las entregas realizadas por la sociedad mercantil consultante a la sociedad A y de ésta a la sociedad B, teniendo en cuenta que la mercancía no sale del territorio de las Islas Canarias y es trasladada directamente desde la fábrica de la sociedad mercantil consultante a las áreas exentas. b) Aclarar los documentos y justificantes concretos que deberán conservar cada una de las sociedades (consultante, sociedad A y sociedad B) para probar ante una eventual comprobación tributaria, la aplicación de la exención prevista en el artículo 13 de la Ley 20/1991. c) Aclarar si los plazos establecidos en el artículo 14.2.1º apartados b) y c) del Real Decreto 2538/1994 le son de aplicación a las ventas realizadas a establecimientos situados en las áreas exentas.

Nº 1.388

24/03/2011

IGIC / AIEM / IMPUESTO ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO La sociedad mercantil consultante quiere solicitar un Depósito REF, de carácter público, y también un depósito fiscal a efectos del IECD para almacenar productos petrolíferos, en concreto gasóleos y fueloil, que van a estar destinados al suministro de buques afectos a la navegación marítima internacional, y plantea cuál es el tratamiento fiscal en el IGIC, AIEM e IECDP de las operaciones que se van a realizar en el depósito REF. Según precisa el escrito de consulta, la operativa del depósito REF, para productos propios y de terceros, será la siguiente: 1º) La mercancía se introduce en las Islas Canarias mediante transporte marítimo, siendo el titular de dichos productos petrolíferos una compañía comunitaria que no coincide con la titular del depósito. 2º) En el depósito dicha carga será transferida a otra compañía no titular del depósito. 3º) La propiedad de la carga se transmitiría a la titular del depósito (la consultante), para destinarla a la exportación como suministro a buques afectos a la navegación marítima internacional. 4º) La titular del depósito fiscal descargaría en gabarras los productos petrolíferos, para ser suministrados a buques afectos a la navegación marítima internacional, entendiendo que esta descarga está directamente vinculada a la exportación, sea la gabarra titularidad o no de la dueña de la carga. Interesa destacar que en el propio escrito de consulta se hace referencia a un párrafo de la contestación a la consulta vinculante número 1372, de 7 de septiembre de 2010, en la que se manifestaba: "Que la colocación de gasolinas, gasóleos, fueloil, propanos y butanos en la Zona Franca no tiene ninguna incidencia en el devengo del IECDP, ya que el devengo de este Impuesto se produce con motivo de la entrega de estos productos por los mayoristas, y no antes en la importación, como ocurre, por ejemplo, con el Impuesto estatal sobre Hidrocarburos." Es cierto, como dice el escrito de consulta, que en la contestación no se diferencia entre titulares de Zona Franca o Depósitos Francos, Aduaneros o Fiscales; pero no es menos cierto, como dice la sociedad consultante, que el impuesto no se devenga con carácter previo a la importación, por lo que hay que entender ¿así lo precisa la consultante- que el impuesto del titular del Depósito Fiscal se devengaría cuando se produzca la salida del producto del depósito, salvo que sea una operación exenta como es el caso, según se determina en la normativa correspondiente del IGIC y del AIEM.

AIEM

IGIC

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Nº 1.389

24/03/2011

IGIC / AIEM / IMPUESTO ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO La sociedad mercantil consultante quiere solicitar un Depósito REF, de carácter público, y también un depósito fiscal a efectos del IECD para almacenar productos petrolíferos, en concreto gasóleos y fueloil, que van a estar destinados al suministro de buques afectos a la navegación marítima internacional, y plantea cuál es el tratamiento fiscal en el IGIC, AIEM e IECDP de las operaciones que se van a realizar en el depósito REF. Según precisa el escrito de consulta, la operativa del depósito REF, para productos propios y de terceros, será la siguiente: 1º) La mercancía se introduce en las Islas Canarias mediante transporte marítimo, siendo el titular de dichos productos petrolíferos una compañía comunitaria que no coincide con la titular del depósito. 2º) En el depósito dicha carga será transferida a otra compañía no titular del depósito. 3º) La propiedad de la carga se transmitiría a la titular del depósito (la consultante), para destinarla a la exportación como suministro a buques afectos a la navegación marítima internacional. 4º) La titular del depósito fiscal descargaría en gabarras los productos petrolíferos, para ser suministrados a buques afectos a la navegación marítima internacional, entendiendo que esta descarga está directamente vinculada a la exportación, sea la gabarra titularidad o no de la dueña de la carga. Interesa destacar que en el propio escrito de consulta se hace referencia a un párrafo de la contestación a la consulta vinculante número 1372, de 7 de septiembre de 2010, en la que se manifestaba: "Que la colocación de gasolinas, gasóleos, fueloil, propanos y butanos en la Zona Franca no tiene ninguna incidencia en el devengo del IECDP, ya que el devengo de este Impuesto se produce con motivo de la entrega de estos productos por los mayoristas, y no antes en la importación, como ocurre, por ejemplo, con el Impuesto estatal sobre Hidrocarburos." Es cierto, como dice el escrito de consulta, que en la contestación no se diferencia entre titulares de Zona Franca o Depósitos Francos, Aduaneros o Fiscales; pero no es menos cierto, como dice la sociedad consultante, que el impuesto no se devenga con carácter previo a la importación, por lo que hay que entender ¿así lo precisa la consultante- que el impuesto del titular del Depósito Fiscal se devengaría cuando se produzca la salida del producto del depósito, salvo que sea una operación exenta como es el caso, según se determina en la normativa correspondiente del IGIC y del AIEM.

Combustibles

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Nº 1.390

30/03/2011

La sociedad mercantil consultante es una empresa pública cuyo capital se encuentra íntegramente suscrito por un Ayuntamiento canario. Su objeto social es la prestación de los servicios públicos locales de alumbrado público, parques y jardines, recogida de residuos, cementerios, limpieza viaria y de espacio público, y mantenimiento de vías públicas. Estas actividades las desarrolla la sociedad mediante gestión directa, conforme a lo previsto en el artículo 85.2.A).d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. La sociedad consulta: 1.- Si están sujetas al IGIC las entregas de bienes o prestaciones de servicios que realiza a favor del Ayuntamiento titular de su capital social y, en caso afirmativo, cuál es el tipo impositivo aplicable. 2.- Si son deducibles las cuotas del IGIC devengadas y soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios que utilice en las operaciones con el Ayuntamiento.

Nº 868

08/01/2004

La Sociedad mercantil consultante manifiesta que en sus Estatutos sociales está previsto que el cargo de Administrador sea retribuido. Los administradores de la sociedad son tanto personas físicas como jurídicas, el domicilio social y de actividad de la consultante se localiza en las Islas Canarias, mientras que el administrador, persona jurídica, tiene su domicilio social y fiscal en Madrid, por lo que plantea la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido o al Impuesto General Indirecto Canario del servicio prestado por la sociedad residente en Madrid en relación con la contraprestación que la sociedad consultante, residente en las Islas Canarias, le abona por estar así establecido en sus Estatutos sociales.

Nº 870

19/01/2004

La sociedad consultante tiene como objeto social la prestación de servicios de asesoramiento de carácter contable, fiscal y financiero, así como la explotación de inmuebles en régimen de alquiler.
La actividad de la sociedad, en este momento se centra en los servicios de asesoramiento citados y en la explotación de una oficina en régimen de alquiler. La entidad desarrolla su actividad a través de un empleado, con contrato de carácter indefinido, y de varios profesionales autónomos, que prestan puntualmente sus servicios. La sociedad proyecta invertir en la adquisición de una nave con el fin de destinarla al alquiler.
La cuestión planteada se refiere al artículo 25, apartado 7, de la Ley 19/1994, de 6 de julio, aplicable a partir del 1 de enero de 2002. En concreto se consulta, si para gozar de la exención prevista en el citado artículo se precisa tener una persona empleada y un local destinado exclusivamente a la actividad de arrendamiento de inmuebles, cuando, como en el presente caso, la entidad desarrolla una actividad principal (servicios) y otra secundaria (arrendamiento de bienes inmuebles) disponiendo de personal y oficinas únicas para el desarrollo de ambas actividades.