Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

Recomendaciones para obtener el máximo rendimiento del buscador y mejorar la calidad de los resultados obtenidos:

→ Guía de uso del buscador de contestaciones tributarias vinculantes

Ordenar
Tipo
1.560 consultas

Nº 968

15/02/2005

El consultante manifiesta, en relación a un nuevo producto a comercializar, del cual adjunta muestra, que el mismo se encuentra en la partida arancelaria 4909 con el 15 % de AIEM y el 5 % de IGIC. Sin embargo, afirma que dicho artículo es diferente a lo normal por las siguientes razones:
- En Canarias no se fabrica ningún tipo de tarjeta similar a la mía.
- La tarjeta tiene fijado un muñeco
- El coste de la tarjeta es mucho mayor que la tarjeta clásica, por lo que si le incluimos un 15 % de AIEM no se hace competitiva.
;;;;;;;;;; Con base en lo expuesto consulta el tipo impositivo aplicable en el AIEM y en el IGIC a la entrega e importación del bien cuya muestra aporta.

AIEM

IGIC

Ver consulta icono flecha anterior

Nº 969

31/08/2004

La entidad mercantil consultante desarrolla la actividad de comercio al por menor de material y aparatos electrodomésticos, y conforme al volumen de entregas realizados en el año natural anterior a otros empresarios o profesionales no tiene en el año 2004 la consideración de comerciante minorista. Conforme a ello se desea saber si dado que el volumen de venta a otros empresarios o profesionales superó el 70 por 100 el año anterior, si su actividad comercial está sujeta al IGIC. Y de estar sujeta cuál es el tipo impositivo a aplicar a las entregas que efectúe.;

Nº 971

09/02/2006

El consultante manifiesta que ha cesado en la actividad profesional que ha venido desarrollando en los últimos años, habiendo presentado los correspondientes modelos 036 y 400. al igual que en el IRPF, en sus declaraciones tributarias por el IGIC ha utilizado el criterio de cobros y pagos.
Por haber superado en el año 2004 la cuantía de ingresos señalada legalmente, en el año 2005 ha repercutido a sus clientes el 5 por 100 de IGIC, y ha presentado los correspondientes modelos 420.
Al cese de su actividad, existen algunos clientes que le adeudan honorarios por trabajos ya realizados y, aunque cree que no, pudiera resultar que tuviese que satisfacer aún algún gasto ocasionado por la actividad profesional desempeñada.
Conforme a lo manifestado, se consulta como ha de proceder en relación al IGIC respecto a los ingresos y, en su caso, a los gastos que tienen su origen en la actividad profesional en la cual ha cesado y que se hicieran efectivos a partir del día del cese.

Nº 976

18/05/2005

Se consulta sobre  la clasificación y régimen tributario aplicable al siguiente supuesto:

Los servicios jurídicos prestados a particulares por designación de oficio, pagados por la comisión de Justicia Gratuita de la Dirección General de Relaciones con la Administración  de Justicia del Gobierno de Canarias, cuando el profesional que los presta realiza operaciones sujetas al IGIC que en su conjunto superan los 25.000 euros y no se encuentran en el supuesto de la exención personal por volumen de operaciones.

Nº 979

15/09/2004

El consultante expone que, en relación con el régimen especial de las agencias de viajes, regulado en la Ley 20/1991, de 7 de junio, plantea dudas sobre la aplicación de dicho régimen a operadores económicos que realizando prestaciones idénticas a las de las Agencias de Viajes, no tengan la clasificación de tales, de acuerdo con el Decreto 135/2000, de 10 de julio, que las regulan, en base a las siguientes consideraciones: El régimen especial de las agencias de viajes, regulado en el artículo 54 de la mencionada Ley, es, de acuerdo con este precepto, de aplicación a las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuanto actúen en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales, definiéndose, a tal efecto, el concepto de viajes como los servicios de hospedaje o transporte prestados conjuntamente o por separado, y en su caso con otros de carácter accesorio o complementario. Asimismo le es de aplicación el mencionado régimen a las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos en los que concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior. El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes, en su artículo 1.2, define a las mismas como empresas mercantiles que adopten la forma de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, que estando en posesión del título ¿licencia correspondiente, se dedique comercialmente y en exclusiva al ejercicio de actividades de mediación y/u organización de prestaciones o servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios para ello. Sin embargo no es extraña la realización de todo tipo de intermediación en actividades de las que podríamos denominar, reservadas a las agencias de viajes, por otros operadores en el mercado, como por ejemplo hoteles, organizadores de eventos y congresos, etc., que puestos a contentar a su cliente, les facilitan servicios prestados por terceros, como alquiler de vehículos, excursiones, billetes de avión, hospedajes, etc. En principio, en aplicación del mencionado Decreto 135/2000, estos operadores, por mas que realicen operaciones propias de su actividad, no serían agencias de viajes, y por tanto, de acuerdo con la redacción del artículo 54 de la Ley 20/1991, no les sería de aplicación el Régimen especial de las Agencias de Viajes. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 22 de octubre de 1998, sobre asuntos acumulados C-308/96 y C-94/97, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el asunto, y más concretamente en los apartados 20 al 23 de dicha sentencia señala: ¿20. En segundo lugar, debe señalarse que las razones subyacentes al régimen especial aplicable a las agencias de viajes y a los organizadores de circuitos turísticos son igualmente válidas en el supuesto en que el operador económico no sea una agencia de viajes o un organizador de circuitos turísticos en el sentido generalmente dado a estos términos, pero efectúen operaciones idénticas en el marco de otra actividad, como es la actividad hotelera. 21. En efecto, una interpretación que reserve la aplicación del artículo 26 de la Sexta Directiva únicamente a los operadores turísticos que sean agencias de viajes u organizadores de circuitos turísticos en el sentido generalmente dado a estos términos daría lugar a que prestaciones idénticas estuviesen comprendidas dentro del ámbito de aplicación de disposiciones diferentes según el estatuto formal del operador económico. 22 Por último, como señaló el Abogado General en el punto 32 de sus conclusiones, hacer depender la aplicación del régimen especial previsto en el artículo 26 de la Sexta Directiva de una calificación previa del operador sería contrario al objeto de esta disposición, crearía una distorsión de competencia entre los operadores y comprometería la aplicación uniforme de la Sexta Directiva. 23 Por tanto, procede señalar que el régimen del artículo 26 de la Sexta Directiva se aplica a los operadores económicos que organicen en su propio nombre viajes o circuitos turísticos y que, para suministrar las prestaciones de servicios generalmente vinculadas a este tipo de actividad, recurran a otros sujetos pasivos, aunque aquéllos no tengan formalmente el estatuto de agencia de viajes o de organizador de circuitos turísticos.¿ Por último, el consultante manifiesta que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda se ha pronunciado, en consulta nº 499/1999, de 12 de abril, sobre esta cuestión asumiendo los planteamientos de la sentencia mencionada. Conforme a lo manifestado, se consulta si se deben considerar incluidas en el Régimen especial de las agencias de viajes, previsto en el artículo 54 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, las operaciones similares a las contempladas en el mencionado artículo, cuando éstas estén realizadas por operadores que no tienen la calificación legal de Agencias de Viajes, de acuerdo con el Decreto 135/2000, de 10 de julio, que las regula.

Nº 981

16/02/2005

El instante manifiesta que una compañía naviera establecida en Canarias (en adelante, el ¿adquirente¿) va a proceder a la adquisición de un buque en proceso de construcción en territorio peninsular (en adelante, el ¿buque¿).
Por motivos financieros se instrumenta la adquisición mediante la suscripción de un con-trato de arrendamiento a casco desnudo (el ¿contrato de arrendamiento¿) con una Agrupación de Interés Económico domiciliada en Canarias (en adelante, el ¿transmitente¿) en el que adquirente y transmitente han pactado determinadas opciones de compra y venta, respectivamente (en adelante, las ¿opciones¿) que se ejercitarán en todo caso al finalizar el período de arrendamiento. El contra-to de arrendamiento a casco desnudo se ha pactado con un período de duración aproximado de tres (3) años.
No existe ninguna duda sobre el ejercicio de opción. Como garantía, el importe correspon-diente al precio de adquisición del buque en virtud de las opciones estará depositadas, con anterio-ridad a la fecha en que se devenguen tales cantidades, en un depósito bancario.
Asimismo, el adquirente ha dado instrucciones irrevocables al banco del transmitente para que proceda a cargar en el depósito mencionado el precio de adquisición correspondiente a las opciones.
En el momento en que haya finalizado el período de construcción del buque, el transmiten-te se lo entregará al adquirente en la Península, mediante un acta de entrega y aceptación del bu-que. Inmediatamente después de recibir el buque del transmitente, el adquirente lo pondrá en fun-cionamiento y lo importará en territorio canario.
Adicionalmente, el adquirente ampliará capital con carácter previo a la recepción del bu-que del transmitente en virtud del contrato de arrendamiento y cumplirá además todos los demás requisitos para que el buque tenga consideración de bien de inversión y los relativos a la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económi-co Fiscal de Canarias.
Conforme a lo manifestado se realizan las siguientes consultas:
1º. Si como consecuencia de la cesión en virtud del contrato de arrendamiento con opción de compra y compromiso ineludible de ejercicio de la misma se produce una entrega de bienes a los efectos del IGIC y, por lo tanto, pueden aplicarse las exenciones fiscales previstas en el artícu-lo 25 de la Ley 19/1994 a las adquisiciones de ¿bienes de inversión¿, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en la Ley.
2º Si, en particular, sería aplicable la exención del IGIC prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, al hecho imponible consistente en la importación del buque en Canarias como bien de inversión por parte del adquirente, una vez producida la entrega del mismo como consecuencia del contrato de arrendamiento con opción de compra garantizada.

Nº 982

10/09/2004

El consultante describe la siguiente operación:
Un Ayuntamiento de un municipio de la Isla de Tenerife firma un convenio con una sociedad anónima unipersonal, en el que el único socio es el propio Ayuntamiento.
En la exposición primera de dicho convenio se dice:
¿Este Ayuntamiento está interesado en encomendar a dicha sociedad municipal, los trabajos para llevar a cabo actuaciones de reposición, rehabilitación y/o demolición de viviendas, locales, jardines y, de cualquier otra obra siguiendo el referido estudio, en relación a la ejecución del proyecto de la Avenida X, 2º fase..¿
En la estipulación tercera se establece la remuneración de los servicios a prestar por la sociedad:
¿El precio a abonar por el Ayuntamiento a la sociedad por los trabajos a que se refiere el presente convenio asciende a la cantidad de ¿., correspondiendo ¿. a gastos por las actuaciones a llevar a cabo y la cantidad de ¿.. en concepto de; del ¿ % por gastos de gestión sobre dicha cantidad.¿
Es decir que la remuneración de la sociedad está establecida en un porcentaje sobre el total de gastos a incurrir por las distintas actuaciones.
En la ejecución del trabajo la sociedad puede optar por dos procedimientos:
a) Contratar directamente con las empresas actuantes, encargadas de la demolición, de la urbanización, de la rehabilitación, etc. La facturación de las empresas se hará con cargo a la sociedad y posteriormente; la sociedad traslada al Ayuntamiento con una factura propia los mismos gastos.
Por sus servicios de gestión la sociedad emitiría otra factura aplicando el porcentaje establecido.
b) Gestionar con las empresas actuantes. Estas emitirían factura a cargo del Ayuntamiento, limitándose la sociedad a abonar por cuenta del Ayuntamiento.
Por sus servicios de gestión la sociedad emitiría otra factura aplicando el porcentaje establecido, igual que el supuesto anterior.
Considerando que estas actuaciones podrían ser consideradas como equipamiento comunitario, se consulta si a las actuaciones descritas le son de aplicación algunos de los apartados e) y f) del artículo 27 de la Ley 20/1991 (tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario), concretamente si les son de aplicación el tipo cero del IGIC, en los dos supuestos planteados.
En caso afirmativo, si la aplicación del tipo cero alcanza a toda la operación o sólo la factura emitida por los contratistas ejecutores materiales de las obras. Es decir, la remuneración de la sociedad en concepto de gestión estaría gravada a un tipo distinto.

Nº 986

24/08/2004

Se consultan en relación al tipo impositivo aplicables en las importaciones y entregas de cartuchos de tinta para impresora, fundamentando la aplicación del tipo reducido del IGIC en la clasificación arancelaria de las importaciones de dichas mercancías en función de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto C-276/00).

Nº 991

31/08/2004

La entidad consultante se dedica al asesoramiento técnico en el ámbito de la automatización e informática de empresas. Entre otras actividades hace presentaciones de productos informáticos y proyectos de informatización en dichas empresas. Los clientes están situados en el extranjero pero dentro de la Unión Europea.

La entidad consultante hace referencia al artículo 17.2.5º. A).d) de la Ley 20/1991, según el cual se entiende que esta actividad se considera prestada en el lugar donde tiene su cliente la sede o el establecimiento permanente para que se preste el servicio, en ningún caso en las Islas Canarias. En base a todo ello, plantea si tiene que repercutir o no el IGIC en las facturas por los servicios prestados.

Nº 996

18/03/2004

La Entidad consulta, en relación al IGIC, lo siguiente:
La instante es una empresa de transporte que presta servicios de tal naturaleza entre las islas Canarias exclusivamente, y aplica, en cuanto a los transportes terrestres, el tipo del IGIC del 2 por 100. Ante la demanda de un cliente con sede en la Península y delegación en Tenerife, de que por la citada razón, están exentos de soportar el IGIC, consulta sobre la procedencia de la citada repercusión.

Nº 1.004

31/03/2005

La consultante es titular de dos vehículos que pretende enviar a la Península, en régimen de exportación temporal, con la pretensión de que sean objeto de una serie de reparaciones. Un vehículo está afecto a su actividad empresarial y el otro a su actividad particular. Las reparaciones tienen carácter oneroso y están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Con posterioridad pretende reimportar dichos vehículos a Canarias.

De acuerdo con todo lo anterior, efectúa las siguientes cuestiones:

- ¿Se encuentran exentas del IGIC las importaciones a efectuar?

- En el supuesto de no encontrarse exentas, ¿sería aplicable el tipo impositivo correspondiente a los vehículos o el tipo impositivo de la ejecución de obra realizada sobre los mismos? En cualquier caso, ¿cuál sería la base imponible?

;

Nº 1.007

16/05/2006

La sociedad consultante manifiesta que presta servicios en su domicilio social en Canarias para una empresa con domicilio fiscal en Madrid consistentes en reconocimientos médicos a pacientes que van a formalizar una póliza de seguro de vida.
En función del capital a asegurar en la póliza, es más extenso o menos extenso el chequeo médico que se realiza al paciente.
Una vez realizado el reconocimiento médico, la sociedad consultante elabora un informe sobre el estado de salud del paciente que eleva a la compañía de seguros, por lo que en ningún momento decide sobre aspectos económicos sobre la póliza del seguro de vida del paciente.
Conforme a lo manifestado, se consulta si la operación se encuentra exenta de IGIC.

;

Nº 1.009

18/05/2006

El Centro Directivo consultante plantea lo siguiente:
¿La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 2 y 3, informa de los principios y fines del Sistema Nacional de Cualifica¬ciones y Formación Profesional y por ende define los rasgos esenciales del sistema integrado que propugna, que se plasma y formaliza en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002 a través del 11.4 que denomina a los Centros Integrados de Formación Profesional, que dispone como carac¬terística fundamental de tales centros, la autonomía y flexibilidad organizativa, la versatilidad y flexibilidad en la programación de su oferta formativa y la capacidad de respuesta rápida a los cambio tecnológicos y a las demandas de empleo. Entre estas características figura cierta autonomía económica al disponer de un presupuesto con gestión directa por parte de los propios centros docentes. Entre los ingresos de tales centros docentes figura la realización de entregas de bienes y prestaciones de servicios a terceros previo abono de una contraprestación. A título de ejemplo: servicios de peluquería, servicios de restauración, etc.
El Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT ha autorizado a los centros educa¬tivos citados a disponer de NIF propio.
Se consulta la tributación en el IGIC de las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios a terceros previo abono de una contraprestación realizados por los centros docentes citados, y en especial si al formar parte dichos centros docentes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sería aplicable la exención prevista en el artí¬culo 10.1.31º de la Ley 20/1991 que establece la exención en el IGIC a las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados por el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales canarias.
En el supuesto de que las operaciones que efectúen se encuentren sujetas y no exentas del IGIC, se consulta las obligaciones formales que deben cumplir los centros docentes mencionados.¿

;

Nº 1.010

25/04/2006

La entidad consultante manifiesta que tiene como actividad principal la compra, venta, importación, exportación y distribución de productos farmacéuticos, productos sanitarios, alimentos, cosméticos, dentífricos, insecticidas y cualesquiera para el cuidado de la salud y de la higiene, dentro de los cuales se encuentran los cepillos de dientes, que, en ocasiones, exportan a diferentes clientes situados en Canarias.
Tal y como consta en las instrucciones que figuran en la caja que contiene los mencionados cepillos de dientes, se trata de un modelo con cabezal blanqueante recambiable, que posee un dispositivo eléctrico que tiene un cabezal con una acción 3D. Se acompaña foto del modelo del mencionado cepillo de dientes, con breve descripción del mismo.
En consulta previa a través de la página web del Gobierno de Canarias sobre el tipo impositivo del IGIC que se debe repercutir por la venta de los mencionados cepillos de dientes, la Dirección General de Tributos contestó mediante correo electrónico que el tipo impositivo a aplicar a estos cepillos era del 5 por 100.
Expone a continuación el consultante que la codificación de mercancías a efectos del IGIC, vigente y obtenida de la página web del Gobierno de Canarias, establece un tipo del 2 por 100 para los siguientes productos:
Sección 20 Mercancías y productos diversos.
Capítulo 96: Manufacturas diversas.
Partida 9603: Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual (excepto las de motor), pinceles y plumeros; cabezas preparados para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga.
Código 9603.21.00.00: Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas.
Por otro lado, la misma tabla de codificación establece, en diferente sección, la imposición a un tipo del 5 por 100 en los siguientes casos:
Sección 16: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Capítulo 85: Máquinas;; aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido; aparatos de grabación o reproducción de imágenes sonido en televisión; y las partes y accesorios de esos aparatos.
Partida 8509: Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico.
Código 8509.80.00.00: Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico. Los demás aparatos.
Conforme a lo manifestado, se consulta; si es correcto encuadrar los cepillos de dientes dentro del código 9603.21.00.00, ¿Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas¿, siendo en este caso el tipo aplicable a su venta del 2 por 100 o, por el contrario, se deben encuadrar dentro del código 85909.80.00 ¿Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico. Los demás aparatos¿, repercutiendo un tipo del 5 por 100.

Nº 1.011

07/04/2006

La sociedad consultante se encuentra dada de alta en el epígrafe 392.2 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia del Impuesto sobre Actividades Económicas. Para la fabricación de las prótesis dentales se provee de materias primas, tales como silicona, composite, etc., las cuales importa tanto de la Península como del extranjero.
Se consulta si la adquisición de las citadas materias primas se encuentra exenta de IGIC en virtud del artículo 10.1.5º de la Ley 20/1991.

Nº 1.017

14/03/2006

La Unión Temporal de Empresas consultante se dedica a la construcción de una determinada obra pública, manifestando que su forma de pago a proveedores se realiza mediante confirming, teniendo contratada dicha forma de pago con una entidad bancaria, adjuntando copia del contrato.
En el momento de la tramitación de las órdenes de pago por confirming a sus proveedores, la entidad bancaria abona unos intereses de reparto y unas comisiones de reparto, según se detalla en la copia de una factura emitida por una sociedad anónima financiera de factoring y confirming.
Conforme a lo manifestado, se consulta si las comisiones de reparto se deberían gravar con el IGIC y cual sería el tipo impositivo aplicable.

;

Nº 1.020

09/01/2006

El consultante desarrolla una actividad comercial acogida a epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de comercio al por menor y tiene la consideración a efectos del IGIC de comerciante minorista. El empresario va a comenzar a desarrollar otra actividad comercial distinta a la actividad comercial que venía desarrollando, incluso desarrollará esta actividad en otro establecimiento diferente. Esta nueva actividad comercial va dirigida a empresarios o profesionales por lo que debe darse de alta en un epígrafe del IAE de comercio al por mayor.

Con base a lo expuesto, realiza las siguientes consultas:

- ¿Qué repercusiones tiene la nueva actividad comercial al por mayor sobre la situación censal del empresario respecto al IGIC?

- ¿Dejará de tener la consideración de comerciante minorista?; ¿Existe algunos límites en relación con la consideración de comerciante minorista?

;- En el caso de seguir teniendo el empresario la consideración de comerciante minorista a efectos del IGIC ¿tendrá que repercutir el IGIC o seguirá siendo válido la expresión ¿comerciante minorista¿ en las facturas emitidas?

Nº 1.024

17/01/2006

Dos sociedades mercantiles adquieren pro indiviso un solar con el objeto de realizar la promoción de una edificación. Una vez efectuada la declaración de obra nueva y división horizontal se procederá a la adjudicación pro indiviso a los comuneros de cada uno de los inmuebles resultantes. Posteriormente los comuneros van a proceder a la entrega a terceros adquirentes de dichos inmuebles actuando ambas sociedades en pro indiviso en cada una de las transmisiones. Se consulta la tributación en el IGIC de las operaciones descritas y en especial si resulta aplicable a la entrega de los inmuebles a terceros la exención prevista en el artículo 10.1.22º de la Ley 20/1991.

Nº 1.025

03/01/2006

La sociedad mercantil consultante manifiesta encontrarse dada de alta en el censo de empresarios y profesionales del Impuesto General Indirecto Canario, declarando como actividad principal ¿Construcción Completa¿, epígrafe 15011, por una obra a realizar en el municipio de La Orotava.
Por la realización de dicha obra, se ha recibido factura pagada por el consultante, con el correspondiente IGIC soportado, el cual ha sido abonado a la empresa que factura.
A la hora de confeccionar la factura al cliente, éste manifiesta que no le deben incluir el IGIC, ya que están exentos por los requisitos que establece la Ley 19/1994 en su artículo 25, en documento que ha continuación se transcribe:
¿¿Por la presente comunicamos que la entidad¿ está exenta de IGIC según los requisitos que establece la Ley 19/1994, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 25 de incentivos a la inversión en Canarias....¿
Conforme a lo manifestado, se consulta si procede la repercusión del IGIC en factura por el acondicionamiento del local comercial sito en un Centro Comercial del municipio de La Orotava.

;

Nº 1.027

14/10/2004

La sociedad consultante hace referencia al artículo 27.1.1º a) de la Ley 20/1991 que establece la aplicación del tipo impositivo cero del IGIC a las operaciones de entrega de agua y la entrega y prestaciones de servicios con destino a la captación y producción de agua y a la realización de infraestructuras de canalización hidráulica, y cita la Resolución de 15 de enero de 2002 de la Dirección General de Tributos que en su apartado Segundo.2; establece:; ¿Respecto a la aplicación del tipo del cero por ciento a las prestaciones de servicios, así como a las entregas e importaciones de bienes directamente relacionados con la captación, producción y distribución de agua, será decisoria la forma en que el bien o el servicio en cuestión contribuya a la realización de la actividad empresarial correspondiente, quedando rechazados, por tanto, de la aplicación de este tipo impositivo, aquellos bienes que contribuyan de manera indirecta, así como los que sean utilizados en actividades privadas¿.;;;;;

Señala que los antecedentes y circunstancias del caso son:

La entidad consultante es propietaria de una planta desalinizadora; de agua de mar para uso agrícola, manteniendo un contrato de explotación de la planta desalinizadora con un tercero, persona jurídica, mediante el cual este último, asume el ciclo completo de producción de agua desalinizada con la consiguiente asunción de todos los costes (personal, mantenimiento y reparaciones, reactivos químicos y reposición de membranas) a excepción del suministro de energía eléctrica, coste éste que lo asume directamente la entidad consultante. La distribución del agua producto a los agricultores le corresponde a la compañía propietaria de la planta desalinizadora.;;;;;;

En base a ello formula las siguientes consultas:

¿Al importe facturado por la compañía eléctrica por el suministro de energía para el funcionamiento de la planta desalinizadora de agua de mar se le debe aplicar el tipo impositivo del cero por ciento del IGIC.?

¿Al importe facturado por la compañía eléctrica por el suministro de energía para la distribución del agua producida desde la planta hasta los consumidores se le debe aplicar el tipo impositivo del cero por ciento del IGIC.?

Cuál debe ser; la interpretación correcta que debe atribuirse a la expresión; ¿¿quedando rechazados, por tanto, de la aplicación; de este tipo impositivo, aquellos bienes que contribuyan de manera indirecta, así como los que sean utilizados en actividades privadas¿. Sin solicitar un catálogo exhaustivo de bienes, ¿cuales podrían ser ejemplos esclarecedores de los mismos, tanto para los relativos a los que contribuyen de manera indirecta como para los relativos a los que sean utilizados en actividades privadas, así como una definición explícita de ambas categorías de bienes?

;;;;;;;; En relación a lo expuesto en el punto anterior la Resolución habla sólo de bienes. ¿En caso de tratarse de servicios el tratamiento fiscal sería análogo?