La sociedad mercantil consultante manifiesta que se encuentra
establecida en la Península, y tiene como actividad principal la
pesquera, dedicándose a la captura de pescado en aguas internacionales
para su posterior comercialización. En la realización de su actividad
pesquera, la consultante adquiere bienes y servicios en las Islas
Canarias por los que soporta las cuotas de IGIC correspondientes.
Concretamente, contrata servicios de reparación de buques y redes,
servicios de telefonía móvil, alquiler de vehículos, etc. La consultante
destina los bienes y servicios adquiridos en las Islas Canarias a la
realización de su actividad en la Península, actividad que está sujeta y
no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), y por
la que repercute las cuotas de IVA correspondientes en cada caso. A este
respecto, la consultante tiene derecho a la a la deducción de la
totalidad del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios
destinados a la realización de la actividad. A continuación el
consultante asevera que la normativa del IGIC permite a los empresarios
o profesionales no establecidos en las Islas Canarias solicitar la
devolución de las cuotas de IGIC que hayan soportado por las
adquisiciones o importaciones de bienes y servicios realizadas en dicho
territorio, siempre que se cumplan determinados requisitos, tras lo cual
menciona la siguiente normativa: - Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias - Real Decreto 2538/1994,de 29 de
diciembre, por el que se dicta normas de desarrollo relativas al
Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e
Importación en las islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de
junio. - Ley 20/1991. En concreto, cita los artículos 29 y 48 de la Ley
20/1991, de los que resalta el contenido del artículo 48.2.3º de la Ley
20/1991, relativo a que durante el período de referencia de la
devolución no se hayan realizado en las Islas Canarias operaciones
distintas de las señaladas, ya que es éste el requisito que le afecta
particularmente. De la interpretación literal de este precepto, afirma
el consultante, resulta que para el ejercicio del derecho a la
devolución, el sujeto pasivo no establecido no ha de haber realizado en
las Islas Canarias operaciones distintas de las señaladas en el
mencionado artículo, pero de dicha interpretación no resulta que la
norma exija necesariamente la realización de operaciones en las Islas
Canarias. Además, ha de tenerse en cuenta que la Ley 20/1991, en su
artículo 48.3, permite obtener la devolución de las cuotas de IGIC
soportado por un no establecido en la adquisición de bienes y servicios
que se destinen, entre otras, a operaciones realizadas en la Península
que de haberse realizado en las Islas Canarias habrían dado derecho a la
deducción, y no exige expresamente que hayan de utilizarse en la
realización de operaciones en las Islas Canarias. De lo anterior,
entiende el consultante que puede concluirse que procedería la
devolución de las cuotas de IGIC soportadas por un no establecido en la
adquisición de bienes y servicios destinados a la realización de
operaciones en la Península, que de haberse realizado en las Islas
Canarias habrían dado derecho a la deducción, siempre y cuando se
cumplan los restantes requisitos regulados en la Ley 20/1991. Conforme a
lo manifestado, se consulta si procede la devolución de las cuotas
soportadas de IGIC en la adquisición de bienes y servicios destinados a
la realización de una actividad empresarial sujeta y no exenta que se
desarrolla en la Península, cuando se cumplen los requisitos previstos
en el artículo 48 de la Ley 20/1991, pero no se realizan en las Islas
Canarias operaciones sujetas al IGIC