Doctrina tributaria
Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.
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1.560 consultas
Nº 1.389
24/03/2011
IGIC / AIEM / IMPUESTO ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL
PETRÓLEO La sociedad mercantil consultante quiere solicitar un
Depósito REF, de carácter público, y también un depósito fiscal a
efectos del IECD para almacenar productos petrolíferos, en concreto
gasóleos y fueloil, que van a estar destinados al suministro de buques
afectos a la navegación marítima internacional, y plantea cuál es el
tratamiento fiscal en el IGIC, AIEM e IECDP de las operaciones que se
van a realizar en el depósito REF. Según precisa el escrito de consulta,
la operativa del depósito REF, para productos propios y de terceros,
será la siguiente: 1º) La mercancía se introduce en las Islas Canarias
mediante transporte marítimo, siendo el titular de dichos productos
petrolíferos una compañía comunitaria que no coincide con la titular del
depósito. 2º) En el depósito dicha carga será transferida a otra
compañía no titular del depósito. 3º) La propiedad de la carga se
transmitiría a la titular del depósito (la consultante), para destinarla
a la exportación como suministro a buques afectos a la navegación
marítima internacional. 4º) La titular del depósito fiscal descargaría
en gabarras los productos petrolíferos, para ser suministrados a buques
afectos a la navegación marítima internacional, entendiendo que esta
descarga está directamente vinculada a la exportación, sea la gabarra
titularidad o no de la dueña de la carga. Interesa destacar que en el
propio escrito de consulta se hace referencia a un párrafo de la
contestación a la consulta vinculante número 1372, de 7 de septiembre de
2010, en la que se manifestaba: "Que la colocación de gasolinas,
gasóleos, fueloil, propanos y butanos en la Zona Franca no tiene ninguna
incidencia en el devengo del IECDP, ya que el devengo de este Impuesto
se produce con motivo de la entrega de estos productos por los
mayoristas, y no antes en la importación, como ocurre, por ejemplo, con
el Impuesto estatal sobre Hidrocarburos." Es cierto, como dice el
escrito de consulta, que en la contestación no se diferencia entre
titulares de Zona Franca o Depósitos Francos, Aduaneros o Fiscales; pero
no es menos cierto, como dice la sociedad consultante, que el impuesto
no se devenga con carácter previo a la importación, por lo que hay que
entender ¿así lo precisa la consultante- que el impuesto del titular del
Depósito Fiscal se devengaría cuando se produzca la salida del producto
del depósito, salvo que sea una operación exenta como es el caso, según
se determina en la normativa correspondiente del IGIC y del AIEM.
Combustibles
Nº 1.390
30/03/2011
La sociedad mercantil consultante es una empresa pública cuyo capital se
encuentra íntegramente suscrito por un Ayuntamiento canario. Su objeto
social es la prestación de los servicios públicos locales de alumbrado
público, parques y jardines, recogida de residuos, cementerios, limpieza
viaria y de espacio público, y mantenimiento de vías públicas. Estas
actividades las desarrolla la sociedad mediante gestión directa,
conforme a lo previsto en el artículo 85.2.A).d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. La sociedad
consulta: 1.- Si están sujetas al IGIC las entregas de bienes o
prestaciones de servicios que realiza a favor del Ayuntamiento titular
de su capital social y, en caso afirmativo, cuál es el tipo impositivo
aplicable. 2.- Si son deducibles las cuotas del IGIC devengadas y
soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios que
utilice en las operaciones con el Ayuntamiento.
IGIC
Nº 868
08/01/2004
La Sociedad mercantil consultante manifiesta que en sus Estatutos sociales está previsto que el cargo de Administrador sea retribuido. Los administradores de la sociedad son tanto personas físicas como jurídicas, el domicilio social y de actividad de la consultante se localiza en las Islas Canarias, mientras que el administrador, persona jurídica, tiene su domicilio social y fiscal en Madrid, por lo que plantea la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido o al Impuesto General Indirecto Canario del servicio prestado por la sociedad residente en Madrid en relación con la contraprestación que la sociedad consultante, residente en las Islas Canarias, le abona por estar así establecido en sus Estatutos sociales.
IGIC
Nº 870
19/01/2004
La sociedad consultante tiene como objeto social la prestación de servicios de asesoramiento de carácter contable, fiscal y financiero, así como la explotación de inmuebles en régimen de alquiler.
La actividad de la sociedad, en este momento se centra en los servicios de asesoramiento citados y en la explotación de una oficina en régimen de alquiler. La entidad desarrolla su actividad a través de un empleado, con contrato de carácter indefinido, y de varios profesionales autónomos, que prestan puntualmente sus servicios. La sociedad proyecta invertir en la adquisición de una nave con el fin de destinarla al alquiler.
La cuestión planteada se refiere al artículo 25, apartado 7, de la Ley 19/1994, de 6 de julio, aplicable a partir del 1 de enero de 2002. En concreto se consulta, si para gozar de la exención prevista en el citado artículo se precisa tener una persona empleada y un local destinado exclusivamente a la actividad de arrendamiento de inmuebles, cuando, como en el presente caso, la entidad desarrolla una actividad principal (servicios) y otra secundaria (arrendamiento de bienes inmuebles) disponiendo de personal y oficinas únicas para el desarrollo de ambas actividades.
La actividad de la sociedad, en este momento se centra en los servicios de asesoramiento citados y en la explotación de una oficina en régimen de alquiler. La entidad desarrolla su actividad a través de un empleado, con contrato de carácter indefinido, y de varios profesionales autónomos, que prestan puntualmente sus servicios. La sociedad proyecta invertir en la adquisición de una nave con el fin de destinarla al alquiler.
La cuestión planteada se refiere al artículo 25, apartado 7, de la Ley 19/1994, de 6 de julio, aplicable a partir del 1 de enero de 2002. En concreto se consulta, si para gozar de la exención prevista en el citado artículo se precisa tener una persona empleada y un local destinado exclusivamente a la actividad de arrendamiento de inmuebles, cuando, como en el presente caso, la entidad desarrolla una actividad principal (servicios) y otra secundaria (arrendamiento de bienes inmuebles) disponiendo de personal y oficinas únicas para el desarrollo de ambas actividades.
IGIC