Doctrina tributaria

Consultas tributarias contestadas por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Las contestaciones a estas consultas tienen carácter vinculante.

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Nº 980

07/08/2004

El consultante, en escrito anterior de fecha 3 de julio de 2003 en relación a la posible aplicación de la exención del artículo 25 de la Ley 19/1994 en determinadas inversiones a realizar, planteaba una cuestión relativa a la posibilidad de aplicar la citada exención en la adquisición de obra civil, que se materializaba mediante la firma de dos contratos de ejecución de obra para la realización tanto del trazado de la línea (tendido de vías tranviarias), así como de las obras de acondicionamiento de las vías necesarias para llevar a cabo la obra anterior (desvío de conducciones y servicios, aceras, asfaltados, etc.). En la contestación a dicha consulta, de fecha 5 de enero de 2004, y en relación con la cuestión descrita en el expositivo 2, se consideró que era de aplicación la exención del artículo 25 de la Ley 19/1994 en lo relativo a la ejecución de obra correspondiente al trazado de la línea, sin embargo no era de aplicación la citada exención respecto de las obras de acondicionamiento de las vías, objeto de contratación independiente aunque necesarias para la realización de las obras relativas al trazado de la línea, ya que en sí mismas no dan lugar a un bien de inversión al no ser susceptibles de utilización autónoma e independiente. A la vista del contenido de dicha contestación cabría interpretar que se consideró en la misma la existencia de dos contratos diferenciados, uno relativo a la obra del trazado de la línea, cuya adquisición sería considerada exenta por el artículo 25 de la Ley 19/1994 y otro relativo a las obras de acondicionamiento de las vías, que no se entendería exenta. Sin embargo, esta interpretación no se corresponde a lo que era intención de la consultante poner de manifiesto en el escrito de consulta, ni a la realidad posterior de los hechos. En efecto, y con propósito meramente aclaratorio, el consultante manifiesta que, tal y como tenía previsto desde el inicio, ha suscrito dos contratos para la realización de la obra civil con distintas entidades, pero cada uno de dichos contratos contemplan, para tramos distintos del recorrido donde transcurrirá el tranvía, la realización tanto del trazado de las vías como de las obras de acondicionamiento en cada uno de dichos tramos. En definitiva, existen dos contratos con la misma finalidad y alcance, esto es la realización de toda la obra civil, que implicaría tanto las obras del trazado de la línea, como las de acondicionamiento de las vías, cada uno de ellos para tramos distintos del recorrido del tranvía, quedando en todo caso diferenciado en ambos contratos, y en toda la documentación adicional relativa al desarrollo de los mismos, los costes relativos a cada una de las dos citadas actuaciones (trazado de vías y obras de acondicionamiento adyacentes). En todo caso, la consultante asume el coste de las obras de acondicionamientos de los tramos por los que transcurrirán las nuevas vías ferroviarias, como condición para la construcción de éstas. En esta situación, y asumiendo que se mantiene la conclusión de que resulta de aplicación la exención del artículo 25 de la Ley 19/1994 para la parte de cada contrato relativa al trazado de la línea, se plantea el consultante si la misma podría extenderse igualmente a todas las obras de acondicionamiento necesarias en las vías afectadas por la realización de dicho trazado, sobre la base de que se trata de dos contratos separados que engloban, cada uno para un tramo distinto, tanto las obras de trazado de vías coma las de acondicionamiento de viales, no siendo autónoma e independiente ésta última parte del a obra de la primera, siendo por tanto, que cada uno de los dos contratos recoge una única ejecución de obra en un tramo específico, con la que se van a llevar a cabo, para dicho tramo, todas las actuaciones descritas. Conforme a lo manifestado, solicita aclaración en relación con los dos contratos de obra civil, cada uno de los cuales tienen como objeto tanto la realización de las obras relativas al trazado de la línea, como las obras de acondicionamiento de las vías donde se realizan las obras del trazado, siendo que cada uno de los dos contratos se refiere a distintos tramos por donde va a transcurrir el tranvía.

Nº 984

20/02/2006

En relación al mantenimiento de la exención del IGIC del artículo 25 de la Ley 19/1994 en el caso de aportación de una o varias ramas de actividad en el régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, el consultante realiza la siguiente exposición:
Una sociedad va a proceder a una aportación de rama de actividad a una sociedad de nueva creación y se acoge al régimen especial citado.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 20/1991 esta operación está no sujeta al IGIC.
En el texto refundido del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 90, subrogación en los derechos y obligaciones tributarias, se indica lo siguiente:
¿1. Cuando las operaciones determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad adquirente los derechos y obligaciones tributarias; de la entidad transmitente.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o consolidar los disfrutados por la entidad transmitente.
2. Cuando la sucesión no sea título universal, la transmisión se producirá únicamente respecto de los derechos y las obligaciones tributarias que se refieran los bienes y derechos transmitidos.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos derivados de los incentivos fiscales de la entidad transmitente, en cuanto estuvieren referidos a los bienes y derechos transmitidos.¿
Se consulta si en el supuesto de una aportación de rama de actividad acogida al mencionado régimen especial que incluyera bienes que se acogieron en el momento de su adquisición a la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994, se produce la subrogación en el adquirente, que deberá cumplir con los requisitos exigidos para consolidar la exención, entre otros, el mantenimiento del plazo de funcionamiento.
En el supuesto de que la respuesta sea positiva, si ocurriría lo mismo en el supuesto previsto en el artículo 94, aportaciones no dinerarias, del texto refundido del Impuesto sobre Sociedades.

Nº 985

14/06/2005

La entidad mercantil consultante es una empresa acogida a los beneficios de la Zona Especial Canaria cuyo objeto social es el telemarketing. Su actividad consiste en una promoción telefónica a fin de colocar un producto en el mercado. Dicho producto se trata de material cosmético de uñas y proviene de una entidad alemana. Cuando las personas a las que va dirigida la promoción (se trata de turistas alemanes) quieren adquirir dicho producto, las mismas contratan la compra directamente con la entidad alemana situada en Alemania, que se dedica a producirlo y venderlo.

Se consulta si la empresa Z.E.C. por dicha actividad se encuentra sujeta o no sujeta al Impuesto General Indirecto Canario, si tendría la obligación de repercutir dicho impuesto cuando emite sus facturas a la empresa alemana que contrata la promoción telefónica. En el caso de que estuviese exenta, consulta si tendría la obligación de presentar las correspondientes autoliquidaciones mensuales (modelo 413) para poder deducir el IGIC soportado.

Nº 988

06/06/2005

Se consulta en relación a la partida estadística aplicable, a efectos del AIEM, de las importaciones de bandejas de poliestireno y polipropileno 100 % virgen calidad alimentaria, para uso alimentario, diseñados y preparados para el envasado de productos alimentarios tales como el tomate, fresa, pimientos y todo tipo de productos hortofrutícolas y que tienen exactamente la misma función comercial e industrial que las bandejas de poliestireno expandido (porexpan).

Nº 989

05/12/2005

Se consulta en relación a la tributación en el IGIC y el AIEM de la importación y venta de mobiliario y elementos decorativos de mimbre, madera y plástico.

AIEM

IGIC

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Nº 990

07/12/2005

La entidad consultante manifiesta realizar la actividad de prestación de servicios de alquiler de vehículos sin conductor o ¿rent a car¿. Las compras de vehículos por la empresa son indudablemente adquisiciones de bienes de inversión, que entran en funcionamiento inmediatamente y reúnen todos los requisitos para aplicar la exención del IGIC, recogida en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Por imposición de las empresas touroperadoras, que representan la mayor parte de la clientela, así como por exigencias de la competencia, las empresas de ¿rent a car¿ se ven en la necesidad de renovar la flota al término de los tres años de uso aproximadamente.
Se debe atender a la consideración de que el uso al que se ven sometidos estos vehículos es mucho más intensivo que el que realiza de ordinario el propietario que los usa para sus propias necesidades de transporte; por lo que el desgaste es también mucho más acusado.
El apartado tercero del artículo 25 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, literalmente dice:
¿4. Las sociedades adquirentes o importadoras de bienes de inversión deberán mantener como mínimo su domicilio fiscal o su establecimiento permanente en las islas Canarias durante un plazo de cinco años a contar desde la fecha del inicio de la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes de inversión y éstos deberán permanecer en explotación en Canarias durante un plazo mínimo de cinco años, o su vida útil si fuera inferior, a contar desde la fecha de inicio de su utilización efectiva o entrada en funcionamiento.¿
Conforme a lo manifestado, entiende el consultante que la ¿vida útil¿ de estos activos hay que conceptuarla, desde el punto de vista de la operatividad empresarial, que es a lo que se refiere el espíritu del citado precepto del artículo 25. De este modo, su ¿vida útil¿ a los efectos de la norma será aproximadamente unos tres años, ya que con posterioridad dejan de ser adecuados para la actividad de alquiler de vehículos.
Se consulta si puede entenderse como cumplido el requisito de permanencia en explotación de los bienes de inversión, conforme a lo más arriba subrayado, sí los vehículos adquiridos para su explotación en régimen de alquiler, se mantienen por tres años, siendo este plazo el que podemos considerar como su ¿vida útil¿, por los usos de la propia operativa sectorial.