El 14 de abril de 2026, el Consejo Escolar de Canarias mantuvo una reunión con Ciro Molina de León e Isabel Teresa Gómez Gutiérrez, representantes de la Asociación Nacional de Infancias Robadas para analizar distintas propuestas orientadas a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia y abuso.
Durante el encuentro se abordó la necesidad de avanzar en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), así como de fortalecer la coordinación entre administraciones y profesionales implicados en la atención a las víctimas.
Se señaló que, pese a los avances legislativos alcanzados en los últimos años, la protección de la infancia sigue siendo un reto pendiente en el ámbito social. Por este motivo, se destacó la necesidad de reforzar las acciones de prevención, detección y respuesta temprana ante situaciones de violencia que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.
El Consejo Escolar de Canarias señaló que en el Informe CEC 2025/02 al Proyecto de Decreto por el que se regula la convivencia escolar y se promueve el bienestar en el ámbito educativo de la Comunidad Autonómica de Canarias
Asimismo, se recalcó la importancia de la educación como herramienta clave para la prevención, promoviendo programas y talleres en los centros educativos que ayuden al alumnado a reconocer situaciones de riesgo, fomentar el respeto y comprender la importancia del consentimiento.
Desde el Consejo Escolar de Canarias ya se había incluido en el Informe CEC 2025/02 al Proyecto de Decreto por el que se regula la convivencia escolar y se promueve el bienestar en el ámbito educativo de la Comunidad Autonómica de Canarias la preocupación existente al no detectar ahora mismo ningún protocolo sobre el cumplimiento de las obligaciones que contempla la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, especialmente el artículo 16 que habla de la especial importancia del deber de comunicación de situaciones de violencia que tienen los centros educativos.
Desde ANIR se hizo énfasis en la importancia de los juzgados especializados, de la colaboración entre las diferentes ramas de la Administración, incluyendo las corporaciones locales, y la coordinación de bienestar en los centros educativos. Demandaron especialmente la formación en prevención desde los centros educativos y resaltaron algunas buenas prácticas existentes como el Protocolo Actuaciones en Situaciones de Maltrato Sexual y o Violencia Sexual del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife.
