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 1. El Proyecto Educativo

 1.2. Autonomía

Debe profundizarse en este concepto, pues en él, y en el de participación, se sustenta la necesidad del PE.

La autonomía puede entenderse como la potestad para regir intereses peculiares de la vida interna de organismos o entidades mediante normas y órganos de gobierno propios. La autonomía de los centros docentes debe ser una vía eficaz para promover y facilitar el aprendizaje del alumnado, su desarrollo personal y social, a la vez que contribuir a la eficacia, satisfacción, compromiso y desarrollo profesional del profesorado, así como a la participación e implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas. En este sentido, la autonomía debe permitir integrar el centro escolar en su entorno, adaptar la oferta educativa a las demandas del alumnado, facilitar la atención a la diversidad y ayudar a la comunidad educativa a asumir, de forma más implicada y responsable, el funcionamiento de los centros.

Por ello, la autonomía de los centros debe ir unida a la participación democrática y a la rendición de cuentas.

 1.2.1. Delimitaciones de la autonomía

El primer elemento que delimita el desarrollo de la autonomía de los centros es el marco legal que la regula. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, BOE 4-7-85), es la primera Ley que, en el contexto de un profundo cambio del sistema educativo español en los últimos 20 años, modifica un modelo de gestión centralizada de los centros escolares hacia un modelo de gestión autónoma y participativa de las comunidades educativas. Por su parte, la derogada LOGSE (1990), en sus artículos 57 y 58, dentro del título de "la calidad de la enseñanza", aporta a la autonomía de los centros la apertura del currículo y la posibilidad de su adecuación a alumnos y contextos sociales diversos. Esta regulación se complementa en la también derogada LOPEG (1995), capítulo II, relativo a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los recursos de los centros educativos, y se desarrolla ampliamente en normativa de ámbito autonómico. Por último, y tras la última de las leyes derogadas, la LOCE (2002), es la vigente LOE, modificada por la LOMCE, en su Título V, capítulo II, la que garantiza la participación, autonomía y gobierno de los centros docentes.

El capítulo I del Título III del ROC (Decreto 81/2010, de 8 de julio de 2010), desarrolla la Autonomía de los centros, centrando en la elaboración del Proyecto Educativo y el Proyecto de gestión los principales aspectos de esta autonomía.

En la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, se especifican los elementos que ha de contener el proyecto de gestión y la importancia de la implicación de todo el centro en su elaboración.

Sigue :: 1.3. La participación desde la normativa