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El Gobierno aprueba la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias con la que se pretende establecer un marco normativo que, atendiendo a los principios de liberalización del transporte marítimo propuestos por la Unión Europea, a su vez garantice la integración territorial, social y económica Canarias.

El transporte marítimo de pasajeros y mercancías constituye una pieza fundamental para asegurar la cohesión económica y territorial de un territorio fragmentado y alejado del continente como el archipiélago Canario. Para actuar sobre el mismo, la Comunidad Autónoma ostenta la competencia exclusiva para ordenar el transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos o puntos del litoral de Canarias (artículo 30.19 del Estatuto de Autonomía).

El actual marco normativo en materia de transporte marítimo resulta insuficiente para que, dentro del principio de libertad de transporte, se pueda atender la realidad del territorio Canario fragmentado y alegado y dar cobertura a las necesidades de conectividad entre las islas. Este nuevo marco legal hace posible la conciliación de las peculiaridades que confiere la situación geográfica, social y económica del Archipiélago con su pertenencia a la Unión Europea.

La Ley aborda la regulación de todos los servicios de transporte marítimo entre puertos y puntos del litoral canario que se realicen a cambio de una remuneración económica bajo una regla esencial: la libertad para prestar esos servicios. Este es el régimen general para todos los transportes marítimos en las islas.

Con todo, la liberalización del cabotaje marítimo puede resultar perniciosa para las comunicaciones de las islas con el continente y de las islas entre sí -cabotaje interinsular- pudiendo producirse situaciones de insuficiencia de los servicios que perjudiquen estos territorios. Es por ello que esta norma permite que, en aquellas líneas que se consideren esenciales para garantizar la comunicación regular, cuando la oferta sea insuficiente, las autoridades competentes puedan exigir como condición para su prestación el cumplimiento de determinadas obligaciones de servicio público o, incluso, la suscripción de un contrato de obligación de servicio público.

La Ley, por tanto, faculta al Gobierno para declarar de interés público determinadas líneas de transporte regular. Esta declaración permite fijar unas condiciones de regularidad, continuidad, frecuencia, capacidad de prestación y precio, que se consideran el mínimo necesario para ofrecer unos servicios suficientes.

A fin de dar cumplimiento a esta regulación, la Ley delimita las potestades de control, inspección y sanción que precisa la Administración competente para garantizar el cumplimiento de las normas que ordenan los transportes marítimos en Canarias.

Por otra parte, la comunicación entre las islas no es la única razón de interés público que debe ser considerada en la ordenación del transporte marítimo interinsular. Tan importante como la garantía de conexión regular entre las islas es la protección del ecosistema marino interinsular, de la fauna, la flora y la propia calidad de las aguas que rodean el archipiélago, mucho más cuando, como es bien sabido, las islas son lugar con un alto riesgo de contaminación por hidrocarburos y sustancias peligrosas.

Por este motivo, la normativa declara que la libertad de prestación de servicios de transporte marítimo también puede ser limitada mediante la imposición de cargas, limitaciones e, incluso, prohibiciones, cuando sea necesario para proteger aquellos valores y, en particular, a partir del reconocimiento de las aguas canarias como Zona Marítima Especialmente Sensible.

En definitiva, esta es una Ley que promueve la competencia en el sector y el desarrollo de los sectores económicos, al tiempo que garantiza unos servicios mínimos de comunicación marítima en condiciones de calidad y accesibilidad, equiparable a los que disfrutan en territorio continental, los ciudadanos la Unión Europea. Y a su vez regula, el transporte marítimo no regular, tanto de ocio como turístico, teniendo en cuenta la fragilidad del ecosistema marino y conciliando nuestro patrimonio natural marítimo con los del sector económico turístico.