Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar en 12.912.662,81 miles de euros el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027.

Esta cifra supone 769 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2026 y es la cantidad con la que cuenta el Gobierno de Canarias para dar respuesta a las necesidades de los canarios, principalmente para cubrir los servicios básicos de sanidad, dependencia, educación y acceso a la vivienda, a los que se destina de manera prioritaria la mayor parte del presupuesto.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. A partir de aquí, el Gobierno de Canarias inicia la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

Este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2027 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Contexto de elevada incertidumbre

El pasado 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el período 2027–2029 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2027. La propuesta contemplaba un déficit del -0,1 % del PIB para las comunidades autónomas y una deuda pública del conjunto de administraciones del 97,6 % del PIB en 2027, bajando hasta el 95,3 % en 2029. Sin embargo, el Congreso de los Diputados rechazó en dos ocasiones dichos objetivos, la última el pasado 23 de julio.

Por tanto, al no haberse aprobado la senda de estabilidad, el único marco de referencia disponible es el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) del Reino de España 2025-2028, validado por las instituciones europeas, que establece para el conjunto de las Administraciones Públicas un objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2027.

Sin embargo, dicho plan no distribuye la capacidad necesidad de financiación entre los distintos subsectores de las Administraciones Pública. En consecuencia, la elaboración del límite de gasto no financiero se realiza en un contexto de elevada incertidumbre respecto del marco presupuestario y fiscal nacional aplicable.

Por otra parte, corresponde al Ministerio de Economía calcular la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española a tener en cuenta por la cada una de las comunidades autónomas en la elaboración de sus respectivos presupuestos. El Informe de Situación de la Economía Española 2026 prevé una tasa de referencia del 4,0% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029.

Para la elaboración del presupuesto de la CAC se ha considerado el escenario central de los analizados por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias como el más plausible, que fija en un 2,9 % el PIB nominal de la comunidad autónoma para 2027. En este caso, se prevé un incremento del PIB real de Canarias en 2026 del 2,0%, equivalente a un aumento en términos nominales de 3.344 millones de euros. Para 2027, se prevé una moderación del crecimiento hasta una tasa del 1,0% para crecer un 0,9% en 2028.

Regla de gasto y del límite de gasto no financiero

Al no haberse efectuado aún la trasposición del nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento jurídico español, cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2025, sigue en vigor la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta ley señala que la variación del gasto computable de la administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

El informe de situación de la Economía Española de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía, incluye la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2027-2029, y la sitúa en el 4,0% para 2027. Por lo tanto, resulta obvia la diferencia entre la previsión de ingresos del 8% y el 4%, que la comunidad autónoma podrá destinar a cubrir las necesidades de todos los canarios.

El límite del gasto no financiero de 2027 lo determina la regla de gasto, conllevando su aplicación a la obtención de un déficit o necesidad de financiación estimado en 65,74 millones de euros para 2027 que representa un -0,1% del PIB.

Ingresos

Respecto a los ingresos procedentes del sistema de financiación, el ministerio de Hacienda indicó que incrementarían más de un 8%, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2025. En este contexto, hemos considerado un total de 8.881,83 millones de euros, a la espera de que nos comuniquen las cifras concretas.

Sobre el Bloque de Financiación Canario (BFC), la Agencia Tributaria Canaria realiza una proyección lineal de la recaudación y derechos reconocidos a junio de 2026. Para estimar el ejercicio 2027 aplica las variables macroeconómicas calculadas por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en su escenario central.

En relación a los fondos europeos, se contemplan las certificaciones necesarias para cumplir con la ficha financiera del programa operativo correspondiente al periodo 2021-2027.

Y respecto a la financiación estatal afectada, se mantienen constantes los importes incluidos en el presupuesto de 2026. Además, en el convenio de carreteras se han tenido en cuenta las anualidades previstas en la última adenda que asciende para el ejercicio 2027 a una cantidad de 215.000.000 euros. Asimismo, se incluye la anualidad correspondiente al nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, en el que se incluye para el año 2027 una cantidad de 45.050.000 euros

El Ejecutivo tramitará por urgencia esta norma, dado que el nuevo texto parte de trabajos previos ya avanzados, incorpora mejoras sustanciales y refuerza la seguridad jurídica tras las observaciones del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, ha acordado reiniciar los trámites del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, una norma destinada a establecer un marco jurídico integral para la protección, conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural del archipiélago.

La tramitación del anteproyecto se realizará por la vía de urgencia, ante la necesidad de dotar a la comunidad autónoma de un instrumento normativo propio, sistemático y actualizado que desarrolle en el ámbito canario la legislación estatal en materia de biodiversidad y recursos naturales.

El reinicio del procedimiento permite retomar un proceso ya avanzado, aprovechando el trabajo técnico y jurídico realizado en fases anteriores, así como el conocimiento acumulado durante su tramitación. No obstante, el nuevo texto incorpora modificaciones de alcance suficiente como para justificar el inicio de un nuevo procedimiento, con el objetivo de garantizar su solidez jurídica y su adecuación al marco competencial vigente.

El anteproyecto toma en consideración las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo, que señalaban deficiencias en la técnica normativa, posibles solapamientos con la legislación básica estatal y riesgos de inseguridad jurídica. A partir de ese análisis, se ha elaborado un texto revisado que refuerza su coherencia, mejora su estructura y evita duplicidades normativas.

La futura ley permitirá a Canarias contar por primera vez con una norma propia que integre y ordene el conjunto de instrumentos de planificación, conservación y gestión de la biodiversidad, actualmente dispersos en diferentes disposiciones. Asimismo, adaptará la regulación a las singularidades del territorio insular, caracterizado por su elevada biodiversidad, alto grado de endemicidad y fragilidad de los ecosistemas.

Entre sus contenidos, el anteproyecto incorpora la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros, en línea con las competencias asumidas por la comunidad autónoma, e integra los distintos sistemas de conocimiento científico y seguimiento ambiental existentes en Canarias. También establece un marco común para la planificación, la conservación de especies y hábitats, y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El texto regula, además, los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas, ordena los instrumentos de intervención y refuerza las herramientas para la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural.

Con este acuerdo, el anteproyecto inicia nuevamente su tramitación administrativa, que incluirá los correspondientes informes, consultas y fases de participación pública antes de su aprobación como proyecto de ley.

Incluye la obligación de que las RPT contengan un apartado relativo a si el puesto es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto

Se considerará negativo el silencio administrativo en los procedimientos de autorización para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el decreto que modifica la regulación de la autorización del teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.

La nueva norma actualiza el Decreto 74/2023, de 11 de mayo, y adopta nuevas medidas que facilitan la adecuada implantación del teletrabajo, garantizando la mejora de su eficacia y el avance en la cultura de la dirección por objetivos.

Para la modificación, el Gobierno se basa en la experiencia adquirida en los dos últimos años de aplicación de esta norma, así como en las disfuncionalidades advertidas por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos en sus informes anuales de evaluación del despliegue de esta modalidad de prestación de los servicios. También, se adapta a la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las dos principales afectaciones que realiza la Ley 2/2025 se refieren a la obligación de que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) contengan un apartado relativo a si el puesto de trabajo es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto, así como al sentido del silencio administrativo en los procedimientos de autorización para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

La persona responsable de la unidad elaborará el plan personal de trabajo de las personas cuyas solicitudes vayan a ser informadas favorablemente. En este sentido, se regula que, en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, la persona titular del centro directivo al que se encuentre adscrita la persona solicitante resolverá expresamente, autorizando o denegando, de manera motivada, y que, a falta de resolución expresa, el sentido del silencio será negativo.

Se exige también tener los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación vinculados con el uso diario de las plataformas y aplicaciones corporativas para el desempeño de su actividad profesional.

También, disponer de un lugar desde donde teletrabajar, con conexión a internet, adaptado a las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales y tener autorizada e instalada la correspondiente licencia de alguna de las aplicaciones de telefonía y conectividad corporativas, o, en su caso, aprobada por el órgano competente, o disponer de teléfono móvil corporativo publicado en la intranet del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, se contempla haber prestado, de manera ininterrumpida, servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por un periodo mínimo de un año, y haber ocupado el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes, desempeñadas con las mismas herramientas y funcionalidades, en el mismo centro directivo, por el periodo mínimo de tres meses, de manera consecutiva, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias incluir a través del instrumento jurídico de decreto ley una serie de modificaciones para subsanar situaciones concretas y actualizar o unificar la redacción de la anterior normativa en relación con la tributación de los biocarburantes, las sociedades de garantía recíproca, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), los fondos Next Generation y la operatividad de los centros de servicios sociales.

En materia tributaria, se introducen modificaciones para incluir los biocarburantes en la normativa y dar coherencia a la regulación de la tributación de la entrega o importación de combustibles derivados del refino del petróleo mezclado con biocarburante. Se garantiza así un tratamiento homogéneo en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, el Impuesto sobre Combustibles y la Exacción Fiscal sobre la gasolina y el gasóleo de automoción.

Por otro lado, y con el objeto de adaptar a la doctrina del Tribunal Constitucional la regulación del tipo reducido de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aplicable a determinadas operaciones efectuadas por las sociedades de garantía recíproca, se suprime el criterio de la territorialidad como elemento determinante para su aplicación.

También se establece, por motivos operativos, un régimen de tributación excepcional y temporal del tipo cero en el AIEM para la importación de dióxido de carbono hasta el día 31 de marzo de 2027.

Por otra parte, el nuevo decreto ley contempla medidas específicas dirigidas a garantizar una gestión más eficiente de los fondos europeos de recuperación Next Generation, incidiendo sobre la agilización administrativa y la planificación de los fondos provenientes de este instrumento. Se da así mayor flexibilidad a la tramitación de los gastos plurianuales y anticipados financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para evitar su pérdida.

Servicios sociales

Por último, el decreto recoge la reforma de la Ley de Servicios Sociales. La modificación normativa adecúa la legislación autonómica para que se adapte al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los recursos sociales, diferenciando entre la puesta en marcha de los centros y su vinculación al sistema público.

De esta manera, la ley recogería que la autorización para que la apertura e inicio de actividad de los centros y servicios pueda realizarse mediante declaración responsable, manteniéndose las potestades de comprobación, inspección y control de la Administración. La acreditación administrativa quedará vinculada a la prestación de servicios concertados o financiados con fondos públicos, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de incorporación de nuevos recursos.

La reforma también actualiza el régimen de registro, inspección y control previsto en la Ley de Servicios Sociales para hacerlo plenamente coherente con el nuevo reglamento de acreditación, que se aprobará próximamente, y garantizar así la seguridad jurídica tanto de la Administración como de las entidades prestadoras.

La hoja de ruta contempla cincuenta y siete acciones para reforzar la competitividad de las entidades de economía social, impulsar el emprendimiento y favorecer la cohesión territorial

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, la remisión al Parlamento de Canarias de la Estrategia Canaria de Economía Social (ESCAES) 2026-2029 para su debate en comisión. Este trámite, previsto en la Ley de Economía Social de Canarias, es el paso previo a la aprobación definitiva de la estrategia por el Ejecutivo autonómico.

La estrategia marca el camino para reforzar la economía social en Canarias, un modelo empresarial que agrupa a cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y otras entidades que priorizan el impacto social junto a la actividad económica. Su objetivo es impulsar la creación de empleo de calidad, apoyar nuevos proyectos empresariales y contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado en todas las islas.

«La economía social no solo crea empresas, también crea oportunidades, cohesión y desarrollo para nuestros municipios», señaló la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. «Esta estrategia nos permite ordenar las acciones del Gobierno para que más proyectos puedan crecer, innovar y generar empleo de calidad en Canarias».

Además, De León destacó que «la economía social es una herramienta clave para afrontar retos como el relevo generacional, la igualdad de oportunidades, la fijación de población en el territorio o la creación de nuevas oportunidades de empleo, especialmente en sectores emergentes».

La hoja de ruta reúne cincuenta y siete acciones organizadas en seis grandes ámbitos de actuación para dar más apoyo a las entidades de economía social, impulsar el emprendimiento, mejorar su competitividad, promover la igualdad de oportunidades, favorecer la sostenibilidad territorial y reforzar la formación.

La Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029 contará con un marco financiero previsto de 4.475.832,06 euros para el desarrollo de las actuaciones contempladas durante su periodo de vigencia.

La estrategia se ha elaborado con la participación de universidades, cabildos, ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, entidades de economía social y distintas Consejerías del Gobierno de Canarias, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de este ámbito de actividad.

«La participación de todos los agentes implicados nos permite contar con una estrategia útil, consensuada y adaptada a la realidad de las entidades que forman parte de la economía social en Canarias», añadió la consejera.

Capital Española de la Economía Social 2027

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ostentarán conjuntamente la Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, comparten dos ciudades.

En Canarias, la economía social está integrada por 3.516 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector, que generan alrededor de 17.000 empleos.

El Consejo de Gobierno autoriza una inversión de hasta 10,4 millones de euros que permitirá implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), con una vigencia de hasta cinco años

El nuevo procedimiento permitirá planificar las compras con mayor flexibilidad y eficiencia, ajustando cada contratación a las necesidades de los centros educativos

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, una inversión de 10,4 millones de euros para implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) destinado al suministro de equipamiento para los centros educativos públicos no universitarios de Canarias, con el que se podrán reducir los plazos de contratación y proporcionar una respuesta más ágil a las necesidades existentes.

Este sistema permitirá evitar la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación cada vez que sea necesario adquirir un determinado suministro. Una vez incorporadas las empresas que cumplan los requisitos establecidos, el área que dirige Poli Suárez podrá realizar contrataciones específicas de forma mucho más rápida, reduciendo la carga administrativa y acortando los plazos de respuesta a las necesidades de los centros educativos.

En concreto, el nuevo SDA tendrá una duración inicial de un año, aunque podrá prorrogarse por cuatro anualidades más. Durante toda su vigencia permanecerá abierto a la incorporación de nuevas empresas que cumplan los requisitos establecidos, favoreciendo una mayor concurrencia y competencia entre los proveedores. El expediente contempla un consumo estimado de dos millones de euros durante el primer año de funcionamiento, pero el valor total ascendería a 10,4 millones de euros, importe que incluye las posibles prórrogas y las modificaciones previstas en la normativa de contratación pública.

Con esta medida, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordina Iván G. Carro, podrá tramitar con mayor rapidez los contratos necesarios para atender las necesidades de equipamiento de los centros educativos. Además, posibilitará la planificación de las adquisiciones con mayor flexibilidad, adaptando cada contratación a las necesidades reales de cada centro y mejorando la capacidad de respuesta de la administración.

Entre los suministros que podrán adquirirse figuran mobiliario escolar e infantil, equipamiento para comedores y cocinas, pizarras, material didáctico y de laboratorio, equipamiento deportivo, mobiliario adaptado para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, material sanitario y de seguridad, equipamiento tecnológico, instrumentos musicales, equipos de megafonía y otros recursos destinados al funcionamiento diario de los centros educativos públicos.

El expediente se estructura en 38 categorías de suministros, distribuidas entre las dos provincias canarias, con el fin de ordenar las distintas adquisiciones y garantizar una cobertura eficaz de las necesidades de equipamiento de los centros educativos públicos del archipiélago.

Gracias a esta iniciativa, la Consejería de Educación mantiene su compromiso con la modernización del sistema. En este caso, supone una implementación de sus procedimientos de contratación, incorporando una herramienta que permite una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos que redunden, en última instancia, en la mejora de la calidad de la educación en las islas.

Se autoriza la contratación del servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría para pacientes adscritos a este centro hospitalario

Autorizada la segunda prórroga del servicio de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica del CHUIMI, por 6.125.192 euros

El Consejo de Gobierno acordó en su sesión de hoy, 27 de julio, a propuesta de la Consejería de Sanidad, autorizar el gasto necesario para la contratación del servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría, para pacientes adscritos al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), por un importe de 12.381.995,13 euros.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por un plazo de cuarenta y ocho meses, comprendidos entre 2026 y 2030, para cubrir las necesidades de los pacientes que requieran de terapias de diálisis domiciliarias.

El servicio que se contratará tiene como finalidad ofrecer tratamientos con diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliarias, tanto a los pacientes del Servicio de Nefrología del CHUIMI que lo necesiten, como a las personas desplazadas de otras comunidades autónomas o de otros países que, en virtud de los convenios existentes, deban ser tratadas por el citado complejo por padecer enfermedad renal crónica.

Las técnicas de diálisis domiciliarias han demostrado unos resultados excelentes en cuanto a calidad de vida y supervivencia de los pacientes, al tiempo que aportan una relación favorable de coste-efectividad frente a la hemodiálisis en los centros hospitalarios. Asimismo, se alinea con el objetivo de los sistemas sanitarios de acercar el tratamiento al entorno de los pacientes, si es posible en su domicilio, para evitar desplazamientos.

Diversos estudios han mostrado múltiples efectos beneficiosos relacionados con el aumento de la frecuencia de la diálisis domiciliaria, destacando, entre otros, la mejora de los controles de toxinas urémicas, de parámetros nutricionales, alteraciones óseo-minerales o de la tensión arterial.

Prórroga de la hemodiálisis domiciliaria

Asimismo, el Gobierno autorizó la modificación presupuestaria necesaria para formalizar la segunda prórroga del contrato de prestación del servicio de hemodiálisis en unidades asistenciales vinculadas a la Gerencia del CHUIMI, por un importe de 6.125.192,35 euros, al persistir las necesidades asistenciales que justifican su continuidad.

El contrato con la empresa adjudicataria (AVERICUM, SL) establece que podrá prorrogarse por períodos anuales, sin que su duración total exceda de seis años, por lo permite tramitar esta segunda anualidad, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027.

El servicio de hemodiálisis constituye una prestación sanitaria esencial para pacientes con enfermedad renal crónica que precisan tratamiento renal sustitutivo de forma periódica e ininterrumpida. La continuidad del tratamiento resulta imprescindible para preservar la salud y la vida de los pacientes.

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto que se suma a la aportación de los ayuntamientos a través del Plan Concertado para atención de familias vulnerables

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la realización del gasto para la concesión de las aportaciones dinerarias destinadas a financiar el desarrollo y continuidad de los programas de atención a la infancia y la familia en los ayuntamientos canarios, por un importe de 7.000.000 euros.

Esta financiación garantiza la continuidad de los programas municipales de atención a la infancia y la familia, entre los que se incluyen servicios de información, promoción, prevención, detección e integración sociofamiliar de la población menor y las familias.

Entre los programas específicos dirigidos a la atención de la infancia canaria y sus familias, se encuentran los servicios de atención, información y asesoramiento; la detección o declaración de situaciones de riesgo; la guarda provisional de menores; la constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención o la creación y gestión de unidades de atención inmediata y permanente a niñas y niños.

Además, se financia la gestión de las prestaciones económicas, la recogida de datos y realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades municipales; escuelas de información y formación a familias; y medidas, en colaboración con los consejos escolares, que garanticen la escolarización obligatoria, entre otros.

Esta aportación a los municipios que, en definitiva, va a apoyar a las familias vulnerables, se suma a lo ya aportado a través del Plan Concertado, que cuenta con 97 millones de euros, atiende a unas 450.000 personas y a más de 220.000 familias. Además, se han destinado 45 millones a reforzar el personal de los servicios sociales municipales.

El Consejo de Gobierno aprueba la firma de los convenios que permitirán la elaboración y posterior ejecución de los planes de modernización urbana y edificatoria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la firma de los convenios con los cabildos para impulsar nuevos Planes de Modernización Turística (PMM), una herramienta destinada a renovar espacios públicos y establecimientos ya existentes con el objetivo de mejorar y actualizar las zonas turísticas del archipiélago. En concreto, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se ha autorizado la firma del segundo Plan de Modernización de Puerto de la Cruz (Tenerife), el tercero de Costa Teguise (Lanzarote) y el primero de Playa Blanca (Lanzarote).

El consejero del área, Manuel Miranda, ha explicado que los planes, previstos en la Ley 2/2013 de Renovación Turística, se diseñan como “instrumentos de ordenación urbanística que complementan las determinaciones vigentes, para impulsar la renovación de los espacios públicos y edificios ya existentes”. Ha calificado estos documentos como “herramientas muy útiles para la progresiva actualización de las zonas turísticas” y ha puesto en valor que son “el reflejo del compromiso compartido con las administraciones intervinientes”, en estos casos, ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias.

El segundo PMM, correspondiente a Puerto de la Cruz, persigue dar continuidad al proceso iniciado con el primer plan de estas características, actualmente en ejecución. El convenio establece la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para su formulación y tramitación. La corporación insular asumirá los costes derivados de los trabajos, que incluirán, entre otras actuaciones, la elaboración de estudios previos, memorias de actuación, programas de gestión y ejecución, así como el diseño de indicadores para evaluar el impacto de su desarrollo.

En cuanto a los dos planes previstos para Lanzarote, se trata de iniciativas con las que el Cabildo insular pretende impulsar la modernización de los núcleos turísticos de Costa Teguise y Playa Blanca, siguiendo el mismo modelo de colaboración y con los mismos objetivos de renovación y mejora de estos destinos.

Manuel Miranda ha recordado que, además de los autorizados esta mañana, el Gobierno se encuentra tramitando planes similares en Playa de Mogán, El Veril y San Bartolomé (Gran Canaria), Puerto del Carmen (Lanzarote) y Los Cancajos (La Palma). El objetivo, ha concluido el consejero, es “seguir impulsando la actualización urbanística de Canarias, clave para garantizar la calidad y equilibrio en el desarrollo territorial, siempre en colaboración con los ayuntamientos y cabildos como hacemos en otras líneas de trabajo en este Gobierno”.

El Consejo de Gobierno aprueba una modificación presupuestaria de 200.000 euros para dar cumplimiento al compromiso con los vecinos y comerciantes, hasta que entre en funcionamiento el nuevo saneamiento

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para destinar 200.000 euros a la limpieza de pozos y fosas sépticas en La Graciosa. Con este acuerdo, el Ejecutivo garantiza el cumplimiento de su compromiso de financiar estos trabajos hasta la entrada en funcionamiento de la red de saneamiento y depuración de la isla. El expediente, impulsado por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, permitirá conceder una subvención al Ayuntamiento de Teguise para dar continuidad a estas labores, tras un primer acuerdo con el mismo objeto e importe aprobado en 2025.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que el compromiso del Gobierno de Canarias para resolver los problemas de abastecimiento y saneamiento de La Graciosa «está en marcha desde hace dos años». Asimismo, ha recordado que, al tratarse de un territorio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental, «la tramitación ha sido especialmente compleja, incluso después de declarar las obras de interés autonómico».

La actuación del Gobierno se articula en torno a dos proyectos para la isla. El primero, la sustitución de la tubería de abastecimiento, comenzará tras el verano con una inversión de 3,8 millones de euros y se encuentra actualmente en fase de licitación.

El segundo proyecto contempla la implantación de la red de saneamiento y la recuperación de la depuradora de Caleta de Sebo. Este expediente se encuentra en tramitación y se prevé que pueda licitarse para iniciar las obras durante el primer semestre de 2027. Así se trasladó a vecinos y comerciantes en la reunión celebrada el pasado jueves, en la que también se informó de la modificación presupuestaria aprobada esta mañana, que permitirá al Gobierno asumir los costes del vaciado de pozos y fosas sépticas hasta la entrada en funcionamiento del sistema de saneamiento y depuración.

Manuel Miranda ha reiterado «el compromiso firme del Ejecutivo para solucionar de una vez por todas los problemas que afectan a la gestión del ciclo del agua en la isla, una solución que, después de dos años de trabajo, empieza a estar cada vez más cerca».