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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, también conocida como Ley de Rentas Mínimas, que cuenta con un presupuesto para su implantación de más de 11 millones de euros.

El documento, que entrará en el Parlamento de Canarias este mes, rompe por completo con el sistema asistencialista para transformarse en un Sistema Público de Servicios Sociales, por dos motivos esenciales. En primer lugar, porque con esta Ley pionera en el Estado español se eleva la ayuda de 6 a 12 meses con 14 pagas, renovable por periodos sucesivos de seis meses, y se elevan las cuantías en un 24,21% para las unidades de un miembro y en un 44% para las unidades de seis miembros.

Por otro lado, el Gobierno introduce en el documento su apuesta por la inserción, al incluir en el artículo dos del texto, la condición sine qua non para la percepción de la prestación, de actividades de inserción para todas aquellas personas que integren la unidad de convivencia del solicitante de la ayuda económica básica, y que se encuentran en situación o proceso de exclusión social. Esto quiere decir las ayudas están condicionadas a la inserción laboral y se podrán recibir mientras persista la situación que le ha hecho ser beneficiario de dichas ayudas.

Este texto aumenta el compromiso del Ejecutivo con las personas que se encuentran en exclusión, ya que no solamente aumenta considerablemente el presupuesto, sino que se traduce en un claro esfuerzo de inserción sociolaboral, para estas personas ya que, por cada solicitante se confeccionará un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que serán elaborados por profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda.

Además, se han incluido mejoras en la ley, tales como la posibilidad de dar ayudas a más de un solicitante por hogar, al entender que es posible que dentro del mismo exista más de una unidad familiar.