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El Gobierno eleva al Parlamento el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno ha acordado elevar al Parlamento de Canarias el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias para su tramitación reglamentaria, cuyo objeto es completar, actualizar y mejorar el ordenamiento jurídico regulador del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de una mejor sistematización de las normas.

Esta Ley es uno de los tres nuevos reglamentos que ha elaborado la Consejería de Economía y Hacienda para cerrar el nuevo marco de regulación económico financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Proyecto de la Ley de Patrimonio se elabora ante la entrada en vigor de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las administraciones públicas, con el objeto de incluir en el ordenamiento jurídico regulador del Patrimonio Autonómico preceptos no básicos de la nueva ley estatal, en relación a los nuevos procedimientos de actuación y gestión, adaptándose al entorno en el que se produce la labor administrativa.

Además, la nueva Ley mejora e innova las intervenciones de las Administraciones públicas adaptándolas a los nuevos recursos e instrumentos de gestión que se han desarrollado en los últimos tiempos.

Por otra parte, hasta que se lleve a cabo la actualización de la normativa reguladora de los organismos públicos, este Proyecto recoge de forma expresa el concepto de organismos autónomos y entidades públicas empresariales.

La Ley se estructura en cinco títulos que desarrollan los conceptos y principios básicos que conforman el ordenamiento jurídico patrimonial de la Comunidad Autónoma, con lo que recoge la regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, el uso y la explotación de bienes y derechos, la protección y defensa del patrimonio, el patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma y el régimen sancionador.

En ella se ha introducido principios de simplificación procedimental, con el objetivo de aproximar los tiempos de la gestión administrativa a los propios del mercado; asimismo destaca por sistematizar y clarificar las competencias compartidas entre los distintos órganos responsables de su gestión.

A través del título III se regula las facultades y prerrogativas para la defensa del patrimonio público, concretando las competencias y sistematizando los procedimientos a través del principio de cooperación. Y con el título IV se estable las bases que rigen la administración y control del patrimonio empresarial del sector público económico, con las que se incluyen normas sobre la participación de la Comunidad Autónoma en las sociedades mercantiles.

La entrada en vigor de la nueva Ley no supondrá alteración en la estructura organizativa de la Administración, ni generará gastos adicionales.

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El Gobierno eleva al Parlamento el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma

La futura Ley clarificará las competencias compartidas entre distintos órganos de gestión y no generará gastos adicionales

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy elevar al Parlamento de Canarias el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias para su tramitación reglamentaria, cuyo objeto es completar, actualizar y mejorar el ordenamiento jurídico regulador del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de una mejor sistematización de las normas.

Esta Ley es uno de los tres nuevos reglamentos que ha elaborado la Consejería de Economía y Hacienda para cerrar el nuevo marco de regulación económico financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Proyecto de la Ley de Patrimonio se elabora ante la entrada en vigor de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las administraciones públicas, con el objeto de incluir en el ordenamiento jurídico regulador del Patrimonio Autonómico preceptos no básicos de la nueva ley estatal, en relación a los nuevos procedimientos de actuación y gestión, adaptándose al entorno en el que se produce la labor administrativa.

Además, la nueva Ley mejora e innova las intervenciones de las Administraciones públicas adaptándolas a los nuevos recursos e instrumentos de gestión que se han desarrollado en los últimos tiempos.

Por otra parte, hasta que se lleve a cabo la actualización de la normativa reguladora de los organismos públicos, este proyecto recoge de forma expresa el concepto de organismos autónomos y entidades públicas empresariales.

La Ley se estructura en cinco títulos que desarrollan los conceptos y principios básicos que conforman el ordenamiento jurídico patrimonial de la Comunidad Autónoma, con lo que recoge la regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, el uso y la explotación de bienes y derechos, la protección y defensa del patrimonio, el patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma y el régimen sancionador.

En ella se ha introducido principios de simplificación procedimental, con el objetivo de aproximar los tiempos de la gestión administrativa a los propios del mercado; asimismo destaca por sistematizar y clarificar las competencias compartidas entre los distintos órganos responsables de su gestión.

A través del título III se regula las facultades y prerrogativas para la defensa del patrimonio público, concretando las competencias y sistematizando los procedimientos a través del principio de cooperación. Y con el título IV se estable las bases que rigen la administración y control del patrimonio empresarial del sector público económico, con las que se incluyen normas sobre la participación de la Comunidad Autónoma en las sociedades mercantiles.

La entrada en vigor de la nueva Ley no supondrá alteración en la estructura organizativa de la Administración, ni generará gastos adicionales.