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El Consejo de Gobierno estudia la oportunidad de modificar la Ley 6/1999 de los Juegos y Apuestas

Se han detectado nuevas situaciones no contempladas en la vigente legislación, como la aparición de nuevos canales para la práctica de los juegos y apuestas que afectan directamente al sector

El Consejo de Gobierno ha valorado hoy el informe sobre la oportunidad, objetivos y principios generales del Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, presentado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

En su momento y dada la nueva realidad que contemplaba el sector del juego y las apuestas en Canarias, la Ley 6/1999 modificó la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, que establecía la competencia exclusiva en materia de Casinos, Juegos y Apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuo Deportivas y Benéficas.

Hoy en día se hace necesaria de nuevo su modificación dado que se han detectado nuevas situaciones no contempladas en la vigente legislación, como la aparición de nuevos canales para la práctica de los juegos y apuestas que afectan directamente al sector así como los indeseados efectos que se podrían derivar como consecuencia de la estimación, en determinados casos, de todas aquellas solicitudes no resueltas y notificadas en plazo, tales como la adquisición por los solicitantes de facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha percibido el reducido, por no decir casi inexistente, campo en el que se desenvuelve la actividad de los locales de apuestas externas al venir referido solamente a las carreras de caballos, de galgos así como al juego del frontón, actividades todas ellas de prácticamente nula implantación en Canarias así como reconoce, por un lado, la necesidad de reformar determinados aspectos del régimen sancionador, insuficientemente regulados y, por otro, la necesidad de establecer el concurso público como procedimiento para la concesión de la autorización de instalación, con el fin de garantizar la libre concurrencia, el interés público y la objetividad en la adjudicación de las correspondientes autorizaciones, dado el aumento de la competitividad entre las empresas del sector.