El nuevo texto normativo busca promover la actividad económica y adaptarse a la Directiva 2006/123/CE, así como actualizar y regular determinados aspectos no contemplados en la actual legislación
El Gobierno de Canarias acordó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Anteproyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, cuya finalidad es regular el régimen jurídico y los instrumentos de intervención administrativa aplicables a la instalación y apertura de las citadas actividades, así como a la realización de espectáculos públicos.
Con este acuerdo, el Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y que se caracteriza por ser un texto abierto, consensuado con el sector y las corporaciones locales y que marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario.
La nueva normativa, que ya ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, incluye una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y que se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con ello se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.
Por otra parte, se sustituye la exclusividad del régimen autorizatorio, que ahora tendrá carácter excepcional, incorporando con carácter prevalente el de comunicación previa. Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad al autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.
Esta modificación permitirá, asimismo, que la competencia para calificar actividades sea en la inmensa mayoría de los casos municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación, sino un trámite de informe de calificación que emitirán los ayuntamientos. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere -por su relevancia-, mantener una calificación por un órgano insular, así como -con carácter general-, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.
Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.
Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.
Esta nueva regulación normativa se justifica, no sólo en la necesidad de agilizar y promover la actividad económica, sino también en la obligación de adecuar la vigente legislación autonómica a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, que insta a los Estados miembros a adaptar su normativa antes del 28 de diciembre de 2009, lo que supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificulten la prestación de servicios entre los mismos.
– El nuevo texto normativo busca promover la actividad económica y adaptarse a la Directiva 2006/123/CE, así como actualizar y regular determinados aspectos no contemplados en la actual legislación
El Gobierno de Canarias acordó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Anteproyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, cuya finalidad es regular el régimen jurídico y los instrumentos de intervención administrativa aplicables a la instalación y apertura de las citadas actividades, así como a la realización de espectáculos públicos.
Con este acuerdo, el Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y que se caracteriza por ser un texto abierto, consensuado con el sector y las corporaciones locales y que marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario.
La nueva normativa, que ya ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, incluye una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y que se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con ello se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.
Por otra parte, se sustituye la exclusividad del régimen autorizatorio, que ahora tendrá carácter excepcional, incorporando con carácter prevalente el de comunicación previa. Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad al autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.
Esta modificación permitirá, asimismo, que la competencia para calificar actividades sea en la inmensa mayoría de los casos municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación, sino un trámite de informe de calificación que emitirán los ayuntamientos. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere -por su relevancia-, mantener una calificación por un órgano insular, así como -con carácter general-, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.
Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.
Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.
Esta nueva regulación normativa se justifica, no sólo en la necesidad de agilizar y promover la actividad económica, sino también en la obligación de adecuar la vigente legislación autonómica a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, que insta a los Estados miembros a adaptar su normativa antes del 28 de diciembre de 2009, lo que supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificulten la prestación de servicios entre los mismos.