Con la ayuda de estudiantes de la ULPGC y del Consorcio de Seguridad y Emergencia de la Isla
Estudiantes del tÃtulo de Grado en Seguridad y Control de Riesgos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con los equipos educativos de los centros públicos de la isla de Lanzarote y el Consorcio de Seguridad y Emergencia, llevarán a cabo en los próximo meses la revisión o redacción en su caso de los planes de autoprotección de los centros educativos de la Isla.
La iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre la ConsejerÃa de Educación, Universidades y Sostenibilidad y la ULPGG para prácticas de estudiantes universitarios.
El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, aprobó, la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Esta norma fue posteriormente modificada por el Real Decreto 1.468/2008, de 5 de septiembre, cambiando determinados aspectos en relación a las competencias autonómicas y locales.
Entre las nuevas obligaciones de los titulares de las actividades reseñadas está el de remitir al recién implantado Registro General de Planes de Autoprotección de Canarias los datos referentes a sus planes de autoprotección y mantenerlos actualizados.
Con respecto a la actividad docente están obligados a tramitar los planes de autoprotección en este nuevo Registro aquellos establecimientos especialmente destinados a personas discapacitadas fÃsicas o psÃquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios y afecte a más de 100 personas, además de cualquier otro establecimiento que disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28 metros o de una ocupación simultánea que supere las 1.000 personas.
Se entiende por autoprotección el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes; a procurar, en su caso, la continuidad y reestablecimiento de servicios básicos para la comunidad; a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema canario de emergencias.



