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El Gobierno de Canarias financia 112 programas de prevención con familias en riesgo

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La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, comenzó su explicación en sede parlamentaria indicando que «en épocas de crisis las redes familiares se estrechan y esa circunstancia incide positivamente en la atención a la infancia en el entorno de la familia, a lo que, sin duda, hay que sumar la excelente labor que se llevan a cabo desde los Equipos Municipales de atención a Infancia y la Familia, sustitutos de los antiguos equipos de riesgo, que constituyen una figura importante para la de detección del riesgo y la prevención».

Inés Rojas afirmó en comisión parlamentaria que “la crisis no ha supuesto un incremento en la cifra de niños y niñas declarados en protección en Canarias”

Canarias cuenta con 2.696 niños y niñas declarados en riesgo,  «un número que no se ha visto incrementado por la crisis económica», afirmó Rojas en comisión en el Parlamento, donde compareció para informar sobre menores en riesgo y protección, a petición del grupo parlamentario popular.

Actualmente, el Gobierno financia 112 programas de prevención y riesgo, en los que además de trabajar con los niños también se trabaja con la familia, en una labor de prevención que se gestiona desde las administraciones locales, que son las que tienen las competencias en virtud de la ley 1/1997 de atención integral a los menores, en coordinación con la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.

Estos programas se concretan en un total de 33 Centros y Servicios de Día con un total de 1.041 plazas, de de los cuales 21 son Servicios y 12 son Centros, y 79 Equipos Municipales de atención a Infancia y la Familia, recursos que, indicó, «garantizan una cobertura media del 88% de los municipios canarios».

Descenso de la cifra de menores acogidos en hogares y de los menores en riesgo

En su intervención, la consejera de Políticas Sociales puso de manifiesto la disminución tanto en el número de los menores declarados en riesgo que ha pasado 3.546 niños y niñas declarados en riesgo en 2009, año de comienzo de la crisis, a  2.696 en 2013, un total de 850 menos, así como de la cifra de menores en protección que se ha visto reducido, en los últimos tres años, en más de 300 menores.

En 2013, último años con datos cerrados, de los 2.359 menores en protección, es decir, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, un total 937 se encuentran  en Acogimiento residencial, mientras que 1422 permanecen en Acogimiento familiar.

«Este aumento del acogimiento familiar refleja el resultado de la apuesta de esta Consejería por mantener a los niños y niñas en un ambiente familiar, primándolo siempre como primera alternativa para los menores», señaló.

Teniendo en cuenta que las declaraciones de desamparo son acumulativas y un expediente de desamparo permanece abierto hasta que el niño o la niña cumple la mayoría de edad, creo que podemos hablar de que la política de prevención al riesgo y al desamparo no solo es la  adecuada, sino que ha obtenido buenos resultados en Canarias.

Protocolo de Valoración de Situaciones de Desprotección Infantil

Tal y como establece también  la Ley 1/1997 de 7 de febrero de Atención Integral a los Menores, el Gobierno de Canarias, además de su labor de asesoramiento, colabora, coordina  y financia a los Servicios Sociales municipales en la ejecución de medidas de prevención y riesgo, así como coordina los servicios sociales de carácter especializado en el ámbito de la protección que se gestionan desde los Cabildos insulares, administración que, por Ley, tiene la competencia en la guardia y custodia de los niños y niñas.

De esta forma, desde la dirección general de Dependencia, Infancia y Familia se coordina que la figura de riesgo se desarrolle correctamente por parte de los equipos municipales mediante el establecimientos de protocolos y mediante el asesoramiento en procesos de situaciones de riesgo y en casos declarados en riesgo, con intervención bloqueada, y el apoyo a los Cabildos Insulares que asumen funciones en esta área.

«En materia de políticas de prevención y protección, Canarias ha mantenido sus líneas de actuación, lo que ha permitido realizar un buen trabajo reduciendo en más de 300 menores el número de menores en protección en los últimos tres años, así como en 850 el número de menores en riesgo.

Aún así el Gobierno ha seguido trabajando, impulsando nuevas herramientas de actuación como es el «Protocolo de Valoración de Situaciones de Desprotección Infantil», una herramienta de trabajo que, en líneas generales, facilita el trabajo a los agentes implicados en el área del menor y la familia, al contener criterios técnicos unificados y herramientas comunes de decisión que facilitan la evaluación de las posibles situaciones de desprotección.

A este protocolo están adheridos aquellas áreas que trabajan directamente con la infancia, tales como el área de educación, es una fuente rica de información tanto para la detección de situaciones de desprotección, como parar la implementación de programas o acciones preventivas; el área sanitaria, sobre todo en los Centros de Salud y los Centros Hospitalarios; y el área policial,  pues se trata de personal cuyo trabajo se desarrolla a pie de calle y en ambientes especialmente desfavorecidos, todo ello, en coordinación con los servicios sociales tanto los especializados tanto los de ámbito insular como municipales.

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El Gobierno de Canarias financia 112 programas de prevención con familias en riesgo

La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, comenzó su explicación en sede parlamentaria indicando que «en épocas de crisis las redes familiares se estrechan y esa circunstancia incide positivamente en la atención a la infancia en el entorno de la familia, a lo que, sin duda, hay que sumar la excelente labor que se llevan a cabo desde los Equipos Municipales de atención a Infancia y la Familia, sustitutos de los antiguos equipos de riesgo, que constituyen una figura importante para la de detección del riesgo y la prevención».

Inés Rojas afirmó en comisión parlamentaria que “la crisis no ha supuesto un incremento en la cifra de niños y niñas declarados en protección en Canarias”

Canarias cuenta con 2.696 niños y niñas declarados en riesgo,  «un número que no se ha visto incrementado por la crisis económica», afirmó hoy Rojas en comisión en el Parlamento, donde compareció para informar sobre menores en riesgo y protección, a petición del grupo parlamentario popular.

Actualmente, el Gobierno financia 112 programas de prevención y riesgo, en los que además de trabajar con los niños también se trabaja con la familia, en una labor de prevención que se gestiona desde las administraciones locales, que son las que tienen las competencias en virtud de la ley 1/1997 de atención integral a los menores, en coordinación con la Dirección General de Dependencia. Infancia y Familia.

Estos programas se concretan en un total de 33 Centros y Servicios de Día con un total de 1.041 plazas, de de los cuales 21 son Servicios y 12 son Centros, y 79 Equipos Municipales de atención a Infancia y la Familia, recursos que, indicó, «garantizan una cobertura media del 88% de los municipios canarios».

Descenso de la cifra de menores acogidos en hogares y de los menores en riesgo

En su intervención, la consejera de Políticas Sociales puso de manifiesto la disminución tanto en el número de los menores declarados en riesgo que ha pasado 3.546 niños y niñas declarados en riesgo en 2009, año de comienzo de la crisis, a  2.696 en 2013, un total de 850 menos, así como de la cifra de menores en protección que se ha visto reducido, en los últimos tres años, en más de 300 menores.

En 2013, último años con datos cerrados, de los 2.359 menores en protección, es decir, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, un total 937 se encuentran  en Acogimiento residencial, mientras que 1422 permanecen en Acogimiento familiar.

«Este aumento del acogimiento familiar refleja el resultado de la apuesta de esta Consejería por mantener a los niños y niñas en un ambiente familiar, primándolo siempre como primera alternativa para los menores», señaló.

Teniendo en cuenta que las declaraciones de desamparo son acumulativas y un expediente de desamparo permanece abierto hasta que el niño o la niña cumple la mayoría de edad, creo que podemos hablar de que la política de prevención al riesgo y al desamparo no solo es la  adecuada, sino que ha obtenido buenos resultados en Canarias.

Protocolo de Valoración de Situaciones de Desprotección Infantil

Tal y como establece también  la Ley 1/1997 de 7 de febrero de Atención Integral a los Menores, el Gobierno de Canarias, además de su labor de asesoramiento, colabora, coordina  y financia a los Servicios Sociales municipales en la ejecución de medidas de prevención y riesgo, así como coordina los servicios sociales de carácter especializado en el ámbito de la protección que se gestionan desde los Cabildos insulares, administración que, por Ley, tiene la competencia en la guardia y custodia de los niños y niñas.

De esta forma, desde la dirección general de Dependencia, Infancia y Familia se coordina que la figura de riesgo se desarrolle correctamente por parte de los equipos municipales mediante el establecimientos de protocolos y mediante el asesoramiento en procesos de situaciones de riesgo y en casos declarados en riesgo, con intervención bloqueada, y el apoyo a los Cabildos Insulares que asumen funciones en esta área.

«En materia de políticas de prevención y protección, Canarias ha mantenido sus líneas de actuación, lo que ha permitido realizar un buen trabajo reduciendo en más de 300 menores el número de menores en protección en los últimos tres años, así como en 850 el número de menores en riesgo.

Aún así el Gobierno ha seguido trabajando, impulsando nuevas herramientas de actuación como es el «Protocolo de Valoración de Situaciones de Desprotección Infantil», una herramienta de trabajo que, en líneas generales, facilita el trabajo a los agentes implicados en el área del menor y la familia, al contener criterios técnicos unificados y herramientas comunes de decisión que facilitan la evaluación de las posibles situaciones de desprotección.

A este protocolo están adheridos aquellas áreas que trabajan directamente con la infancia, tales como el área de educación, es una fuente rica de información tanto para la detección de situaciones de desprotección, como parar la implementación de programas o acciones preventivas; el área sanitaria, sobre todo en los Centros de Salud y los Centros Hospitalarios; y el área policial,  pues se trata de personal cuyo trabajo se desarrolla a pie de calle y en ambientes especialmente desfavorecidos, todo ello, en coordinación con los servicios sociales tanto los especializados tanto los de ámbito insular como municipales.