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Valido y Plasencia firman el Acuerdo Marco de reparto para la financiación de los servicios sociales comunitarios

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido y el presidente de la Federación canaria de Municipios, Fecam, Ramón Plasencia, han firmado el Acuerdo Marco de reparto para la financiación de los servicios sociales comunitarios que asciende a más de 18 millones de euros. En la firma estuvo presente José Manuel Molina, presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Fecam.

El crédito, que asciende 18.152.327,19 euros se abonará, por primera vez, en su totalidad de forma anticipada y no solo el 75% como se venía haciendo hasta ahora.

Como gran novedad, por primera vez, el Gobierno abonará de forma anticipada la totalidad del crédito a los ayuntamientos y no solo el 75 % primero, y el otro 25 % una vez justificados los primeros, con lo que «se mejorará notablemente la eficacia en la gestión, facilitando el trabajo administrativo y no habrá que esperar a final de año para poder pagar a los ayuntamientos, lo que también repercute en la estabilidad de los trabajadores y en los tiempos de espera de las personas que necesitan un servicio», apunta Valido.

Ramón Trujillo, presidente de la Fecam, expresó su satisfacción por esta firma, porque «se está haciendo un esfuerzo importante para intentar paliar la situación económica que viven todavía muchas familias y tenemos que seguir trabajando coordinadamente en solucionar estos problemas».

Concretamente Gobierno y Fecam han firmado dos protocolos, el primero de ellos tiene que ver con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, por un importe de 13.231.170,48 para el mantenimiento del nivel primario del sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tiene por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándolas cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado; una segunda línea de apoyo a la Ley Canaria de Inserción, para la contratación por parte de los ayuntamientos del personal encargado de la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción y por último las prestaciones básicas a la ciudadanía.

Por lo que respecta al segundo protocolo de atención a la infancia y la familia, se destinan 4,921,232,19 euros para dar continuidad y estabilidad a los Equipos Municipales Especializados de Atención a la Infancia y a la Familia que son recursos técnicos y profesionales de naturaleza interdisciplinar y de ámbito municipal o comarcal, destinados a la atención integral de menores y familias en condiciones de exclusión o dificultad social, y cuyo objetivo es eliminar/reducir las causas que condujeron o mantienen dicha situación.

El crédito también se destina al mantenimiento de los Centros y Servicios de Día de atención a la infancia, cuyo objetivo es apoyar a las unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan, durante el horario extraescolar y vacaciones escolares, ser auxiliados en sus tareas parentales de protección y educación.

Abono anticipado

Una vez firmados estos dos acuerdos, para que se produzca la materialización de la aportación, es preciso que cada corporación local remita a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración o de Infancia y Familia, según proceda, la solicitud de aportación dineraria suscrita por el alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento, así como la ficha de presentación de proyectos.

La aportación dineraria se abonará de forma anticipada total, de conformidad con el Acuerdo de fecha 20 de febrero de 2017 por el que se modifica el Acuerdo de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueban los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, que dispone que «se podrá establecer el abono anticipado de aportacionesdinerarias y de encomiendas de gestión, siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad, siendo el plazo máximo para la aplicación de los fondos anticipados el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que se concede».

Rojas: “Canarias culmina 2014 con 23.196 dependientes atendidos en el ámbito de la Ley”

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La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, asistió hoy, 4 de marzo, al pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se celebra en Madrid. Entre los asuntos abordados en el seno del Consejo, se analizó el avance del documento de Evaluación anual correspondiente al ejercicio 2014 sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Dentro del Plan de Atención para la Familia y la Infancia, Canarias recibirá 1.593.821 euros que “aunque son bienvenidos lo ideal sería actualizar la financiación autonómica»

En este punto, la consejera de Políticas Sociales hizo una valoración  respecto a las últimas estadísticas hechas públicas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) correspondientes a diciembre de 2014, que recogen el cierre del año por parte de Canarias con un incremento en cuanto a la cifra de personas con prestaciones beneficiarias de prestaciones, pasando de un total de 12.285 personas en noviembre de 2014, a 23.196 en diciembre, lo que supone la incorporación al Sistema de un total de 11.534 más que en noviembre.

En este sentido, la consejera resaltó que la valoración positiva tanto por parte del Ministerio de Servicios Sociales como por parte del Gobierno de Canarias del trabajo conjunto realizado durante el último año ya que, «gracias a la colaboración estrecha con técnicos del Imserso se está logrando homogeneizar los aplicativos informáticos, lo que permite que en las estadísticas del Sistema Nacional de la Dependencia, se incluyan las personas dependientes atendidas que, aunque se acercan, aún no reflejan del todo la realidad en cuanto a la atención a la Dependencia en Canarias».

Este trabajo también ha sido reconocido en el Informe del Diputado del Común presentado esta misma semana en el Parlamento canario, en el que se reconoce la mejoría en la gestión del servicio de atención a la Dependencia.

Según se reflejan en las estadísticas del Imserso, Canarias se sitúa, en cuanto al número de beneficiarios con respecto a la población, por delante de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

Además, el Archipiélago se coloca a la cabeza de las Comunidades en cuanto al porcentaje de personas que reciben una prestación por servicios, un total de 18.163, lo que supone, un 76,25% del total de prestaciones, frente a las 5.653 prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, que suponen un 23,75% del total de prestaciones.

Estos datos ponen de manifiesto las políticas de atención a la Dependencia de la Comunidad autónoma que prioriza los servicios frente a las prestaciones, «ya que a través de los servicios se aporta una atención directa al dependiente, se ofrece un respiro a las familias y a la vez, se genera empleo entre el sector de profesionales dedicado al cuidado de las personas dependientes».

En concreto, en cuanto al Catálogo de Servicios, el incremento más destacado se lleva a cabo en el ámbito de Ayuda a Domicilio que hasta la fecha no se habían incluido en las estadísticas del SAAD, pasando de 0 a un total de  9.453.

Igualmente, se incrementan 802 las personas que reciben un servicio en centros de día y noche, pasando de 2.725 a 3.527 personas atendidas; mientras que en la atención residencial, el número de personas ha aumentado en 792, pasando de 2.652 a 3.444.

En relación a las prestaciones económicas vinculadas al Servicio, en diciembre son de 1.208 personas las que reciben esta prestación, frente a los 1.030 de noviembre, es decir, 178 personas más; mientras que la cifra de personas que reciben una prestación económica para Cuidados en el Entorno Familiar aumentan en 33, pasando de 5.623 a 5.656.

Plan de Atención para la Familia y la Infancia

En el ámbito de Servicios Sociales, el Consejo abordó el Plan de Atención para la Familia y la Infancia que este año cuenta con 32 millones de euros, de los cuales Canarias recibirá un total de 1.593.821 euros.

«Los fondos destinados a este Plan son el doble que el pasado año, sin embargo, Canarias no verá incrementada su cuantía ya que se han utilizado otros criterios de reparto, ahora bien, aunque estos fondos son siempre bienvenidos, lo ideal sería actualizar la financiación autonómica lo que permitiría a Canarias contar con 800 millones de euros para políticas sociales esenciales», manifestó Rojas.

Igualmente, se presentó a los miembros del Consejo el Anteproyecto de la Ley del Tercer Sector de Acción Social Regular las entidades del Tercer Sector de Acción Social y el  Anteproyecto de Ley de Voluntariado.

El Gobierno de Canarias, La Caixa y CajaCanarias destinan más de 400.000 euros a 20 proyectos sociales

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La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, junto con el director territorial de la Caixa en Canarias, Andrés Orozco, y el presidente de la Fundación Obra Social CajaCanarias, Alberto Delgado, presidieron el martes, 3 de marzo, la presentación del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, de la que se han beneficiado un total de 20 entidades sociales en la provincia de Las Palmas que han recibido ayudas para financiar nuevos proyectos sociales dirigidos a personas en situación de exclusión social.

En la provincia de Las Palmas, más de 6.500 personas en situación de vulnerabilidad tendrán oportunidades de mejora personal y social gracias a estas ayudas

Según explicó la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, «esta convocatoria la actividad social conjunta entre la Obra Social «la Caixa», el Gobierno de Canarias y la Fundación CajaCanarias pone de manifiesto su compromiso social y supone el retorno a los ciudadanos canarios de una parte importante de los beneficios que genera la actividad financiera».

En su intervención, Rojas alabó la labor de las entidades sociales que constituyen «la vía más directa para llegar de forma rápida y efectiva a las personas que lo necesitan».

Por su parte, el presidente de la Fundación Obra Social CajaCanarias, Alberto Delgado, hizo un llamamiento a los gestores de las entidades sociales, «para que actúen desde la responsabilidad social corporativa con el fin de hacer llegar todos los recursos disponibles a las personas en situación de exclusión»

En su intervención, el director territorial de la Caixa en Canarias, Andrés Orozco, animó a las entidades sociales para que sigan con su labor «desde la autoexigencia para que las ayudas lleguen al mayor número de personas y de la forma más óptima posible».

Esta inversión se enmarca en la Convocatoria 2014 del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que las dos entidades financieras impulsan para apoyar a organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos centrados en la superación de problemas vitales de personas en riesgo de exclusión social o proyectos que potencien las capacidades de personas con discapacidad o en situación de dependencia.

De esta forma, la Obra Social «la Caixa» y la Fundación CajaCanarias destinaron en 2014 un total de 409.550 euros a 20 proyectos sociales en la provincia de Las Palmas que benefician a más de 6.500 personas especialmente más vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Las entidades sociales cuentan con fondos para financiar nuevos proyectos sociales que trabajarán en la promoción de la autonomía de personas con discapacidad; en la inserción sociolaboral; en la lucha contra la pobreza y la exclusión social; en acciones sociales por la convivencia y la educación en valores, y en la facilitación de recursos residenciales.

Prioridades de los proyectos seleccionados en la Convocatoria 2014

La selección de proyectos se ha realizado tomado en consideración criterios como la eficiencia social a través de la coordinación con otras entidades sociales y el apoyo de la administración pública; el fomento y la participación del voluntariado; la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto; la calidad del proyecto en el diseño de objetivos, actividades y definición de resultados; y aspectos como la trayectoria de la entidad, la necesidad y adecuación territorial del proyecto, la coordinación con los recursos existentes en el territorio y el grado de innovación del proyecto.

Canarias cierra el año 2014 con 23.196 personas atendidas en el ámbito de la Ley de Dependencia

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El Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales hizo públicas hoy las estadísticas  del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) correspondientes a diciembre de 2014, que sitúan a Canarias como la décima comunidad autónoma en cuanto a la cifra de personas beneficiarias de prestaciones, pasando de un total de 12.285 personas en noviembre de 2014, a 23.196 en diciembre. Canarias pasa de situarse en noviembre del pasado año como la comunidad número catorce en cuanto a personas con prestaciones a ser la décima comunidad.

Las estadísticas de Dependencia publicadas hoy por el Ministerio sitúan a Canarias como la décima Comunidad Autónoma en personas beneficiarias del SAAD

De esta forma, Canarias se sitúa por delante de comunidades como Extremadura (21.697 personas con prestaciones), Aragón (17.076), Asturias (15.354) y Cantabria (13.774).

En  cuanto al número de beneficiarios con respecto a la población, por detrás de Canarias se sitúan las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

La mejora en la recogida de datos siempre había sido una reivindicación de las Comunidades autónomas y concretamente de Canarias y así lo señala el propio informe del SAAD que alude a que «desde el mes de enero de 2014 se ha iniciado un proceso de integración y migración de los datos y la información recogidos en el actual Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), a la nueva herramienta informática que constituye la base del nuevo Sistema de Información.

Como dato a destacar Canarias se sitúa a la cabeza de las Comunidades en cuanto a un mayor tanto por ciento por prestaciones por servicios un 76,25 % que ascienden a 18.163 en relación con las prestaciones económicas que son un 23,75 % para un total de 5.653.

Los datos de Personas Beneficiarias reflejan la incorporación de un total de 11.534 personas dependientes beneficiarias de prestaciones en el mes de noviembre al sistema de Atención de Dependencia.

La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, explicó que «después de un año de trabajo con técnicos del Imserso, estamos homogeneizando los aplicativos informáticos y ya van a pareciendo en las estadísticas del Sistema Nacional de la Dependencia las personas reales atendidas en Canarias, que se acercan aunque todavía no del todo a la realidad de Canarias».

En concreto, en cuanto al Catálogo de Servicios,  el incremento más destacado se lleva a cabo en el ámbito de Ayuda a Domicilio que hasta la fecha no se habían incluido en las estadísticas del SAAD, pasando de 0 a un total de  9.453.

Igualmente, se incrementan 802 las personas que reciben un servicio en centros de día y noche, pasando de 2.725 a 3.527 personas atendidas.

En cuanto a la atención residencial, el número de personas ha aumentado en 792, pasando de 2.652 a 3.444.

En relación a las prestaciones económicas vinculadas al Servicio, en diciembre son de 1.208 personas las que reciben esta prestación, frente a los 1.030 de noviembre, es decir, 178 personas más; mientras que la cifra de personas que reciben una prestación económica para Cuidados en el Entorno Familiar aumentan en 33, pasando de 5.623 a 5.656.

El Gobierno de Canarias financia 112 programas de prevención con familias en riesgo

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La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, comenzó su explicación en sede parlamentaria indicando que «en épocas de crisis las redes familiares se estrechan y esa circunstancia incide positivamente en la atención a la infancia en el entorno de la familia, a lo que, sin duda, hay que sumar la excelente labor que se llevan a cabo desde los Equipos Municipales de atención a Infancia y la Familia, sustitutos de los antiguos equipos de riesgo, que constituyen una figura importante para la de detección del riesgo y la prevención».

Inés Rojas afirmó en comisión parlamentaria que “la crisis no ha supuesto un incremento en la cifra de niños y niñas declarados en protección en Canarias”

Canarias cuenta con 2.696 niños y niñas declarados en riesgo,  «un número que no se ha visto incrementado por la crisis económica», afirmó Rojas en comisión en el Parlamento, donde compareció para informar sobre menores en riesgo y protección, a petición del grupo parlamentario popular.

Actualmente, el Gobierno financia 112 programas de prevención y riesgo, en los que además de trabajar con los niños también se trabaja con la familia, en una labor de prevención que se gestiona desde las administraciones locales, que son las que tienen las competencias en virtud de la ley 1/1997 de atención integral a los menores, en coordinación con la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.

Estos programas se concretan en un total de 33 Centros y Servicios de Día con un total de 1.041 plazas, de de los cuales 21 son Servicios y 12 son Centros, y 79 Equipos Municipales de atención a Infancia y la Familia, recursos que, indicó, «garantizan una cobertura media del 88% de los municipios canarios».

Descenso de la cifra de menores acogidos en hogares y de los menores en riesgo

En su intervención, la consejera de Políticas Sociales puso de manifiesto la disminución tanto en el número de los menores declarados en riesgo que ha pasado 3.546 niños y niñas declarados en riesgo en 2009, año de comienzo de la crisis, a  2.696 en 2013, un total de 850 menos, así como de la cifra de menores en protección que se ha visto reducido, en los últimos tres años, en más de 300 menores.

En 2013, último años con datos cerrados, de los 2.359 menores en protección, es decir, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, un total 937 se encuentran  en Acogimiento residencial, mientras que 1422 permanecen en Acogimiento familiar.

«Este aumento del acogimiento familiar refleja el resultado de la apuesta de esta Consejería por mantener a los niños y niñas en un ambiente familiar, primándolo siempre como primera alternativa para los menores», señaló.

Teniendo en cuenta que las declaraciones de desamparo son acumulativas y un expediente de desamparo permanece abierto hasta que el niño o la niña cumple la mayoría de edad, creo que podemos hablar de que la política de prevención al riesgo y al desamparo no solo es la  adecuada, sino que ha obtenido buenos resultados en Canarias.

Protocolo de Valoración de Situaciones de Desprotección Infantil

Tal y como establece también  la Ley 1/1997 de 7 de febrero de Atención Integral a los Menores, el Gobierno de Canarias, además de su labor de asesoramiento, colabora, coordina  y financia a los Servicios Sociales municipales en la ejecución de medidas de prevención y riesgo, así como coordina los servicios sociales de carácter especializado en el ámbito de la protección que se gestionan desde los Cabildos insulares, administración que, por Ley, tiene la competencia en la guardia y custodia de los niños y niñas.

De esta forma, desde la dirección general de Dependencia, Infancia y Familia se coordina que la figura de riesgo se desarrolle correctamente por parte de los equipos municipales mediante el establecimientos de protocolos y mediante el asesoramiento en procesos de situaciones de riesgo y en casos declarados en riesgo, con intervención bloqueada, y el apoyo a los Cabildos Insulares que asumen funciones en esta área.

«En materia de políticas de prevención y protección, Canarias ha mantenido sus líneas de actuación, lo que ha permitido realizar un buen trabajo reduciendo en más de 300 menores el número de menores en protección en los últimos tres años, así como en 850 el número de menores en riesgo.

Aún así el Gobierno ha seguido trabajando, impulsando nuevas herramientas de actuación como es el «Protocolo de Valoración de Situaciones de Desprotección Infantil», una herramienta de trabajo que, en líneas generales, facilita el trabajo a los agentes implicados en el área del menor y la familia, al contener criterios técnicos unificados y herramientas comunes de decisión que facilitan la evaluación de las posibles situaciones de desprotección.

A este protocolo están adheridos aquellas áreas que trabajan directamente con la infancia, tales como el área de educación, es una fuente rica de información tanto para la detección de situaciones de desprotección, como parar la implementación de programas o acciones preventivas; el área sanitaria, sobre todo en los Centros de Salud y los Centros Hospitalarios; y el área policial,  pues se trata de personal cuyo trabajo se desarrolla a pie de calle y en ambientes especialmente desfavorecidos, todo ello, en coordinación con los servicios sociales tanto los especializados tanto los de ámbito insular como municipales.

El presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción se incrementa en un 115 % desde el año 2009

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La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, explicó en Comisión Parlamentaria y a propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalista, el grado de aplicación de la Estrategia frente a la Pobreza y la Exclusión desde su puesta en marcha en 2013. «Se han modificado dos leyes, la de Vivienda y la de la Prestación Canaria de Inserción, hemos puesto en marcha el Plan Estratégico de Emergencia Social con la Fecam y las Fundaciones de La Caixa y CajaCanarias, se ha incrementado el presupuesto para la ayuda económica básica en un 25 % cada uno de los dos años de vigencia de la Estrategia, y los comedores escolares y el Plan de Empleo social son una realidad».

Según el INE, se ha rebajado en cinco puntos los índices de pobreza en el Archipiélago que abandona el último lugar y se sitúa tras Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha

Según el  Instituto Nacional de Estadística en Canarias desciende en cinco puntos el índice de pobreza, pasando de un 33,4 % a un 28,4 %. Canarias abandona el último lugar de las Comunidades Autónomas, y se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza. Esta situación también la corrobora el informe Foessa recientemente presentado por Cáritas.

Rojas indicó que «no voy a cometer lo que creo que es una equivocación y dar por zanjada la crisis económica. Es una afirmación muy alejada de la realidad. Por el contrario, aunque mejoran las cifras, y lo hacen de una forma real como informaré a lo largo de mi intervención, lo cierto es que la pobreza severa se cronifica y estamos ante un escenario muy difícil, un escenario cambiante y en el que el empleo no fluye. Si esta situación continúa podemos encontrarnos con una sociedad estructurada en dos polos, los que tienen empleo y forman parte de la sociedad y del estado del bienestar, y aquellos que no lo tienen y quedan apartados de ella».

Aprobación de dos leyes

El  Gobierno ha elaborado dos proyectos de Ley que se han aprobado en el Parlamento: la modificación de la Ley de Vivienda con medidas para evitar los desalojos a las familias desahuciadas por los bancos, y la de la Prestación Canaria de Inserción, en el que se abre al colectivo de familias en riesgo de exclusión, no solo al que ya se encuentra en exclusión social, y se reducen los plazos en el procedimiento.

En cuanto a la  aplicación del Plan de Empleo Social, en el año 2013 a través de este Plan se pudo contratar a 2.600 familias que no contaban con prestación por desempleo alguna. Para los próximos dos años de la Estrategia el Gobierno ha firmado un acuerdo con la Fecam que permite hasta 2016 la contratación de 6.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación.

En cuanto al Plan Estratégico de Emergencia Social, se ha firmado el Acuerdo Marco entre la Fecam, la Fundación La Caixa, la Fundación Cajacanarias y el Gobierno, para dotar a los Ayuntamientos de Canarias con un fondo excepcional para el 2014 de dos millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro con cincuenta y dos euros (2.582.664,52 euros), destinado a otorgar ayuda de carácter económico para sufragar gastos específicos de carácter extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales, urgencias sociales o situaciones de marginación social, estando dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social.

En cuanto a los comedores escolares, según Rojas se trata de una medida «que ha sido pionera en España. Ahora mismo un 60,7% del alumnado que utiliza este servicio tiene algún tipo de ayuda, y más de 11.000 niñas y niños almuerzan de manera gratuita».

El pasado verano un total de 174 centros en toda la Comunidad Autónoma ofrecieron como actividad estival talleres de inmersión lingüística con comida.

Y por último, Rojas informó sobre la Prestación Canaria de Inserción, que este año contará con 31 millones de euros, 28 para ayuda económicas y 3 de apoyo a los ayuntamientos. La Prestación Canaria de Inserción sube su presupuesto, en una partida ampliable, en un 21,74 % y se confirma como la mayor subida de todo el presupuesto del departamento. Cabe recordar que ya el pasado año la Prestación social subió en un 25 %.

«La Prestación Canaria de Inserción se ha convertido en el último de los recursos de las familias que se quedan sin empleo y sin prestación por desempleo. Familias que no están en exclusión social sino que se han quedado sin empleo y que el propio Inem, cuando se acaba la prestación, las envía a solicitar la PCI. Creo que compartimos el análisis de que la falta de empleo para ciertas personas se está transformando en un problema estructural y en este sentido, Gobierno del Estado, sindicatos y empresarios en el ámbito de la concertación social se plantean la necesidad de ampliar la prestación por desempleo a los parados de larga duración» afirmó la consejera.

«La propuesta del Gobierno del Estado por fin ha entendido, aunque muy tímidamente, que es necesario ofrecer una cobertura a las personas sin empleo y lo hace, reitero, tímidamente por solo un periodo de seis meses para parados de larga duración y mayores de 45 años y con cargas familiares. Canarias cuenta con una prestación de inserción con cuantías de entre 472,16 y 658,54 por tanto, la segunda más alta de todo el Estado, y el pasado año atendió a alrededor de seis mil familias» concluyó la consejera de Políticas sociales.

El Gobierno de Canarias destinará en 2015 más de 577.000 euros a los dependientes de Ingenio

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«El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Dependencia, Infancia y Familia, destinará este año un total de 577.845 euros, 180.383 euros más que en 2014, a la atención de las personas dependientes del municipio de Ingenio», anunció el director general de Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno, quien mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de la localidad, Juan José Gil, en la que abordaron los recursos para la atención a la dependencia del municipio.

El director general de Dependencia, José Gilberto Moreno, anuncia que este año se garantizará el mantenimiento de 77 plazas en centros residenciales y de estancia diurna

Moreno indicó que, para el convenio que de forma anual se establece para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, se verá incrementada este año la financiación que recibirá el municipio en un total de 180.383 euros, al transformarse de bajo a medio requerimiento las plazas para la atención de personas mayores dependientes.

El director general resaltó la disposición del municipio y de su máximo representante a concretar acuerdos en materia de atención a las personas dependientes de la localidad, lo que, en su opinión, «es un claro ejemplo de colaboración administrativa, tan necesario siempre, pero muy especialmente en estos difíciles tiempos de coyuntura económica».

En concreto, para el 2015, el municipio contará con un total de 77 plazas para la atención de dependientes, de las cuales un total de 28 son de carácter residencial y 49 corresponde a plazas de estancia diurna.

«El incremento en el número de plazas y en la aportación financiera, en coordinación con las Administración insulares y locales, son reflejo del esfuerzo que el Gobierno de Canarias ha venido haciendo con el fin de dotar de prestaciones y recursos a la atención de las personas mayores y con discapacidad en situación de Dependencia de las Islas», subrayó Moreno.

Juan José Gil, por su parte, se ha mostrado muy contento y agradecido con esta aportación a través de la cual «el Gobierno de Canarias reconoce la buena labor que todo el equipo de los servicios sociales municipales está realizando; esta buena noticia afianza su trabajo pero también redunda en toda la ciudadanía, por lo que seguiremos esforzándonos para que Ingenio siga siendo un municipio de referencia,» manifestó.

Los servicios sociales municipales contarán con 13,2 millones de euros para 2015

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, y el presidente de la Federación Canaria de Municipios, Manuel Ramón Plasencia Barroso, firmaron hoy martes, 23 de diciembre, el acuerdo para la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas que para 2015 asciende a 13.231.170,99 euros. Con este acuerdo se establecen los criterios y la forma en que se distribuirán los créditos entre los Ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.

El Gobierno de Canarias aportará un total de 12.040.570,3 euros a financiar los servicios básicos frente a 1.190.600,69 de aportación del Estado

La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, subrayó la importancia de la firma de este acuerdo antes de finalizar el año, con el fin de garantizar el mantenimiento de los más de 2.000 trabajadores del área de los servicios sociales, así como facilitar a los ayuntamientos la gestión de estos recursos financieros. «En estos momentos, resulta del todo necesario que las Administraciones trabajemos de forma conjunta con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas que peor lo están pasando», manifestó.

En este sentido, Rojas manifestó que «con la firma de este acuerdo, el Gobierno cumple así con el Pacto de Gobierno, dando prioridad a los servicios públicos esenciales, garantizando la cohesión social y manteniendo los puestos de trabajo de profesionales del área de lo social», indicó.

El acuerdo que se firma hoy se suma a las actuaciones desarrolladas en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano, mediante las cuales se garantizan la financiación de las acciones de emergencia social que gestionan los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales, como puede ser bolsas de alimentos o las necesidades de alojamiento.

Por su parte, el presidente de la FECAM, Manuel Ramón Plasencia, mostró su satisfacción por la firma de este acuerdo, en virtud del cual los ayuntamientos se ocupan de ofrecer información, orientación y asesoramiento; la ayuda a domicilio; el alojamiento y la convivencia cuando sea inviable en la unidad familiar; la prevención e inserción social; la emergencia social y la cooperación social y fomento de la solidaridad.

Por programas, y según se especifica en el acuerdo, para dar cobertura al Plan Concertado de Servicios Sociales, el Gobierno de Canarias aportará 12.040.570,3 euros, mientras que la aportación estatal será 1.190.600,69 euros.

Canarias recibe del Estado un 68,51% menos para servicios básicos que en 2011

Según se establece en el Acuerdo, «el Estado aportará a Canarias un total de 1.190.600,69 euros para 2015, que supone la misma cantidad que 2014, y una reducción con respecto a 2011 de 2.590.849,62 euros, un 68,51 menos».

El Estado ya rebajó su aportación en 2012 con respecto a 2011, en un 45,5%. A esta rebaja se sumó nuevamente otra rebaja en 2013 con respecto a 2013, del 41,8%.

Como detalla el acuerdo que hoy firman, en cuanto a las prestaciones básicas, los ayuntamientos se ocuparán de ofrecer información, orientación y asesoramiento; la ayuda a domicilio; el alojamiento y la convivencia cuando sea inviable en la unidad familiar; la prevención e inserción social; la emergencia social y la cooperación social y fomento de la solidaridad.

Para el ejercicio 2015 y por lo que respecta a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y a la Prestación Canaria de Inserción, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda distribuirá los créditos, a cada una de las Entidades Locales, en atención al reparto estimado que ha sido elaborado por la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

Casi 400.000 personas atendidas a través de estos programas

Según las últimas memorias, las corporaciones locales atendieron a un total de 362.935 personas que solicitaron  los diferentes servicios que se desarrollan desde los Centros de Servicios Sociales municipales.  De ellos,  más de 153.459 eran familias. También acudieron colectivos en dificultad social como pueden ser las personas con discapacidad, personas con problemas de drogadicción o personas inmigrantes.

Estos colectivos fueron atendidos a través de los 163 centros sociales y unidades de Trabajo Social distribuidos por los municipios de toda las islas.

De la memoria estadística del Plan Concertado correspondientes a 2013, se deduce que a través de la red de Centros sociales se proporcionó 175.566 acciones específicas de prevención e inserción, entendiendo dentro de este tipo de actividades las actuaciones destinadas a prevenir procesos de posible marginación.

Políticas Sociales destina en 2015 más de 258.000 euros a la Asociación de Alzheimer de Fuerteventura

La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, destinará un total de 258.243,48 euros al Proyecto «Mirando por Ti», puesto en marcha por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fuerteventura (AFA LF), para la atención de personas con este tipo de discapacidad. Según explicó la directora general de Políticas Sociales, Ángeles Nieves Fernández, «el principal objetivo del proyecto es promover la mejora en la calidad de vida de estas personas».

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Políticas Sociales, ya destinó en 2014 un total de 60.000 euros al proyecto ‘Mirando por Ti’

«A través de este proyecto, se busca mejorar la calidad de vida no sólo de los pacientes afectados por la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, sino también de sus familiares y cuidadores», subrayó.

«La conformación de un recurso sociosanitario que dé respuesta a las necesidades de los usuarios desde una perspectiva transdisciplinar y personalizada, ofreciendo un servicio de calidad y respetando la voluntad de las personas afectadas, así como el facilitar tanto la conciliación de la vida social y laboral, como el respiro, de las familias que cuidan a sus mayores en el domicilio, son algunos de los fines de este proyecto», explicó Fernández.

Fernández anunció la concesión de esta ayuda para 2015 a la representante de la Asociación, Agustina García, en una reunión que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia del consejero de Bienestar Social del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso.

«Esta ayuda se suma a la aportación de 60.000 euros que la Consejería de Políticas Sociales destinó este año al proyecto», subrayó la directora general, quien recordó que este tipo de iniciativas «actúan como un instrumento de apoyo que permiten favorecer la permanencia de las personas asistentes en su entorno habitual».

El proyecto cuenta con un equipo técnico multidisciplinar para su desarrollo que incluye psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de enfermera y terapeutas ocupacionales.

Canarias ha reducido en cinco puntos sus índices de pobreza

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Canarias ha reducido en cinco puntos nuestros índices de pobreza, pasando de un 33,4 a un 28,4%. La consejera de Políticas Sociales,  Inés Rojas, intervino en comisión parlamentaria para valorar el séptimo informe Foessa sobre Exclusión Social y Desarrollo Social en España.

El informe Foessa subraya que las políticas de inclusión social de la Unión Europea han demostrado su debilidad estructural y su subordinación a las políticas de austeridad, políticas que defiende el actual Gobierno de España

La consejera de Políticas Sociales mostró su preocupación ante unos datos que siguen siendo altos y que abren la posibilidad de que la pobreza se cronifique

Las políticas de austeridad, con sus recortes en servicios sociales y bienestar, así como su impacto deflacionario en la economía, son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europea 2020.

Además, el citado informe pone de manifiesto que España se ha convertido en el país más desigual de la Unión Europea. «Una conclusión que nos preocupa, -indicó Rojas- máxime cuando el Presidente del Gobierno de España da por finalizada la crisis. Sin embargo, Foessa concluye que el crecimiento económico que se está anunciando no asegura la reducción de la pobreza porque la forma en la que estamos saliendo de esa crisis sigue enfatizando en un modelo que promueve la desigualdad».

En su intervención, la consejera de Políticas Sociales indicó, que según datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la tasa de riesgo de pobreza en Canarias descendió en cinco puntos porcentuales, pasando de los 33,2% del pasado año a los 28,4% actuales, por lo que abandona la última posición colocándonos por detrás de comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o incluso en algunos indicadores por detrás de Murcia todas comunidades mejor financiadas que la nuestra.

«Si las desigualdades entre grupos de personas se han acentuado con la crisis también lo han hecho con respecto a los territorios del Estado, abriéndose la brecha que el principio de convergencia recogido en la Constitución quería evitar», refirió Rojas.

En su intervención, la consejera indicó que Canarias sigue contando con una financiación «indebida e injusta que nos sitúan como la última comunidad en inversión para los servicios públicos esenciales de toda España».

El empleo como factor determinante

Rojas informó que según el informe en Canarias el factor determinante a la hora de producir exclusión social es el empleo.

«La progresiva reducción de la renta media de los hogares que ha venido acompañada de un incremento más que notable de la desigualdad social; un gasto en vivienda que supera el  30% de los ingresos, un incremento en el gasto medio destinado a la enseñanza y sobre todo el incremento sostenido del paro de larga duración, asociado al agotamiento de las prestaciones por desempleo, hace que Canarias sea una de las comunidades con mayor riesgo de pobreza y exclusión social de España», subrayó.

En Canarias se estima que esta situación afecta a 80.000 hogares, 230.000 personas que están en situación de exclusión social severa.

El desempleo de larga duración y el desempleo casi duplican el riesgo de exclusión, mientras el trabajo irregular, la nacionalidad diferente a la UE15 multiplica con 1,5 veces la tasa de exclusión social. Hay que tener en cuenta que Canarias supera la media de las personas inmigrantes.

Tres de cada diez personas están afectadas por situaciones relativas a la accesibilidad, inadecuación, habitabilidad e inestabilidad de la vivienda. El desempleo de larga duración es el factor que mas afecta a esta situación.

El 74% de los hogares cuentan con ayuda de su red familiar y social en momentos de necesidad. «Estamos, por tanto, por encima de la media del Estado en redes sociales y familiares, pero he de decir que la capacidad de la red se está viendo mermada. Y tiene mucho que ver con la financiación de la que hablaba».

Para la consejera, «a pesar de las últimas declaraciones optimistas la salida de la crisis no ha llegado a las familias y nos preocupa que no llegue y que los problemas que estimábamos conyunturales por motivo de la crisis se conviertan en estructurales. Nos preocupa que se abra la brecha de la desigualdad y se abra otra entre los que tiene y los que  no cuentan con empleo, y nos preocupa también que las reformas laborales permitan que incluso las personas con empleo sigan estando en el ámbito de la pobreza».

«Desde los servicios sociales intentamos paliar esos efectos en la familia, pero como indica el informe los recursos y las redes se van agotando y las políticas de austeridad impuestas desde fuera no ayudan a evitar ese agotamiento», concluyó.