El anteproyecto de ley de Creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, viene justificado por dos motivos:
De una parte, responder a las normas de rango superior (normativa estatal) que otorgan competencias a la Comunidad Autónoma en materia de denominaciones de origen, la calidad agroalimentaria, la potestad sancionadora, el registro de productos enológicos y de bebidas alcohólicas y el control oficial de estos productos para la prevención de riesgos contra la salud pública, la garantía de las transacciones comerciales y la protección de los intereses de los consumidores.
De otra parte, la sociedad actual es muy exigente con la calidad de los productos agroalimentarios, lo que implica la existencia de un sistema de certificación y acreditación que funcione correctamente.
Así, la importancia de las funciones públicas relacionadas con la calidad de los productos agroalimentarios hace necesaria la puesta a disposición de los ciudadanos de un servicio acorde con la rapidez que acontecen los hechos en este sector y con la necesaria especialización debido al contenido altamente técnico de la materia. Estos requisitos son difícilmente conciliables con la organización y funcionamiento de una administración territorial con pluralidad de fines, lo que ha aconsejado la creación de este instituto autónomo que tendrá competencias en materia de calidad agroalimentaria, por un lado, y será organismo prestador de servicios de control y certificación, por otro.



