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El Gobierno remite al Parlamento el Anteproyecto de Ley Tributaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, en la reunión celebrada hoy en Santa Cruz de Tenerife, ha acordado remitir al Parlamento de Canarias el Anteproyecto de Ley Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La nueva Ley Tributaria Canaria, tiene como finalidad cumplir con un doble objetivo: unificar bajo un mismo marco legislativo las normativas tributarias canarias, a la vez que adapta la gestión de determinados tributos a la Ley General Tributaria 58/2003; y dotar de una mejor estructura técnica y jurídica a determinadas normas de carácter tributario en vigor, sobre las que Canarias tiene competencia.

El presente proyecto viene a cubrir la necesidad de corregir determinados desajustes producidos en el ámbito tributario de la Comunidad Autónoma de Canarias, tras la entrada en vigor de la Ley General Tributaria del 2003, junto a otras mejoras técnicas en la aplicación de los tributos estatales gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del establecimiento de obligaciones formales y de una mejor seguridad jurídica en la difusión de los anuncios que los diferentes órganos tributarios deben publicar para efectuar la notificación por comparencia; igualmente recoge la regulación de la presentación telemática de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes.

Además, la propuesta legislativa contiene la modificación de la regulación existente en materia de revisión en vía económica-administrativa respecto de los tributos propios y los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal. En este apartado, el Anteproyecto diferencia entre los órganos encargados de la gestión tributaria y los de resolución de reclamaciones, cuyas funciones son independientes. Para ello, se constituirán la Junta Central Económica-Administrativa de Canarias y las Juntas Territoriales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Contempla también la creación de un Registro Fiscal de Valores Inmobiliarios de Canarias que sirva de inventario de los valores fiscales de transmisión y adquisición de inmuebles situados en el Archipiélago, y determina legalmente el régimen de las reclamaciones económicas.

La Ley contiene finalmente seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales. Las disposiciones adicionales recogen diversas previsiones relativas a la aplicación de la Ley en los derechos económicos de la Hacienda Pública distintos de los tributos, entre los que figuran: las reclamaciones económicas administrativas en otras materias; la posibilidad de introducir determinadas modificaciones tributarias en las Leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias; la aplicación de la deducción autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el caso de traslado de residencia en supuestos de tributación conjunta, y la consideración de la Junta Central Económica-Administrativa de Canarias como órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma.

El proyecto de Ley no supone la asunción o incremento de competencias por la Agencia Tributaria Canaria, así como tampoco conllevan efectos económicos, sino que con ellas se pretende desarrollar la colaboración social en la aplicación de los tributos, con el objetivo de mejorar las relaciones entre la Administración tributaria, los tributarios y los intermediarios que cooperación en la gestión.