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El Gobierno de Canarias modifica la Ley de Vivienda para solucionar el problema de la escasez de suelo

El Gobierno de Canarias, a propuesta de los Consejeros de Infraestructuras, Transportes y Vivienda y de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó en su sesión de hoy el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la actual Ley de Vivienda de Canarias.

Esta medida aporta nuevas soluciones al problema de la escasez de suelo destinado a viviendas, lo que se traducirá en la construcción y posterior disponibilidad de viviendas a un precio asequible.

Entre las propuestas aprobadas destaca la conversión del suelo rústico y la limitación del valor de los terrenos incluidos en el porcentaje de reserva de suelo.

La Ley de Vivienda en vigor, trataba de resolver el problema de escasez de suelo, pero las medidas que planteaba eran insuficientes si previamente no se habilitaba suelo al que, a través de las citadas ayudas, pudieran acceder los distintos promotores.

Por tanto, resultaba de apremiante necesidad acometer una modificación de la Ley de Vivienda de Canarias con la que se pudiera dar respuesta a corto plazo a la disponibilidad de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida.

La nueva propuesta del Gobierno de Canarias permitirá la reclasificación suelo rústico o urbanizable en urbanizable sectorizado o en urbano no consolidado, y, además, ordenará, el suelo ya clasificado como urbanizable o urbano, mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, estableciendo una ordenación pormenorizada del sector o ámbito en cuestión y plantea un procedimiento abreviado para la tramitación de esa modificación.

Por otra parte, El Ejecutivo Canario pretende contar con las previsiones normativas necesarias para reservar suelo para la construcción de viviendas protegidas, con el fin de conseguir la construcción y posterior disponibilidad de viviendas a un precio asequible. Para ello es necesario que la nueva Ley contenga medidas, tales como la limitación del valor de los terrenos incluidos en el porcentaje de reserva de suelo correspondiente.

Ante esta situación, el contenido esencial del Anteproyecto consiste, en primer lugar, en la modificación del artículo 27 de la actual Ley de Vivienda, al que se le añade un apartado con el objetivo de limitar la participación del valor del suelo sobre el coste de las viviendas protegidas, y establece que el valor de los terrenos no podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de multiplicar el precio máximo de venta del metro cuadrado de superficie útil vigente en el momento de la transmisión, según el tipo de vivienda protegida a construir, por la superficie útil de la vivienda y demás edificaciones protegidas a construir en dicha parcela. Todo ello, con independencia de que el municipio correspondiente haya sido o no declarado como de preferente localización de viviendas protegidas.

En segundo lugar, se modifica otra disposición de esta Ley, en el sentido de que añade, un apartado orientado a permitir la reclasificación de suelo rústico, contiguo a urbano, en urbanizable ordenado mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se establece la ordenación pormenorizada del sector, estableciéndose al mismo tiempo, un procedimiento abreviado para la tramitación de dicha modificación puntual, así como la obligación de ejecutar dicho planeamiento en un corto periodo de tiempo. En la nueva normativa se especifican los municipios a los que les sería aplicable dicha modificación.

El suelo objeto de reclasificación debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

Al menos el 50% del aprovechamiento del sector o ámbito objeto de ordenación debe destinarse a la construcción de viviendas protegidas.

El suelo objeto de reclasificación debe ser contiguo a urbano o a urbanizable y en ningún caso podrá estar encuadrado dentro de las categorías de suelo rústico que alberguen valores naturales o culturales precisados de protección ambiental, ni estar clasificado como suelo urbanizable de uso turístico en que esté prohibido expresamente la construcción de viviendas protegidas.

La superficie mínima objeto de actuación por nueva clasificación de suelo urbanizable será de dos hectáreas salvo en el caso de que se trate de modificaciones que afecten a suelos urbanos no consolidados que podrán aceptarse superficies menores, siempre que se justifique adecuadamente.

En cuanto a la afectación de suelo, la nueva Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenación y en su defecto, a los Planes de Vivienda, la determinación de aquellos municipios a los que se califica como municipios de preferente localización de viviendas protegidas.

La consecuencia de que un municipio sea declarado de esta manera, es que en su Plan General habrá de destinar a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, el 25% del aprovechamiento con destino residencial del conjunto de suelos urbanizables y urbanos no consolidados.