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La Administración canaria del siglo XXI

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La reforma de la Administración Pública de Canarias ha sido una prioridad para el Gobierno de Canarias en la VIII Legislatura. Una tarea que acumulaba muchos años de retraso y que urgía abordar en tiempos convulsos en los que la estructura y funcionamiento administrativo quedaron totalmente desacompasados de la realidad económica y social.

Francisco Hernández Spínola

El Gobierno canario planificó con claridad la estrategia para cumplir con este objetivo organizando su ejecución en tres tiempos.

En el corto plazo, se diseñaron y aplicaron medidas paliativas que redujeron el gasto público que genera la actividad administrativa. Se promovieron ajustes en el uso de material de oficina, simplificaciones de procedimientos administrativos, reducciones en los gastos de viajes por reuniones, contrataciones centralizadas de material y servicios, revisión de inventarios, ahorros en telefonía, y se organizaron servicios comunes hasta entonces disgregados, lo que, entre otras medidas, ha permitido reducir el gasto corriente.

En el medio plazo, la reforma de la Administración se ha centrado en un proceso dinámico y continuo que está promoviendo la transformación de la tradicional Administración del papel hacia la innovadora y ágil Administración electrónica. Todo ello con el propósito de reducir los tiempos de espera en la emisión de las respuestas, el coste en desplazamientos a las sedes físicas de la Administración Pública, sustituyendo el documento físico por el virtual con plenas garantías de seguridad y privacidad. En paralelo, se ha potenciado la relación directa de las personas con la Administración, aumentando la transparencia y la participación ciudadana.

En el largo plazo, la reforma de la Administración se proyectó como un cambio sustancial del marco legal vigente. Dos iniciativas legislativas fueron elaboradas, de común acuerdo con los principales afectados por tal regulación, Cabildos y Ayuntamientos a través de la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios, ambas entregadas en forma de comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias.

El Parlamento canario vive hoy una jornada plenaria de gran interés con el debate para la toma en consideración de la Proposición de Ley de Cabildos y de la Proposición de Ley de Municipios, acogiendo la comunicación del Gobierno. A la ciudadanía puede parecerle legislación alejada de su realidad y su rutina, pero no lo es. Las proposiciones de ley que hoy discute el pleno del Parlamento de Canarias versan sobre la atención a los servicios sociales más cercanos, la definición y ejecución de políticas de igualdad, la planificación de las actividades extraescolares, el planeamiento urbanístico, la potenciación de la economía local, entre otros.

Dotar al sistema democrático de leyes claras, modernas y adaptadas a la nueva realidad política, social y económica es uno de los pilares para propiciar una reforma real de la Administración Pública.

El propósito fundamental de ambos textos es contar con los instrumentos precisos para la clarificación competencial de los tres niveles de la Administración Pública que conviven en la Comunidad Autónoma. Estos estarán sustentados en los principios de garantía de la autonomía municipal e insular, proximidad a los ciudadanos y no duplicidad de competencias.

Del texto relativo a los Cabildos Insulares, es de destacar que aborda su regulación en su doble condición: como entes locales e instituciones de la Comunidad Autónoma.

En lo que atañe a la Proposición de Ley de Municipios, se ha elaborado un conjunto normativo armónico con el ordenamiento básico, con las adaptaciones exigidas constitucionalmente por la conformación insular de Canarias.

En ambos casos, la financiación de las competencias se remite a un momento ulterior sin menoscabo del reconocimiento explícito del compromiso del Gobierno para llevarla a cabo, en la línea establecida por la normativa comparada (por un lado, Ley de Bases de Régimen Local, y, por otro lado, el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Territoriales).

Todos los efectos positivos que puede generar la elaboración de leyes con calidad técnica y jurídica y criterios prácticos y útiles, se potencian si existe consenso sobre sus términos. La propuesta normativa que hoy inicia su discusión parlamentaria, tiene entre sus principales virtudes que ha llegado a la Asamblea Legislativa fruto del consenso institucional previo entre Cabildos, Ayuntamientos y Gobierno de Canarias.

La fuerza del consenso institucional con el que ambas proposiciones de ley han entrado en el Parlamento canario puede constituir un buen reclamo para garantizar la perdurabilidad y aumentar el valor de estos dos textos, que a buen seguro serán mejorados por sus señorías.

Francisco Hernández Spínola

Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad

Gobierno de Canarias